“Los incendios forestales tienen un impacto directo tanto sobre la biodiversidad, reduciendo y fragmentando los hábitats de numerosas especies que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia, como también sobre las poblaciones que habitan a su alrededor.
Asimismo, la crisis climática juega un rol significativo en la intensificación y propagación de los incendios en Argentina, ya que factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, generando condiciones de mayor inflamabilidad del paisaje. Estos eventos extremos no solo favorecen la ocurrencia y severidad de los incendios, sino que también reflejan las tendencias globales del cambio climático.
Sin una implementación efectiva del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con presencia constante en el territorio y un trabajo articulado con las comunidades locales, los incendios seguirán intensificándose año tras año.
Cuando un incendio afecta un bosque, la recuperación del ecosistema no es inmediata. En la Patagonia, dependiendo de la intensidad del incendio y la capacidad de regeneración del ecosistema afectado, la recuperación de la estructura forestal y sus funciones ecológicas podrían tardar décadas.
¿Cuáles son las causas de los incendios?
Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son provocados por la acción humana. Pocos son los incendios que se originan naturalmente, siendo que la gran mayoría son generados por la imprudencia y, especialmente, por la intencionalidad para el cambio de uso del suelo de las tierras afectadas por parte de determinados sectores como el agroindustrial, inmobiliario, minero, entre otros.
A esto se suma la insuficiente aplicación de las normativas ambientales, la falta de ordenamiento territorial y de control territorial efectivo. En este contexto, los incendios no pueden ser tratados como eventos aislados o únicamente reactivos. Es necesario un enfoque integral que abarque la prevención, la gestión del combustible vegetal, la mitigación de riesgos climáticos y una planificación territorial adaptativa. Sin estas acciones, los incendios serán cada vez más intensos, causando daños irreversibles a los ecosistemas, comunidades y la biodiversidad que sostienen.
Sin ejecución de los fondos disponibles para el manejo del fuego
Frente a esta situación de emergencia, urge que las autoridades gubernamentales destinen los recursos económicos suficientes para las acciones preventivas y combativas del fuego. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tiene como sus fuentes de financiamiento principales el 0,3% de la recaudación de las pólizas de seguro —exceptuando seguros de vida— y fondos provenientes del presupuesto nacional.
A inicios de 2024, el monto inicial que contemplaba el presupuesto nacional para el SNMF tan solo era de $12.101 millones. Tras la repercusión mediática de los incendios producidos en Córdoba entre septiembre y octubre del año pasado, se realizó una ampliación presupuestaria que elevó el presupuesto del SNMF a $33.343 millones. Sin embargo, sólo se ejecutó el 22% de este total, equivalente a $7.739 millones, una cifra menor al presupuesto inicial establecido previo a la ampliación.
El presupuesto nacional para 2025 cuenta nuevamente con más de $33 mil millones disponibles para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Sin embargo, la ejecución de estos fondos a la fecha ha sido cero, habiéndose ejecutado exclusivamente una magra partida con la que cuenta la Administración de Parques Nacionales para estos fines. En otras palabras, el Estado nacional dispone de recursos para la prevención y combate del fuego pero decide no utilizarlos.
Adicionalmente, el traspaso del SNMF desde la Subsecretaría de Ambiente a la órbita del Ministerio de Seguridad plantea interrogantes sobre el funcionamiento y las prioridades que se asignan a la hora de prevenir y manejar los incendios, pudiendo profundizar la falta de un enfoque integral que priorice el cuidado de los ecosistemas.
Es urgente que se transparente cuáles son los destinos concretos de estos fondos y por qué no se están utilizando en su totalidad frente a este contexto de emergencia. La falta de ejecución presupuestaria demuestra la ausencia de voluntad política para abordar estructuralmente esta crisis ambiental.
En este escenario, resulta preocupante la criminalización de comunidades indígenas y activistas ambientales, quienes han sido señalados como responsables de los focos de fuego sin pruebas contundentes. Es fundamental sancionar a quienes ocasionan los fuegos realmente, muchas veces asociado a la intención de cambiar el uso del suelo, y que se garantice la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
La emergencia ambiental requiere acciones inmediatas y estructurales. Es imperativo que las autoridades nacionales y provinciales implementen de manera urgente políticas efectivas para prevenir y mitigar los incendios. Para ello es fundamental que se respeten y fortalezcan las normativas ambientales vigentes y una mayor inversión en la prevención y el combate del fuego. No podemos seguir corriendo detrás del fuego.”