El federalismo en acción, derechos y cargas

Recibió una intimación de ingresos brutos provincial, por vender desde otra provincia. Lo que Javier no sabe, mientras acelera en la recta infinita, es que ese papel no es solo un problema burocrático. Es la manifestación del siglo XXI de un conflicto tan antiguo como la Argentina misma.

Es una “aduana interior”, un término que la propia Corte Suprema de Justicia ha usado para describir estas prácticas. Es un eco de las lanzas de los caudillos, una versión moderna de la guerra fundacional que partió al país en dos. Su viaje a Buenos Aires, que comenzó como una misión desesperada para salvar su negocio, se convertirá sin que lo sepa en un viaje al corazón de esa tensión histórica, un recorrido forzado por la verdadera naturaleza del sistema federal y los derechos que, hasta ahora, ignoraba poseer.

 

La Sombra de las Aduanas Pasadas: La Trampa de Ingresos Brutos

 

Mientras conduce, la conversación con su contador resuena en su cabeza. Los números son crueles y simples. Su competidor directo, una empresa con planta en Rosario, vende el mismo producto que él. Pero al final del mes, por cada $100 que factura en Santa Fe, su competidor paga $3 de Ingresos Brutos. Javier, por el mismo monto, debe pagar $5. Esa diferencia del 2% no es un detalle; es un abismo. Es el margen que lo deja fuera de mercado, la barrera invisible que le impide crecer.

Esta situación no es una anomalía ni un error. Es una política deliberada, una estrategia fiscal que varias provincias han implementado para favorecer a las empresas radicadas en su territorio. Es, en esencia, proteccionismo local que fragmenta el mercado nacional. Y es aquí donde la historia y el derecho chocan con la realidad de Javier.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha abordado este problema en fallos trascendentales. El caso paradigmático es Bayer S.A. c/ Provincia de Santa Fe, resuelto en 2017. Bayer, con su planta industrial en la provincia de Buenos Aires, demandó a Santa Fe argumentando que la alícuota diferencial que se le aplicaba era inconstitucional. La Corte le dio la razón. En su sentencia, el máximo tribunal determinó que establecer una diferencia impositiva basada únicamente en el lugar de radicación del establecimiento industrial es arbitrario y discriminatorio. Esta práctica viola dos pilares fundamentales de la Constitución Nacional: el principio de igualdad ante la ley (artículo 16) y la llamada “cláusula comercial” (artículo 75, inciso 13), que otorga al Congreso Nacional la facultad exclusiva de regular el comercio entre las provincias para asegurar un flujo económico sin trabas. La Corte fue explícita: este tipo de normas provinciales “altera la corriente natural del comercio” y erige una suerte de “aduana interior”, algo expresamente prohibido por los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución, que fueron diseñados precisamente para crear un mercado único y evitar que las provincias se comportaran como feudos económicos.

El fallo en Bayer y otros similares, como Harriet y Donnelly SA c/Prov. del Chaco , parecieron marcar un punto final a estas prácticas. De hecho, motivaron la presentación de más de 400 causas judiciales por parte de empresas en situaciones similares y fueron el impulso para el “Consenso Fiscal” de 2017, un acuerdo entre la Nación y las provincias para eliminar gradualmente estas distorsiones.

Sin embargo, la realidad para un pequeño empresario como Javier es más compleja y amarga. Lo que él no sabe es que la propia Corte, que sentó esa doctrina tan clara, ha mostrado una inconsistencia posterior que genera un riesgo sistémico. En años más recientes, el tribunal ha rechazado tratar nuevos casos de grandes empresas como Cosméticos Avon, Procter & Gamble y Bunge contra provincias que reinstauraron regímenes similares, utilizando herramientas procesales para evitar pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Esta actitud del tribunal crea una profunda incertidumbre y una desigualdad de facto. Para una corporación multinacional como Bayer, litigar durante años hasta llegar a la Corte Suprema es una estrategia de negocios viable y rentable. Pero para Javier, el costo de los honorarios legales, el tiempo y la energía necesarios para emprender esa odisea judicial son simplemente prohibitivos. El sistema, en la práctica, funciona de una manera para los grandes jugadores y de otra para los pequeños. La inconsistencia de la Corte genera un federalismo de dos velocidades: uno donde las grandes corporaciones pueden hacer valer sus derechos constitucionales y otro donde las pymes como la de Javier quedan atrapadas en la red de las “aduanas interiores”, obligadas a pagar o a desaparecer. Su frustración no es paranoia; es una respuesta lógica a un sistema que, a pesar de las sentencias ejemplares, sigue siendo defectuoso e impredecible.

