Cómo es un reclamo laboral por empleo en negro – explicación paso a paso

Cómo es un reclamo laboral por empleo en negro o no registrado. Primero, cuándo una relación laboral está en negro y cuando está correctamente registrada y es legal. La ley argentina apunta a continuar la relación laboral pero en la práctica esto raramente sucede. Qué pasos debe segir el trabajador. Actualizado a diciembre de 2017.

Federico lleva ya un par de años trabajando para una empresa que vende cocinas, estufas y calefones en la Ciudad de Buenos Aires. Está “en negro” porque nunca registraron su contrato de trabajo ante la AFIP y por eso mismo no le hicieron aportes ni contribuciones. A cambio, le ofrecieron un sueldo un poquito mayor y el plan de blanquearlo.

Aunque empezó a prueba, Federico leyó y sabía que cuando la relación laboral no está registrada, la empresa no puede despedirlo sin pagarle, ni siquiera en el período de prueba. Aún le adeudan el aguinaldo, se quiere ir y tener tiempo para buscar otro empleo.

 

Islandia, de día, ahora: Según la ley de Islandia, cada trabajador tiene una pausa diaria (paga) de media hora para tomarse un café, té o chocolate caliente.
Islandia, de día, ahora: Según la ley de Islandia, cada trabajador tiene una pausa diaria (paga) de media hora para tomarse un café, té o chocolate caliente. (foto, (c) EMO).

Si lo blanquean, al menos podría negociar algo, pero ya no quiere seguir en la misma situación. Además le retacean las vacaciones porque la empresa no toma en cuenta el convenio colectivo que le da dice días hábiles en lugar de corridos que dice la ley general. Y para colmo, le descontaron del sueldo el precio de una estufa eléctrica que dos gordos se chorearon del local; sabe que esa política es ilegal porque el riesgo empresario corre por cuenta de la empresa, pero se la banca igual… ¿O acaso le participan las ganancias igual que las pérdidas? ¿Le convendrá iniciar un reclamo laboral?

Lo primero que debería saber es que iniciar un reclamo puede aparejar la pérdida del empleo, es un dilema que suele estar presente… Nos puede gustar o no, pero es la realidad. Por eso, la mayoría de los reclamos se producen cuando el trabajador tomó la decisión de irse. Para eso, debería consultar a un profesional y evaluar las chances y alternativas.

1. Cuándo una relación laboral está registrada y cuándo no

Lo primero a ver es si hay o no relación de dependencia laboral.  También puede haber casos grises, pero en general se puede determinar esto sobre la base de una entrevista y si hay o no subordinación con la empresa o bien, por el contrario, se trata de un trabajador free lance y autónomo. Aunque esta última modalidad está en aumento por las distintas formas de trabajo, la mayoría de los casos es una relación de dependencia laboral.

Si hay relación de dependencia, entonces la relación laboral debe estar registrada en el

-Sistema Único de Registro Laboral (AFIP  ANSES etc.), SURL

-Libro especial del artículo 52 de la ley 20744 que lleva la empresa y muestra en inspecciones etcétera.

Entonces, si el trabajador está en dependencia, no vale que esté monotributando, con empresa interpuesta, con persona interpuesta, con menos antigûedad, con menos sueldo, etcétera. Debe estar registrado y en blanco, con ART y todo.

Incluso desde el período de prueba, como podés leer en la sentencia de abajo, en que la chica estaba a prueba pero su relación laboral no estaba registrada. Los jueces dijeron que los efectos del período de prueba resultan inaplicables  si la trabajadora no estaba correctamente registrada, tanto en el libro del art. 52 LCT, como en el Sistema Único de Registro Laboral.

Así que cuando la despidieron, lo consideraron empleo en negro y la tuvieron que indemnizar.

 

2. Qué pedirle al abogado/a que te patrocina

a) Abogado propio. Primero que nada, el abogado debe ser de confianza, no de la empresa. Ha pasado que la empresa “designa” un abogado/a al trabajador para firmar un acuerdo laboral, y eso es un peligro para ambas partes (digo peligro porque puede ir bien, pero hay riesgos). En varios casos se decretó judicialmente la nulidad del acuerdo ante el SECLO (conciliación previa) porque al trabajador le habían puesto un abogado.

Una empresa hizo la matufia de que, en la segunda audiencia, el abogado de la empresa se hizo pasar por otro que laburaba con el abogado del trabajador; al final esto saltó y lo terminaron sancionando por falta de ética. Aparte, chau acuerdo, todo a fojas cero.

Por eso, como empresario, incluso de buena fe, ni siquiera pensaría en designarle abogado al laburante: supone un riesgo enorme de que después un juez lo considere nulo, y con razón. Como el trabajador, en principio, no puede renunciar a sus derechos salvo ante autoridad administrativa o judicial, todo acuerdo laboral que no represente una “justa composición de derechos e intereses de las partes” (art.15 de la ley de contrato de trabajo) puede ser declarado inválido por un juez.

Esto también vale para las presiones de renuncia y demás. A veces la empresa dice “renunciá así te pagamos, agilizamos las cosas“. Es un gran peligro. En varios casos esto se pudo probar; en otras palabras, el trabajador pudo demostrar que la renuncia encubría un acto de despido, pero no siempre es tan claro. Un caso ejemplar fue el de la Cámara de San Isidro, que tuvo probado que a un trabajador lo obligaron a renunciar… Ni siquiera sabía leer ni escribir y fue al correo acompañado por el jefe seguridad. Al final se probó todo y lo tuvieron que indemnizar. Lo barato…

b) Como la cumbia, “sin falsas promesas”… A veces el abogado/a hace pronósticos que, sumado al miedo del trabajador despedido o próximo a perder su trabajo, contribuyen a quedarse con el caso. No es el mejor abogado el que mas promete el mejor sino aquel que actúa con honestidad, prudencia, astucia y conocimiento de las leyes y de la jurisprudencia, además de dar información completa. Esto se da también con las inmobiliarias: ha pasado que tasan las propiedades en forma altísima, para tentar al cliente (firman un compromiso, a veces con exclusividad, y después cuesta mucho vender o alquilar el inmueble; la estimación debería ser real).

 

Hay convenios colectivos que regulan el empleo en la recolección de distintas especies, desde toronja, uva hasta manzanas, cada cual con su particularidad.
Hay convenios colectivos que regulan el empleo en la recolección de distintas especies, desde toronja, uva hasta manzanas, cada cual con su particularidad.

 

c) Información más información. Cuidado con el abogado/a que ofrece éxito o dinero en forma inmediata. Una vez, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de CABA, también dijo, en el programa de radio, que lo primero que hay desconfiar es del que promete resultados. Es cierto que hay casos más fáciles que otros, que la prueba ayuda más, pero un juicio representa un grado de incertidumbre.

El abogado tiene que dar la información completa de las distintas alternativas, las mayores posibles, y de las chances de éxito de cada una. Digo “chances”, con riesgos, debilidades y fortalezas pero no necesariamente certezas, salvo casos excepcionales (ejemplo: si se trata de ejecutar una sentencia ya firme, aunque aún así tiene sus bemoles). Trabajé con un colega en un estudio que me dejó su definición de mala praxis: pasa, entre otros supuestos, si el abogado no da todas las posibles alternativas que la ley o la jurisprudencia señalan como herramienta para solucionar un caso.

d) Honorarios, ouch. Se acostumbra cobrar el 20% del monto del juicio o del acuerdo, aunque algunos abogados reducen sus honorarios al 10% si hay un acuerdo en el SECLO y al 20% si no se llega a un acuerdo y hay que ir a juicio (ver abajo las etapas.  En principio, el abogado no debería cobrar gastos ni adelantos de honorarios. De hecho, y respecto de los gastos, los poderes (salvo si se hace ante escribano), telegramas y tasa de actuación judicial son gratuitos. Puede parecer mucho pero es una gran responsabilidad llevar un caso, y el tiempo que demanda es mucho más que el ir a la audiencia. El abogado debe ir preparado, saber los antecedentes, conocer la estrategia, etc.

