Qué es el impuesto de sellos y cómo suele evitárselo

Actualizado a febrero de 2016. l impuesto de sellos se aplica a casi todo acto o contrato, que no grava la operación sino el documento en sí, solo por estar escrito y asentado en un papel, ¿raro? Tal vez, pero es bastante antiguo.

Qué es el impuesto de sellos y cómo empezó

Hubo un pacto fiscal en el cual muchas provincias y la CABA se comprometieron a derogar este impuesto por afectar la producción y la seguridad jurídica (desalienta tener un contrato firmado). Sin embargo, ¿qué pasó? Las provincias y la CABA  lo terminaron extendiendo a casi toda operación (solo en CABA ya representa más del 5% de la recaudación y va en aumento): por ejemplo, resúmenes de tarjetas, escrituras de compraventa, transferencia de automotor, contratos de locación comercial (los de vivienda única en general no pagan, tampoco los laborales), de distribución comercial, de sociedad, pagarés y muchos otros. Este impuesto no se aplica según la riqueza de la persona sino según el valor del instrumento, algo regresivo entonces y encarece la operación de préstamo o cualquier otra. A ver, si Carlos le alquila a Javier un local para poner un buffet de medialunas calentitas con queso, va a tener que pagar este impuesto porque si el locador se aviva va a poner que el locatario deberá pagarlo y acreditarlo, o se considerará incumplimiento de contrato. Igual, frente a Rentas, ambos son responsables.

Es importante aclarar que el pago o la falta de pago del Impuesto de sellos en nada altera la validez, exigibilidad u obligaciones de un contrato. Por ejemplo, si le alquilo mi local a Ricardo, para que ponga una wafflería y no pagamos el impuesto, igual podré ejecutar el contrato y desalojarlo si Ricardo no me paga. Después seguramente tenga que pagar el impuesto, con multas e intereses por no haberlo hecho en su momento, pero eso es otra historia y no modifica ni el desalojo ni los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato.

Los requisitos y la base imponible para estimar el impuesto de sellos

En un contrato o pagaré, el impuesto de sellos se aplica sobre la base del valor negociado, usualmente del 1% al 5% de la operación. Incluso más, no solo gravan los contratos y actos instrumentados en la provincia (o CABA) sino los que tengan efectos allí (por ej. una compraventa de mercaderías). En algunos casos la ley establece las bases: para inmuebles de la Proincia de Buenos Aires, se liquida el impuesto sobre el precio, valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia (V.I.R.), de ambos el que fuere mayor.

Es interesante que, como el pagaré es autónomo, si firmo un contrato de locación garantizado por pagaré, debería pagar dos veces, salvo que la ley lo exima (hay que ver la ley local). Igual sucede con la fianza.

Si un acto se sujeta a condición, por ejemplo, te entrego la soja si mañana llueve, igual paga impuestos. Si hay prórrogas, estas también deben pagarse. La base del impuesto de sellos no está integrada por el IVA ni otros impuestos indirectos (suele tener que excluirse).

La Ley de Coparticipación Federal pone como condición que el impuesto se aplique solo sobre un instrumento que lleve firma. Así que quedan fuera las ofertas que se acepten con un hecho (por ejemplo o que no sean por escrito o por otro documento que no reproduzca sus términos esenciales. Según sus términos, “Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.

El caso especial de los contratos por correspondencia y las cartas ofertas

En principio, los contratos por correspondencia (Carlos le envía el contrato a Martín y lo firma y le devuelve copia) también pagan. Ahora, con las cartas ofertas, aceptadas tácitamente, la situación es distinta porque no se cumple la condición que pide la ley, que sea autosuficiente… Veamos.

Por ejemplo, Carlos le manda a Javier un presupuesto para alquilarle el local, una oferta de contrato. Le pone fecha de entrega y lo firma. Y al final dice: “Si pagás $1.000 dentro de los 5 días de recibida la presente en la cuenta bancaria de abajo, se entenderá aceptada esta oferta.” Hay contrato válido. ¿Hay impuesto de sellos? No, no se paga el impuesto por eso.