 

Flashback: Las Raíces del Conflicto

 

(En la radio del auto, un locutor presenta una zamba que habla de Facundo Quiroga. La melodía de guitarras y bombo legüero transporta la mente de Javier, casi sin quererlo, a las páginas de sus libros de historia de la secundaria.)

La guerra que Javier libra con sus planillas de Excel y sus facturas comenzó hace doscientos años con sangre y pólvora. Tras la Revolución de Mayo de 1810, la unidad inicial contra España se hizo añicos. Dos proyectos de país, antagónicos y feroces, se enfrentaron por el alma de la nueva nación: unitarios y federales.

Los unitarios, mayormente miembros de la élite intelectual y comercial de Buenos Aires y algunas capitales de provincia, abogaban por un gobierno central fuerte, con sede en la ciudad-puerto. Su visión, heredera de la estructura centralizada del virreinato, pretendía que toda la vida política y económica fuera regulada desde Buenos Aires, que controlaba la aduana, la principal fuente de riqueza del territorio. Figuras como Bernardino Rivadavia encarnaron este proyecto, buscando modernizar el país bajo un modelo europeo y centralista.

En la vereda opuesta, los federales representaban un movimiento más heterogéneo, pero unido por una causa común: la oposición al centralismo porteño y la defensa de las autonomías provinciales. Liderados por caudillos como José Gervasio Artigas en la Banda Oriental, Estanislao López en Santa Fe o Juan Facundo Quiroga en La Rioja, los federales exigían que cada provincia pudiera gobernarse a sí misma, dictar sus propias leyes y, fundamentalmente, participar de las rentas de la aduana y proteger sus economías regionales de la avalancha de productos importados que entraban libremente por el puerto de Buenos Aires.

Este no fue un debate de ideas abstractas. Fue una guerra civil que se extendió por décadas, con batallas como Navarro, Las Vizcacheras y Puente de Márquez marcando el pulso de un país que se desangraba. La Constitución unitaria de 1826 fue rechazada por las provincias, desatando una nueva ola de violencia que culminó con el ascenso de Juan Manuel de Rosas, un federal de Buenos Aires que gobernaría la Confederación Argentina con mano de hierro, pero sin sancionar una constitución federal que organizara definitivamente al país.

La Constitución de 1853 fue el intento de poner fin a esa guerra. Fue un pacto, una tregua forjada entre vencedores y vencidos después de la caída de Rosas. Adoptó formalmente el sistema federal, reconociendo la preexistencia de las provincias y garantizando sus autonomías. Sin embargo, fue un federalismo atenuado, con un fuerte componente centralista, legado de la victoria final de los liberales porteños, como Bartolomé Mitre, en la batalla de Pavón en 1861. La Constitución prohibió las aduanas interiores y estableció la libre circulación de bienes, pero la tensión fundamental nunca se resolvió del todo. El sistema nació de un conflicto y ese conflicto es su ADN. La lucha de Javier contra la alícuota diferencial de Ingresos Brutos es la continuación de esa misma disputa por otros medios. Es la vieja puja entre el puerto y el interior, ahora disfrazada de jerga tributaria y expedientes judiciales.

 

Parte II: El Punto de Giro – El Federalismo en Acción

 

 

Introducción: El Desvío

 

(El sonido del auto se detiene bruscamente. Un policía de tránsito le indica a Javier que la ruta está cortada por un accidente. Debe tomar un desvío por un camino secundario que lo lleva a través de un pequeño pueblo del interior de Santa Fe. El sol de la siesta aplasta las calles vacías. Javier estaciona frente a un bar de esquina para tomar un café y estirar las piernas.)

Dentro del bar, el zumbido de un ventilador de techo apenas alivia el calor. En una mesa cercana, un grupo de hombres y mujeres discute acaloradamente. Al principio, Javier no presta atención, pero las palabras “escuela pública”, “crucifijo” y “la directora nos obliga” captan su interés. Una mujer, con la voz cargada de indignación, cuenta cómo su hijo, que no es católico, tiene que quedarse en el aula mientras la maestra da catequesis porque “no hay otro lugar donde ponerlo”. Un hombre responde que la provincia tiene derecho a enseñar religión, que siempre fue así. La discusión se vuelve un murmullo de fondo en la cabeza de Javier, sin saber que está presenciando una versión local de otro de los grandes debates federales de la Argentina.

