“El caso judicial que podría cerrar al gobierno”, así titula una nota The Atlantic

Este artículo trata sobre un caso legal que será escuchado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que podría tener consecuencias significativas para la legitimidad del gobierno federal. El caso, llamado “Securities and Exchange Commission v. Jarkesy”, implica a un activista de derecha y presentador de un programa de radio conservador llamado George R. Jarkesy Jr. Este individuo fue multado y prohibido trabajar en ciertas áreas de la industria de valores por fraude de valores.

El caso en debate

El caso trata de las facultades de las agencias e instituciones que establecen estándares de seguridad en el lugar de trabajo, limitan los peligros y daños ambientales e imponen reglas en los mercados financieros para garantizar su estabilidad y equidad básica, entre muchas otras cosas importantes. El caso, “Securities and Exchange Commission v. Jarkesy”, amenaza con todo…

El caso involucra fraude de valores común. George R. Jarkesy Jr., un activista de derecha y presentador conservador de un programa de radio, manejaba un par de fondos de inversión con $24 millones en activos. Pero tergiversó cómo se manejaban los fondos, se pagó a sí mismo y a su socio tarifas exorbitantes e infló el valor de los activos. Como castigo, la SEC le impuso una multa de varios cientos de miles de dólares y le prohibió trabajar en algunas partes de la industria de valores, algo muy estándar.

Jarkesy respondió y no solo impugnó la decisión de la SEC; alegó que todo el proceso de la SEC en su contra era inconstitucional. Entre otras cosas, afirmó que el Congreso nunca tuvo la autoridad para facultar a la SEC y que el adjudicador de la SEC que lo castigó era demasiado independiente del control presidencial, reporta The Atlantic.

En mayo del año pasado, los argumentos de Jarkesy fueron aceptados por dos jueces en el conservador Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. En una decisión de 2 a 1, el tribunal estuvo de acuerdo con Jarkesy, prácticamente declarando inconstitucional toda la existencia de la SEC.

Lo impactante de este caso es que el demandante no solo impugnó la multa y la prohibición, sino que argumentó que todo el proceso de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) en su contra era inconstitucional. Su principal argumento se basa en la “doctrina de no delegación”, que sostiene que el Congreso no debería delegar ciertos poderes a las agencias. En este caso, Jarkesy argumenta que al darle a la SEC la autoridad para decidir dónde llevar a cabo acciones de cumplimiento, el Congreso violó esta doctrina y realizó una delegación inconstitucional.

La independencia de las agencias

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) fue establecida como una agencia independiente en 1934 en respuesta al colapso financiero de 1929, con el propósito de prevenir la manipulación del mercado que condujo a la Gran Depresión. A lo largo de los años, el Congreso ha ampliado los poderes de la SEC para proteger los mercados financieros y responder a crisis. Argumenta que es adecuado que el Congreso delegue autoridad al ejecutivo para supervisar y regular los mercados, ya que legislar en respuesta a cada nuevo fraude sería impráctico.

A pesar de esto, los jueces conservadores que escucharon la apelación de Jarkesy concluyeron que la SEC actuó “inconstitucionalmente” al permitirle elegir dónde llevar a cabo acciones de ejecución. Se destaca la contradicción, ya que las leyes otorgan rutinariamente discreción a fiscales y agencias de ejecución sin plantear preocupaciones sobre la delegación. La segunda afirmación de Jarkesy sobre la independencia del adjudicador interno es cuestionada, ya que se argumenta que estos deben ser independientes para evitar influencias políticas y han tenido históricamente cierta protección contra la destitución para preservar su imparcialidad, reconocida incluso por figuras conservadoras como el juez presidente William Howard Taft.

Las facultades del gobierno y la regulación

El artículo señala que este argumento es sorprendente, ya que hasta hace poco tiempo habría sido considerado ridículo. Sin embargo, dos jueces en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito aceptaron los argumentos de Jarkesy, declarando prácticamente inconstitucional toda la existencia de la SEC. Este extremo dictamen fue disentido por otro juez.

El artículo argumenta que la historia y la práctica legal en Estados Unidos respaldan la idea de que el Congreso puede delegar amplios poderes a las agencias gubernamentales para regular y proteger el interés público. La “doctrina de no delegación” ha sido invocada raramente en la historia del país y generalmente ha sido rechazada.

El autor Noah Rosemblum sugiere que el desafío de Jarkesy podría tener éxito debido a la cambiante composición ideológica de la judicatura federal, especialmente en la Corte Suprema. Si tiene éxito, podría tener consecuencias devastadoras, ya que cuestiona la capacidad del gobierno para regular y proteger los mercados financieros, y potencialmente desencadenaría una serie de problemas legales y financieros.

El artículo concluye destacando que, aunque los republicanos podrían querer desmantelar la SEC y revertir ciertos aspectos del “New Deal” (programa de reformas implementado durante la Gran Depresión), hacerlo a través de la Corte en lugar de mediante el proceso democrático sería antidemocrático y peligroso. El autor aboga por que la Corte Suprema rechace este intento de cambiar la historia y preserve la función reguladora del gobierno para proteger al público.

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