La postura de la AFIP sobre los impuestos a las criptomonedas

El organismo fiscal entendió que los Bitcoin, Ethereum y otros crypto activos deben tributar impuesto a los bienes personales. #CryptoEnZapatillas

En forma reciente la autoridad fiscal de la República Argentina emitió una opinión sobre cómo deben tributar las crypto monedas o criptomonedas. La postura básicamente puede sintetizarse de la forma siguiente: «Poniendo estaba la gansa».

En el dictamen la AFIP, autoridad tributaria, dice que la intención del legislador se encuentra orientada a establecer como presupuesto generador de la obligación tributaria a los criptoactivos atento a ser hechos reveladores de capacidad contributiva.

En tal sentido se ha señalado: “la Argentina busca recaudar impuestos sobre la economía digital, en especial en estos criptoactivos que están impactando en el sistema financiero global y presentándose como posibles alternativas de inversión y dinero en el futuro», agregan.

«En el contexto descripto, las criptomonedas pueden tipificarse como títulos valores, toda vez que participan de las características principales que poseen estos últimos, es decir, son valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta –la blockchain-; resultan bienes homogéneos y fungibles en los términos del artículo 232 del Código Civil y Comercial; su emisión o agrupación es efectuada en serie –conformada ésta por cada bloque que integra la cadena- y; pueden ser susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros», explicitan.

«En virtud de las consideraciones expuestas cabe concluir que las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales de conformidad con lo prescripto en el citado artículo 19, inciso j) y artículo 22 inciso h) de la ley del gravamen, procediéndose a rectificar el criterio vertido en el marco de la Actuación N° …/.. (DI ALIR)», concluye la opinión del fisco.

Este criterio no es vinculante para los jueces pero sí constituye un importante precedente y una postura que adelante el Estado argentino sobre la tributación de las criptomonedas y otros crypto activos para el Impuesto a los Bienes Personales, al patrimonio.

 

La opinión de los expertos de Errepar

Para leer más del tema:

En Errepar, el contador Marcos Zócaro se pregunta: «…en el dictamen se indica que “puede advertirse que la expresión ‘valor negociable’ abarca a todos aquellos activos que, siendo la representación de un valor o derecho de crédito homogéneo y fungible, se encuentre incluido en un registro de anotaciones que permita su negociación y tráfico generalizado, entre los que se encuentran los criptoactivos”. ¿Es bitcoin, por ejemplo, la representación de un valor o derecho de crédito? ¿Existe, por ejemplo, un emisor que reconoce un derecho a la contraparte? Al menos en el caso de bitcoin, no.» Para seguir leyendo:

Criptomonedas: dictamen (AFIP) 2/2022 y su tratamiendo en bienes personales

 

 

Dictamen N° 2/2022 AFIP- IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. Criptomonedas. Naturaleza jurídica. Gravabilidad. Su tratamiento.

 

DI ALIR 16 de Junio de 2022

Se puede caracterizar a las criptomonedas como una nueva clase de activo financiero, no tradicional y basado en la tecnología blockchain el cual versa, en definitiva, acerca de una anotación electrónica que incorpora el derecho a una cantidad de dinero determinada, que puede tipificarse como títulos valores, toda vez que participan de las características principales que poseen estos últimos, es decir, son valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta –la blockchain-; resultan bienes homogéneos y fungibles en los términos del artículo 232 del Código Civil y Comercial; su emisión o agrupación es efectuada en serie –conformada ésta por cada bloque que integra la cadena- y; pueden ser susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros.

Las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales de conformidad con lo prescripto en el citado artículo 19, inciso j) y artículo 22 inciso h) de la ley del gravamen.

 

I- Vienen las presentes actuaciones de la Subdirección …, a instancias de su par de …, a fin de que este servicio asesor emita opinión en el marco de la Instrucción General N° …/… (AFIP), con relación a la consulta formulada por la Dirección de … vinculada a la naturaleza jurídica que cabe conceder a las «criptomonedas» y su consecuente tratamiento en el marco del impuesto sobre los bienes personales.

II. Al respecto el área consultante pone de manifiesto que la experiencia obtenida en base a los relevamientos efectuados y al estudio comparado de otras legislaciones del mundo les permite sostener que las criptomonedas deben ser caracterizadas como activos financieros.