 

La Escuela, el Crucifijo y el Derecho a la Intimidad: El Caso “Castillo c/ Salta”

 

La escena que Javier presencia en el bar es un eco del caso Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta, resuelto por la Corte Suprema en 2017. La historia detrás de este fallo es la de un grupo de madres y padres de Salta que llevaron a la justicia una práctica profundamente arraigada en las escuelas públicas de su provincia.

El conflicto se originaba en una colisión de normas y derechos. Por un lado, la Constitución de la Provincia de Salta, en su artículo 49, establece explícitamente el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. La educación es, en principio, una de las competencias que las provincias conservan y no han delegado a la Nación, según el artículo 121 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, Salta estaba ejerciendo una potestad propia.

Sin embargo, la implementación de esta norma provincial generaba un conflicto directo con derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La ley de educación salteña (ley 7546, inciso “ñ”) disponía que la instrucción religiosa formara parte de los planes de estudio y se impartiera dentro del horario de clases. Además, una disposición administrativa obligaba a los padres a llenar un formulario manifestando si deseaban que sus hijos recibieran educación religiosa y, en caso afirmativo, de qué credo.

En la práctica, esto se traducía en que la catequesis de la religión católica apostólica romana se convertía en una materia más del currículo obligatorio. Los niños de familias no católicas o no creyentes eran a menudo segregados o, para evitarlo, sus padres consentían que permanecieran en el aula durante la clase de religión, siendo expuestos a un adoctrinamiento que no compartían.

La Corte Suprema se encontró ante un clásico dilema federal: ¿hasta dónde llega la autonomía de una provincia para legislar sobre educación y hasta dónde debe ceder ante los derechos individuales garantizados por la Nación?

La solución de la Corte fue un acto de equilibrio jurídico. No declaró inconstitucional el artículo de la Constitución de Salta que garantiza el derecho a la educación religiosa. Reconoció esa potestad provincial. Pero sí declaró inconstitucional la forma en que se estaba aplicando. Invalidó el inciso “ñ” de la ley de educación y la obligación de llenar el formulario. El tribunal argumentó que, bajo una apariencia de neutralidad, la norma generaba efectos discriminatorios contra las minorías religiosas y los no creyentes, violando el principio de igualdad. Además, determinó que forzar a una persona a revelar sus creencias religiosas era una violación grave del derecho a la intimidad, protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

La Corte estableció una regla clara: la educación religiosa en escuelas públicas es constitucionalmente admisible, pero debe ser ofrecida de manera voluntaria, plural y fuera del horario escolar común.

Mientras Javier termina su café, algo hace clic en su cabeza. Su visión del mundo, hasta ese momento, era simple y binaria: “la Nación” en Buenos Aires era el poder opresor, y su provincia, el interior, era la víctima. Pero el caso de las escuelas de Salta le muestra una realidad mucho más compleja. Aquí, era un gobierno provincial el que, en el ejercicio de sus poderes, estaba vulnerando los derechos de sus propios ciudadanos. Y el escudo protector de esos ciudadanos, de esas familias, no fue otro que la Constitución Nacional, interpretada y aplicada por la Corte Suprema.

De repente, Javier comprende que el federalismo no es solo una lucha de poder vertical entre gobiernos. Es un sistema de frenos y contrapesos diseñado para proteger al individuo. La Constitución Nacional no es un documento ajeno, un arma de “los porteños”. También es suya. Es un paraguas que puede protegerlo tanto del poder central como de los posibles excesos del poder local. Este es su punto de giro. El protagonista ha comenzado a cambiar.

 

La Llamada del Abogado y las Reglas de la Ruta: El Caso “Bunge c/ Chaco”

 

(De vuelta en el auto, con el motor en marcha y el aire acondicionado a pleno, Javier aprovecha el tiempo muerto para llamar a su abogado por otro asunto que lo tiene preocupado. Una empresa de transporte con la que trabaja le ha comunicado que no puede cumplir con las tarifas pactadas para llevar su mercadería al Litoral.)

“Es por una ley nueva del Chaco, Javier”, le explica su abogado por el manos libres. “Declararon el transporte de granos ‘servicio público provincial’ y fijaron tarifas mínimas obligatorias. Son mucho más altas de lo que habíamos acordado. La ruta se volvió inviable económicamente”.

La frustración de Javier vuelve a encenderse. Otra provincia, otra traba, otra barrera. Pero esta vez, la respuesta de su abogado lo sorprende. “Quedate tranquilo. Eso que hicieron es ilegal. La Corte ya se expidió sobre un caso casi idéntico. Se llama Bunge Argentina S.A. c/ Chaco, Provincia del“.

