Legislatura porteña aprueba moratoria de impuestos

En resumen, esta moratoria permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2025. Ofrece hasta 48 cuotas y condonación de intereses y punitorios de hasta el 100%, según el momento de adhesión.
Alcanza a deudas judicializadas, suspendiendo plazos procesales y extinguiendo la acción penal una vez cancelada la obligación. La intemción legislativa es que sea una herramienta para reactivar la economía y ordenar al contribuyente.

Ley de mandatarios

Establece que la AGIP gestione deudas menores a $869.785 y que los mandatarios intervengan en montos mayores.
Fija un tope del 10% en los honorarios.
El diputado Hernán Reyes, impulsor del proyecto, afirmó: “Se terminan los honorarios desproporcionados. Garantizamos un monto justo para el vecino y un honorario digno para el profesional”.

 

fuente 

ley aprobada

DESPACHO 0086-25

 

(Exp. 3675-J-2024)

 

TEXTO A CONSIDERAR

 

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. Los contribuyentes o responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y/o fiscalización está a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) podrán regularizar las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2025, inclusive, o las infracciones cometidas a dicha fecha, bajo la forma y condiciones que se establecen por la presente ley y con los requisitos que se dispongan reglamentariamente.

                     Art. 2°.- Plazo de acogimiento. El acogimiento al presente régimen de regularización podrá efectuarse dentro del plazo noventa (90) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a prorrogar, por única vez y por el término de hasta noventa (90) días corridos, el plazo para el acogimiento al presente régimen de regularización.

                     Art. 3°.- Acogimiento. Los contribuyentes o responsables podrán acogerse al presente régimen en forma total o parcial y en esa medida operarán los beneficios consagrados en su marco.

Si la deuda se encuentra en instancia judicial, en los términos del artículo 6° de la presente ley, el acogimiento deberá ser por el total de la deuda reclamada en cada juicio.

El acogimiento al presente régimen de regularización implica la aceptación por parte del contribuyente o responsable de la interrupción de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para aplicar multas, determinar los gravámenes por los períodos regularizados y exigir el pago, cualquiera fuera la forma de cancelación de dicho pago.

                     Art. 4°.- Exclusiones. Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley:

a. Los declarados en quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las Leyes Nacionales 24.522 y 25.284 y sus modificatorias, mientras duren los efectos de dicha declaración.

b. Los condenados por alguno de los delitos previstos en la Ley Nacional 24.769 y sus modificatorias, o en el Régimen Penal Tributario -aprobado por el Título IX de la Ley Nacional 27.430-, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme o exista acuerdo de avenimiento homologado en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.

c. Los condenados por delitos contra la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. Las caducidades de los acogimientos al plan de facilidades establecido por la presente ley y su reglamentación.

e. Los acogimientos a planes de facilidades de pago cuyo estado se encuentre vigente al 31 de agosto de 2025, cuando hubieren contemplado la condonación o reducción de intereses y/o multas.

f. Los agentes de recaudación por los montos retenidos en su calidad de tales.

                     Art. 5°.- Reintegro. No dan derecho a reintegro o repetición las sumas abonadas en concepto de intereses, recargos o multas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

                     Art. 6°.- Regularización de deuda en instancia judicial. Se consideran deudas en instancia judicial las que se encuentren con juicio de ejecución fiscal en trámite.

Los contribuyentes y demás responsables cuyas deudas se encuentren con juicio de ejecución fiscal en trámite, cualquiera sea el estado de la causa, podrán acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley, si juntamente con el acogimiento al plan, desisten del derecho y de las acciones judiciales iniciadas por ellos contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas con dichas deudas.

La regularización de las deudas en instancia judicial implicará un allanamiento incondicional a la pretensión del Fisco y deberá efectuarse por el total de la deuda reclamada en el juicio.

El acogimiento al presente régimen de regularización importa la suspensión de los plazos procesales en la causa judicial iniciada. En el caso de que se produzca la caducidad o nulidad del plan de regularización se reanudarán los plazos procesales, tomándose lo pagado a cuenta de la liquidación final.

                     Art. 7°.- Medidas cautelares. El acogimiento al presente régimen implica el levantamiento de las medidas cautelares trabadas por los jueces intervinientes, sobre fondos y valores actuales o futuros de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja.

El mandatario judicial no podrá oponer como excepción para el levantamiento de las medidas cautelares la cancelación total de los honorarios.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos competentes se abstiene, durante el plazo que esté vigente el régimen de la presente ley, de solicitar judicialmente la traba de medidas cautelares y/o ejecutorias en ejecuciones fiscales (embargos e inhibiciones generales de bienes) tendientes a asegurar el cobro efectivo de los tributos y/o honorarios adeudados tanto en procesos iniciados con antelación como en aquellos a iniciar. Lo establecido no aplica en caso de que la prescripción de la acción judicial opere dentro de los 30 días.

 

                     Art. 8°.- Efectos del acogimiento en materia de Régimen Penal Tributario. El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la suspensión de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal al momento del acogimiento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme o acuerdo de avenimiento homologado.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -al contado o mediante un plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal. Todo ello, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley Nacional 24.769.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal o, en su caso, la interposición por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la denuncia penal que correspondiere. Asimismo, importará la reanudación del cómputo de la prescripción penal.

Los pagos efectuados en el plan de facilidades cuya caducidad haya operado no tienen efectos extintivos ni condonatorios respecto a la acción penal delictiva y/o infraccional, sin perjuicio de su consideración como pago a cuenta de las obligaciones regularizadas.

