En el contexto del reciente caso en Enargas sobre minería de criptomonedas con recursos de la empresa, es crucial analizar el marco legal argentino que regula estas prácticas y sus implicancias en el ámbito laboral.
El art. 84 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) indica que el trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo, incluyendo el uso adecuado de los medios instrumentales provistos por el empleador.
La minería con recursos de la empresa viola este deber de diligencia, desviando herramientas de trabajo para fines personales.
Además, viola el deber de buena fe y lealtad del art. 63 LCT, perjudicando los intereses del empleador y poniendo en riesgo la relación laboral.
Esta actividad no solo compromete la seguridad informática de la empresa, sino que también puede infringir normativas vigentes sobre protección de datos y seguridad de la información, exponiendo tanto al empleado como a la empresa a riesgos legales.
El consumo excesivo de recursos y energía que implica la minería de criptomonedas va en contra del art. 62 LCT, que obliga a los empleados a cuidar y utilizar de manera responsable los bienes del empleador.
Además, estas prácticas pueden implicar la violación de políticas de confidencialidad y propiedad intelectual de la empresa, lo cual puede tener serias consecuencias legales y afectar la integridad de los activos intelectuales de la compañía.
El conflicto de intereses generado por la minería de criptomonedas en el lugar de trabajo es contrario al art. 88 LCT, y puede resultar en un deterioro de la confianza y la relación laboral.
Las consecuencias de estas acciones incluyen posibles medidas disciplinarias y legales, que pueden llegar hasta la terminación del contrato de trabajo por justa causa, dada la gravedad del incumplimiento de las obligaciones laborales.
En conclusión, este caso resalta la importancia de adherirse a una ética laboral sólida y el respeto a los recursos y políticas de la empresa, asegurando así la protección tanto de los intereses del empleado como de la organización.
O sea: no mines con la computadora del trabajo.
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