En este caso, la empresa Bunge, que comercializa y almacena granos en todo el país, fue multada por la provincia del Chaco por pagar a los transportistas tarifas inferiores a las que fijaba la ley provincial 6960. El detalle crucial era que los transportes en cuestión eran interjurisdiccionales; es decir, cruzaban las fronteras del Chaco para llevar la producción a puertos o centros de acopio en otras provincias.

Bunge presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema, argumentando que la provincia del Chaco carecía de competencia para regular las tarifas del transporte interprovincial. La Corte, en un fallo contundente, le dio la razón. El razonamiento fue directo y se basó en el corazón del reparto de competencias federal. La regulación del comercio y el transporte

entre las provincias es una facultad delegada, exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación, según lo establece el artículo 75, inciso 13, de la Constitución.

El tribunal explicó que si cada provincia pudiera fijar sus propias tarifas para el transporte que atraviesa su territorio, el mercado único nacional se desintegraría. Se crearía un caos de regulaciones superpuestas y barreras que ahogarían el comercio, precisamente lo que los constituyentes de 1853 quisieron evitar. Una provincia no puede legislar sobre una materia que la Constitución le ha encomendado de forma exclusiva al gobierno federal, de la misma manera que no puede emitir su propia moneda o firmar tratados internacionales de forma independiente.

Esto no significa que las provincias no tengan ningún poder. Existe un delicado equilibrio. Como señaló la propia Corte en otros fallos, las provincias y los municipios sí pueden ejercer sus potestades sobre aspectos locales del transporte interjurisdiccional, como por ejemplo, determinar la ubicación de las terminales de ómnibus o las paradas dentro de una ciudad, siempre y cuando esas regulaciones no interfieran ni obstaculicen la operatoria del servicio nacional. Esto demuestra la existencia de “competencias concurrentes”, donde Nación y provincias pueden actuar simultáneamente en sus respectivas esferas.

Javier escucha a su abogado y una nueva pieza encaja en el rompecabezas. Ahora ve la otra cara de la moneda. La misma “cláusula comercial” (Art. 75, inc. 13) que en el caso Bayer servía para protegerlo de la discriminación impositiva de una provincia, ahora, en el caso Bunge, sirve para proteger la integridad de su cadena logística a lo largo de todo el país.

Comprende que el propósito de esos poderes delegados a la Nación no es fortalecer a Buenos Aires en detrimento del interior. El objetivo es crear un espacio económico unificado, predecible y coherente para todos. Su pequeña empresa en Salta depende de ese marco nacional tanto como de sus proveedores locales. Necesita que los camiones puedan cruzar Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe sin que cada provincia le imponga una tarifa distinta. Necesita un solo mercado, no veinticuatro. Esa es la promesa del federalismo funcionando como debe ser: no la anulación de las provincias, sino la creación de una unión que beneficie a todas las partes.

 

Parte III: La Llegada – El Ciudadano Federal

 

 

Introducción: El Debate Vivo

 

(El paisaje cambia. Los campos interminables dan paso a los suburbios, al entramado cada vez más denso de casas, fábricas y autopistas que anuncian la llegada a la gran urbe. Javier sintoniza una radio de Buenos Aires. Un debate apasionado llena el habitáculo del auto.)

“¡La Ley de Humedales es un avasallamiento de las autonomías provinciales!”, clama la voz de un gobernador. “Las provincias somos las dueñas originarias de nuestros recursos naturales. No pueden venir desde Buenos Aires a decirnos qué podemos producir y qué no en nuestra tierra”.

Inmediatamente, una voz de mujer, una ambientalista, le responde con vehemencia: “¡Gobernador, el río Paraná no tiene fronteras provinciales! El humo de los incendios en sus islas llega a Rosario y a Buenos Aires. La contaminación de un río en Salta termina en el Río de la Plata. Necesitamos un piso mínimo de protección para todo el país, porque los ecosistemas están interconectados y lo que ustedes destruyen allá nos afecta a todos. ¡Es un mandato constitucional!”.

Javier escucha, ahora con otros oídos. Ya no es un simple espectador. Reconoce los términos de la disputa. Es la misma tensión que ha venido desentrañando en su viaje, pero aplicada a un nuevo campo de batalla: el medio ambiente.

 

La Nueva Frontera del Conflicto: Bosques, Humedales y el Futuro

 

El debate que Javier escucha en la radio gira en torno a uno de los conceptos más importantes y conflictivos del federalismo argentino moderno: la doctrina de los “presupuestos mínimos de protección ambiental”. Introducida en la reforma constitucional de 1994, el artículo 41 establece un sistema de competencias compartidas: la Nación tiene la facultad de dictar leyes que establezcan un estándar ambiental mínimo y uniforme para todo el territorio, mientras que las provincias, que conservan el dominio originario de sus recursos naturales (artículo 124), tienen la obligación de cumplir con ese piso y la facultad de complementarlo con normas más estrictas si así lo desean.