En un caso, varias empresas que explotaban estaciones de servicio le mandaron a las empresas petroleras “cartas ofertas” ofreciéndoles hacerse cargo de la explotación (comercial, eh). Las provincias quisieron cobrarles el impuesto de sellos (imaginate, toco de guita) pero la Corte les puso un freno porque las propuestas ni siquiera habían sido firmadas por las empresas petroleras, ni fueron aceptadas por escrito sino mediante la entrega de productos solicitados. Por eso, no había “instrumento” sobre el cual aplicar el impuesto de sellos. Una de las pruebas para ver si hay o no instrumento gravado es la siguiente: ¿Con ese documento, contrato o lo que sea, un juez podría admitir una acción judicial para que se cumpla? Si hay una carta oferta firmada y abajo el otro pone acepto, sí. En cambio, si hace falta pedir una prueba al banco de si se hizo o no el pago, que es la forma en que pactaron se aceptaría, entonces no hay que pagar el impuesto de sellos.

El impuesto de sellos afecta la seguridad jurídica. Porque cuanto más seguro sea un contrato, hecho y derecho, más seguro que pagará. Contrariamente, una carta oferta o presupuesto que aún no se sepa si está aceptada o no y que requiera prueba, pagará.

A la larga, es lo mismo, pero es menos seguro y demora más tiempo. Como pasa con la bicicleta, a mayor estabilidad (por ej. con ángulo de ruedas tipo carretilla) menos maniobrable y viceversa. Así la gente elige qué prefiere, si pagar el impuesto o si instrumentar la operación con una carta oferta, aceptada tácitamente, y no pagarlo. Ambas son válidas, cada una con sus riesgos.La peor opción es firmar un contrato y no pagar el impuesto, porque después puede venir la determinación con intereses y multas. Mientras tanto, sin señales de que vayan a derogarlo, seguramente se vean más estas cartas ofertas, una suerte de pirueta legal.

 

Qué pasa con la contratación electrónica

Ahora, la Ciudad de Buenos Aires no pedirá el impuesto de sellos a quienes hayan contratado por correo electrónico sino solo a aquellos en los cuales, además, esté inserta la firma digital. Abajo se pueden ver las modificaciones al código fiscal.

Conforme opinaron María Brandt, Maríay Daiana Castro (en Errepar), “el principio instrumental requiere que los actos, contratos y operaciones revistan “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”, tal como es mencionado por el apartado 2) del inciso b) del artículo 9, segundo párrafo, de la ley de coparticipación federal de impuestos y por los respectivos Códigos Fiscales.

Para que exista dicha exigibilidad, la única firma que prueba la autoría e integridad es la firma digital, que es la equivalente a la firma ológrafa. Por este motivo, un contrato formalizado por correo electrónico con firma digital es autosuficiente (si es celebrado de acuerdo a los requisitos previstos en el art. 438, CF Bs. As. cdad.) y está gravado por el impuesto de sellos, por cumplirse el principio instrumental.

En cambio, una propuesta u oferta contenida en un correo electrónico con firma electrónica no es siquiera una “oferta” para contratar, porque no hay intención de obligarse. Es decir, si no puede probarse la autoría de la manifestación de voluntad, es evidente que aun cuando esta propuesta u oferta sea aceptada por el mismo medio, esto es por la contestación a través de un correo electrónico con firma electrónica, no existe un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones. En todo caso, harían falta otras pruebas y documentos. Por lo tanto, aun cuando hubiese una oferta y una aceptación por correo electrónico con firma electrónica, no existiría un “instrumento” alcanzado por el impuesto de sellos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha vuelto a la senda correcta a través de la ley (CABA) 5493, al eliminar del hecho imponible a los correos electrónicos con firma electrónica, debido a que pretender gravar con el impuesto de sellos a las contrataciones por correo electrónico con firma electrónica se encuentra en abierta violación del principio instrumental.“

 

código fiscal antes “Art. 438 – Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar o telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica o digital, están sujetos al pago del impuesto de sellos siempre que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones: a) La correspondencia emitida reproduzca la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato. b) Firma, por sus destinatarios, de los respectivos presupuestos, pedidos o propuestas. A los fines del inciso a) se entenderá configurado el hecho imponible con la creación del documento que exprese la voluntad de aceptación aunque no haya sido recibido por el oferente.” Texto s/L. (CABA) 5237 – BO (CABA): 30/12/2014

código fiscal ahora  “Art. 438 – Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar o telegráfica, correo electrónico, con firma digital, están sujetos al pago del impuesto de sellos siempre que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones: a) La correspondencia emitida reproduzca la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato. b) Firma, por sus destinatarios, de los respectivos presupuestos, pedidos o propuestas.”