Si se puede, recomendable negociar un convenio de honorarios, por escrito. Esto vale para cualquier clase de asuntos, porque es equivalente a un presupuesto. Las leyes arancelarias ponen topes de honorarios pero, para ser honestos, están hechas para defender los honorarios del profesional, es lógico.

Ahora bien, del lado del cliente, es un derecho tener un contrato de honorarios que deje las cosas claras de antemano. Incluso se puede pactar un honorario de éxito o extra por ganar el caso, y pactar según el avance de las distintas etapas (esto es más común en juicios civiles). En laboral, en general, se paga cuando el trabajador cobra, si esto pasa, al final. Las empresas, en cambio, pueden contratar a un profesional por el caso o tener algún abono. «¿El cheque, está el cheque?» era la pregunta de un abogado engominado y algo apurado en ese momento, en un juzgado laboral donde me tocó trabajar…. En lo posible, que el poder no incluya poder para percibir. Y ante cualquier duda, consultar al colegio público de la zona.

d) Decir la verdad y respetar los intereses del cliente. Finalmente y en realidad esto debería ir primero, hay que ver y conocer los intereses del cliente. Alguna persona puede estar más interesada en conservar el laburo antes que pelear por algo que, incluso con razón, puede perjudicar su carrera profesional. Esto es un hecho, puede gustar o no pero pasa. La mayor flexibilidad no se da por las leyes sino por el factor desempleo. En otros casos, la persona puede preferir litigar y reclamar lo que por ley corresponde. Si este es el caso, a continuación se explican las etapas.

 

Los que laburan en clubes e institucione deportivas tienen su propio convenio colectivo.
Los que laburan en clubes e instituciones deportivas tienen su propio convenio colectivo.

 

3. Alternativas y etapas cuando la relación laboral no está registrada – empleo en negro

a) Intercambio de telegramas o cartas documentos

Usualmente, el conflicto laboral, cuando la charla no funciona, comienza con un intercambio de de telegramas o cartas documento, conocido en la jerga como intercambio telegráfico:

-Despido directo:

cuando el empleador despide al trabajador , este despido puede ser o no con causa. Si el despido es incausado, y salvo algún caso especial como puede ser el de un delegado gremial o la trabajadora embarazada, el trabajador tiene derecho al cobro de una indemnizacion. En general se le notifica al trabajador de su despido por carta documento, telegrama o acta notarial.

Si el despido no se instrumenta por algunos de esos medios, en principio, el despido no vale y debe aclararse la situación laboral. En otras palabras, la frase “no vengas más” no vale en la medida en que no se instrumente por escrito. Por eso, ante ese hecho o si niegan el ingreso a planta o al local, contactar un/a abogado/a urgente porque debe reclamarse o el trabajador puede perder derechos por abandonar el trabajo… Es una táctica que a veces usan. Técnicamente se llama “negativa de tareas“.

Ejemplos de telegramas (no usar sin asesoramiento previo de abogado, el caso y por ende la redacción pueden variar)

-Despido indirecto:

este tipo de despido se da cuando la empresa incumple sus obligaciones, como por ejemplo sel trabajo en negro. El trabajo en negro , según ley 24013 puede darse de tres formas. 1) la relación laboral no se encuentra registrada, que incluye ciertos casos de monotributo (si factura como empresa y lo es, en la realidad, vale, pero se usa mucho como fraude); 2) La relación laboral se encuentra indebidamente  registrada en cuanto al salario (parte en blanco y parte en negro), lo cual también tiene impacto en aportes y contribuciones; 3) La relación laboral se encuentra indebidamente registrada en cuanto a la fecha de ingreso.

Aclaración: si el trabajador a prueba no está en blanco, la empresa no puede prevalerse del beneficio de despedirlo sin indemnización. #LaPruebaDeLaBlancura Por eso, es importante blanquearlo desde el momento cero.

La intimación de la ley 24013 (ver texto abajo) es importante porque dispara multas a favor del trabajador (gracias por la aclaración, @negrowernicke). Tanto si la relación no está registrada por completo, negrura total, como si lo está parcialmente (el caso clásico es registrar menos horas o sueldo, o mentir la fecha de ingreso) . Junto con ello se cursa copia del telegrama que describo abajo a la AFIP, y podrían duplicarse indemnizaciones si el trabajador se ve forzado a iniciar las acciones judiciales (ver ley 25323 abajo), incentivo de la empresa para arreglar en el SECLO…

En estos casos, Federico empieza por remitir un telegrama a su empleador intimándolo para que regularice su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido. Puede pasar que la empresa lo acepte, pero no es lo común. Si el empleador se niega o no contesta el telegrama, entonces el trabajador envía otro telegrama haciendo efectivo el apercibimiento contemplado en la carta anterior, y se considera despedido por culpa de la empresa (a esto se lo llama “despido indirecto”).

Actitud clásica de la empresa: En general, la empresa va a intentar conmover al trabajador, y sobre todo en relaciones laborales de largo plazo, para que deje sin efecto las cartas y “arreglen” orientando su discurso a lo emocional y tratando de lograr un acuerdo bajo sus condiciones.

-Accidente o riesgo de trabajo

Ha pasado que el trabajador sufre un accidente yendo o volviendo del laburo, en el trabajo (ej. se cae de un andamio) o enfermedad profesional (ej. lumbaliga, tunel carpiano, etc.) pero la empresa desconoce la relación laboral. En ese caso, debe igual hacer la denuncia ante la ART y el vínculo de trabajo se dirime en un procedimiento especial. Es importante ir a un abogado/a para asesorarse y redactar las intimaciones (telegramas, etc.).

b) SECLO

Qué hace este organismo se explica por la sigla SECLO: Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.  A fin de reducir la litigiosidad y descomprimir los juzgados abarrotados se instauró un procedimiento previo a toda contienda judicial para que los trabajadores y empleadores puedan juntarse dirimir sus diferencias. Cada parte con su abogado/a, como decía arriba, y aparte un mediador del Ministerio.

Luego de realizar el tramite de sorteo para obtener la fecha y hora de la audiencia. Una vez agendada, las partes concurren a la oficina del conciliador (pueden ser varias audiencias)En ese marco puede o no arribarse a un acuerdo:

  1. si se llega a un acuerdo se hace un convenio y se fija una fecha de pago. El convenio firmado y homologado es como una sentencia firme y debe cumplirse (salvo que haya habido alguna matufia, como la que contaba).
  2. Si no se llega a un acuerdo: queda habilitada la vida para hacer el juicio, que es la etapa siguiente.

 c) Juicio laboral

El abogado debe informar, cada una de las etapas, cómo va la marcha del juicio. Es un derecho saberlo e incluso ir a verlo personalmente. Siendo parte, a Federico solo le hace falta llevar su DNI y la dirección del juzgado. La empresa puede designar un apoderado o ir el representante legal. Preguntarle al abogado esos datos y los de la causa, para que la gente de mesa de entradas pueda ubicar fácil el expediente. [Excurso: En la cultura judicial argentina casi todo es por escrito y debe estar en el expediente, o no se considera. La antropóloga Leticia Barrera se dedicó a estudiar esto.]

  • Primera instancia

 

El juicio comienza con la interposición de una demanda donde se describen los hechos , derecho y la prueba con la que se intenta valer la parte. Luego de esto el juzgado corre traslado de la demanda al empleador para que este pueda contestarla y defenderse.

Esto puede tomar un tiempo, porque a veces hay empresas que dicen no vivir allí o idean artimañas para no ser notificadas. A la corta ganan tiempo pero a la larga pagan más intereses que no son baratos. En el juzgado donde estaba se perdía bastante tiempo hasta que el Registro Electoral, la PFA, el Registro de las Personas o la IGJ contestaran los oficios, que es donde consta el domicilio posta de una persona o sociedad.