Este diseño, que busca equilibrar la unidad y la diversidad, se ha convertido en una fuente constante de tensión política y económica. Un caso de estudio es la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como “Ley de Bosques”. Sancionada en 2007 tras una fuerte campaña de organizaciones ambientalistas, la ley obliga a cada provincia a realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), zonificándolos en tres categorías según su valor de conservación: Rojo (intangibles), Amarillo (aprovechamiento sostenible) y Verde (pueden transformarse).

Sin embargo, su implementación ha sido un campo de batalla. Muchas provincias, presionadas por los poderosos lobbies del agronegocio y el desarrollo inmobiliario, demoraron la sanción de sus OTBN o aprobaron mapas que dejaban vastas áreas de alto valor de conservación en categorías que permitían el desmonte. La deforestación ilegal, incluso en zonas “rojas”, ha continuado siendo un problema grave, especialmente en provincias como Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Además, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la ley para compensar a las provincias y a los propietarios por los servicios ambientales de los bosques, ha sido sistemáticamente desfinanciado por los sucesivos gobiernos nacionales, recibiendo solo una fracción de lo que la ley estipula.

La batalla actual por una Ley de Humedales es la continuación directa de este conflicto. Durante más de una década, múltiples proyectos han perdido estado parlamentario, bloqueados por la resistencia de los mismos sectores: el agronegocio, la minería y el desarrollo inmobiliario, que temen que una ley de protección limite sus actividades. Los puntos de disputa son siempre los mismos: cómo definir un “humedal”, quién y cómo debe realizar el Inventario Nacional de Humedales, y el alcance de una posible moratoria sobre nuevas actividades hasta que el ordenamiento territorial esté completo.

Este conflicto demuestra que el federalismo no es una doctrina legal estática, sino un campo de juego político vivo y en constante disputa. A diferencia de las guerras del siglo XIX por las rentas de la aduana, las batallas del siglo XXI son por recursos naturales compartidos y finitos: el agua, la biodiversidad, la estabilidad climática. Se enfrenta el interés nacional (y global) a largo plazo en la sostenibilidad ambiental contra los intereses económicos locales y provinciales a corto plazo. Para el ciudadano común, esto significa que el debate federal no es una pieza de museo. Está ocurriendo ahora, en el Congreso, en las legislaturas provinciales y en los medios, y su resultado definirá el futuro del patrimonio natural del país y la calidad de vida de las próximas generaciones.

 

El Manual del Ciudadano: Tus Herramientas en el Sistema

 

(Javier finalmente se abre paso por el denso tráfico de la Avenida General Paz. La ciudad lo abruma con su escala y su ruido. Pero él ya no se siente pequeño e indefenso. El viaje le ha dado una nueva perspectiva, un mapa para navegar la complejidad del sistema. Ha descubierto que, como ciudadano, posee herramientas.)

Esta sección final es un manual práctico, las herramientas que Javier ha adquirido metafóricamente en su viaje y que están al alcance de cualquier ciudadano para defender sus derechos dentro del sistema federal.

 

Herramienta N° 1: El Freno de Emergencia – La Acción de Amparo

 

La acción de amparo es un procedimiento judicial rápido y urgente, consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, diseñado para proteger los derechos y garantías fundamentales cuando son vulnerados o amenazados de forma ilegal o arbitraria por parte de una autoridad pública o de un particular. Es, como la llaman algunos juristas, “la garantía de las garantías”.

• ¿Cuándo se usa? Se utiliza en situaciones de urgencia, cuando un derecho fundamental (como el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, a la educación o al trabajo) está en peligro y esperar los tiempos de un juicio ordinario causaría un daño irreparable. La ilegalidad o arbitrariedad del acto debe ser “manifiesta”, es decir, evidente.
• ¿Cómo se usa? La demanda de amparo debe ser presentada por un abogado. Sin embargo, su trámite es mucho más veloz que el de un juicio común. No requiere agotar instancias administrativas previas y puede presentarse en cualquier momento, incluso durante la feria judicial. Puede interponerse contra el Estado Nacional, una provincia, un municipio o incluso una empresa privada. Existe también elamparo colectivo, que permite a asociaciones o al Defensor del Pueblo representar a un grupo de personas afectadas por un mismo hecho, como en el caso Castillo o en disputas por servicios públicos.

