No se puede despedir personal, por nuevo decreto. Qué pasa con la reducción de salario

Se prorroga la prohibición de despidos así como las suspensiones por fuerza mayor. Sigue vigente la posibilidad de reducir salarios pero solo por acuerdo homologado, artículo 223 bis LCT

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Se prorroga la prohibición que tienen las empresas para despedir trabajadores. Como contrapartida de la serie de medidas para  ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia.

Entre estas ayudas estatales, la norma menciona la postergación o disminución de obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia a crédito y para el pago de salarios (ATP), siguen sin poder desvincular personal. Se prorroga así la prohibición de despedir y suspender personal ya vigente. Veamos sus alcances.

 

“¿Me pueden despedir?”

No. Se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados desde agosto inclusive. Es decir, se prohíben los despidos durante todo el mes de agosto y de septiembre de 2020.

 

“¿Me pueden suspender por fuerza mayor?”

No. Las suspensiones por fuerza mayor están prohibidas. También se prohíben las suspensiones por falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días contados desde agosto inclusive. Es decir, se prohíben los despidos durante todo el mes de agosto y de septiembre de 2020.

Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, esto se refiere al salario (ver abajo).

 

¿Qué pasa con el salario?

El salario se debe pagar igual, inalterado. Es decir, es un derecho del trabajador/a cobrar su remuneración íntegra. La empresa  puede pedir la ayuda financiera para el pago al Estado, dice la norma, en caso de que aplique.

Según el artículo 223 bis de la ley 20744, vigente y no alterado por la normativa de emergencia, la empresa puede reducir los salarios a los trabajadores pero con ciertos requisitos.

 

¿Es legal la reducción del salario?

Una empresa solo puede reducir el salario a los trabajadores siempre y cuando se firme  un acuerdo homologado. Esto es, un contrato entre la empresa y el trabajador, o entre la empresa y el gremio (acuerdo individual o colectivo), que además supere la homologación del ministerio de trabajo.

Por ende, está prohibido que la decisión de reducir salarios sea tomada en forma unilateral por la empresa o el empleador. La empresa debe pagar la remuneración completa, salvo que haya un acuerdo individual o gremial aprobado por el Estado.

El monto que la empresa abone mediante un acuerdo homologado para reducir el salario ya no será remunerativo. Es decir, si hay acuerdo homologado por el ministerio de trabajo, la empresa pagará una suma en carácter de asignación no remunerativa, pero sí debe pagar las contribuciones patronales destinadas al Sistema de Obras Sociales y al Fondo Solidario de Redistribución (fuente).

 

¿Qué pasa si me reducen el salario o bajan la remuneración?

Cualquier reducción de salarios en contravención a esa norma no afecta el derecho del trabajador a reclamarlos (principio de irrenunciabilidad).

Es decir, el trabajador conserva la posibilidad de pedir la diferencia de dinero entre el salario efectivamente percibido y el que le hubiera correspondido cobrar, tiene derecho a reclamar la remuneración pagada de menos.

Esto se instrumenta mediante un telegrama laboral que puede enviar con su abogado o abogada, pero al mismo tiempo, como en todo reclamo, no pueden descartarse represalias de la empresa. Por ende, a veces se canaliza el reclamo por el sindicato o gremio, o ministerio de trabajo.

 

¿Qué pasa si hay despidos o suspensiones, qué derechos tiene el trabajador si lo despiden?

La prohibición de despidos sin causa y la de suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo torna cualquier acto de la empresa que lo contravenga en nulo, es decir, sin valor.

Por ende, si se recibe un telegrama laboral o ante un despido verbal, el trabajador puede invocar el decreto de suspensión de despidos por ser de orden público.

El trabajador despedido tiene el derecho de reclamar la reincorporación al trabajo, mediante un telegrama laboral que puede enviar su abogado o patrocinio gratuito. También puede pedir la posibilidad de hacer home office o teletrabajo si es grupo de riesgo o mayor de 60 años, esto según la jurisdicción y normativa de cuarentena.