 

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Anexo – sentencia completa sobre impuesto de sellos

La Corte ratificó la necesidad de existencia de un instrumento a los fines de que pueda aplicarse el impuesto de sellos, sin importar el principio de la “realidad económica”.

En el caso, no hubo boleto alguno de compraventa de cerales sino formularios para la compra venta de granos con la firma del representante legal de Grainco Pampa S.A. pero que carecían de la firma del corredor o comprador. También había cartas con membrete del corredor pero sin firma del comprador. Por eso, la corte entendió que no se cumplían los requisitos que exige la ley de coparticipación para que la provincia pueda aplicar el impuesto de sellos, a saber, ” “el instrumento gravado revista los caracteres de un título jurídico con el que se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento”.

CSJ 809/2013 (49-G)/CS1 Grainco Pampa SA el Provincia de La Pampa si contencioso administrativo. Buenos Aires. Vistos los autos: “Grainco Pampa SA cl Provincia de La Pampa si contencioso administrativo”. Considerando: 10 ) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa rechazó la demanda contencioso administrativa interpuesta por Grainco Pampa SA contra esa provincia, con el objeto de impugnar lo decidido por el Tribunal Administrativo de Apelación en fecha 28 de septiembre de 2007. Dicho organismo, a su vez, había confirmado la resolución 178/2007 de la Dirección General de Rentas, por la que se mantuvo la determinación en concepto de impuesto de sellos, con sus accesorios y la multa aplicada por haber omitido el ingreso del mencionado tributo en operaciones celebradas entre los años 1996 a 2002. 2 O) Que para así decidir, expresó que teniendo en cuenta el deslinde de competencias entre el Estado Nacional y las provincias, La Pampa, en ejercicio de un poder que no fue delegado a la Nación, dictó el arto 272, inc. 28, del Código Fiscal (T.O. en 2002), estableciendo una excepción dentro de la norma que contenía una serie de exenciones, con relación a los actos, contratos y operaciones de comercialización primaria y secundaria de productos agropecuarios; y manifestó que tal regulación es compatible con el arto 75, inc. 13, de la Constitución Nacional y con la ley 23.548. Con relación a esa norma local, consideró que la dispensa impositiva no es aplicable en los casos señalados, cuando -1- mediante las liquidaciones, facturas o documentos equivalentes (en especial, la factura de crédito de la ley 24.760) se instrumenten actos o contratos de comercialización primaria y secundaria de productos del agro. Asimismo indicó que los arts. 221, 225 Y cctes. del Código Fiscal recibieron el principio de instrumentalidad para el impuesto de sellos, de acuerdo con el punto 11, del inc. b del arto 9° de la ley de coparticipación. En ese orden de ideas, expresó que el Fisco local consideró alcanzadas las operaciones de “acopio de cereales”, pues, tras examinar los legajos y documentación de la actora (cartas de porte, formularios para la compra venta de granos, planillas confeccionadas por ella, liquidaciones, boletos de compra venta, mandatos, certificados de depósitos intransferibles, etc.), concluyó que existieron una serie de operaciones con tal objeto, y añadió que si bien estaba fuera de debate que la empresa no instrumentó el correspondiente contrato, constitutiva de operaciones a distancia o por medio de terceros, el carácter formal del tributo no debía obstaculizar la real intención o “práctica” de las partes, el contenido del negocio o el verdadero alcance del gravamen. Con tal comprensión, afirmó que los referidos documentos eran eslabones de una cadena que acreditaba la existencia de las operaciones y que, por ende, quedaban alcanzadas por la gabela, puesto que lo único que hubiera dispensado de su pago era la demostración de su inexistencia, lo que no sucedió. En esas condiciones, juzgó que no se vulneró el principio de instrumentalidad, puesto que no se trató de operaciones -2- CSJ 809/2013 (49-G)/CS1 Grainco Pampa SA e/ Provincia de La Pampa s/ contencioso administrativo. inexistentes, sino simplemente de contratos respecto de los cuales la actora no engarzó el último eslabón. Asimismo, confirmó la procedencia de la multa y de los intereses establecidos por el Fisco local. 30) Que contra lo así decidido Grainco Pampa SA interpuso recurso extraordinario que fue concedido mediante el auto de fs. 674/675 vta. y resulta formalmente admisible en cuanto el apelante aduce, con’adecuado fundamento, que lo decidido por el superior tribunal de justicia provincial resulta arbitrario por haber violado el principio de reserva de la ley que rige en materia tributaria, y se ha apartado de la pacífica jurisprudencia de esta Corte sobre el impuesto de sellos y de la necesidad de cumplir con el principio de la instrumentación. 