La secuencia comenzó a las 07:00 AM del 31 de diciembre de 2010 en la base logística de la empresa de Internet ubicada en el barrio porteño de Almagro. Víctor T., quien se desempeñaba como técnico instalador, se presentó a tomar servicio.
Para esa jornada, se le asignó como compañero de ruta y conductor del vehículo oficial a Camilo C. Ambos se movilizaron en una camioneta utilitaria propiedad de la empresa, destinada al transporte de herramientas y personal técnico.
El supervisor de la base entregó a la dupla una hoja de ruta oficial que contenía el listado de domicilios donde debían realizar tareas de mantenimiento y desconexión. El área de trabajo asignada estaba estrictamente delimitada a los barrios de Zona Norte (Barrio A y Barrio B). Según las normas internas, los técnicos no debían apartarse de ese radio sin autorización previa.
Interrupción de tareas y coordinación entre móviles
Durante la mañana, mientras se encontraban en su horario laboral, se produjo una comunicación por radio entre Camilo C. (el chofer de Víctor T.) y otro empleado de la firma, Marcos G., quien conducía una segunda unidad de la empresa junto a un tercer técnico, Felipe P.
Ambos vehículos coordinaron un encuentro en un punto intermedio de la ciudad, fuera de sus respectivas áreas de trabajo. En ese lugar, las dos camionetas se reunieron, interrumpiendo efectivamente la ejecución de las tareas asignadas para esa mañana.
Tras el encuentro, los conductores de ambos móviles decidieron, por cuenta propia, abandonar sus zonas de trabajo y trasladarse hacia el extremo sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino fue el “Barrio Periférico Z”, una zona de alta peligrosidad.
Este trayecto representó un desvío de aproximadamente 10 kilómetros respecto de la zona donde Víctor T. debía estar prestando servicios. El motivo del desplazamiento, según se acreditó posteriormente por testimonios en la causa penal, fue la intención de los conductores de adquirir sustancias estupefacientes para consumo personal.
Durante el trayecto de desvío, Víctor T. permaneció en el asiento del acompañante del vehículo conducido por Camilo C. Según las declaraciones recogidas, Víctor T. no participó de la decisión del desvío, pero manifestó a sus colegas que “era preferible que los acompañara porque ellos no estaban en condiciones de manejarse solos”, dada la alteración que presentaban los conductores. En términos fácticos, Víctor T. se mantuvo dentro del vehículo de la empresa durante todo el recorrido no autorizado.
Arribo al destino y ataque de terceros
Alrededor de las 11:00 AM, las dos camionetas de “Sistemas de Conectividad S.A.” se detuvieron en una intersección de avenidas frente al ingreso del “Barrio Periférico Z”. Los conductores descendieron de las unidades para ingresar a pie al asentamiento.
En ese lapso, mientras Víctor T. se encontraba aguardando en las inmediaciones del vehículo, fue abordado por dos sujetos armados con aparentes fines de robo. Durante el asalto, uno de los atacantes efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la zona abdominal de Víctor T. Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente. Al escuchar la detonación, los compañeros de Víctor T. regresaron a la camioneta y lo encontraron herido de gravedad.
Fue subido al mismo vehículo de la empresa y trasladado de urgencia al hospital público más cercano de la zona sur. A pesar de la intervención de los médicos de guardia, las lesiones internas causadas por el proyectil fueron mortales. Víctor T. falleció ese mismo 31 de diciembre, pocas horas después del incidente.
2. La Sentencia de Primera Instancia: El rechazo por “Culpa de la Víctima”
Dictada en mayo de 2017 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 65, esta sentencia fue un revés total para la familia de la víctima. El juez rechazó la demanda en todas sus partes, imponiendo incluso las costas (gastos del juicio) a la viuda.
Los Argumentos Centrales:
El magistrado se centró en la ruptura del nexo causal. Para el juez, el fallecimiento no fue una consecuencia del trabajo, sino de una decisión personal y temeraria del grupo de trabajadores.
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Eximente por Culpa de la Víctima: El juez sostuvo que Víctor T. aceptó voluntariamente ingresar a una zona peligrosa. Al no haber constancia de que se hubiera opuesto al desvío, el magistrado consideró que consintió el riesgo.