 

Acción legal para la reincorporación del trabajador

Los salarios no abonados por un despido o fuerza mayor también deben pagarse, justamente por ser sin valor el acto de la empresa que efectúa el despido o suspensión en contravención al a normativa laboral de orden público citada.

Además, en distintos casos se ha planteado la reincorporación del trabajador, por ejemplo, un juez ha ordenado que el trabajador despedido sea reincorporado a su puesto de trabajo como puede leerse en la medida cautelar 0- reincorporación del trabajador – prohibición de despidos. (fuente)

“El despido que materializa la patronal es nulo y por ello surge la obligación de restituir al trabajador en las condiciones que se encontraba al momento del distracto.

Es clara la intención normativa en cuestión”

 

¿Qué pasa con la prohibición de despidos en el período de prueba?

En forma reciente, un juez  ordenó reincorporar a una trabajadora embarazada a quien habían despedido mientras estaba en período de prueba laboral, que en general son los primeros tres meses.

Para el juez, la prohibición de despidos también se aplica cuando el trabajador está en período de prueba, pero hay posiciones encontradas sobre este punto.

Si bien la posición mayoritaria entiende que la prohibición de despidos también abarca el período de prueba, para otros las normas específicas de la ley de contrato de trabajo prevalecen y por ende se puede despedir si la relación está registrada (en blanco) durante los primeros tres meses y demás requisitos generales para despedir en ese plazo de prueba.

A mí me parece acertada la postura en la cual se evalúa cada caso. Sobre el punto el abogado Sergio Rodríguez escribió este párrafo que me parece bien argumentado:

Sostengo que lo más justo sería aplicar una u otra postura según el caso particular, evaluando si realmente la empresa despidió por un acto reflejo de supervivencia o si solo lo hizo por defecto. Sería una manera de armonizar los argumentos de ambas posturas (fuente)

 

Acción para la reinstalación durante el período de prueba

En otro caso, incluso se ha admitido una acción de amparo para reinstalar al trabajador despedido en violación a la normativa que prohíbe las desvinculaciones.

En el caso, ingresó a trabajar para la demandada el 7 de enero de 2020, en las condiciones detalladas en la demanda, y que el 3 de abril de 2020 recibió un correo electrónico mediante el que se le comunicó la extinción de la relación laboral en período de prueba en los términos del art. 92 bis de la LCT. 

Como medida cautelar, es decir, mientras tramita el juicio, el juez ordenó la reincorporación del trabajador y el pago de los salarios. Abajo podés leer la sentencia.

 

¿Qué pasa con los trabajadores no registrados (“en negro”)?

En principio también están comprendidos en la normativa, el problema es probar la relación laboral. Es decir, la relación laboral no registrada tiene su problemática propia.

Es decir, para el caso de trabajadores en relación de dependencia laboral que no están debidamente registrados también se aplicaría la normativa que prohíbe los despidos hasta el mes de septiembre inclusive.

Podés ver más notas del tema en este link de Derecho En Zapatillas. Leer las sentencias completas sobre el tema, la normativa y también dejar tu comentario en este post.

 

Anexo – sentencia completa – amparo por reinstalación ante la prohibición de despidos

 

GVMD  c/ C Bussines Support Center S.R.L. s/ Acción de amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: Feria

Fecha: 13-may-2020

 

Buenos Aires, 13/05/2020

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

 

  1. Que contra la resolución del juzgado de feria, que desestimó la medida cautelar requerida en el inicio, se alza la accionante en los términos de la presentación que, en formato digital, aparece incorporada en la causa en el Sistema Lex 100.

 

Al respecto, cuestiona la decisión de primera instancia, según la cual la disolución del vínculo durante el período de prueba previsto por el art. 92bis de la LCT difiere del despido sin causa, prohibido en el art. 2º del DNU 329/2020.

 

Sostiene, que de los considerandos del decreto se desprende que se encuentra dirigido a trabajadores y trabajadoras a fin de que no pierdan sus puestos de trabajo, asegurando de esta forma la subsistencia de las personas de forma digna.

