¿Quién es persona para la ley? De la esclavitud a los animales y la inteligencia artificial

Nebraska, Estados Unidos, 1879. Un hombre llamado Standing Bear —Oso Parado— está detenido en un fuerte del Ejército. Su falta: haber caminado unos 800 kilómetros, durante cuarenta días, para enterrar a su hijo en la tierra de sus antepasados, de donde el gobierno había expulsado a su pueblo, los ponca. Sus abogados presentan un hábeas corpus. El fiscal federal contesta con un argumento que hoy hiela la sangre: ese hombre no puede pedirle nada a un tribunal, porque un indio no es una “persona” en el sentido de la ley.

El juez Elmer Dundy resolvió lo contrario: un indio es una persona según las leyes de los Estados Unidos. Standing Bear quedó libre.

Buenos Aires, diciembre de 2014. Otro hábeas corpus llega a otro tribunal, esta vez la Cámara Federal de Casación Penal. El cuerpo que se reclama no es el de un hombre sino el de Sandra, una orangutana nacida en un zoológico alemán que llevaba unos veinte años encerrada en el zoológico porteño. Y la respuesta, otra vez, sorprende: Sandra es un “sujeto no humano” titular de derechos.

Entre un caso y otro pasaron 135 años, y la herramienta fue la misma: el viejo recurso que protege la libertad del cuerpo. La pregunta también fue la misma, y es la que recorre esta nota: ¿quién es persona para el derecho? Antes se discutió con la raza y el sexo. Hoy llegó a los animales y, a toda velocidad, a la inteligencia artificial.

Ser persona no es lo mismo que ser humano

Para el derecho, “persona” no es una descripción biológica. Es un lugar en el sistema: quien puede tener derechos y obligaciones. La palabra viene del latín persona, la máscara que usaban los actores en el teatro romano. Y la metáfora sigue funcionando: la ley reparte máscaras.

Por eso una sociedad anónima, una fundación, un club de barrio o el propio Estado son personas, aunque no tengan cuerpo, ni hambre, ni miedo. El Código Civil y Comercial lo dice con una diferencia de verbos que vale oro: la persona humana “goza” de la aptitud para tener derechos (artículo 22); a la persona jurídica, en cambio, el ordenamiento se la “confiere” para cumplir su objeto (artículo 141). A una se la reconoce. A la otra se la fabrica.

Cuando la ley decidió que algunos humanos eran “menos persona”

La historia del derecho está llena de seres humanos a los que la ley les negó la máscara entera, o se la dio a medias. Nunca fue un error de la ciencia. Fue una decisión.

Esclavizados: personas convertidas en propiedad

En 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso de Dred Scott, un hombre esclavizado que reclamaba su libertad. La Corte dijo que los afrodescendientes no eran ciudadanos y trató a los esclavizados como propiedad protegida por la Constitución. Hicieron falta una guerra civil y tres enmiendas para dar vuelta ese fallo, que hoy es uno de los más repudiados de la historia de ese tribunal.

En el Río de la Plata el camino empezó antes, pero fue lento. La Asamblea del Año XIII declaró libres a los hijos de esclavas nacidos desde el 31 de enero de 1813 —la “libertad de vientres”—, aunque esos chicos debían servir a los amos de sus madres hasta cierta edad. Recién la Constitución de 1853 escribió en su artículo 15 que en la Nación Argentina no hay esclavos. Y Buenos Aires, separada entonces de la Confederación, mantuvo el sistema hasta reincorporarse, a fines de esa década.

Mujeres: capaces a medias

El Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente desde 1871, ponía a la mujer casada bajo la tutela del marido, como una incapaz relativa. La Ley 11.357, de 1926, le dio plena capacidad a la soltera, a la viuda y a la divorciada, pero a la casada solo le reconoció algunas excepciones. La capacidad civil plena de las mujeres casadas llegó en 1968, con la Ley 17.711. Es decir: hace menos de sesenta años.