 

Herramienta N° 2: El Abogado del Pueblo – La Defensoría del Pueblo

 

La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente y autónoma creada en el ámbito del Congreso Nacional con la misión de defender los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos frente a hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional. También existen defensorías provinciales y municipales que cumplen una función similar a nivel local.

• ¿Cuándo se usa? Es la vía ideal para reclamos contra organismos del Estado o empresas de servicios públicos por mal funcionamiento, demoras, falta de respuesta o abusos. Por ejemplo: problemas con la jubilación (ANSES), facturación de servicios (luz, gas, agua), trámites del DNI, problemas con obras sociales nacionales, etc..
• ¿Cómo se usa? Iniciar un reclamo en la Defensoría es totalmente gratuito y no requiere la asistencia de un abogado. Se puede hacer de varias maneras:
  • Por teléfono: Llamando a la línea gratuita 0810-333-3762.
  • Por internet: Completando un formulario de contacto en su sitio web.
  • Personalmente: En su sede central en Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país.La Defensoría investigará el reclamo, pedirá informes al organismo denunciado, mediará para encontrar una solución y, si es necesario, puede presentar acciones judiciales en defensa de los afectados.

 

Tabla 1: El Federalismo en tu Vida Cotidiana: ¿Quién Decide Qué?

 

Para anclar estos conceptos abstractos en la realidad diaria, la siguiente tabla resume la distribución de competencias en temas que afectan a todos los ciudadanos.

 

Conclusión: El Viaje Continúa

 

(Sonido de la ciudad: bocinas, sirenas lejanas, el murmullo de la multitud. Javier ha llegado a su destino en Buenos Aires. Estaciona el auto, lo apaga. El silencio repentino en el habitáculo es denso. Afuera, la metrópoli ruge.)

Javier baja del auto. Todavía tiene que enfrentar su batalla con la administración fiscal, una lucha que será difícil. Pero ya no es el mismo hombre que salió de Salta. Partió buscando una solución para su negocio y encontró algo mucho más profundo: una comprensión de la arquitectura de su país y de su propio lugar en ella como ciudadano.

Descubrió que el federalismo no es una reliquia histórica, sino una tensión viva que define desde el precio de sus productos hasta la educación de sus hijos y el futuro del aire que respira. Entendió que no es una simple lucha entre “el interior” y “el puerto”, sino un complejo sistema de pesos y contrapesos donde la Constitución Nacional puede ser tanto un límite al poder central como un escudo contra el poder local. Y, lo más importante, aprendió que no es un espectador pasivo. Tiene derechos y herramientas para defenderlos.

El federalismo argentino es una promesa a medio cumplir, un pacto lleno de cicatrices y contradicciones. Construir una república más justa, equilibrada y verdaderamente federal no es tarea de un gobierno o de una Corte. Es un viaje colectivo, una ruta que cada ciudadano argentino transita todos los días, esté al volante en una ruta solitaria o simplemente viviendo su vida en cualquier rincón del país. El viaje de Javier ha llegado a un destino, pero el de la Argentina continúa.

 

20 Casos Clave del Federalismo Argentino

 

Para profundizar en cómo estos principios se traducen en derechos concretos, a continuación se presenta una selección de 20 fallos trascendentales de la Corte Suprema y tribunales superiores, agrupados por materia.

 

1. Federalismo Fiscal y Tributario

 

• “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional” (2015): La Corte declaró inconstitucional la detracción unilateral del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación realizaba para financiar a la ANSES sin el acuerdo de las provincias. Sostuvo que los pactos fiscales (leyes-convenio) solo pueden ser modificados por un acuerdo de la misma naturaleza, reafirmando el federalismo de concertación y el derecho de las provincias a recibir la totalidad de los fondos que les corresponden.  

   

• “Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional” (Medida Cautelar, 2022): En el conflicto por el porcentaje de coparticipación de la CABA, la Corte dispuso cautelarmente que la Nación debía entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables mientras se resuelve la cuestión de fondo. Este caso evidencia el rol de la Corte como árbitro en las disputas financieras más sensibles entre jurisdicciones.  

   

• “Gasnor S.A. c/ Municipalidad de La Banda” (2021): La Corte reiteró su doctrina de que las tasas municipales deben corresponder a la prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio. Si un municipio cobra una “tasa” por servicios generales e indivisibles (como alumbrado público general o limpieza de calles), en realidad está creando un impuesto encubierto, lo cual viola la Ley de Coparticipación Federal que prohíbe a las jurisdicciones locales crear tributos análogos a los nacionales coparticipables.  

