CONTADORAS/ES: AFIP tendrá que prorrogar fecha de presentación y pago de impuestos a las ganancias y bienes personales

El pasado 22 de junio se hizo lugar al amparo presentado por el CPCECABA para que AFIP-DGI prorrogue la fecha al 12 de julio en adelante para la presentación y pago de dichos impuestos.

Por Lia Aylen Abraham Lafuente

 

El Consejo, ante el mal funcionamiento de los servicios web del AFIP-DGI y a la omisión de sus pedidos por nota de la prórroga, interpuso acción de amparo por la afectación al derecho a trabajar de los profesionales en defensa del derecho de incidencia colectiva por su interés individual homogéneo y logró que se suspenda el vencimiento y se prorrogue al 12 de julio en adelante.

 

¿Qué pasó?

 

El vencimiento de la presentación y el pago de las DDJJ, determinativas de impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, estaba previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio (conf. lo establece la Resolución General AFIP Nº 5192/2022).

 

Los aplicativos y servicios web para su realización fueron puestos a disposición tardíamente (12 y 20 de mayo).

 

Atento a ello, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante el C.P.C.E.C.B.A., presentó 7 notas, en las últimas 6 semanas, a la AFIP-DGI solicitando la prórroga del vencimiento.

 

Esto no fue otorgado, por lo que los profesionales únicamente iban a tener escasos 20 días hábiles para realizar la carga y presentación.

 

Así las cosas, interpuso una acción de amparo contra la A.F.I.P.-D.G.I.

 

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal ordenó, en lo que aquí interesa, que se suspenda el vencimiento y que se prorrogue el mismo al 12 de julio en adelante.

 

Etapa previa

 

  1. El CPCECABA efectuó la consulta al Registro Público de Procesos Colectivos para saber si existía otro proceso colectivo en trámite ya inscripto que guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva de los profesionales.
  2. Respuesta negativa hace lugar a que se interponga la acción.
  3. El Fiscal Federal dictamina que procede el carácter de la acción colectiva.

 

Acción de amparo de CPCECABA

 

La acción se enderezo bajo el fundamento de la “arbitrariedad manifiesta” por parte de A.F.I.P.-D.G.I. en la omisión de prorrogar, la cual conculca el derecho a trabajar como derecho de incidencia colectiva ya que estamos en presencia de:

 

  1. Derechos individuales homogéneos de los profesionales en Ciencias Económicas;
  2. Causa fáctica homogénea: hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todo el colectivo (imposibilidad o dificultad de trabajar)
  3. Pretensión común a todos esos intereses individuales homogéneos.

 

Por ello solicitó que se ordene a la demandada que prorrogue el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas indicadas para que tengan 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios, es decir a partir del 12 de julio.

 

Asimismo, atento la proximidad de los vencimientos solicitó se dicte una medida interina (art. 4 inc. 1º) 3.er párr. Ley 26.854) mientras se sustancia el pedido de una medida cautelar urgente, a los fines respectivos.

 

Sentencia

 

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal afirma la procedencia formal y radicación ante el Juzgado de la acción colectiva, dado que el Consejo cuenta con legitimación procesal suficiente en su carácter de “entidad de derecho público no estatal” (conf. art. 1 y 2 inc. i. – Ley 466/11 CABA).

 

Finalmente, sostiene que en el caso se vislumbra uno de los supuestos conceptualizados por la CSJN en el citado precedente “HALABI”, ya que esta clase, constituida por la totalidad de los/las profesionales matriculados/as en Cs. Económicas en CABA tienen afectados derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos:

  • No hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles
  • Hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos, por lo que se identifica una causa fáctica homogénea;
  • Con relevancia jurídica: porque la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses.
  • Razonabilidad de la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada del pronunciamiento que se dicte.

 

-POR LO QUE RESUELVE-

 

  1. Declarar formalmente admisible la acción colectiva deducida.
  2. Reconocer idoneidad al C.P.C.E.C.A.B.A como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Cs. Económicas en CABA.
  3. Se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, hasta después de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante.
  4. Ordena como medida interina la suspensión del vencimiento, hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos.
  5. El Consejo publique, en sus respectivas páginas web institucionales, los datos de la causa y su objeto y la medida que aquí se ordena.

 

  • Doctrina de Halabi y PADEC – Acciones de clase o colectivas

 

Es indispensable determinar:

  1. La naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida;
  2. Quiénes son los sujetos habilitados para articularla;
  3. Condiciones en las que puede resultar admisible
  4. Efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte.

 

Es dable distinguir entre tres categorías de derechos tutelados:

  1. Individuales
  2. De incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos
  3. De incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

 

Para que proceda se requiere la verificación de:

  1. a) 1. Causa común;
  2. Pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos del hecho; y
  3. Constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado.

 

  1. b) Pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por la trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.