 

Afirma que resulta errada la conclusión de la sentenciante de grado de que el despido dentro del período previsto por el art. 92bis LCT no sea un despido sin causa. Sostiene que dicho dispositivo preve la inexistencia de consecuencias indemnizatorias pero que el hecho de que no se deba indemnizar “no significa que no nos encontremos frente a un despido sin causa”.

Critica que se entienda, como lo hace el fallo recurrido, que la prohibición de despedir se relacione con la estabilidad del trabajador porque, sostiene, ese no ha sido el espíritu del decreto.

Manifiesta que el texto del decreto resulta claro en cuanto a que su finalidad es mantener los puestos de trabajo, sin importar la antigüedad ni la actividad y que el único supuesto que habilita es el despido con causa.

En el escrito de inicio señaló, además, que el decreto no realiza distinción alguna con respecto a la situación del contrato de trabajo sino que se refiere a preservar los puestos de trabajo.

Que la señora Juez de primera instancia consideró que, tratándose de una relación laboral que se encontraba dentro del período de prueba previsto por el art.92bis LCT, el modo de extinción previsto por dicha norma difiere del despido sin causa prohibido en el art. 2º del DNU 329/20 porque, a su criterio, se trata de modos de recisión cuya naturaleza jurídica es diferente y agregó que la estabilidad reforzada por el D.N.U. no había sido adquirida por la accionante.

III. Que, sentado lo anterior, cabe examinar las cuestiones apuntadas por la accionante, a la luz de las constancias que presenta la causa y, en ese sentido, se destaca que aquélla, en su presentación inicial, solicitó el dictado de una medida cautelar por la que se disponga su reincorporación.

En el caso, sostuvo que ingresó a trabajar para la demandada el 7 de enero de 2020, en las condiciones detalladas en la demanda, y que el 3 de abril de 2020 recibió un correo electrónico mediante el que se le comunicó la extinción de la relación laboral en período de prueba en los términos del art. 92 bis de la LCT.

 

Destaca que, a raíz de la propuesta de trabajo de la demandada, renunció a su anterior empleo y que la reincorporación solicitada obedece a que esperar la conclusión del presente juicio generaría un gravísimo agravio, al quedar desempleada en el peor de los escenarios de pandemia mundial, con el cese de todas las actividades que no sean esenciales y sin poder conseguir un nuevo empleo.

Que, vistos los antecedentes que presenta el sub lite y las cuestiones en discusión, se considera que debe modificarse lo decidido en grado anterior.

En efecto, más allá de lo que pueda decirse en derredor de la cuestión de fondo en cuanto a la extensión del Decreto 329/2020 a las relaciones que se encuentran en el período previsto por el art.92 bis de la LCT, lo cierto es que se está, de acuerdo a la forma en la que ha llegado la causa a esta alzada, en el limitado marco de cognición que propone una cautelar, con una trabajadora despedida, en épocas de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, sin otra fuente de recursos.

En esta línea de interpretación, se considera que las circunstancias fácticas anteriormente detalladas, configuran lo que se entiende como presupuesto de peligro en la demora, en el marco de un derecho que se advierte con suficiente verosimilitud.

Por ello correspondería acceder a la cautela requerida, mientras tanto sea sustanciada la cuestión de fondo, con intervención de la contraria, en aras de su garantía de defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo dicho, dentro del limitado marco de interpretación que proponen este tipo de medidas, permite concluir en esta instancia que, de la lectura íntegra del Decreto 329/2020 (se incluyen aquí, sus considerandos), lo que se pretende impedir es la consumación de despidos durante el transcurso que se disponga el aislamiento social preventivo y obligatorio, ello en defensa de los puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras, sin observarse a priori, otro tipo de distinción al efecto.

 

Al cabo de lo expuesto, corresponde señalar que la finalidad de las medidas cautelares, es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que deba recaer. Ellas, se insiste, están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final), resulte materialmente irrealizable. (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tomo VIII -Procesos cautelares (voluntarios), pág.13, Editorial Abeledo – Perrot).