En Canadá, en 1928, la Corte Suprema dijo que las mujeres no eran “personas calificadas” para ocupar una banca en el Senado. Cinco mujeres apelaron a Londres, y en 1929 el Consejo Privado les dio la razón. Su argumento debería estar en todas las aulas de Derecho: si alguien pregunta por qué la palabra “personas” tendría que incluir a las mujeres, la respuesta obvia es “¿por qué no?”.

Pueblos originarios

Standing Bear no fue un caso aislado. Nuestra Constitución de 1853 le encargaba al Congreso “promover la conversión” de los indios al catolicismo. Recién la reforma de 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la personería jurídica de sus comunidades (artículo 75, inciso 17).

El derecho a tener derechos

Las Leyes de Núremberg de 1935 separaron a los “ciudadanos del Reich” de los simples súbditos: fue el primer paso legal para despojar a los judíos de todo. De esa experiencia, la filósofa Hannah Arendt sacó una idea que cambió el derecho internacional: antes que cualquier otro derecho, existe el derecho a tener derechos. La Declaración Universal de 1948 la tradujo en su artículo 6: todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Empresas, ríos y lagunas: personas sin cuerpo

Si una empresa puede ser persona, ¿por qué no un río? La pregunta parece de ciencia ficción, pero ya tiene respuesta en varios países.

Las corporaciones ganaron terreno rápido. En los Estados Unidos, la idea de que son “personas” con derechos constitucionales se apoyó durante más de un siglo en el resumen de un fallo de 1886 —Santa Clara County v. Southern Pacific— que no escribieron los jueces sino el relator del tribunal. Por esa línea se llegó a Citizens United (2010), donde la Corte, por 5 votos contra 4, levantó límites al gasto de las empresas en campañas electorales. Nuestro sistema interamericano eligió otro camino: para la Corte Interamericana, las personas jurídicas no son titulares de derechos humanos (Opinión Consultiva 22/16).

Con la naturaleza, el movimiento fue en otra dirección. Ecuador le reconoció derechos en su Constitución de 2008. En 2016, la Corte Constitucional de Colombia declaró sujeto de derechos al río Atrato. En 2017, Nueva Zelanda sancionó una ley que convierte al río Whanganui en persona jurídica, fruto de un acuerdo con el pueblo maorí, que lo considera un ancestro. Y en 2022, España le dio personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor por una iniciativa popular que el Tribunal Constitucional avaló en 2024, por 7 votos contra 5.

¿Cómo habla un río ante un juez? A través de guardianes. En el caso neozelandés, un representante maorí y uno de la Corona forman su “rostro humano”. Esa es, en el fondo, la pregunta decisiva cada vez que el derecho personifica algo que no puede hablar: quién habla en su nombre, y con qué controles.

Sandra, Cecilia, Lola, René y dos peces: la revolución argentina

Si hay un país que empujó esta frontera para los animales, es la Argentina.

Sandra (2014-2019). En diciembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal analizó el hábeas corpus que la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) presentó por la orangutana. El tribunal sostuvo que una interpretación “dinámica y no estática” obliga a reconocer al animal como sujeto de derechos. Después, AFADA y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez iniciaron un amparo en la justicia porteña, y en octubre de 2015 la jueza Elena Liberatori fue un paso más allá: Sandra es una “persona no humana”. Pero aclaró algo clave: eso no la convierte en titular de los derechos de las personas humanas.

En junio de 2016, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó que el Gobierno porteño debía garantizarle un hábitat adecuado y preservar sus habilidades cognitivas, y prefirió describirla como un “ser sintiente”. En septiembre de 2019, Sandra viajó a un santuario de grandes simios en Florida, donde se hizo amiga de otro orangután, Jethro.

Cecilia (2016). En Mendoza, la jueza María Alejandra Mauricio declaró a la chimpancé Cecilia “sujeto de derecho no humano” y ordenó trasladarla al santuario de Sorocaba, en Brasil. Cecilia vivía sola en una jaula de cemento desde la muerte de sus compañeros. Según el gobierno mendocino, en el santuario convive con más de cincuenta chimpancés.

