Por Nicolas D’Amico, Estudio TU CANNABIS LEGAL
Las recientes declaraciones respecto a la posible revocación de los permisos otorgados a la fecha mediante el Programa REPROCANN generaron una fuerte controversia.
La afirmación de que se “dará todo de baja” para “empezar de cero” puso en alerta a pacientes, profesionales de la salud y organizaciones que trabajaron durante años a favor de la regulación del cannabis medicinal en Argentina.
Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, es importante analizar la viabilidad jurídica de una medida de este tipo y sus posibles implicancias en los derechos adquiridos de los pacientes.
Si bien el vocero presidencial se expidió sobre la continuidad del programa, resta saber si se respetarán los permisos vigentes o sufrirán un proceso de revisión.
El Reprocann y su respaldo legal
El acceso al cannabis con fines medicinales en Argentina se encuentra regulado por la Ley 27.350 y su normativa complementaria. El REPROCANN, en particular, es una herramienta clave para garantizar que los pacientes puedan acceder a un tratamiento seguro, con el aval de profesionales de la salud y dentro de un marco de legalidad.
Desde su implementación, ha brindado tranquilidad a miles de familias que han encontrado en el cannabis una alternativa terapéutica efectiva.
Derogar de manera unilateral las licencias otorgadas por el Ministerio podría implicar una vulneración a derechos adquiridos, especialmente en lo que respecta al derecho a la salud, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La seguridad jurídica y los derechos de los pacientes
El principio de seguridad jurídica impide que los derechos reconocidos por el Estado sean revocados de manera arbitraria. En este sentido, cualquier modificación debería realizarse mediante un proceso legislativo adecuado y respetando las garantías constitucionales de los pacientes.
El riesgo de “volver a foja cero” no solo afectaría a quienes ya cuentan con permisos, sino que podría abrir la puerta a nuevos litigios contra el Estado. Éstos se sumarían a los cientos de amparos que tramitan a la fecha (tanto de particulares como de ONGs) que reclaman una respuesta ante las demoras injustificadas por parte del Ministerio en la expedición de permisos.
La posible revocación de estas autorizaciones sin una alternativa clara podría ser interpretada como una regresión en materia de salud pública y una vulneración del principio de progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Conclusión sobre los derechos constitucionales
Hasta que no se publique una medida oficial en el Boletín Oficial, los permisos otorgados siguen vigentes. Sin embargo, es fundamental que los pacientes y sus familias permanezcan atentos a posibles cambios normativos y exijan que cualquier modificación en el régimen legal del cannabis medicinal respete los derechos adquiridos y el acceso a la salud.
En un Estado de Derecho, las políticas públicas deben diseñarse en base a evidencia científica, diálogo con los actores involucrados y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Estudio Tu Cannabis Legal. Su Instagram: Tu Cannabis Legal