 – El empleador contesta demanda y ofrece prueba.

  • El juzgado manda la contestación y el trabajador tiene 3 días para expedirse sobre la documentación ofrecida en la contestación de demanda y ofrecer mas pruebas.
  • Luego el juez llama a una audiencia para que las partes traten de llegar a un acuerdo; si hay acuerdo se firma ahí mismo; si no, se abre la causa a prueba.
  • Se fijan audiencias para que declaren los testigos y se produce la prueba. Los testigos deben ir y decir la verdad. Si hay testigos falsos, es un deber del juez enviar copias a la justicia penal para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio. Ha pasado. Ojo que los testigos se suelen ofrecer al principio: suele pasar que el abogado le pregunte a Federico qué  personas conocen del tema, ejemplo el encargado, el pibe de seguridad, para declarar. Hay dando vueltas un proyecto de ley para que la empresa no tome represalias contra los testigos…  Aunque esa ley no está, en este caso la empresa tuvo que anular el despido de un testigo por haber sido tomado como represalia. Una de las habilidades del abogado/a, igual que del periodista, es saber repreguntar al testigo, buscar contradicciones. El objetivo del juicio es esclarecer los hechos para que el juez los encuadre en el derecho aplicable. Según el derecho argentino, la ley procesal, vale un solo testigo, pero claro que no es lo recomendable ni lo usual. Tampoco presentar una fila de testigos, es un equilibrio.
  • Etapa de alegatos que es un escrito en el cual se valora la prueba.
  • Sentencia de primera instancia: puede aceptar o rechazar la demanda, total o parcialmente.

A veces, más seguido de lo que debería ser, el abogado infla los montos, lo que puede perjudicar al trabajador. En algún caso hasta se llamó la atención al abogado por esto pero se usa como estrategia.

  • Sentencia de segunda instancia

Cuando la sentencia se apela, que es lo usual, el  tiempo aproximado que tarda un juicio es de 2 años y medio aunque depende mucho según la prueba, las notificaciones y actos que, en principio, impulsa el juzgado. La justicia laboral tiene, hoy, un volumen grande de trabajo. Si es en provincia, los paros pueden extender los plazos y además este procedimiento es ligeramente distinto (por ejemplo, en la PBA hay un tribunal oral y demás). Después de la sentencia viene la etapa de liquidación (para calcular los montos a pagar que decidió la sentencia, puede intervenir un perito, y la etapa de pago, que es la emisión de cheques).

 

plasma
Las normas sobre seguridad e higiene regulan la luz ambiente, que debe ser adecuada. Guarda con los tubos… Además, al trabajador deben dársele elementos de seguridad para evitar descargas

 

4. Impuesto a las ganancias en caso de renuncia o despido o acuerdo SECLO

El artículo 20 de la ley de Impuesto a las Ganancias exime: “i) Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales. Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro.” Es decir, como regla general, las indemnizaciones laborales no pagan ganancias.

El problema se dio cuando se empezaron a pagr extras o conceptos que podrían no encuadrar estrictamente como indemnizaciones. Veamos.

Básicamente, la indemnización es un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses. Aparte hay un plazo de preaviso, que si se omite se paga igual. A eso hay que agregarle el aguinaldo o sueldo anual complementario proporcional y demás conceptos que integran la liquidación y que debe ser revisada, porque varía según el convenio colectivo.

Como la ley pone topes para la indemnización y la Corte los declaró inconstitucionales en ciertos supuestos (caso “Vizzotti”), se discute si el extra que se paga es indemnización. Lo mismo pasa con los bonus o extras por retiro voluntario. Y con la indemnización adicional por embarazo (la mujer debe notificar por telegrama, para tener protección legal, igual el delegado) y así con varios supuestos. Aunque hay que evaluar cada caso, en general, estos rubros no pagan el Impuesto a las Ganancias. Sucede que como la empresa es agente de retención en general adopta la postura más conservadora y retiene… porque si no lo hace es responsable ante la AFIP. Y suele suceder que la empresa prefiera discutir con el empleado antes que con el inspector de la AFIP.

Hace unos meses, la Corte dictó sentencia en la causa “Negri, Fernando Horacio c/ EN – AFIP DGI” en la cual decidió que la gratificación que se le paga al trabajador por cese no debe pagar el impuesto a las ganancias, incluso en este caso en que los montos se pagaron de mutuo acuerdo. Así, tampoco pagarían las sumas que excedan la indemnización vigente, hasta los topes del caso “Vizzoti”. Y también posibilita al trabajador que se le retuvo de más repetir contra la AFIP.

Además, de la AFIP, la empresa puede ser responsable. En algún caso, el trabajador demandó a la empresa porque le habían retenido de más de un convenio y al final tuvieron que pagarle los intereses y resarcirlo. Igual, al ser un convenio es más facil predecirlo porque del propio texto se puede pactar el tratamiento con la empresa y quién se hace cargo si llega a existir una diferencia.

Para leer más sobre las retenciones en caso de gratificaciones por cese o acuerdos voluntarios, ver esta nota.

Finalmente, creo que es importante reforzar las inspecciones de trabajo para cumplir con la normativa de seguridad e higiene, y chequear horarios (por ejemplo, la pausa entre jornada y jornada debe ser igual o mayor a las 12 horas) así como la privacidad que a veces no se respeta con micrófonos escondidos y demás. Es que, muchas veces, estos derechos, por no querer generar un conflicto, no se reclaman, pero son igualmente importantes para un buen desarrollo de la relación laboral.

Según informó Mariano Martín, periodista de Ámbito Financiero, «la Sala V de la Cámara laboral negó la homologación de un entendimiento judicial por el cese del vínculo que, a criterio de los magistrados, excedía “notablemente el importe” de una indemnización por antigüedad. En esa línea,  interpretaron que “la homologación afectaría los derechos del organismo público tributario, tercero ajeno al convenio amparado por normas de orden público“».

El voto mayoritario entendió que la «imputación del monto total transado a la indemnización por antigüedad excede notablemente el importe por el cual prosperarían esos reclamos en el marco descripto precedentemente” y que en caso de ser homologado “afectaría los derechos del organismo público tributario».

En cambio, en disidencia, el juez Enrique Arias Gibert dijo que la indemnización calculada era un acuerdo de partes destinado a poner fin al conflicto por desvinculación y que no corresponde a la Justicia impedirlo. «En lugar de eso, Arias Gibert propuso comunicar el acuerdo a la AFIP para que fuese el organismo el que eventualmente hiciera el reclamo correspondiente por impuestos impagos.» Link a la nota.

 

 

Dr. Alegato
Dr. Alegato

 

5. Temas impositivos y de seguridad social

La AFIP actualizó la resolución sobre el procedimiento en caso de empleo en negro, desde el punto de vista de la seguridad social. Como un trabajador no registrado supone el no pago de aportes y contribuciones, la AFIP también interviene desde que el juez le avisa de la sentencia o incluso antes, en el SECLO. Esta es otra contigencia para la empresa en caso de contratar a alguien y no registrarlo; a la larga puede salir más caro.

Si la empresa no hubiese presentado la o las declaraciones juradas determinativas que consignen los aportes y contribuciones omitidos por el juicio laboral o acuerdo homologado, la AFIP procederá a liquidar e intimar los aportes y/o contribuciones adeudados, así como los accesorios (multas, intereses, etc.) que correspondan. Es decir, aparte del pago al trabajador, hay que pagarle a la AFIP. Incluyendo aportes, contribuciones y lo que en su caso no retuvo de Impuesto a las Ganancias.

Transcribo la resolución de la AFIP publicada hoy. Cuidado porque hay plazos muy breves para impugnar (apelar) la determinación que haga la AFIP de los aportes y contribuciones omitidos.