4°) Que a efectos de examinar los agravios planteados por el recurrente, cabe poner de relieve, en primer lugar, que el Fisco provincial consideró que los documentos en cuestión constituían un heterogéneo grupo, que, en síntesis, se conformaba por: a) el detalle de algunas operaciones de Grainco Pampa SA en las que no hubo boleto alguno; b) formularios fotocopiados con la firma del representante legal de Grainco pero que carecían de la firma del corredor o del comprador; y, c) fotocopias simples de cartas con membrete del corredor pero sin firma del comprador. En concordancia con esa apreciación de los hechos, la sentencia recurrida expresa que “los datos sobre los que la Dirección de Rentas centró su atención fueron extraídos … de legajos que contenían ‘…Facturas de Ventas – Análisis y Cartas de Porte …” lo cual, en su concepto, “sirvió para verificar la existencia de operaciones respecto de las cuales la empresa – -3- agente recaudador- “no formalizó, instrumentó o documentó el contrato que correspondía” (fs. 623 vta.), por el modo de operar traducido en motivos comerciales u operativos atento tratarse de operaciones a distancia o por medio de terceros. 5°) Que cabe concluir que los documentos de que se trata en el sub examine carecen de la autosuficiencia requerida para exigir el cumplimiento de las obligaciones en ellas plasmadas. En efecto -y tal como lo asevera la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- basta con observar que con la sola exhibición de cada uno de aquellos instrumentos resulta imposible tener por aceptada la oferta y, por ende, configurado el contrato respectivo. En consecuencia, la determinación impositiva practicada por el Fisco local se halla en contradicción tanto con lo dispuesto en el Código Fiscal de la provincia, como en la ley de coparticipación federal de impuestos, que exigen que el instrumento gravado revista los caracteres de un título. jurídico con el que se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones “sin necesidad de otro documento” (arg. de Fallos: 327: 1051, 1083 Y 1108; 329:2231; 330:2617 y 331:2685) 6°) Que, en esa inteligencia, se advierte que el a qua se apartó de las reglas aplicables al recurrir a otros elementos, ajenos a cada uno de los contratos que se pretendía gravar, y al aplicar una serie de razones que aludían a la realidad de los hechos para demostrar la existencia de sendas relaciones contractuales cuya existencia nunca formó parte de la controversia y que en nada torcían la solución que debía darse a la contienda. -4- CSJ 809/2013 (49-Gl/CS1 Grainco Pampa SA el Provincia de La Pampa si contencioso administrativo. 7o) Que, en efecto, en lo concerniente al principio de la realidad económica tiene dicho esta Corte que “…en materia de impuesto de sellos dicho principio carece de la relevancia que puede tener respecto a otros tributos, en razón de que lo que se grava es la instrumentación del acto” (Fallos: 327:1108). 8o) Que sobre la base de las consideraciones precedentes, cabe concluir que el pronunciamiento apelado resulta descalificable en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, ya que se ha apartado de la letra de las normas que rigen el criterio de instrumentalidad y de la reiterada jurisprudencia de esta Corte sobre el punto (Fallos: 326: 2164; 327:1051; 330:2617; 331:2685, entre otros), lo que importa, además, violar tanto el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 4o Y 17 de la Constitución Nacional), como asimismo el derecho de propiedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. No- ~//- -5- -jj-tifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo ELENA l. HiGHTON de NOLASCO CARLOS S. FAYT JUAN CARLOS MAQUEDA -6- ‘-. CSJ 809/2013 (49-G)/CS1 Graineo Pampa SA el Provincia de La Pampa si contencioso administrativo. Recurso extraordinario interpuesto por: G:¡;:aincoPampa SA, representada por el Dr. Santiago Martin Lorda, con el patrocinio letrado de los Dres. Miguel A. M. Tesón y Eduardo A. Baistrocchi Campiani. Traslado contestado por: la Provincia de La Pampa, José A. Vanini, Fiscal de Estado de la Provincia, el Procurador de Rentas de la provincia y la Dra. Sandra representada por el Dr. Dr. Hernán pérez Araujo, S. Cobo. Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa. Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal Administrativo de Apelación.