 

Sentencia de autos CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS CABA c/ ENAFIP-LEY 20628 23966 s/AMPARO LEY 16.986

 

36979/2022

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS CABA c/ ENAFIP-LEY 20628 23966 s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de junio de 2022.- LM

VISTOS Y CONSIDERANDO:

  1. A los fines del subexamine, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada nro. 32/14 (del 01/04/2014), creó el “Registro Público de Procesos Colectivos”, señalando que la insuficiencia normativa en la materia no constituía un obstáculo para que, con el objeto de prevenir que se menoscabe la garantía del debido proceso legal, se adopten, por vía de interpretación integrativa, pautas mínimas indispensables de prelación para que se eviten pronunciamientos contradictorios, derivados de procesos colectivos en los que se ventilan pretensiones sobre un mismo bien jurídico, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos, como los que promuevan la tutela de intereses individuales homogéneos, con arreglo a las definiciones dadas por el Máximo Tribunal en los precedentes “Halabi” (Fallos 332:111) y P.361.XLIII, “PADEC c/ Swiss Medical SA s/ Nulidad de cláusulas contractuales”, del 21/08/2014.

Con dicho objetivo, la citada Acordada puso en cabeza del Tribunal de radicación la carga de examinar los requisitos de procedencia de una acción colectiva, entre los que se encuentra la determinación precisa del colectivo involucrado y el reconocimiento de la idoneidad del representante (punto 3, del Reglamento del Registro Público de Procesos).

Efectuada la consulta al Registro Público de Procesos Colectivos a fin de conocer si existe otro proceso colectivo en trámite ya inscripto que guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva (punto III del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos, aprobado por la Acordada n° 12/16), la respuesta brindada sobre la cuestión (Materia/s: Ejercicio Profesional – Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Prorroga fecha de presentación de impuestos fijados por Resolución AFIP 5192/22) arroja resultado negativo, en cuanto LA FECHA ha señalado que “en respuesta a su consulta, se informa que a la fecha no hay ninguna acción inscripta que guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva”, y emitida la opinión del Sr. Fiscal Federal sobre la procedencia del carácter de acción colectiva que la actora pretende imprimir a estas actuaciones -ver dictamen incorporado el 21/6/2022-, se llama autos a RESOLVER.

  1. Sentado ello, en miras a cumplimentar el procedimiento descripto, cabe considerar que, mediante sus representantes legales, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires promueve la presente acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (A.F.I.P.-D.G.I.) y denuncia una arbitrariedad manifiesta en la omisión de prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio (conforme lo establece la Resolución General AFIP Nº 5192/2022).

Relata que efectuaron la petición de prórroga mediante la presentación de siete (7) notas en las últimas seis (6) semanas dirigidas a la AFIP-DGI, mediante las cuales invocaron como fundamento la falta de puesta a disposición en forma y tiempo oportunos y razonables, de los aplicativos y sistemas web necesarios para cumplir con las tareas profesionales, en forma diligente y con la debida antelación.

Refiere que los servicios web para la presentación tanto del Impuesto a las Ganancias como el Impuesto sobre los Bienes Personales, han sido puestos a disposición recién el día 12 de mayo a última hora y el de Impuesto Cedular el día viernes 20 de mayo, por lo que los/as profesionales contaron con escasos 20 días hábiles para realizar la carga y presentación. Señala que la omisión de la demandada conculca el derecho a trabajar como derecho de incidencia colectiva en general referido a derechos individuales homogéneos de los profesionales en Ciencias Económicas.

Alega que hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todo el colectivo y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea, siendo la pretensión común a todos esos intereses individuales homogéneos.

En ese marco, pretende se ordene a la demandada que prorrogue el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas indicadas hasta tanto puedan ejercer plenamente en términos legales su profesión sin dificultades ni impedimentos de los aplicativos web del organismo y quede garantizado su derecho a trabajar, lo cual quedaría configurado después de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante. Ello en garantía del derecho colectivo a trabajar del grupo o clase conformado por los contadores y contadoras matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, atento la proximidad de los vencimientos solicita se dicte una medida interina en los términos del art. 4 inc. 1º) 3.er párrafo de la ley 26.854 mientras se sustancia el pedido de una medida cautelar urgente, con el fin de que se suspendan los vencimientos de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias -incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas.

III. Especificada y descripta la acción, en el estado actual del sublite, se aprecia que, en concreto, tiene por objeto ordenar la prórroga del vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas indicadas hasta tanto puedan los contadores y contadoras ejercer plenamente en términos legales su profesión sin dificultades ni impedimentos y quede garantizado su derecho a trabajar, lo cual quedaría configurado -según se arguye en la demanda- después de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante.

A fin de fundar el carácter colectivo de la demanda promovida, la parte actora sostiene que de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Halabi” el hecho único o complejo es la omisión de la demandada en disponer la prórroga del mentado vencimiento y que provoca la lesión la imposibilidad de trabajar y/o su dificultad.

Así las cosas, sin que lo aquí a decidir implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, se observa que, en el contexto reseñado y a la luz de lo opinado por la Fiscalía, en cuanto que, el derecho cuya protección se intenta a través de esta acción es de incidencia colectiva, referente a intereses individuales homogéneos, considero que se encuentran reunidos los recaudos previstos por el Máximo Tribunal para la procedencia formal y radicación ante el Juzgado de la acción colectiva intentada, de acuerdo a los alcances a precisar en el decisorio.

