Por Daniel Monastersky – www.datagovernancelatam.com
Hace poco más de un año, una amiga me contó una historia que había escuchado cientos de veces, pero que nunca pierde su capacidad de perturbar. Mientras cargaba a su bebé en brazos y comentaba con su pareja que el nene tenía fiebre, su iphone estaba cerca. Una hora después, comenzó a recibir publicidades sobre medicamentos para la fiebre infantil.
“¿Nos estaban escuchando?”, preguntó con los ojos llenos de preocupación.
No era paranoia. No era coincidencia. Era exactamente lo que estaba sucediendo.
Durante años, esa pregunta circuló en cafeterías, en grupos de WhatsApp, en conversaciones privadas entre amigos y en consultorios como el mío. Y durante años, recibimos respuestas consistentes de las corporaciones tecnológicas: negaciones categóricas. “Son coincidencias”, decían. “Eso son teorías conspirativas de internet”, insistían los voceros oficiales.
“Tecnológicamente es imposible”, mentían desde las conferencias de prensa.
Pero millones de personas lo sabían. Lo sentían. Cuando comentabas algo y aparecía publicidad relacionada. Cuando tu teléfono parecía saber qué querías antes de que lo buscara. Cuando algo que habías mencionado en voz baja aparecía en tus redes sociales.
Ahora, un tribunal estadounidense confirmó oficialmente lo que la mayoría ya intuía: nos estaban escuchando de verdad, y Google lo sabía.
La confesión judicial que llegó con precio
El acuerdo de $9 millones que Google acaba de firmar con 49 estados de Estados Unidos es, en realidad, una confesión corporativa. Entre 2019 y 2022, Google Assistant grabó conversaciones sin que nadie dijera “Hey Google”. Sin activación deliberada. Sin consentimiento. Sin que nadie lo pidiera.
Pensá en lo que eso realmente significa: mientras dormías, mientras hablabas con tu médico sobre síntomas que preferías guardar en secreto, mientras discutías decisiones personales con tu pareja, mientras consolabas a alguien que lloraba —tu teléfono estaba ahí, registrando cada palabra. Y no solo registrando: enviando esas conversaciones a empleados de empresas contratadas para que las escucharan, las transcribieran, las procesaran y las analizaran.
Una madre hablando de sus miedos durante el embarazo. Un joven abriendo su corazón sobre inseguridades que jamás compartiría públicamente. Una pareja en una conversación íntima. Una persona revelando síntomas que investigaría en secreto después. Todo, almacenado. Todo, escuchado. Todo, procesado.
Estos no son datos abstractos. Son momentos de vulnerabilidad que ahora forman parte de un archivo corporativo.
Una “multa” que no castiga a nadie
Google facturó $307 mil millones en 2023. Los $9 millones que “pagará” por esta violación masiva de privacidad representan exactamente el 0.003% de esas ganancias. Es decir: menos del cero coma cero coma tres por ciento.
Hacelo más comprensible. Si ganases $30.000 pesos mensuales, esta “multa” sería equivalente a que te cobren 90 centavos.
Noventa centavos por violar sistemáticamente la privacidad de millones de personas durante tres años.
No es una sanción. Es un trámite administrativo. Es una partida presupuestaria que Google ya tenía prevista en sus libros contables. Es, esencialmente, el precio que pagó por haber generado ganancias incalculables gracias precisamente a esas prácticas ahora “sancionadas”.
Google ya sabía que esto eventualmente saldría a la luz. Decidió, de forma consciente y deliberada, que era más rentable seguir escuchando y pagar una multa simbólica que respetar la privacidad de las personas. Es un cálculo cínico. Es también un cálculo completamente racional desde la lógica corporativa.
Por qué los términos y condiciones son un fraude
Cuando abrís la aplicación de un buscador, de un asistente de voz o de una red social, aceptás términos y condiciones que probablemente nunca leíste completamente. Algunos de ustedes ni siquiera sabían que existía un botón de “aceptar”. Simplemente aparecía. Simplemente se asumía tu consentimiento.