El presente beneficio se extiende a todos los contribuyentes y responsables solidarios por los delitos contemplados en la Ley Nacional 24.769 y su modificatoria Ley Nacional 26.735 y en el Régimen Penal Tributario establecido por el Título IX de la Ley Nacional 27.430, así como a los que hubieren incluido obligaciones tributarias en planes de facilidades o cancelado al contado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

                     Art. 9°.- Obligación de pago de costas, costos y honorarios. El acogimiento a este régimen importa la obligación de pagar las costas, costos y honorarios a los mandatarios, devengados por trabajos realizados con anterioridad a la promulgación de la presente ley, conforme a las pautas establecidas en el artículo siguiente.

No corresponde el pago de honorarios en aquellos casos de reformulación de acogimientos a planes de facilidades de pago cuyo estado se encuentre vigente.

 

Art. 10.- Liquidación de honorarios. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 2.603 y sus modificatorias, en los casos en que el deudor opte por abonar la deuda mediante el acogimiento al presente Régimen, el mandatario por su labor judicial y/o extrajudicial liquidará sus honorarios conforme a lo previsto en el siguiente esquema:

 

 

La liquidación de los honorarios descripta se realiza en base al monto de la deuda reclamada con más los intereses devengados a la fecha de pago, o del monto regularizado con más los intereses devengados a la fecha de acogimiento correspondientes a esa ejecución fiscal, sin importar la etapa procesal en la que se encuentre. La cancelación de los honorarios profesionales de los mandatarios judiciales en el marco del presente régimen se realiza en un plan de pago de hasta seis  (6) cuotas. Sin perjuicio de ello, el contribuyente podrá, al momento de acogerse al presente régimen, optar por cancelar totalmente los honorarios y/o hacerlo en cualquier momento previo al vencimiento de las cuotas correspondientes.

 

A dicho monto se adicionará el IVA en los casos que corresponda, a cuyo efecto el mandatario deberá acreditar dicha condición al iniciar el expediente judicial, o en su caso, comunicarlo de inmediato en el expediente si tal condición se adquiriese con posterioridad al inicio del juicio. También deberá comunicarlo fehacientemente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dentro de los tres (3) días de adquirida dicha condición. Esta escala de honorarios deberá fijarse en lugar visible en las oficinas de atención al público.

 

Art. 11.-Beneficios Fiscales. La condonación de los recargos, multas formales y materiales y demás sanciones por infracciones cometidas hasta el 31 de agosto de 2025, que no se hubieren abonado y no se encuentren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, procede en las siguientes circunstancias:

 

a. Cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal o cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción queda condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida hasta la fecha fijada en el primer párrafo del presente artículo.

 

b. Los recargos, multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales, quedan condonadas de oficio, siempre que la obligación principal se cancele al contado, por medio del presente régimen de regularización o por cualquiera de los planes de facilidades de pago vigentes.

 

La condonación de los recargos, las multas y demás sanciones opera en cualquier etapa del procedimiento administrativo, siempre que no se encuentre firme y/o cumplida.

 

Las multas condonadas en virtud de los términos de la presente ley no serán consideradas como un antecedente en  contra dentro del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales (RRFF).

 

Art. 12.- Condonación de sanciones materiales. Condición. El beneficio previsto en el artículo 11 de la presente ley procede si los contribuyentes o responsables regularizan y abonan, en su totalidad, el capital, multas firmes e intereses no condonados, por medio de los planes de facilidades de pago vigentes, al contado o por el régimen de regularización que establecerá la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

 

El régimen de regularización podrá contemplar hasta cuarenta y ocho (48) cuotas y hasta el cien por ciento (100%) de condonación de intereses resarcitorios y/o punitorios.

 

La cancelación de las cuotas del régimen deberá ser efectuada por los medios habilitados a tal fin por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, incluyendo el débito directo de los fondos en cuenta bancaria y mediante la utilización del Código de Respuesta Rápida (QR), entre otros.

 

Art. 13.- Dación en Pago. Los contribuyentes y/o responsables que tengan medidas cautelares trabadas por orden judicial en el marco de un juicio de ejecución fiscal, podrán cancelar las obligaciones impositivas reclamadas con las sumas embargadas, mediante el procedimiento que establezca la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a sus efectos.

 

Art. 14.- Intereses por financiación. La tasa de interés por financiación se fija en un  tres por ciento (3%) mensual sobre saldo para los contribuyentes incluidos en el Sistema de Verificación Continua para Grandes Contribuyentes conforme a la Resolución Nro. 161/AGIP/19 y sus complementarias y  del dos por ciento (2%)  para los restantes contribuyentes y/o responsables.

 

Art. 15.- Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes. Los contribuyentes o responsables podrán reformular los acogimientos a planes de facilidades cuyo estado sea vigente, con la excepción prevista en el inciso e) del artículo 4° de la presente ley.

 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos establecerá las formas de la reformulación, como así también las cuotas mínimas y formas de implementación del presente régimen.

 

Art. 16.- Facultades de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar las normas reglamentarias, de procedimiento y/u operativas necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

 

Art. 17.- Limitación. Aquellos contribuyentes o responsables que se acojan al presente régimen por sus deudas en Patentes sobre Vehículos en General y/o en el Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, no gozarán de la bonificación establecida en el artículo 176 del Código Fiscal (t.o. 2025 según Decreto 116/25), para el ejercicio fiscal siguiente al de su acogimiento al régimen.

 

Art. 18.- Domicilio Fiscal Electrónico y boleta electrónica. Aquellos contribuyentes o responsables que se acojan al presente régimen de regularización, estarán alcanzados, si no lo estuviesen aún, por el sistema de Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) y, a su vez, adheridos al sistema de boleta electrónica.

 

Art. 19.- Vigencia. La presente Ley entra en vigencia a los cuarenta (40) días corridos desde su promulgación.

 

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.