Ezequiel trabajó como guardavidas y profesor de natación desde 2007 en un centro deportivo sindical. Para la empresa, él era un prestador de servicios autónomo: emitía facturas de monotributo, las llevaba a la administración y ahí le pagaban. Pero el derecho laboral argentino tiene un principio sagrado: la primacía de la realidad.
El “cuento” de la autonomía
La empresa, cadena de gimnasios, apeló la sentencia de primera instancia diciendo que no había relación de dependencia porque el trabajador no recibía órdenes directas y no tenía exclusividad. Sin embargo, el arco dramático se dio vuelta cuando aparecieron los testigos.
Los compañeros de Ezequiel contaron la verdad del día a día:
-Control estricto: Firmaba planillas de ingreso y egreso, y hasta usaba lector de huellas digitales.
-Directivas claras: Una coordinadora de natación (que dependía de Megatlon) era quien le decía qué clases dar, en qué horario y qué actividades realizar.
-Integración: Ezequiel no era un “empresario” que prestaba un servicio; era una pieza más del engranaje del gimnasio.
La decisión de la Cámara laboral
Las juezas de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no dudaron. Aplicaron la presunción del artículo 23 de la LCT: si hay prestación de servicios, se presume contrato de trabajo, salvo que la empresa pruebe lo contrario (y no lo hizo).
Confirmaron que:
Había dependencia técnica y jurídica.
La falta de exclusividad no quita que sea empleado.
La empresa debe pagar todas las indemnizaciones, incluyendo las multas por falta de registro (empleo en negro).
El sindicato y la cadena de gimnasios son solidariamente responsables.