Administración Federal de Ingresos Públicos
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General 3739
Sentencias laborales firmes o ejecutoriadas. Acuerdos conciliatorios homologados. Liquidación e intimación o determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos. Emisión de boleta de deuda.
Bs. As., 9/2/2015
VISTO el Artículo 132 de la Ley N° 18.345 y sus modificaciones, el Artículo 15 de la Ley N° 20.744, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, y el Artículo 17 de la Ley N° 24.013, y CONSIDERANDO: Que conforme las disposiciones de las Leyes N° 18.345, N° 20.744 y N° 24.013, los Juzgados laborales deben comunicar a esta Administración Federal las sentencias firmes, pasadas en autoridad de cosa juzgada, en las que se determina una relación laboral —total o parcialmente— no registrada, o las sentencias homologatorias de acuerdos conciliatorios referidos a ese tipo de relaciones laborales. Que a los fines de facilitar la tarea de los tribunales competentes, este Organismo ha desarrollado e implementado el sistema denominado “SEAH – Sistema Sentencias y Acuerdos Homologados en Juicios Laborales” que permite la remisión y recepción de la información por vía electrónica. Que esta Administración Federal, en cumplimiento de su función específica, debe intimar el pago de los aportes y/o contribuciones omitidos, emergentes de las mencionadas relaciones laborales. Que existen dos situaciones claramente diferenciadas a las cuales correspondería otorgarles tratamientos distintos, según la información que se recibe y los elementos que han quedado definidos en la causa. Que en los casos en que la justicia remite los datos referidos a la identificación del empleado y del empleador, el reconocimiento de la relación laboral, el período trabajado y la remuneración correspondiente al período laborado, se cuenta con la totalidad de los elementos constitutivos del hecho imponible, pasados en autoridad de cosa juzgada en cuanto a la materialidad de esos hechos, por lo que sólo resta la liquidación e intimación de los aportes y/o contribuciones omitidos. Que en el supuesto indicado en el considerando anterior, no resulta necesaria la determinación de oficio dado que tales hechos ya se encuentran probados, razón por la cual la intimación sólo será susceptible de la vía recursiva establecida por el Artículo 74 del Decreto N° 1.397 de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificatorios. Que, en cambio, cuando de la información brindada por el tribunal no se cuente con la totalidad de los aludidos datos, como es el caso de la remuneración correspondiente al período laborado por haberse determinado solamente aquella para el cálculo de las indemnizaciones laborales, es menester efectuar la determinación de oficio en los términos del Artículo 2° de la Ley N° 26.063 y del Artículo 11 de la Ley N° 18.820, en su caso, proyectando la remuneración conocida o utilizando la presunción prevista en el inciso d) del Artículo 5° de la ley mencionada en primer término. Que en ese supuesto, el procedimiento previsto en la Ley N° 18.820, quedaría circunscripto a la discusión del único hecho susceptible de ser impugnado y probado, que es el monto de la remuneración real correspondiente al período en cuestión. Que cuando se comuniquen sentencias homologatorias de acuerdos conciliatorios, en los que no se hayan efectuado reconocimientos de hechos ni derechos dado el carácter indiciario de los mismos, esta Administración Federal cargará la información dentro de sus planes generales de fiscalización, aplicando, en su caso, los procedimientos corrientes. Que asimismo, se estima conveniente disponer procedimientos especiales aplicables a los casos en que de las informaciones obrantes en este Organismo surja que mediante la falsa declaración o adulteración de datos respecto de los empleados o del empleador, el contribuyente o responsable, en su declaración jurada determinativa invoque un beneficio de reducción en las alícuotas de aportes y/o contribuciones, diferenciando los supuestos en que tal anomalía sea detectada por primera vez, respecto de un empleador, de aquellos en los que éste reincide en dicha conducta. Que asimismo corresponde establecer, en el marco de las intimaciones susceptibles de ser recurridas en los términos del Artículo 74 del Decreto N° 1.397 de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificatorios que por la presente se determinan, las infracciones previstas por la Ley N° 17.250 y sus modificaciones que resultarán aplicables, fijando las sanciones correspondientes y su reducción en caso de regularización, de conformidad con las previsiones de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias. Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social y de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618, del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS RESUELVE:
TÍTULO I
SENTENCIAS LABORALES FIRMES Y ACUERDOS CONCILIATORIOS HOMOLOGADOS
Artículo 1° — A los fines de la liquidación o determinación de oficio e intimación de los aportes y/o contribuciones omitidos con destino al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), emergentes de relaciones laborales —total o parcialmente— no registradas, cuya existencia haya sido determinada por sentencia laboral firme o ejecutoriada o por acuerdo conciliatorio homologado, comunicados a esta Administración Federal por el Juzgado interviniente, mediante el “SEAH – Sistema Sentencias y Acuerdos Homologados en Juicios Laborales”, en virtud de lo normado por el Artículo 132 de la Ley N° 18.345 y sus modificaciones, el Artículo 15 de la Ley N° 20.744 y sus modificaciones y el Artículo 17 de la Ley N° 24.013, deberán observarse las disposiciones del presente Título.
CAPÍTULO I
SENTENCIAS LABORALES FIRMES O ACUERDOS CONCILIATORIOS HOMOLOGADOS RECONOCIENDO RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA, CON TOTALIDAD DE DATOS
Art. 2° — En los casos en que el Juzgado interviniente comunique a esta Administración Federal una sentencia laboral firme o ejecutoriada o un acuerdo conciliatorio homologado, en el que consten la totalidad de los elementos constitutivos del hecho y la base imponible de los aportes y contribuciones de la seguridad social, si el empleador no hubiese presentado la o las declaraciones juradas determinativas —originales o rectificativas—, consignando los mencionados aportes y contribuciones omitidos por la relación objeto del juicio laboral, se procederá a liquidar e intimar los aportes y/o contribuciones adeudados, así como los accesorios que pudieren corresponder, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el presente Capítulo.
Art. 3° — Los elementos emergentes de la sentencia comunicada, que den lugar al procedimiento que se establece en este Capítulo, son los que se indican a continuación: a) Hecho imponible: La relación laboral mantenida entre el actor y el demandado, con la identificación del trabajador y del empleador, el tipo de contrato laboral y el período trabajado. b) Base imponible: La remuneración devengada correspondiente a todo el período de la relación laboral.
Art. 4° — La alícuota de las contribuciones patronales omitidas, de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 814 del 20 de Junio de 2001, será la que haya declarado correctamente el empleador de encontrarse inscripto ante esta Administración Federal o la que surja de los datos que posea este Organismo que permitan su determinación. En el supuesto que no pudiera determinarse la alícuota aplicable, se estará a la prevista en el inciso b) del Artículo 2° del mencionado decreto.
Art. 5° — Tomando como base los elementos descriptos en los Artículos 3° y 4°, esta Administración Federal procederá a liquidar los aportes y/o contribuciones omitidos por todo el período de la relación laboral objeto del litigio, con más los intereses resarcitorios previstos en el Artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicará las sanciones que correspondan de acuerdo con lo normado por el Artículo 16 de la presente, e intimará al contribuyente la presentación de las declaraciones juradas —originales o rectificativas, según corresponda— y el ingreso del importe resultante, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos.
Art. 6° — Contra la liquidación referida en el artículo precedente el contribuyente podrá interponer el recurso de apelación previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397 de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificatorios.
Art. 7° — En caso de incumplimiento a la intimación cursada respecto a la presentación de la respectiva declaración jurada, se procederá a suplir de oficio la obligación omitida, en su caso emitiéndose la correspondiente boleta de deuda por el saldo deudor a los efectos previstos en el Artículo 92 y siguientes de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
CAPÍTULO II
SENTENCIAS LABORALES FIRMES O ACUERDOS CONCILIATORIOS HOMOLOGADOS RECONOCIENDO RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA, CON INSUFICIENCIA DE DATOS