   

• “Esso Petrolera Argentina c/ Municipalidad de Quilmes” (2021): El Tribunal admitió que los municipios pueden usar los ingresos brutos de una empresa como base para calcular una tasa (ej. Tasa de Seguridad e Higiene), pero estableció un límite claro: el monto resultante no puede ser manifiestamente desproporcionado con el costo del servicio efectivamente prestado. Esto protege a los contribuyentes de tasas confiscatorias.  

   

• “First Data Cono Sur c/ Provincia de Corrientes” (2023): La Corte Suprema falló a favor de una empresa, determinando que la provincia de Corrientes debía aplicar las normas del Convenio Multilateral para evitar la doble imposición en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Este fallo es clave para cualquier empresa que opera en más de una provincia, ya que reafirma que los acuerdos interjurisdiccionales deben ser respetados para garantizar un mercado único y predecible.  

   

 

2. Autonomía Municipal

 

• “Rivademar, Ángela c/ Municipalidad de Rosario” (1989): Fallo histórico que reconoció por primera vez la autonomía de los municipios en el plano institucional, político, administrativo, económico y financiero. La Corte estableció que los municipios no son meras delegaciones administrativas de las provincias, sino entidades con origen constitucional y un ámbito de poder propio. Este fallo es la piedra angular del derecho municipal argentino.  

   

• “Intendente Municipal de La Rioja c/ La Rioja, Provincia de” (2014): La Corte le dio contenido práctico a la autonomía financiera de los municipios al ordenar a la provincia de La Rioja que sancionara una ley de coparticipación de impuestos para sus municipios. El fallo subraya que sin recursos propios y predecibles, la autonomía municipal es una mera declaración vacía.  

   

 

3. Derechos de la Seguridad Social

 

• “Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS” (2005): La Corte determinó que el derecho a la movilidad de las jubilaciones (art. 14 bis de la Constitución) no había sido suspendido por la Ley de Convertibilidad. Ordenó actualizar los haberes de los jubilados que se habían visto congelados, sentando un precedente fundamental para la defensa de los ingresos del sector pasivo.  

   

• “Badaro, Adolfo c/ ANSeS” (Fallo I de 2006 y Fallo II de 2007): Ante la omisión del Congreso de fijar un índice de movilidad jubilatoria tras la crisis de 2001, la Corte primero exhortó al Poder Legislativo a sancionar una ley (Badaro I). Al persistir la omisión, en un segundo fallo (Badaro II), el Tribunal fijó directamente el índice de actualización que debía aplicarse (el índice de salarios del INDEC), para garantizar la efectividad del derecho constitucional y evitar que se licuaran los haberes.  

   

• “Blanco, Lucio c/ ANSeS” (2018): La Corte declaró inconstitucional una resolución de la ANSeS que establecía el índice de actualización para calcular el haber inicial de las jubilaciones (el RIPTE), por considerarlo perjudicial para el jubilado. Ordenó aplicar un índice más favorable (el ISBIC) para garantizar la debida proporcionalidad entre el salario del trabajador activo y su primer haber previsional.  

   

 

4. Derechos Ambientales y Recursos Naturales

 

• “Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros” (Causa Riachuelo, 2008): En este litigio estructural, la Corte asumió un rol activo para remediar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ordenó a los tres gobiernos implicados (Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA) a presentar un plan de saneamiento, creó una autoridad de cuenca (ACUMAR) y supervisó durante años el cumplimiento de la sentencia, demostrando cómo el Poder Judicial puede forzar la cooperación interjurisdiccional para proteger el derecho a un ambiente sano.  

   

• “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de” (Río Atuel, 2017 y 2020): La Corte intervino en el histórico conflicto interprovincial por el uso de las aguas del Río Atuel. Rechazó la defensa de Mendoza y ordenó a ambas provincias, junto con la Nación, a negociar y fijar un caudal hídrico mínimo para recomponer el ecosistema en La Pampa. Aplicó los principios de “federalismo de concertación” y de “buena fe federal”, estableciendo que los recursos hídricos interjurisdiccionales son un bien compartido que debe gestionarse de forma cooperativa.  

   

• “Barrick Gold c/ Estado Nacional” (Ley de Glaciares, 2019): La Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares. Rechazó el planteo de la empresa minera y de la provincia de San Juan, que argumentaban que la Nación invadía sus competencias sobre los recursos naturales. El fallo consolidó la facultad del Congreso Nacional de establecer un “piso” de protección ambiental uniforme para todo el país, que las provincias deben respetar y pueden incluso mejorar.  

