Novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano

La patente ajena

La consulta de multas que ofrece la Ciudad se volvió una manera de exponer a otros conductores sin pasar por buchón. Cabe preguntarse cuánto tiempo seguirá abierta.

Por José Nesis

Hace unas semanas, después de un choque en la General Paz que tuvo bastante repercusión, empezó a circular en X el historial de infracciones del vehículo involucrado, con un reproche al gobierno porteño por permitir que siguiera en la calle. Ese dato no requería ninguna investigación, porque cualquiera puede obtenerlo, y tampoco es el único caso: tengo la impresión, aunque no tengo forma de medirlo, de que aparecen cada vez más capturas de ese tipo de consultas hechas sobre autos ajenos, muchas veces elegidos porque alguien acaba de verlos en infracción, estacionados sobre la rampa de accesibilidad de una esquina o a punto de atropellar a un peatón en la senda.

Para conocer esos datos no hace falta ser periodista ni tener contactos en ningún organismo. Alcanza con entrar al portal de infracciones del Gobierno de la Ciudad, elegir la consulta por patente, escribir el dominio y tildar la casilla que certifica que uno no es un robot. El sistema devuelve el detalle de cada multa, sin pedirle a quien consulta que se identifique ni que demuestre que el auto es suyo. La herramienta fue pensada, posiblemente, para que cada conductor revise su situación y, en todo caso, para que quien va a comprar un usado sepa qué deudas arrastra, pero sirve igual de bien para mirar las multas de cualquier otro.

Lo llamativo es que el propio Estado porteño, cuando alguien le pide esa misma información por la vía formal, la trata como un dato personal. En 2019, ante un pedido de acceso a la información sobre los autos rechazados en la VTV, el órgano que resuelve esos reclamos en la Ciudad se negó a ordenar la entrega de los dominios, porque a través de la patente puede identificarse al titular, que no es funcionario ni figura pública. En 2024, una comuna entregó las actas de infracción que le habían pedido con las patentes tachadas, y ese mismo organismo consideró suficiente la respuesta. El dato que se tacha en el expediente está disponible, con todas sus multas, para cualquiera que lo tipee en una página web.

Hay algo en este uso que me interesa más allá de la privacidad. En la Argentina, avisarle a la autoridad que alguien está violando una norma, aun cuando esa violación pone en riesgo a otros, sigue cargando una sospecha. Borges lo advirtió en 1946, en “Nuestro pobre individualismo”: el argentino no se identifica con el Estado, y uno de sus héroes es el sargento Cruz, que en medio de una persecución se pasa al bando del desertor Martín Fierro y pelea contra sus propios soldados. El que denuncia se vuelve delator, buchón, y la palabra alcanza para clausurar cualquier discusión. En otros textos sostuve que lo que convierte un aviso en denuncia o en delación es la legitimidad que le atribuimos a la autoridad que lo recibe, y que en América Latina esa legitimidad quedó dañada por una larga historia de autoridades ilegales vividas como legítimas y de autoridades legales vividas como ilegítimas. De ahí sale un círculo vicioso conocido: como no confiamos en la policía, no cooperamos con ella, y la falta de cooperación alimenta la discrecionalidad y la corrupción que confirman la desconfianza.

La consulta de patentes ofrece una salida curiosa a ese dilema. Quien la usa no le avisa nada a nadie con poder de sanción, porque el Estado ya tiene registradas las infracciones que él mismo labró; lo único que hace es tomar ese registro y mostrárselo a los demás. No hay comisaría, ni formulario con nombre y apellido, ni riesgo de represalia. La información circula entre pares, en una dirección en la que los argentinos nos sentimos bastante más cómodos. Es la lógica del escrache, que nació para señalar ante los vecinos lo que la justicia no sancionaba y que desde entonces arrastra una ambigüedad nunca resuelta: la de una condena sin juicio, que a muchos les recuerda a las marcas que el fascismo ponía en la puerta de sus enemigos, o a las persecuciones de chivos expiatorios.

Por eso me parece que es, hasta cierto punto, una forma vergonzante de denuncia. Revela que hay más ganas de que las normas se cumplan de las que estamos dispuestos a admitir, y que muchos querrían que el infractor reincidente pague, siempre que no sean ellos quienes lo señalen ante la autoridad. El posteo sobre el choque de la General Paz lo muestra con claridad, porque su blanco final es un gobierno que deja circular a alguien con cientos de multas. Cuando estudié la aplicación con la que la Ciudad recibe denuncias (no anónimas) por autos mal estacionados, en las conversaciones con funcionarios y vecinos aparecía, además del temor a una represalia, la sensación del propio denunciante de estar cometiendo una traición. La consulta de patentes esquiva ambas cosas.

Esa comodidad tiene costos. El titular del auto no siempre es quien manejaba, las bases tienen errores y hay multas que aparecen después de una venta y se le cargan al dueño anterior. La exposición en redes no admite descargo, ni plazos, ni proporción: una captura alcanza para que alguien quede marcado, y lo que en el registro estatal está sujeto a un procedimiento se convierte en X en una condena sin trámite.

Ese mismo contexto, en el que denunciar se vive como algo disvalioso, puede ser también un terreno muy fértil para la corrupción. Donde nadie avisa, una multa puede borrarse sin que se note: en la provincia de Buenos Aires hay una causa judicial abierta por una red de gestores que ofrecía hacer desaparecer infracciones a cambio de una parte de su monto. Una multa que nunca se paga no es solo dinero que el Estado deja de cobrar. Le confirma al conductor que la sanción es negociable y alimenta un circuito en el que manejar a alta velocidad no tiene costo, en un país donde los siniestros viales están entre las primeras causas de muerte de los jóvenes.

Supongo que el gobierno porteño no diseñó la consulta pensando en este uso, y me pregunto qué hará cuando lo advierta, si es que no lo advirtió ya. La respuesta más previsible sería restringirla y exigir que quien consulta se identifique y demuestre que el vehículo es suyo. Tendría buenos argumentos, empezando por los que el propio Estado usa cuando tacha patentes en las actas. Pero cerrar la ventana no haría desaparecer lo que se ve a través de ella. Habría que preguntarse por qué tantas personas que nunca harían una denuncia están dispuestas a buscar una patente y publicar el resultado, y qué tendría que cambiar para que ese impulso encontrara una vía institucional, protegida y sin estigma. Mientras denunciar se parezca a traicionar, vamos a seguir mirando la patente ajena a escondidas, como quien espía por la cerradura algo que en el fondo quisiera poder decir en voz alta.

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.