Art. 8° — En los supuestos en que la comunicación formulada por el Juzgado interviniente careciera de alguno de los datos indicados en el Artículo 3°, se procederá a la determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos, en los términos del Artículo 2° de la Ley N° 26.063 y del Artículo 11 de la Ley N° 18.820, a cuyo efecto regirá exclusivamente el procedimiento que se detalla en el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo con lo normado por la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias y, en su caso, las reducciones que correspondan atendiendo las particularidades de este procedimiento.
Art. 9° — A los fines indicados en el artículo precedente, para la determinación de oficio se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El período de la relación laboral será el informado por el Tribunal. b) La remuneración imponible se estimará proyectando la que hubiera sido tenida en cuenta por el Juzgado para liquidar las indemnizaciones laborales o las remuneraciones básicas de convenio, en los términos del inciso d) del Artículo 5° de la Ley N° 26.063, o el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el que sea mayor. c) La alícuota de las contribuciones patronales aplicable se determinará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 4°.
Art. 10. — Cuando el Tribunal laboral interviniente comunicara a esta Administración Federal la homologación de un acuerdo conciliatorio —liberatorio o transaccional— sin reconocer hechos ni derechos, se tendrá en cuenta su carácter indiciario y se cargará la información dentro de los planes generales de fiscalización del Organismo, aplicando, en su caso, los procedimientos generales vigentes.
TÍTULO II
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS DE APORTES Y/O CONTRIBUCIONES
Art. 11. — En los casos en que de las constancias obrantes en este Organismo surja que mediante la falsa declaración o adulteración de datos respecto de los empleados o del empleador, un contribuyente o responsable, en su declaración jurada determinativa de los recursos de la seguridad social, haya invocado un beneficio de reducción en las alícuotas de aportes y/o contribuciones, se procederá a la determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos, en los términos del Artículo 2° de la Ley N° 26.063 y del Artículo 11 de la Ley N° 18.820, y a la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con lo normado por la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias, a cuyo efecto regirá exclusivamente el procedimiento que se detalla en el Anexo de la presente.
Art. 12. — La determinación de oficio indicada en el artículo precedente consistirá en la liquidación de las diferencias entre los aportes y/o contribuciones declarados por el empleador y los que efectivamente correspondan, de acuerdo con la información con que cuente esta Administración Federal, suministrada por el contribuyente o por terceros.
Art. 13. — Cuando con posterioridad a que una liquidación realizada de acuerdo con lo indicado en el artículo anterior hubiere quedado firme, se detecte que el empleador, por períodos posteriores, ha continuado usufructuando en forma indebida el mismo beneficio —que fuera objeto de la mencionada liquidación, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa— esta Administración Federal procederá a liquidar las diferencias resultantes, con más los intereses resarcitorios previstos en el Artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicará las sanciones que correspondan de acuerdo con lo normado por el Artículo 16 de la presente, e intimará al contribuyente la presentación de las declaraciones juradas rectificativas y el ingreso del importe resultante, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos.
Art. 14. — Contra la liquidación referida en el artículo precedente el contribuyente podrá interponer el recurso de apelación previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397/79 y sus modificatorios.
Art. 15. — En caso de incumplimiento a la intimación cursada respecto a la presentación de la respectiva declaración jurada, una vez consentida la liquidación o, en su caso, dictada la resolución rechazando la apelación, se procederá a suplir de oficio la obligación omitida, emitiéndose, de corresponder, la boleta de deuda por el saldo deudor a los efectos previstos en el Artículo 92 y siguientes de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
TÍTULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES
Art. 16. — Serán de aplicación para los supuestos contemplados en los Artículos 5° y 13 de la presente las infracciones previstas en la Ley N° 17.250 y sus modificaciones y las sanciones y reducciones fijadas por la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias que, para cada caso, a continuación se detallan: a) Intimación prevista en el Artículo 5°: 1. Infracción contemplada en el Artículo 15, punto 1, inciso a) de la Ley N° 17.250 y sus modificaciones, anta la falta de inscripción por parte del empleador —cuando así corresponda—: Multa fijada en el primer párrafo del Artículo 4° de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias. Sólo a los fines de la presente, y sin perjuicio de lo establecido por la norma remitida sobre el particular, se entenderá por momento de constatación la oportunidad en que la sentencia o el acuerdo homologatorio, fundamento de la intimación, le sea comunicado por el Juzgado interviniente a esta Administración Federal. Si el contribuyente se inscribe ante esta Administración Federal: 1.1 Con posterioridad a la fecha en que comenzó a tener carácter de empleador, pero antes de la notificación de la intimación de la deuda liquidada, la multa se reducirá a un quinto de su valor. 1.2. Dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos desde la notificación de la intimación cursada, la multa se reducirá a un tercio de su valor. 2. Infracción contemplada en el Artículo 15, punto 1, inciso b) de la Ley N° 17.250 y sus modificaciones, por falta de denuncia de los trabajadores en la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones y/o Incumplimiento a la retención de aportes sobre el total que corresponda: Multa fijada en el primer párrafo, o en su caso, en el segundo párrafo del Artículo 5° de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias. Sólo a los fines de la presente, y sin perjuicio de lo establecido por la norma remitida sobre el particular, se entenderá por momento de constatación la oportunidad en que la sentencia o el acuerdo homologatorio, fundamento de la intimación, le sea comunicado por el Juzgado interviniente a esta Administración Federal. Si el contribuyente regulariza su situación: 2.1. Con anterioridad a la notificación de la intimación de la deuda liquidada: la multa se reducirá a la prevista en el Capítulo D del Título I de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias, de acuerdo, con el lapso de mora incurrido, sin la reducción allí prevista. Sí en el mismo plazo se ingresan los aportes y/o contribuciones respectivos, el monto de la multa se reducirá a la mitad de su valor. 2.2. Dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos desde la notificación de la intimación cursada: las multas indicadas en cada caso, se reducirán al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto de los aportes y/o contribuciones liquidados en dicho instrumento. Sin perjuicio de lo dispuesto, resultarán asimismo de aplicación las sanciones previstas en el Artículo sin número agregado a continuación del Artículo 40 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, las que serán impuestas de acuerdo al procedimiento previsto por la citada Ley y de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo K de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias. b) Intimación prevista en el Artículo 13: 1. Infracción contemplada en el Artículo 15, punto 1, inciso e) de la Ley N° 17.250 y sus modificaciones por falsa declaración o adulteración de datos respecto de los empleados o del empleador, mediante la cual se invoque un beneficio de reducción en las alícuotas de aportes y/o contribuciones: Multa fijada en el primer párrafo del Artículo 16 de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias, conforme la base de cálculo, el mínimo y el máximo de la sanción que la citada disposición determina. Si el empleador rectifica su declaración de acuerdo con lo determinado por esta Administración Federal dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos desde la notificación de la intimación cursada, la multa se reducirá a un tercio de su valor.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 17. — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del primer día hábil del segundo mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a las liquidaciones o determinaciones de oficio e intimaciones de aportes y/o contribuciones, que se notifiquen a partir de dicha vigencia.
Art. 18. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