A los fines de abonar sus dichos señalan que “El mercado de las criptomonedas denota una marcada volatilidad y descentralización, características propias de activos financieros que se intercambian con un marcado objetivo especulativo de obtener rentas en un periodo de tiempo acortado, conociéndose usualmente como una ‘inversión arriesgada’. De tal forma, su utilización como medio de intercambio –faz monetaria- queda relegada a un segundo plano con una baja adopción en el circuito económico formal;

“Tanto los activos financieros tradicionales como las criptomonedas actualmente poseen una naturaleza eminentemente digital»;

“Los bienes inmateriales listados en el inc. m) del art. 19 no resultan asimilables, ni muchos menos equiparables, con las criptomonedas».

“Ante el supuesto de la mera identificación de las criptomonedas como bienes inmateriales no resultaría suficiente para encuadrarlas en la exención prevista en el artículo 21 inc. d) de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales dado que nos encontramos frente a un activo financiero…;

“Asimismo las últimas regulaciones a nivel mundial denotan, por un lado, la dificultad para los legisladores para definir taxativamente a las criptomonedas y los criptoactivos, y por otro, que dicho obstáculo suele superarse con la equiparación en el tratamiento fiscal de las criptomonedas (criptoactivos) con los activos financieros tradicionales;

“A través de la reforma integral prevista por la Ley N° 27.430, el legislador optó indudablemente por otorgar a las monedas digitales (criptomonedas) una naturaleza típicamente financiera, tal como se observa de la lectura del apartado 4 del artículo 2° -hecho imponible-, del artículo 7° -fuente-, del artículo 48 –renta 2° cat.- y del título IV -impuesto cedular- del Impuesto a las Ganancias;»

“La consideración de las criptomonedas como un activo financiero en todo el orden fiscal federal implicaría una interpretación armoniosa del tratamiento que debe dispensar el contribuyente a los resultados y la tenencia de criptomonedas que posea en su portafolio, redundando ello en una mayor seguridad jurídica”.

Luego, puntualiza que “…los mecanismos de tributación previstos para los resultados obtenidos por la enajenación de criptomonedas son similares o idénticos al tratamiento fiscal que se utiliza para los títulos valores, toda vez que desde una perspectiva fiscal, las rentas – financieras- que se pretenden gravar en base al universo de contribuyentes (quienes efectúan actividades de inversión en forma asidua) que las utiliza es prácticamente el mismo.»

“…Asimismo, la clara inclusión de las monedas digitales como activos financieros en el Impuesto a la Ganancias (apartado 4, art. 2 LIG), denota que el espíritu del legislador fue el de caracterizar a dichos bienes con tal naturaleza, extremo que podría conjugarse con la aplicación supletoria que prevé el art. 31 del Decreto Reglamentario de la LISBP respecto a la aplicación supletoria del Impuesto a las Ganancias”.

En virtud de lo expuesto, y considerando que la cuestión planteada difiere del análisis realizado por este servicio asesor en el marco de la Actuación N° …/… (DI ALIR), y considerando la duda interpretativa que podría originar la aplicación del criterio plasmado en dicho antecedente, solicita la revisión de las consideraciones vertidas en la misma –cfr. IF-….

III- La Dirección de … emitió su opinión en el marco del IF-…, Actuación N° …/… (DI …), coincidiendo en cuanto a que la consulta encuadra en los términos de la Instrucción General N° …/… (AFIP), dado que se solicita la revisión del criterio sostenido en la Actuación N° …/… (DI ALIR).

A modo de colaboración, puntualiza que “…el subrubro criptomoneda resultaría ser un ‘activo virtual de carácter especulativo’ alcanzado por el Impuesto sobre los Bienes Personales (t.o. en 1997 y sus modificaciones)…”.

Finalmente, agrega que “…la Dirección de … al momento de confeccionar el aplicativo correspondiente a la determinación del tributo en cuestión, aplicable para el período fiscal 2021, incorporó el subrubro ‘criptomonedas’ dentro del rubro ‘Otros Bienes’ –previsto en el Art. 22, inc. f) de la ley del gravamen-”.

Por su parte, la Subdirección General de … remite los presentes actuados a esta Dirección.

IV.- En dicho marco, el Departamento de Asesoría Legal “A” de esta Dirección, por las razones que expone, a las que cabe remitir en merito a la brevedad, entiende que se encuentran dadas las condiciones desde la faz jurídica que hacen viable la interpretación y definición por parte de la Superioridad de un nuevo criterio en torno a la temática en trato; girando, por consiguiente, las actuaciones a esta Dirección –cfr. IF …-.