Son documentos super extensos, diseñados específicamente para no ser leídos. Abogados corporativos trabajan durante meses en redacciones suficientemente vagas como para permitir cualquier cosa. Y en esos textos aparentemente inocentes, se autoriza algo fundamental: la vigilancia permanente.
Tu ubicación. Tus búsquedas. Tus intereses manifiestos. Tus conversaciones privadas. Tu patrón de sueño (si usas un reloj inteligente). Tu ritmo cardíaco (si llevas un reloj inteligente o una pulsera que mida tu actividad).
Todo eso tiene un precio en el mercado publicitario digital. Las empresas lo saben. Por eso lo hacen. Y mientras siga siendo más rentable pagar una multa simbólica cada cinco años que respetar tu privacidad, seguirán haciéndolo.
Tu privacidad no es un efecto secundario de sus servicios. Tu privacidad es el producto principal. Vos sos el producto. Tu atención, tu comportamiento, tus deseos, tus miedos —todo eso se vende a publicistas, anunciantes y empresas que quieren saber exactamente cómo hacerte clic en un botón.
Argentina: Leyes del siglo pasado para problemas del presente
En nuestro país, enfrentamos esta realidad con herramientas legislativas que parecen ancladas en otra época.
La Ley 25.326 —que regula la protección de datos personales— tiene más de dos décadas de antigüedad. Fue sancionada en el año 2000, en un mundo donde el internet era aún un lujo, donde la mayor amenaza a la privacidad era que una empresa vendiera tu número de teléfono a un banco o que alguien accediera sin autorización a un archivo físico.
¿Y qué sucede con los desafíos que esos legisladores no podían ni imaginar? Con el reconocimiento de voz. Con los algoritmos que predicen tu comportamiento antes de que vos mismo lo entiendas. Con la inteligencia artificial que aprende de tus conversaciones privadas. Con los dispositivos inteligentes en tu hogar que están constantemente escuchando, observando, recopilando.
Mientras tanto, en Europa tienen el GDPR —una regulación moderna que permite sanciones de hasta el 4% de la facturación global. Si esa ley se aplicara aquí en Argentina, Google no pagaría $9 millones. Pagaría aproximadamente $12 mil millones. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que separa una multa simbólica de una sanción que realmente te hace pensar dos veces antes de violar derechos fundamentales.
Nuestra Autoridad de Acceso a la Información Pública (AAIP) hace un buen trabajo con los recursos super limitados que tiene. Pero honestamente, no es suficiente. Los presupuestos son insuficientes. Las facultades son restringidas. Y mientras tanto, las corporaciones tecnológicas operan con la tranquilidad de quien sabe que enfrentará, en el peor de los casos, una multa menor a las ganancias que genera la vigilancia en un mes.
Es un sistema donde los incentivos están completamente distorsionados.
El mito urbano que resultó ser verdad
Durante años, hubo personas que se reían de quienes tenían estas preocupaciones. “Sos paranoico”, decían. “Es coincidencia”, aseguraban. “Eso no es técnicamente posible”, mentían los voceros corporativos en las conferencias de prensa.
Pero millones de personas lo sabían. Lo sentían. Cuando comentabas algo y aparecía publicidad relacionada días después. Cuando tu teléfono parecía anticiparse a lo que querías buscar. Cuando algo que habías mencionado en voz baja de repente aparecía en tus feed de redes sociales.
Tu intuición era correcta. No eras paranoico. No era coincidencia. Te estaban escuchando. Y las empresas lo sabían.
Ahora, un tribunal lo confirmó oficialmente. Ahora es un hecho jurídico documentado. Ahora no podemos escondernos más detrás de la duda o la incertidumbre. Tu privacidad no es un lujo. Es un derecho fundamental. Y mereces algo más que promesas corporativas, comunicados de prensa tranquilizadores y multas simbólicas.
La pregunta ya no es si nos están escuchando. Sabemos que sí. La pregunta real es: ¿cuánto más vamos a permitir que nos escuchen antes de exigir un cambio verdadero?
En Argentina, ese cambio debe comenzar ahora. En nuestros legisladores. En nuestras autoridades regulatorias. En nosotros mismos, como ciudadanos que merecemos protección real de nuestros derechos fundamentales.
El mito urbano era real. Ahora es hora de que se convierta en ley.