   

 

5. Derechos de Usuarios y Consumidores y Acceso a la Justicia

 

• “Halabi, Ernesto c/ P.E.N.” (2009): Fallo fundacional que, ante la falta de una ley, creó pretorianamente la figura de la “acción de clase” para la defensa de “derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”. Esto permite que un solo individuo o una asociación represente a un colectivo de personas afectadas por un mismo hecho (ej. usuarios de un servicio, consumidores), garantizando el acceso a la justicia en casos donde la demanda individual sería inviable. Protegió el derecho a la privacidad de todos los usuarios de telefonía e internet.  

   

• “PADEC c/ Swiss Medical S.A.” (2013): La Corte aplicó la doctrina “Halabi” y confirmó la legitimación de las asociaciones de consumidores para iniciar acciones colectivas en defensa de los usuarios contra cláusulas contractuales abusivas, como los aumentos de cuotas de medicina prepaga no autorizados. Este fallo fortaleció enormemente el rol de estas asociaciones como guardianas de los derechos de los consumidores.  

   

• “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica” (2014): En línea con “Halabi” y “PADEC”, la Corte reconoció la legitimación de una asociación de consumidores para cuestionar judicialmente el cobro de ciertos cargos por parte de una empresa de telefonía en nombre de todos los usuarios afectados, consolidando la vía del proceso colectivo para los reclamos en materia de servicios públicos.  

   

 

6. Salud y Grupos Vulnerables

 

• “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud” (2003): La Corte hizo lugar al amparo de una asociación y declaró la nulidad de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que limitaba la cobertura de medicamentos para esa enfermedad. El fallo reconoció la legitimación de las asociaciones para defender el derecho a la salud de un colectivo y afirmó que este derecho no puede ser restringido por normas administrativas irrazonables.  

   

• “Reynoso, Nilda c/ I.N.S.S.J.P. (PAMI)” (2006): La Corte reafirmó que el derecho a la salud está íntimamente ligado al derecho a la vida, especialmente en casos de enfermedades graves o discapacidad. Sostuvo que las obras sociales (incluyendo entidades federales como el PAMI) tienen la obligación de proveer las prestaciones necesarias, y que el Estado tiene un deber impostergable de garantizar este derecho con acciones positivas.  

   

• “Provincia de Buenos Aires c/ Estado Nacional” (2020): Un fallo del Juzgado Federal de La Plata, luego confirmado, ordenó al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires a coordinar acciones para garantizar la vacunación contra el sarampión. Aunque no es de la Corte, es un ejemplo de cómo la justicia interviene para forzar la cooperación entre jurisdicciones en materia de salud pública para proteger a la población.
• “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (2012): En un caso sobre aborto no punible, la Corte exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a dictar protocolos hospitalarios para remover las barreras de acceso a los servicios de salud en los casos permitidos por la ley. Este fallo impulsa la estandarización de políticas sanitarias en todo el país para garantizar derechos de manera uniforme.

 

Conclusión: El Viaje Continúa

 

(Sonido de la ciudad: bocinas, sirenas lejanas, el murmullo de la multitud. Javier ha llegado a su destino en Buenos Aires. Estaciona el auto, lo apaga. El silencio repentino en el habitáculo es denso. Afuera, la metrópoli ruge.)

Javier baja del auto. Todavía tiene que enfrentar su batalla con la administración fiscal, una lucha que será difícil. Pero ya no es el mismo hombre que salió de Salta. Partió buscando una solución para su negocio y encontró algo mucho más profundo: una comprensión de la arquitectura de su país y de su propio lugar en ella como ciudadano.

Descubrió que el federalismo no es una reliquia histórica, sino una tensión viva que define desde el precio de sus productos hasta la educación de sus hijos y el futuro del aire que respira. Entendió que no es una simple lucha entre “el interior” y “el puerto”, sino un complejo sistema de pesos y contrapesos donde la Constitución Nacional puede ser tanto un límite al poder central como un escudo contra el poder local. Y, lo más importante, aprendió que no es un espectador pasivo. Tiene derechos y herramientas para defenderlos.

El federalismo argentino es una promesa a medio cumplir, un pacto lleno de cicatrices y contradicciones. Construir una república más justa, equilibrada y verdaderamente federal no es tarea de un gobierno o de una Corte. Es un viaje colectivo, una ruta que cada ciudadano argentino transita todos los días, esté al volante en una ruta solitaria o simplemente viviendo su vida en cualquier rincón del país. El viaje de Javier ha llegado a un destino, pero el de la Argentina continúa.

 

elaborado con Gemini Pro