V.- En orden a la intervención requerida esta Dirección procederá al análisis de la cuestión planteada.

1. En primer término, cabe recordar que este servicio jurídico emitió opinión acerca de la temática en trato, en el marco del informe elaborado bajo la Actuación N° …/.. (DI ALIR), concluyendo, en función de lo sostenido por cierta doctrina y de la normativa vigente, que las criptomonedas revisten la calidad de bienes inmateriales, encuadradas en los términos del artículo 19, inciso m), de la ley del tributo. Asimismo, en lo relativo a las criptomonedas, se entendió pertinente su encuadre en la exención prevista en el inciso d) del artículo 21 de la referida ley.

2.- Aclarado ello, se advierte que en los últimos años ha operado un cambio de criterio en lo que hace a la fiscalidad internacional de los criptoactivos. En efecto, a principios del año 2020 se planteó la primera revisión integral del Common Reporting Standar (CRS). Uno de los objetivos era adaptar el CRS al crecimiento de los mercados financieros debido al desarrollo significativo de nuevos productos financieros, como monedas digitales y criptoactivos. Este desarrollo ocurrió a nivel global y nuestro país no escapa a este fenómeno. Asimismo, el

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) amplió los requisitos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML / KYC) al mercado de activos virtuales. Por estos motivos, la OCDE comenzó a desarrollar un nuevo marco de transparencia para el intercambio automático de información de Criptoactivos llamado CRYPTO ASSET REPORTING FRANWORKS AND AMENDMENTS (CARF) que prevé reunir e intercambiar información entre administraciones tributarias respecto de las personas que participan en las transacciones de criptoactivos. Asimismo, es importante aclarar que en los primeros documentos trabajados en el seno del Grupo de Trabajo 10 de la OCDE (WP10) se hacía referencia al concepto de moneda virtual (criptomonedas), dado que la discusión se centraba en la definición y alcance del mismo, y su gravabilidad en los distintos impuestos. De este modo, en el año 2021 se actualiza la definición de activos virtuales.

En dicho contexto, los nuevos cambios operados a nivel mundial, que generan repercusión en el ámbito nacional, conlleva a que esta Dirección de Asesoría Legal proceda a la revisión de las consideraciones vertidas en el marco de la Actuación …/19 (DI ALIR), sobre la base de un nuevo análisis vinculado a la naturaleza jurídica que cabe conceder a los conceptos bajo tratamiento.

Así pues, vale precisar que la definición de criptoactivos establecida en las normas del CARF, y que fuera definida en el marco del WP10, está delineada en consonancia con las recomendaciones del GAFI, quien actualizó, en octubre 2021, la Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. En ella se define a los activos virtuales (virtual assets- Vas) como las representaciones digitales de valor que puedan negociarse o transferirse en forma digital y/o puedan utilizarse para fines de pago o inversión, incluidas las representaciones digitales de valor que funcionan como un medio de intercambio, una unidad de cuenta y/o reserva de valor. No poseen curso legal, ni se emiten, o se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Y se señala que en este sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción.

Por su parte, la definición de criptoactivos en el marco del CARF se centra en el uso de la tecnología blockchain. Apunta principalmente a aquellos activos que se pueden mantener y transferir de manera descentralizada, sin la intervención de intermediarios financieros tradicionales, incluidas las monedas estables, los derivados emitidos en forma de criptoactivos y ciertos tokens no fungibles (NFT). Se resalta que desde que se comenzó a tratar este nuevo marco de intercambio siempre se ha utilizado el término “criptoactivo” en consonancia con la definición del GAFI, y se ha mejorado la redacción a efectos de clarificar ciertos aspectos que necesitaban mayores especificaciones.

3.- En este orden de ideas, es dable señalar, que recientemente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL envió al CONGRESO DE LA NACION un proyecto de reforma de la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual, puntualmente en su artículo 4°, prevé que “A los fines de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias se establecen las siguientes definiciones: Activos virtuales: Representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones (moneda fiduciaria)….”.

Tal como puede observarse, nuestro país adopta la definición del estándar internacional del GAFI, receptando el término “activos virtuales” dentro del cual se enmarca, entre otros, a los criptoactivos.