 

Cabe recordar que las medidas preventivas no requieren prueba terminante y plena del derecho invocado y en el presente caso el Tribunal advierte que concurren suficientes elementos para tener por configurada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora en la medida que requiere la provisionalidad de la actual decisión.

 

No cabe soslayar en el análisis que las circunstancias fácticas sobre las que la actora fundó su pretensión podrían variar en el futuro y, tras ello, modificarse sustancialmente la situación procesal. Por lo cual, es que este tipo de medidas no causan estado, característica y eje de las mismas.

Que, en razón de lo dicho, corresponde revocar la resolución de grado y disponer la medida cautelar requerida por la reclamante, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar astreintes de $ 3.000 por día (cfr. art. 802, CCyCN).

Finalmente, corresponde fijar las costas de esta incidencia por su orden ante la ausencia de sustanciación (art. 68 CPCCN).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar la resolución de grado anterior y, en su mérito, disponer la medida cautelar requerida por el accionante, bajo apercibimiento de aplicar astreintes de $ 3.000 por día de incumplimiento (art. 802, CCyCN). 2) Imponer las costas de esta incidencia por su orden; 3) Diferir la regulación de honorarios, hasta el momento que medie sentencia definitiva en la acción principal; 4) Procédase a la remisión virtual de las actuaciones que se tienen a la vista, al Juzgado de Feria.

Regístrese, notifíquese al peticionante y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase al Juzgado de Feria interviniente.

(fuente)

 

 

Anexo con decreto completo – prohibición de despidos y suspensiones

Decreto 624/2020
DECNU-2020-624-APN-PTE – Prohibición de despidos y suspensiones. Prórroga.
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-46313098-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del 31 de marzo de 2020 y 487 del 18 de mayo de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 del 24 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del virus SARS-CoV-2, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 260/20 por el que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que posteriormente por los Decretos Nros. 520/20, 576/20 y 605/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.

Que a pesar de los distintos estatus sanitarios existente en las regiones geográficas del país, la pandemia de COVID-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial, de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prolongar en el tiempo la normativa existente respecto de la prohibición de despidos, para lo cual el Estado nacional viene brindando variadas medidas de apoyo económico.

Que dicha medida impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, cuestión que ha sido considerada por este Gobierno conforme lo dispuesto en los Decretos Nros. 316 del 28 de marzo de 2020, 320 del 29 de marzo de 2020, 332 del 1° de abril de 2020 y sus modificatorios, por los que se dispuso la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios y el decreto que crea el Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica, el cual fue prorrogado por el Decreto N° 621 de fecha 27 de julio de 2020; así como la prórroga del Régimen de Regularización Tributaria establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541, entre otras de las muchas normas ya dictadas.

Que esta normativa estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa. Asimismo, se han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES).

Que como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en el contexto de emergencia, por los Decretos N° 329 del 31 de marzo de 2020 y N° 487 del 18 de mayo de 2020, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.

Que, asimismo, los citados decretos prohibieron las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por idéntico plazo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que en ese marco, se dispuso también que los despidos y las suspensiones que se hubieran adoptado en violación a lo establecido en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º de los aludidos decretos, no producirían efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas, y en la coyuntura deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo.

Que la Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento “Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores interesados”.

Que por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) establece expresamente la posibilidad de que la “fuerza mayor” no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea.

Que una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en “Aquino”, Fallos 327:3753, considerando 3, en orden a considerar al trabajador o a la trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, asimismo, resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar.

Que, respecto del Sector Público Nacional resulta adecuado en esta instancia seguir idéntico criterio al sostenido en el Decreto N° 156 del 14 de febrero de 2020.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio y las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuestas por los Decretos N° 297/20 y 520/20, sus complementarios y modificatorios.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20.

Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Las prohibiciones previstas en este decreto no serán de aplicación en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 8°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

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