A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos dejará de procesar visas de inmigrantes para personas provenientes de 75 países, incluyendo Brasil, Rusia, Nigeria, Afganistán, Tailandia, Irán, Somalia y otros.
La medida se ampara en la llamada cláusula del “public charge”, una vieja norma migratoria que permite negar el ingreso a extranjeros que, a criterio del gobierno, podrían convertirse en “carga pública” del Estado norteamericano.
¿Qué es la “public charge” en derecho?
La figura de “carga pública” (public charge) se encuentra en el Immigration and Nationality Act (INA), ley migratoria federal estadounidense. Permite a los funcionarios consulares denegar visas a aquellas personas que podrían necesitar asistencia estatal para sobrevivir en Estados Unidos.
El criterio, históricamente discrecional, fue ampliado por la administración Trump en 2019 para incluir beneficios como salud pública, ayuda alimentaria o subsidios de vivienda. Biden había limitado esta visión en 2022, pero ahora se reactiva con fuerza bajo una nueva política que pone el foco en evitar el ingreso de personas que puedan depender del Estado.
📜 Lo que dice la ley estadounidense
El INA, sección 212(a)(4), establece que un extranjero es inadmisible si, “a criterio del funcionario correspondiente”, probablemente se convierta en una carga pública. Los factores a considerar incluyen:
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Edad
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Estado de salud
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Situación económica
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Educación y habilidades
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Historial de uso de beneficios públicos
Esta interpretación fue objeto de múltiples litigios en los últimos años y ha tenido vaivenes jurídicos según la administración de turno.
El caso Quality Learning Center: el fraude que encendió las alarmas
Una de las causas citadas como detonante de esta política fue el escándalo en Minnesota, donde se investigó un presunto fraude masivo vinculado a programas sociales para menores. Muchos de los implicados eran de origen somalí, lo que generó un efecto estigmatizante que ahora parece extenderse a través de esta medida global.
El centro “Quality Learning Center” fue señalado por desviar fondos destinados a alimentación infantil, y aunque su gerente negó los hechos, las autoridades utilizaron el caso como símbolo de la necesidad de “endurecer” los controlesmigratorios.
⚠️ ¿Quiénes quedan afuera?
La lista es larga y diversa: desde países sudamericanos como Brasil y Uruguay, hasta estados insulares del Caribe como Antigua y Barbuda. Incluso naciones con relaciones estratégicas con EE.UU., como Egipto, Pakistán o Tailandia.
La medida se aplica a visas de inmigrante, es decir, a quienes buscan residencia permanente (green card). No afecta, al menos por ahora, las visas de turismo o trabajo temporal, aunque la revisión podría ampliarse.
Caso judicial: “Matter of Harutunian”
Un precedente emblemático de esta doctrina fue el caso Matter of Harutunian (1997), donde un juez migratorio estadounidense denegó la residencia a una mujer armenia por haber utilizado beneficios públicos de salud, a pesar de estar legalmente habilitada. El fallo sentó jurisprudencia para considerar el uso previo de ayuda estatal como un indicador clave de inadmisibilidad.