4. Es dable puntualizar, que oportunamente nuestro país, estableció en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, la gravabilidad de los “…4) los resultados derivados de la enajenación de… monedas digitales… cualquiera sea el sujeto que las obtenga” (artículo 2°). Asimismo, en su artículo 7° se prevé que: “Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, las ganancias provenientes de… monedas digitales,… se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina.”

Por otra parte, en lo que hace al Impuesto sobre los Créditos y Débitos y otras operatorias bancarias, el Decreto N° 796/21 (BO 17/11/2021), estableció una incorporación al anteúltimo párrafo del artículo 10 del Anexo del Decreto N.o 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones, el siguiente: “Las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

Como puede inferirse de la lectura de las normas reseñadas la intención del legislador se encuentra orientada a establecer como presupuesto generador de la obligación tributaria a los criptoactivos atento a ser hechos reveladores de capacidad contributiva. En tal sentido se ha señalado: “la Argentina busca recaudar impuestos sobre la economía digital, en especial en estos criptoactivos que están impactando en el sistema financiero global y presentándose como posibles alternativas de inversión y dinero en el futuro” (María de los Angeles Jauregui en “Breve análisis del tratamiento tributario nacional e internacional de los Cripto Activos” publicado en “El mundo de la criptomonedas en la visión de nuestros profesionales”. Revista Digital del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA Ed. 67, abril 2022.

Lo expuesto, lleva a concluir que los criptoactivos no comparten la naturaleza de los bienes inmateriales mencionados en el artículo 19 m) de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales. La enumeración de la norma responde a distintas expresiones de la propiedad intelectual y del beneficio que su desarrollo tiene para el progreso de la sociedad, por ello la ley y el decreto reglamentario en su artículo 11 los exime del gravamen. Vale destacar que no se exime a la generalidad de bienes inmateriales sino a aquellos que resaltan una relación especial entre autor y obra, que el legislador decidió positivamente eximir. El inciso en cuestión enumera a los “derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año.”

A la luz de los cambios en la fiscalidad internacional detallados y la nueva definición adoptada por nuestro país, se advierte que estas características no son asimilables a la que existe entre las criptomonedas y su titular, e incluso entre ellas y su emisor original. Asimismo, el comportamiento de este tipo de activos o el uso que le dan sus titulares no es identificable con el de los bienes inmateriales, tal como se sostuviera en el marco de la Actuación N° …/… (DI ALIR), cuya revisión solicita el área de origen.

5. A esta altura de la exposición y en cuanto a la imposición de naturaleza patrimonial, cabe recordar que la capacidad contributiva supone «…una referencia a la potencia económica global…» y que «…para que la contribución de los sujetos a los gastos públicos se mida en relación con su riqueza global, es necesario que estos graven todos los hechos indicativos de tal riqueza y sólo estos», lo cual como es obvio incluye a la riqueza poseída. Así pues, «La posesión de bienes es una importante manifestación de capacidad contributiva de las personas… Habitualmente se clasifican como impuestos patrimoniales a los que toman como base imponible los bienes de los sujetos…» (FÉRNANDEZ, Luis Omar. «Impuesto sobre los Bienes Personales». Editorial la Ley. Buenos Aires. 2004) .En otras palabras, y conforme con las consideraciones vertidas, se puede afirmar que la imposición de naturaleza patrimonial recae sobre los activos que posee el contribuyente al cierre del período fiscal, lo cual constituye una evidente manifestación de riqueza.

En dicho entendimiento, mediante la Ley N° 23.966 se estableció el denominado impuesto sobre los bienes personales el cual alcanza con sus términos a los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior. Como puede observarse, la denominación otorgada a la gabela «…constituye el núcleo, o parte material, del hecho imponible del tributo. Es esta expresión utilizada por el legislador, la que servirá para determinar la incidencia, o sea el ‘molde’ dentro del cual se intentarán introducir los hechos económicos de la vida real para que cuando coincidan -puedan ser subsumidos- se pueda predicar de ellos las características de ‘imponibles o sea generadores de la obligación tributaria ex lege…» -Op. Cit. Pág. 59-.

Por su parte, el Código Civil y Comercial autoriza en el artículo 1820 la libertad de creación de títulos valores en el ámbito de la oferta pública, disponiendo que cualquier persona pueda crear y emitir títulos valores en los tipos y condiciones que elija, siempre que se destinen a la oferta pública. Ello permite incluir en el concepto de «título valor» a cualquier instrumento que posea un derecho incorporado, como requiere el artículo 1815, esto es así porque no existe un numerus clausus o diseños específicos para que un determinado papel constituya un título valor.