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Abandono de la “Disposición” Patronal: La sentencia argumentó que, al desviarse 10 kilómetros de su ruta, los técnicos dejaron de estar bajo el control de la empresa.
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El robo como “Hecho de un Tercero”: Para el juez, el asesinato fue un acto delictivo ajeno a la empresa, por el cual el empleador no debía responder, ya que ocurrió fuera del ámbito de vigilancia esperado.
Cita Central del Fallo:
“El peligro de la zona aledaña al Barrio Periférico Z es de público y notorio conocimiento… se ha acreditado que [Víctor T.] aceptó acompañar a sus compañeros a comprar cocaína sin que su voluntad fuere viciada. De esta manera, el trabajador se expuso por sí a la presumible zona delictiva y peligrosa… fue el dependiente quien por su propia voluntad se apartó de la zona de trabajo en una distancia superior a los 10 km.”
2. Sentencia de Cámara: el “Pasajero Cautivo”
En diciembre de 2018, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia mucho más compleja. Si bien confirmó que la empresa no tenía “culpa civil”, utilizó una herramienta procesal para no dejar desamparada a la familia: el principio “Iura Novit Curia” (el juez conoce el derecho).
Los Argumentos sobre la Responsabilidad Civil (Derecho Común):
La Cámara coincidió parcialmente con el primer juez: no se podía condenar a la empresa a una reparación integral (civil).
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Argumentó que la seguridad pública es deber del Estado y no de un empleador privado.
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Sostuvo que una camioneta de trabajo no es, en sí misma, una “cosa riesgosa” que genere la obligación de prever un asesinato por robo.
El Giro hacia la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT):
Aquí es donde la Cámara innovó. Aunque la viuda no había pedido cobrar la indemnización tarifada de la ART (ella quería el juicio civil completo), los jueces decidieron aplicarla de oficio.
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La teoría del Acompañante: La Cámara destacó que Víctor T. no conducía. Al no tener el volante, no podía decidir volver a la zona de trabajo. Era un “pasajero” en un vehículo de la empresa.
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En Ocasión del Trabajo: Los jueces determinaron que, aunque estuvieran en un desvío ilegal, el hecho ocurrió porque Víctor T. estaba arriba de esa camioneta cumpliendo (o intentando cumplir) su jornada.
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Aplicación del Iura Novit Curia: La Cámara argumentó que, si bien la viuda se equivocó al pedir solo por el Código Civil, los jueces tienen el deber de aplicar la ley que corresponde a los hechos (en este caso, la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo).
Partes Centrales del Fallo:
“Si bien la camioneta se encontraba —en el momento del hecho delictivo— a 10 km de la zona asignada, lo cierto y concreto es que el causante se encontraba dentro del vehículo por el hecho y en ocasión del trabajo… tal desvío no fue imputable al Sr. [Víctor T.] quien, reitero, estaba subido al vehículo con motivo y ocasión del trabajo que cumplía.”
Sobre la aplicación de la ley no pedida:
“Los jueces tienen no solo la facultad sino también el deber de discurrir conflictos y dirimirlos con ajuste al derecho aplicable… encuadrándola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes.”
Comparativa de las posturas
El caso llega a la corte: Doctrina de la Arbitrariedad
La resolución de la Corte Suprema en este caso constituye una pieza fundamental para entender los límites del activismo judicial en el derecho laboral argentino. El fallo no solo anula una condena, sino que ratifica que el proceso judicial es un sistema de garantías donde las formas son el reaseguro de la libertad y la propiedad.
I. El Advenimiento de la Cuestión Federal: La “Sentencia Sorpresa”
El máximo tribunal comienza analizando la procedencia del recurso. Aunque habitualmente las cuestiones de hecho y derecho común son ajenas a la instancia extraordinaria, la Corte interviene cuando existe un “menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional”.
El vicio detectado es la arbitrariedad: la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) no dictó una derivación razonada del derecho, sino que sustituyó la voluntad de la demandante por su propio criterio, cayendo en un pronunciamiento extra petita (fuera de lo pedido).