ANEXO (Artículos 8° y 11) DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LOS APORTES Y/O CONTRIBUCIONES OMITIDOS 1. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA 1.1. Determinaciones de deudas de los recursos de la seguridad social. Se realizarán de manera global, sobre la base de la información obrante en este Organismo, detallándose en un anexo la cantidad total de trabajadores dependientes involucrados en dicha determinación, individualizados cada uno de ellos con su respectivo Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.), la remuneración imponible utilizada como base de cálculo de la deuda y el concepto en virtud del cual se determinó la misma. Dicho anexo será notificado a los empleadores juntamente con el acta de determinación de la deuda. De corresponder, se asignará de oficio a cada uno de esos empleados el Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.), el que será notificado al empleador. 1.2. Multas previstas en la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias. Juntamente con la determinación de la deuda, se labrará el acta de infracción en la cual se detallará la infracción cometida, la base de cálculo de la sanción y el porcentaje aplicado. 2. CONFORMIDAD CON LA DETERMINACIÓN En los casos descriptos en el punto 1.1, los empleadores que conformen total o parcialmente las determinaciones de deuda practicadas deberán presentar las declaraciones juradas —originales o rectificativas, según corresponda—, cumpliendo las normas que al efecto establece la Resolución General N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución General N° 712, sus modificatorias y complementarias. En caso de incumplimiento a lo indicado en el párrafo precedente, una vez firme la pertinente determinación de deuda, este Organismo podrá imputar los importes pagados a los conceptos y períodos que correspondan, en su caso en forma nominativa, de acuerdo con la información que posea al respecto, a fin de su posterior transferencia a los subsistemas de la seguridad social. 3. IMPUGNACIONES 3.1. Dependencia receptora. La impugnación de la deuda determinada o de la infracción constatada deberá presentarse en la dependencia en la cual el contribuyente se encuentre inscripto, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente, inclusive, al de la notificación del acta de inspección determinativa de deuda, del acta de constatación de la infracción o de la intimación de la deuda. Si el contribuyente impugnara solamente la liquidación de la actualización o los intereses, la impugnación se interpondrá ante la dependencia citada, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos, contados en la forma indicada en el párrafo anterior. 3.2. Formalidad de la presentación. En el escrito impugnatorio, que deberá estar debidamente suscripto por el responsable o representante legal, el presentante deberá acreditar debidamente su personería e identificar los números de actas, órdenes de intervención, conceptos y períodos fiscales impugnados. Asimismo, sólo podrá efectuar una crítica concreta de los hechos que dieren lugar a la determinación, adjuntando la prueba documental que estuviere en su poder. 3.2.1. Cuando se impugne parcialmente la deuda, deberá cumplirse previamente con lo establecido en el punto 2 respecto de la parte conformada —presentación de las declaraciones juradas F. 931 originales o rectificativas—. Asimismo, para acreditar dicha conformidad, deberá agregarse al correspondiente escrito de impugnación, una copia del talón de “acuse de recibo de DDJJ” que emite el sistema una vez aceptada la presentación de la declaración jurada, correspondiente a la deuda conformada. 3.3. Tareas posteriores a la presentación. Presentada la impugnación, la dependencia receptora procederá a dejar constancia de la fecha y hora de recepción en el original y copia, si la hubiere, indicando el cargo pertinente, insertando el sello fechador y consignando el apellido y nombres del agente interviniente, seguido de su firma y número de legajo. De acompañarse documentación en fotocopias, éstas deberán estar suscriptas por el contribuyente o responsable o su representante legal. El agente interviniente deberá certificar la autenticidad de la copia, dejando constancia de que se han exhibido los originales respectivos. En el supuesto que el escrito de impugnación fuere enviado por vía postal o telegráfica, se considerará presentado en la fecha de su imposición en la oficina de correos, agregándose el sobre, sin destruir su sello postal. En caso de duda deberá estarse a la fecha consignada en el escrito y, en su defecto, se considerará que la presentación se realizó en término. Se reputará, asimismo, presentado en término el escrito que se recibiera en la oficina correspondiente dentro de las DOS (2) primeras horas del día siguiente al del vencimiento del plazo para impugnar. 4. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 4.1. Recepcionado el escrito de impugnación, éste deberá remitirse a la dependencia encargada de su sustanciación, la que verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 4.1.1. Temporaneidad de la presentación. Haber observado los plazos estipulados en el Artículo 11 de la Ley N° 18.820 y, en su caso, en el Artículo 11 de la Ley N° 21.864 modificada por la Ley N° 23.659. 4.1.2. Acreditación de la personería. Haber dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972, texto ordenado en 1991, en el mismo acto de la presentación del escrito impugnatorio, acompañando la documentación que acredite la personería invocada. Será aplicable el supuesto previsto en el Artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —de aplicación supletoria según el Artículo 106 del Reglamento citado en el párrafo anterior— en la medida en que se hubieran invocado razones que lo justifiquen. Se considerará suficiente el poder para asuntos judiciales o el Formulario F. 3283/F o F. 3283/J, según corresponda. 4.1.3. De corresponder, haber cumplido los requisitos detallados en el punto 3.2.1. 4.2. Incumplimientos. En caso de falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos formales detallados en el punto 4.1, el juez administrativo competente dictará una providencia desestimando “in limine” la presentación, la que será irrecurrible. 5. PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y COMPOSICIÓN DE COEFICIENTES Las impugnaciones en cuyos escritos se plantee la inconstitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones, en los que se sustenta la determinación de la deuda o se invoquen argumentos que encuadren en la temática jurídica precitada, así como aquellos en los que se cuestione la composición y aplicación de coeficientes de actualización e intereses, deberán concluirse, previa emisión del dictamen jurídico y verificación del cumplimiento de los requisitos citados en el punto 4.1, con el dictado de la pertinente resolución por parte del juez administrativo competente, la que será apelable ante la Cámara Federal de la Seguridad Social de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto 9. 6. TRAMITACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 6.1. Las impugnaciones de deuda que hubieran cumplido con los recaudos formales establecidos en el punto 4.1 y no se fundasen en las causales previstas en el punto 5, deberán tramitarse extremándose el cumplimiento de los requisitos de celeridad, economía, sencillez y eficacia durante su sustanciación. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite. El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se otorgará, sin necesidad de resolución expresa al efecto, en la dependencia en la que se encuentre el expediente, aunque no sea la Mesa de Entradas o Receptoría. Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para la vista, el mismo se dispondrá por escrito rigiendo a su respecto lo establecido por los Apartados 4 y 5 del inciso e) del Artículo 1° de la Ley de Procedimientos Administrativos. El día de vista comprende el horario de funcionamiento de la dependencia en la que se encuentre el expediente, sin límites dentro de dicho horario. A pedido del interesado, y a su cargo, se le facilitarán fotocopias de las piezas que el mismo indique. Si a los fines de interponer un recurso administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se conceda al efecto, de acuerdo con lo dispuesto por los Apartados 4 y 5 del inciso e) del Artículo 1° de la Ley de Procedimientos Administrativos. La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista. 6.2. Prueba. En caso que el análisis de la prueba documental acompañada, única admisible o de las medidas que para mejor proveer se dispongan, requieran de la presencia del impugnante, se celebrará una audiencia, la que le será notificada al impugnante con una antelación no menor a DIEZ (10) días. 6.2.1. Carga de la prueba. La carga de la prueba será incumbencia de la parte que la ofrezca. 6.2.2. De celebrarse la audiencia indicada en el punto 6.2., a su finalización la parte interesada podrá alegar sobre la prueba que se hubiere producido. También podrá ejercer ese derecho por escrito, dentro de los DIEZ (10) días posteriores. En todos los casos, las actuaciones deberán permanecer, durante la vista, en el área en que ésta se haya dispuesto. 6.3. El expediente será remitido al área que tenga a su cargo la emisión del dictamen jurídico y la elaboración del proyecto de resolución de la impugnación, debiéndose observar, en lo pertinente, lo establecido por el inciso c) del Artículo 5° del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1.759/72, texto ordenado en 1991. 