Así se ha señalado que en el caso de los criptoactivos, “se trataría en definitiva de una anotación electrónica que incorpora el derecho a una cantidad de dinero; dado que no tiene el respaldo de ningún banco central, estaríamos ante un título valor impropio. Sin embargo, los titulares de bitcoin no incorporan derecho alguno y sólo podrán cambiar la criptomoneda a una de curso legal si alguien acepta su oferta y le compra el bitcoin por dinero. No existe en nuestro derecho un reconocimiento legal de que los bitcoins incorporen un derecho, a diferencia de los instrumentos cambiarios y las anotaciones en cuenta. Si bien esta concepción podría cambiar en el futuro si se regula, actualmente el bitcoin no tiene el respaldo de ningún banco central y su titular no tiene el derecho a una cantidad de dinero, por lo que constituiría un título valor impropio, como las tarjetas de crédito” -Cfr. CHAMORRO DOMINGUEZ Ma. de la Concepción. «ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS CRIPTOMONEDAS. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, marzo, 2019).”.

Por su parte, es dable señalar que el artículo 2o de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, -conforme con la redacción introducida por su par N° 27.440- define a los «valores negociables» como: “Títulos valores emitidos tanto en forma cartular, así como a todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las acciones, las

cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros…”. De un modo similar al Código Civil y Comercial, el artículo 3o de esta ley consagra el principio de creación de valores negociables, al establecer que cualquier persona jurídica puede crear y emitir valores negociables en las condiciones que elija.

De este modo, puede advertirse que la expresión “valor negociable” abarca a todos aquellos activos que, siendo la representación de un valor o derecho de crédito homogéneo y fungible, se encuentre incluido en un registro de anotaciones que permita su negociación y tráfico generalizado; entre los que se encuentran los criptoactivos.

A mayor abundamiento es dable señalar que dicho temperamento fue incorporado en la legislación comparada de diversas jurisdicciones, como es la Directiva (UE) No 2015/849 – relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo- en cuyo apartado 18 define a la moneda virtual como una “…representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos”.

En orden a las consideraciones que anteceden, se puede caracterizar a las criptomonedas como una nueva clase de activo financiero, no tradicional y basado en la tecnología blockchain el cual versa, en definitiva, acerca de una anotación electrónica que incorpora el derecho a una cantidad de dinero determinada. Cabe añadir que tal definición importa la utilización de un código binario que vincula las transacciones que tienen lugar entre los usuarios, y que se conserva en una base de datos que funciona como registro de todas las transacciones producidas así como de las cuentas de los usuarios que han participado en esas transacciones.

En el contexto descripto, las criptomonedas pueden tipificarse como títulos valores, toda vez que participan de las características principales que poseen estos últimos, es decir, son valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta –la blockchain-; resultan bienes homogéneos y fungibles en los términos del artículo 232 del Código Civil y Comercial; su emisión o agrupación es efectuada en serie –conformada ésta por cada bloque que integra la cadena- y; pueden ser susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros.

En tal sentido se ha precisado que “No puede soslayarse que se trata de un bien que conforma un patrimonio personal no incorporado al proceso económico, en algunos casos con cotización conocidas mundialmente y sobre el que no existe una exención o beneficio impositivo. Por lo tanto debe tributar en dicho sentido…debería otorgársele por interpretación económica un tratamiento … esto es, asimilarlo a un título representativo de capital y proceder a valuarlo conforme a la normativa vigente -cfr. Alejandro Aued y Mag Gabriel Bordignon «Criptoactivos, Blockchain y Sistemas Tributarios» en «Fiscalidad de las

criptomonedas y de la economía digital”.CIAT. Editado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. EDICON. CABA, 2020.

En virtud de las consideraciones expuestas cabe concluir que las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales de conformidad con lo prescripto en el citado artículo 19, inciso j) y artículo 22 inciso h) de la ley del gravamen, procediéndose a rectificar el criterio vertido en el marco de la Actuación N° …/.. (DI ALIR).

VI- Habiendo tomado intervención en el particular, corresponde pues elevar los obrados a la Subdirección General de … a los fines que, de compartir el criterio expuesto, gire los mismos a su par de …, en orden a la prosecución del curso de tramitación.

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