II. La Inaplicabilidad del Principio Iura Novit Curia
El argumento central de la Cámara para condenar a la ART había sido el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), alegando que el magistrado debe aplicar la ley que corresponde a los hechos más allá de lo que digan las partes. La Corte descalifica este razonamiento de forma tajante:
“El principio iura curia novit no habilita a apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados.”
El argumento técnico de la Corte:
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La demandante (viuda de Víctor T.) fue explícita desde el inicio (instancia de conciliación SECLO) en que su reclamo era de “indemnización integral” basada en el Código Civil.
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Incluso, planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).
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La contradicción lógica: La Cámara terminó condenando a la aseguradora basándose en una ley que la propia víctima calificó de inconstitucional y cuyos beneficios nunca reclamó.
La Corte sostiene que el juez puede elegir la norma, pero no puede cambiar el objeto del proceso. Al pasar de una “reparación plena” (civil) a una “reparación tarifada” (ART), la Cámara alteró la esencia de lo que se estaba juzgando.
III. La Vulneración del Derecho de Defensa (Art. 18 C.N.)
Uno de los puntos más extensos del fallo refiere a la situación de indefensión en la que se colocó a la Aseguradora X. Para la Corte, la aseguradora se defendió durante años de una acusación de “omisión de prevención” (responsabilidad civil). Al ser condenada “de sorpresa” por la ley especial, se le privó de:
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Discutir el grado de incapacidad bajo los baremos de la LRT.
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Cuestionar el cálculo de la prestación dineraria.
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Producir prueba específica sobre los topes y fórmulas del sistema sistémico.
“La sala, lejos de subsumir los hechos en el adecuado ámbito normativo, sustituyó, sin más, el objeto procesal pretendido en el juicio por otro que no había sido reclamado.”
IV. El Voto del Dr. Lorenzetti: La Seguridad Jurídica y la Previsibilidad
El voto del Ministro Lorenzetti profundiza en la filosofía del derecho detrás de la decisión. Argumenta que las sentencias deben ser “razonablemente fundadas” (en línea con el Art. 3 del Código Civil y Comercial).
Los pilares de su fundamentación:
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Control Democrático: La sociedad y las partes tienen derecho a conocer los argumentos de un juez para poder controlarlos. Una sentencia basada en la “voluntad libre” del juzgador es incompatible con el Estado de Derecho.
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Previsibilidad: “Nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles.”
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El Juez no es el Legislador: Lorenzetti aclara que a los jueces no les corresponde examinar la “conveniencia o eficacia” de las leyes, sino aplicarlas. Si no están de acuerdo con la ley, el camino es la declaración de inconstitucionalidad, no el apartamiento arbitrario de la norma o de los términos de la litis.
V. La Autocontradicción del Fallo de Cámara
La Corte también resalta una falla lógica en la sentencia de la Sala II.
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Para rechazar la acción civil, la Cámara dijo que el hecho fue cometido por un tercero ajeno y fuera del área de control de la empresa.
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Sin embargo, para condenar por la ART, dijo que el hecho ocurrió “en ocasión del trabajo”. Para el máximo tribunal, esta oscilación argumentativa demuestra que el fallo de Cámara buscó un resultado “deseado” (que la viuda cobre algo) por encima de una construcción legal coherente.
Cuadro Resuntivo: La Doctrina del Fallo CSJN
Epílogo Legal: El fracaso de la estrategia del “Todo o Nada”
En términos de praxis jurídica, la Corte Suprema confirma que el error de la representación letrada de Víctor T. fue fatal. Al no introducir una pretensión subsidiaria (un “Plan B” que pidiera la LRT si fallaba la vía civil), la abogada dejó el flanco abierto para que cualquier “ayuda” del tribunal fuera tachada de inconstitucional.
Resolución Final: Se hace lugar a la queja, se anula la sentencia de Cámara y se ordena dictar un nuevo pronunciamiento que respete los términos originales de la demanda (la cual, según el historial de la causa, ya había sido rechazada por falta de responsabilidad del empleador). En la práctica, esto deja a la parte actora en una situación de extrema vulnerabilidad procesal tras casi dos décadas de litigio.