Tal temperamento obedece a que, de conformidad a lo expresado por la parte actora, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con legitimación procesal suficiente, pues así se desprende de la Ley 466/11 CABA, en cuanto determina que es una “entidad de derecho público no estatal”, creada para la consecución de los objetivos que se especifican en esa ley y en la legislación nacional que reglamenta el ejercicio profesional de los graduados en Ciencias Económicas (art. 1°), correspondiéndole, entre otras, ejercer las funciones necesarias que tiendan a jerarquizar, estimular y velar por el libre ejercicio de la profesión y amparar la dignidad profesional, evitando que sea vulnerada tanto en lo colectivo como en lo individual (art. 2 inc. i).

  1. Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la referida causa “PADEC c/ Swiss Medical SA s/ nulidad de cláusulas contractuales” del 21/08/2013, en el caso de las acciones de clase o colectivas, como la intentada en autos, lo cual es dable destacar y resulta indispensable: “(…) en primer término determinar ‘cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte’ (…)” (Fallos 332:111 “Halabi”, cons. 9°).

En tal orden de ideas, estimó pertinente delimitar con precisión tres categorías de derechos tutelados: individuales, de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

Advirtió que respecto de la última categoría de derechos enumerados ut supra, entre los que incluyó los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, a los derechos de usuarios y consumidores y a los derechos de sujetos discriminados, “(…) puede no haber un bien colectivo involucrado, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único y continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea (…)”.

Indicó que dicho dato “(…) tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre (…)”. Agregó “(…) hay homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en el se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño (…)” (confr. cons. 12 del Fallo “Halabi”). Así indicó que para la procedencia de las acciones de clase se requiere la verificación de una causa común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos del hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado.

Sin perjuicio de ello, remarcó que también procederá el tipo de procesos como el examinado cuando “(…) pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por la trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados (…)”.

En dicho contexto, subrayó *el primer elemento a considerar es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, *el segundo consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes de manera que “(…) la existencia de causa o controversia (…) no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho (…)”; y *el tercero se relaciona con que el interés aisladamente considerado no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia.

Agregó que sin perjuicio de ello, también será procedente la acción en aspectos referidos a “(…) materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados o, en su caso, débilmente protegidos (…)”. Advirtió que en dichas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, “(…) entendido como el de la sociedad en su conjunto (…)”. Concluyó que los arts. 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional brindaban una pauta en la línea expuesta.

  1. Desde tal perspectiva y contexto reseñado, en el caso puede apreciarse uno de los supuestos conceptualizados por la CSJN en el citado precedente “HALABI”, vinculado a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en los que no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles, sino que hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos, por lo que se identifica una causa fáctica homogénea, que tiene relevancia jurídica porque la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, es decir que la composición de clase en el caso de marras se constituye por la totalidad de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que resulta forzoso concluir que parece razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada del pronunciamiento que se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño, cuestión que excede este ámbito (CSJN, Fallos 332:111), ya que no se justifica la acción individual.

A mérito de lo expuesto, habiendo tomado intervención y dictaminado el Ministerio Público Fiscal, en particular que en el caso que nos ocupa, se configuran los presupuestos exigidos por el Alto Tribunal in re “Halabi”, para considerar procedente una acción colectiva, y en virtud de lo establecido por las Acordadas CSJN nros. 32/14 y 12/16.

RESUELVO:

1º) Declarar formalmente admisible la acción colectiva deducida.

2º) Reconocer idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3º) Establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante.

4º) Fijar que la clase está conformada en el caso por los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5º) Dejar establecido que el sujeto demandado es AFIP-DGI.

6º) Disponer que por Secretaría se cumpla la comunicación al Registro Público de Procesos Colectivos prevista en el punto 4º del Reglamento aprobado por la Ac. CSJN 32/14.

7º) A los fines de hacer saber a los integrantes del colectivo sobre la existencia del litigio a los efectos que pretendan (Ac. 12/16, Anexo, punto VIII, 2), se encuentra a cargo de la accionante la publicación en sus respectivas páginas web institucionales de los datos de la presente causa y su objeto y la medida que aquí se ordena.

8º) Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022.

9º) Requiérase a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de tres (3) días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena.

A tal fin, líbrese oficio, con copias del escrito de inicio, su documentación y la medida que aquí se adopta, cuya confección, suscripción y diligenciamiento correrán a cargo del interesado (conf. arg. art. 400, DEOX en caso de corresponder o cualquier medio electrónico habilitado por el Organismo demandado a tales efectos).-

Regístrese y notifíquese a la accionante y al Sr. Fiscal Federal y cúmplase con la comunicación al Registro de Procesos Colectivos -conf. Acordada N° 32/14 y arts. 25, inc. a), y 41 de la Ley 24.946-.

 

MACARENA MARRA GIMÉNEZ JUEZA FEDERAL

 

Fuente: http://www.saij.gob.ar/juzgado-contencioso-administrativo-federal-nro-12-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-consejo-profesional-ciencias-economicas-caba-en-afip-ley-20628-23966-amparo-ley-16986-fa22100012-2022-06-22/123456789-210-0012-2ots-eupmocsollaf

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