Un clásico de la vida familiar moderna: el grupo de WhatsApp de papis y mamis explota por un rumor, los ánimos se caldean y la bronca termina plasmada en el cuaderno de comunicaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esa queja sube de tono? ¿Puede el colegio decirte “hasta acá llegamos” y no renovarle la matrícula a tu hijo para el año que viene?
La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil acaba de resolver un caso de película sobre este tema. Un fallo que pone bajo la lupa el contrato educativo, los límites de las instituciones y hasta dónde llega la responsabilidad de los padres cuando la relación con la escuela se rompe.
El caso: Rumores, WhatsApp y un “¡UNA VERGÜENZA!” tapado con Liquid Paper
Todo empezó en septiembre de 2016 en el Instituto ….en la Ciudad de Buenos Aires. Una nena asistía a la salita de nivel inicial cuando el caos se desató en la puerta del colegio y en los chats de papis.
El motivo: una madre empezó a hacer circular el rumor de que la nueva directora venía de otro colegio donde había existido un caso de abuso. El pánico fue tal que un par de días antes del Día del Maestro, los padres empezaron a retirar a los chicos.
Ante el revuelo, el colegio organizó reuniones, mandó correos y una nota en el cuaderno de comunicaciones intentando calmar las aguas, explicando que la directora había pasado todos los exámenes y no tenía nada que ver con esas acusaciones. Sin embargo, la madre de la nena protagonista de este caso no se lo tomó bien. Cuestionó la “desprolijidad” del colegio por mail y devolvió el cuaderno de comunicaciones de su hija con una anotación sobre la nota institucional que decía en mayúsculas: “¡UNA VERGÜENZA!”.
Un detalle de color (y no menor) que aportó la docente de la sala en su testimonio: poco después, el cuaderno volvió al colegio con la frase borrada con liquid paper. Pero el daño ya estaba hecho.
La primera respuesta del colegio y el juicio millonario
El 4 de octubre de 2016, el colegio les mandó una carta documento a los padres. Les avisaron que, debido a la “falta de confianza y adhesión al Ideario Institucional”, no iban a matricular a la nena para el ciclo lectivo 2017 y que les devolvían el dinero de la reserva de vacante.
Los padres no se quedaron de brazos cruzados e iniciaron un juicio por daños y perjuicios. En primera instancia, ¡ganaron! El juez de grado consideró que el colegio había actuado de forma “desproporcionada, irrazonable y arbitraria”. Condenó a la institución y al Arzobispado de Buenos Aires a pagar una suma importante: $800.000 a cada padre y $1.500.000 a la niña, más intereses y costas.
El colegio apeló, argumentando que el juez de primera instancia había omitido el contexto: no fue una decisión caprichosa, sino el final de una serie de actitudes, rumores y quejas que afectaban la convivencia. Además, plantearon una defensa técnica brillante sobre el daño moral, sosteniendo que en un contrato educativo, el único “damnificado directo” es el alumno, no los padres. Pero el argumento letal fue otro: el colegio demostró con testigos (como la subdirectora y el vicedirector) que intentaron dar marcha atrás.
El 12 de octubre, las autoridades recibieron a los padres. En esa reunión —y quedó asentado en un acta— los padres se disculparon por sus actitudes. Días después, el colegio los llamó para ofrecerles nuevamente la vacante para 2017. ¿La respuesta de los padres? Dijeron que “lo iban a pensar” y, finalmente, decidieron no matricular a la nena.
El fallo definitivo de la Cámara: Las reglas claras conservan la vacante
Las juezas de la Sala K revisaron todo el expediente, revocaron la sentencia de primera instancia y rechazaron la demanda de los padres. Para decidir a favor del colegio, se basaron en los siguientes puntos legales:
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La Ley 2681 de CABA: Esta ley es clara. Los colegios privados de la Ciudad pueden negarse a rematricular a un alumno para el ciclo siguiente, siempre y cuando avisen por un medio fehaciente antes del 31 de octubre y tengan una causa que no vulnere la Constitución (es decir, que no sea pura discriminación). El colegio cumplió: mandó la carta el 4 de octubre y justificó la decisión en la pérdida de confianza.
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No hubo rescisión de contrato: Las juezas observaron que pagar la matrícula en agosto no garantizaba la vacante. Los padres habían firmado un convenio que supeditaba el ingreso a evaluaciones académicas, pedagógicas, pastorales y entrevistas. Por ende, el contrato para 2017 aún no estaba perfeccionado.
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La culpa de la desvinculación: El tribunal fue contundente. Como el colegio recapacitó y les ofreció la vacante de nuevo en octubre, la desvinculación definitiva no fue culpa de la escuela, sino una decisión personal de los propios padres al rechazar el ofrecimiento.
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Costas divididas: Al anularse la condena, la Cámara determinó que las costas (los gastos de los abogados) se paguen “por su orden”, es decir, cada uno se hace cargo de sus propios defensores.