6.4. Conclusión del proceso. 6.4.1. Cese de controversia previo al dictado de la resolución que dirime la impugnación. 6.4.1.1. Pago total. Cuando mediare pago total de la deuda impugnada, se intimará al administrado para que en un plazo perentorio de TRES (3) días manifieste si el mismo tiene carácter de puro y simple o si se sujeta a las resultas de la impugnación. Ello, bajo apercibimiento de considerarlo —en caso de silencio— con los efectos liberatorios previstos en los Artículos 724, 725 y concordantes del Código Civil. 6.4.1.2. Pago parcial. Cuando con posterioridad a la presentación de la impugnación mediara pago parcial de las sumas reclamadas, se intimará al administrado a efectos que manifieste, dentro del plazo perentorio mencionado en el punto anterior, si el pago es puro y simple, o a resultas de la impugnación, bajo apercibimiento de considerarlo —en caso de silencio— en el primer carácter, teniéndose por desistida la impugnación deducida con relación a los importes de deuda que hubiere cancelado (cfr. Arts. 718, 721 y concordantes del Código Civil). 6.4.1.3. Desistimiento expreso. Si el recurrente desistiera expresamente de la impugnación, las actuaciones se archivarán sin más trámite. 6.4.1.4. En los supuestos previstos en los puntos 6.4.1.1 a 6.4.1.3, el impugnante deberá observar el procedimiento indicado en el punto 2 —presentación de las declaraciones juradas F. 931 originales o rectificativas en las que se exteriorice la deuda conformada—. 6.4.2. Resolución administrativa. El procedimiento concluirá con la elaboración del dictamen referido en el punto 6.3, y finalmente el dictado de la resolución que, dirimiendo la impugnación planteada, emita el juez administrativo competente. La citada resolución se notificará con las formalidades indicadas en el punto 7 y se hará constar que es susceptible del recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el punto 9.4. El plazo para deducirlo comenzará a computarse a partir de la notificación de la resolución correspondiente. 6.4.3. En el supuesto que la resolución que resuelve la impugnación hiciera lugar parcialmente a la misma, se podrá reliquidar la deuda en esos términos, notificándosela al contribuyente o responsable mediante una nueva acta, en la que se dejará constancia que la misma no es susceptible de ser impugnada. 7. NOTIFICACIONES 7.1. Las notificaciones que deban cursarse, en tanto no se trate de los casos previstos en los incisos a) y b) del Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1.759/72, texto ordenado en 1991, se efectuarán por alguna de las modalidades previstas en el Artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el domicilio fiscal del impugnante. 7.2. Toda intimación notificada dispondrá un plazo de DIEZ (10) días para su cumplimiento y deberá contener el respectivo apercibimiento bajo el que se cursa. 7.3. La notificación de la resolución prevista en este procedimiento deberá, asimismo, observar lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 40 y por el Artículo 43, ambos del Reglamento citado en el punto 7.1, haciéndose constar la vía por la que es susceptible de ser revisada la resolución de que se trate. 8. CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN Los contribuyentes podrán prestar su conformidad total o parcial con la resolución que se dicte de acuerdo con lo indicado en el punto 6.4.2., en cuyo caso deberá observarse el procedimiento dispuesto en el punto 2. 9. APELACIÓN ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.1. Liquidación de la deuda. Para el cumplimiento del requisito previsto en el Artículo 15 de la Ley N° 18.820, el contribuyente podrá solicitar que se practique la liquidación de la deuda dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la resolución respectiva, en el caso de domiciliarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dentro de los QUINCE (15) días, de domiciliarse en el resto del país. La solicitud de liquidación no interrumpe ni suspende el plazo para apelar establecido en el punto 9.4. De no efectuarse tal solicitud, el apelante deberá practicar la liquidación y proceder al pago del monto resultante. Si la liquidación del apelante no fuera conformada por este Organismo, se le notificará tal circunstancia acompañándose una nueva liquidación para su pago. 9.2. Impugnación de la liquidación. Las liquidaciones que se practiquen en cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior podrán impugnarse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de su notificación, quedando resuelta la disconformidad por el área competente, con el alcance de cosa juzgada en sede administrativa. Se procederá a notificar al impugnante, acompañándose, de corresponder, una nueva liquidación para su pago. 9.3. Pago previo. Artículo 15 de la Ley N° 18.820. 9.3.1. La obligación de ingreso establecida por el Artículo 15 de la Ley N° 18.820, como condición previa para acceder al recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, deberá efectivizarse mediante transferencia electrónica de fondos, utilizando el Volante Electrónico de Pagos (VEP) dispuesto por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias. 9.3.2. La confección del respectivo volante de pago se efectuará considerando lo que, para cada ítem, se indica a continuación: a) Contribuyente y/o responsable: será nominativo, es decir, con identificación del titular del depósito. b) Impuesto, concepto y subconcepto: se utilizarán los códigos “499/019/019”. c) Período fiscal: se informará el que corresponda a la deuda objeto de la determinación impugnada. Si ésta comprendiera más de un período se indicará el más reciente. 9.4. Presentación de la apelación. El recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social deberá ser presentado dentro de los TREINTA (30) días de notificada la resolución que resuelve la impugnación, si el recurrente se domicilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días, si se domicilia en cualquier localidad del resto del país, de conformidad con lo establecido por el Artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificaciones, en la dependencia de esta Administración Federal que, según el caso, se indica a continuación: Apelación de la resolución administrativa —punto 6.4.2.—: 1. Contribuyentes y responsables que se encuentren en el ámbito de la Subdirección General de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social: en la División Técnico Jurídica interviniente dependiente de cada una de las Direcciones Regionales de los Recursos de la Seguridad Social que se indique en la notificación de la mencionada resolución. 2. Resto de contribuyentes: en la dependencia en la cual se encuentren inscriptos. A los fines de la determinación del plazo previsto en este punto se considerará la ubicación del domicilio fiscal del apelante. 9.5. Elevación a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Presentado el recurso de apelación se procederá a la elevación del expediente ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, previa verificación del cumplimiento del depósito previsto en el Artículo 15 de la Ley N° 18.820, en los términos de la Resolución General N° 3.488. Ante el incumplimiento de la aludida obligación se notificará al contribuyente o responsable el rechazo de la presentación, quedando habilitado este Organismo para iniciar las acciones tendientes al cobro de la deuda pertinente. Lo indicado en este punto no será de aplicación respecto de las presentaciones encuadradas por el contribuyente o responsable como recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuando las actuaciones no hubieran tramitado como impugnación en los términos del presente Anexo. Dichas presentaciones deberán ser rechazadas mediante una providencia simple. 9.6. Sentencia a favor del Fisco. En el supuesto que la Cámara Federal de la Seguridad Social confirme la deuda determinada por esta Administración Federal, los fondos depositados de conformidad con lo previsto en el punto 9.3 serán transferidos a los subsistemas de la seguridad social, a cuyo fin el responsable deberá efectuar la reimputación de los mismos presentando el formulario de declaración jurada F.399 o una nota —en los términos de la Resolución General N° 1.128— con el detalle de los conceptos y períodos a los que corresponda sean imputados los fondos, en ambos supuestos dentro de los QUINCE (15) días de notificada la sentencia. Transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente realice la correspondiente reimputación, este Organismo procederá a efectuarla de oficio de acuerdo con lo resuelto en sede judicial. Una vez firme la pertinente determinación de deuda, por haber sido consentida o hallarse ejecutoriada, esta Administración Federal determinará la obligación omitida, en su caso en forma nominativa, sobre la base de la información que posea al respecto, la que suplirá a la declaración jurada omitida o la que hubiere sido presentada en defecto. 9.7. Sentencia a favor del contribuyente. Cuando el recurso presentado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social fuere favorable al contribuyente, éste podrá utilizar los fondos depositados de conformidad con lo previsto en el punto 9.3 para la cancelación de otras obligaciones de la seguridad social, a cuyo fin deberá presentar el formulario de declaración jurada F.399. Cuando el responsable no solicitare la imputación referida precedentemente, este Organismo dispondrá la devolución de los fondos aludidos en el plazo establecido en la sentencia.

 

 

Ley 24013 de regularización del empleo no registrado

 

De la regularización del empleo no registrado

Capítulo 1

Empleo no registrado

ARTICULO 7° — Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador:

a) En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares;

b) En los registros mencionados en el artículo 18, inciso a).

Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas.

ARTICULO 8° — El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

ARTICULO 9° — El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

ARTICULO 10. — El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.

ARTICULO 11. — Las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones:

a. intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y b. proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior.

Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, solo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia.

(Artículo sustituido por art. 47 de la Ley N° 25.345 B.O. 17/11/2000)

ARTICULO 12. — El empleador que registrare espontáneamente y comunicare de modo fehaciente al trabajador dentro de los 90 días de la vigencia de esta ley las relaciones laborales establecidas con anterioridad a dicha vigencia y no registradas, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras sociales, emergentes de esa falta de registro.

El empleador que, dentro del mismo plazo, rectificare la falsa fecha de ingreso o consignare el verdadero monto de la remuneración de una relación laboral establecida con anterioridad a la vigencia de esta ley y comunicare simultánea y fehacientemente al trabajador esta circunstancia, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados hasta la fecha de esa vigencia, derivados del registro insuficiente o tardío.

No quedan comprendidas en este supuesto las deudas verificadas administrativa o judicialmente.

A los fines previsionales, las relaciones laborales registradas según lo dispuesto en este artículo:

a) Podrán computarse como tiempo efectivo de servicio;

b) No acreditarán aportes ni monto de remuneraciones.

ARTICULO 13. — En los casos previstos en el artículo anterior el empleador quedará eximido del pago de las indemnizaciones que correspondieren por aplicación de los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley.

ARTICULO 14. — Para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, no será requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo.

ARTICULO 15. — Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.

La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido.

ARTICULO 16. — Cuando las características de la relación existente entre las partes pudieran haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el juez o tribunal podrá reducir la indemnización prevista en el artículo 8, hasta una suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).

Con igual fundamento los jueces podrán reducir el monto de la indemnización establecida en el artículo anterior hasta la eliminación de la duplicación allí prevista.

ARTICULO 17. — Será nulo y sin ningún valor todo pago por los conceptos indicados en los artículos 8, 9 y 10 que no se realizare ante la autoridad administrativa o judicial.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que reconozca el derecho a percibir dichas indemnizaciones o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional que versare sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial, según el caso, deberá poner en conocimiento del Sistema Unico de Registro Laboral o, hasta su efectivo funcionamiento, del Instituto Nacional de Previsión Social, Caja de asignaciones y subsidios familiares y obras sociales, las siguientes circunstancias:

a) Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio;

b) Nombre y apellido del trabajador;

c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación laboral si ésta se hubiere extinguido;

d) Monto de las remuneraciones.

Constituirá falta grave del funcionario actuante si éste no cursare la comunicación referida en el plazo establecido.

No se procederá al archivo del expediente judicial o administrativo respectivo hasta que el funcionario competente dejare constancia de haberse efectuado las comunicaciones ordenadas en este artículo.

 


 

 

Ley 25.323 – de duplicación de indemnizaciones laborales

Establécese que las indemnizaciones previstas por la Ley N° 20.744 (texto ordenado en 1976) o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral no registrada o que lo esté de modo deficiente.

Sancionada: Setiembre 13 de 2000.

Promulgada de Hecho: Octubre 6 de 2000.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° — Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de treinta días contados a partir de dicha oportunidad para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el cual le será de plena aplicación el incremento dispuesto en el párrafo anterior.

El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8°, 9°, 10 y 15 de la Ley 24.013.

ARTICULO 2° — Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.

ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Anexo con sentencia sobre período de prueba y trabajo en negro

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-oct-2015

NEUQUEN, 29 de octubre de 2015

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “MMM PAMELA DEL CARMEN C/ CCC.A. Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (EXP Nº 390343/2009) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- La sentencia de primera instancia condena a las accionadas a abonar a la actora la indemnización prevista en el art. 182 de la LCT, con más intereses y les impone las costas del juicio.

Esta decisión es apelada por ambas demandadas, quienes expresan agravios en hojas 211/214 vta. en idénticos términos.

Sostienen que, teniendo en cuenta la fecha de ingreso y egreso de la trabajadora, no hay dudas que el distracto se produjo durante el período de prueba.

Indican que el mero hecho de que los libros contables se hubiesen rubricado fuera de término, no determina que la actora no haya estado registrada.

Agregan que en ningún momento la ley impone una registración especial durante los primeros tres meses, sino que debe registrarse el contrato como cualquier otro de tiempo indeterminado: debe realizarse en el libro del art. 52 y en el sistema único de registro laboral, lo cual significa que debe estar inscripto ante la AFIP y la obra social correspondiente, lo cual ha quedado acreditado en autos.

Se agravian porque, a raíz de que el juez entiende que se trata de un empleo no registrado, las privó de las prerrogativas que otorga la LCT a los contratos de trabajo durante los primeros tres meses de vigencia.

Esgrimen que dado que la relación laboral estaba transitando por el período de prueba, la actora no estaba amparada por la protección legal alegada en la demanda.Insisten que aunque el empleador haya extinguido la relación laboral inmediatamente de saber que la trabajadora está embarazada durante el período de prueba, no afecta sus posibilidades legales, ya que en tal período cualquiera de las partes puede poner fin a la relación sin expresar la causa, sin responsabilidad indemnizatoria ni otra consecuencia legal que la cesación del período de prueba en trámite. Citan jurisprudencia.

Corrido el traslado de ley, la contraria guarda silencio.

2.- A fin de analizar los agravios traídos por las demandadas, creo necesario recordar cual fue el razonamiento seguido por la magistrada para entender que, en el caso, el empleador había renunciado al período de prueba, conforme lo establece el art. 92 bis de la LCT y, por ende, a valerse de los beneficios acordados por ley para el mencionado período.

La jueza consideró que de las pruebas aportadas no surge el cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 7 de la Ley 24.013, todo lo cual revela que el empleador ha optado por salirse del diseño creado por la ley, con pérdida de los incentivos respectivos.

Esta norma, según el propio apelante indica, exige la inscripción del trabajador en el libro especial del artículo 52 y en los registros del Sistema Único de Registro Laboral (que comprende la “inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social correspondiente”).

En el caso, el perito contador informó que la actora se hallaba registrada en el libro especial del art. 52 LCT de la accionada.

Sin embargo, ésta no acreditó la inscripción en el restante registro, toda vez que la documental acompañada a fs. 39 (alta temprana del trabajador), fue desconocida por la actora a fs.79, sin ofrecer la interesada prueba subsidiaria al respecto ni agregar preguntas al perito contador que permitan corroborar tal extremo (nótese que se limitó a adherir a los puntos de pericia indicados por la actora).

Ante estas deficiencias probatorias, no puede acogerse el primer agravio, el cual, por otra parte, se limita a aseverar que “ha quedado acreditado el cumplimiento de los recaudos del art. 7 de la L.E.”, mas sin indicar concretamente de qué manera lo ha sido.

Al respecto, se ha dicho: “Si la demandada no ha aportado prueba alguna que acredite la inscripción de la trabajadora en el libro especial del art. 52 de la LCT y en el Sistema único de Registro Laboral, resultan inaplicables los efectos propios del período de prueba y el contrato suscripto por las partes debe ser interpretado como celebrado por tiempo indeterminado, sin sujeción a plazo de prueba alguno” (CNATr, sala VII, “Iorini, Patricia Soledad c. Frenkel, Damián Pablo”, AR/JUR/79885/2010 ).

Estas razones conducen a rechazar el primer agravio. Luego, toda vez que el restante reproche se vincula a la facultad del empleador de denunciar la relación laboral durante el período de prueba, es claro que tampoco podrá tener acogida, frente a la desestimación anterior.

Por estas razones, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por las accionadas, con costas a su cargo (art. 17 ley 921). MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto

SE RESUELVE:

1. Rechazar el recuso de apelación deducido por las accionadas y confirmar la sentencia de fs. 199/205 vta., en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada a las apelantes vencidas (art. 17 ley 921).

3. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI – Dra. Cecilia PAMPHILE

Dra. Mónica MORALEJO – SECRETARIA