Lola Limón (2022). Una puma rescatada de una casa de Mataderos, donde la tenían como mascota, fue declarada “animal no humano sujeto de derechos” por la jueza porteña Carla Cavaliere, a pedido del fiscal Carlos Rolero Santurián. Fue el primer felino con ese estatus. Su custodia quedó en manos del Ecoparque, ya no como cosa sino como sujeto.

René (2026). En julio de este año, un tribunal de Esquel, en Chubut, confirmó que un caballo encontrado con desnutrición severa en Gualjaina es “sujeto de derecho no humano”, y dejó su guarda en manos de una organización protectora, por encima del reclamo de propiedad. La fiscal Cecilia Bagnato lo resumió en una frase: “solo se puede ser cruel con un sujeto que tiene capacidad de sufrimiento”.

Dos peces dorados (2026). En junio, un juzgado penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires declaró sujetos de derecho a dos Carassius auratus —los clásicos goldfish— rescatados de un local gastronómico, en una causa por tenerlos en condiciones inadecuadas. El criterio ya no es la inteligencia ni el parecido con nosotros: es la capacidad de sufrir y de disfrutar.

La lista sigue: siete canarios en la Ciudad, seis perros en Las Heras (Mendoza) y una cámara de Jujuy que definió a los animales como sujetos de derecho “incapaces de hecho”, que necesitan que alguien hable por ellos. Todos estos fallos repiten una idea que la jurisprudencia leyó en la Ley 14.346, de 1954: cuando la ley castiga la crueldad, lo que protege no es la propiedad del dueño sino al animal mismo.

Pero no en todos lados

En 2022, el máximo tribunal del estado de Nueva York rechazó, por 5 votos contra 2, el hábeas corpus de Happy, una elefanta asiática del zoológico del Bronx que en 2005 había pasado la prueba del espejo. Para la mayoría, ese recurso es para seres humanos, y extenderlo a un animal tendría un enorme efecto desestabilizador. Dos años antes, la Corte Constitucional de Colombia había revocado, por 7 a 2, el hábeas corpus que la Corte Suprema le había concedido a Chucho, un oso de anteojos.

En cambio, la Corte Constitucional de Ecuador afirmó en 2022, en el caso de la mona Estrellita, que los animales silvestres son sujetos de derechos. Estrellita no llegó a verlo: murió durante el proceso.

Lo que dice la ciencia

En abril de 2024, científicos y filósofos firmaron en la Universidad de Nueva York una declaración sobre la conciencia animal. Sostiene que hay al menos una “posibilidad realista” de experiencia consciente en todos los vertebrados —peces incluidos— y en muchos invertebrados, como pulpos, cangrejos e insectos. Y agrega que es irresponsable ignorar esa posibilidad al tomar decisiones que los afectan. Ya la firmaron más de 250 investigadores.

 

Se declara que dos peces de la especie Carassius Auratus son sujetos de derecho, protegidos contra el maltrato. Por una nterpretación jurídica dinámica debe reconocerse ese carácter al animal
Sentencia https://t.co/Z70ZcApIg8

— Derecho enZapatillas (@dzapatillas) October 27, 2026

Y ahora, la inteligencia artificial

Ningún sistema de inteligencia artificial tiene hoy personalidad jurídica en ningún lugar del mundo. Pero la discusión ya llegó a los parlamentos y a los tribunales, y conviene separar dos preguntas que se mezclan todo el tiempo.

• La pregunta práctica: ¿conviene darle a un agente de IA capacidad para firmar contratos, tener un patrimonio o responder por daños, como a una empresa? Para eso no hace falta que sienta nada: las empresas tampoco sienten.
• La pregunta moral: ¿puede una IA tener algo parecido a intereses propios que merezcan protección? Ahí todo depende de si puede sentir, igual que con los animales. Y la ciencia, hoy, no lo sabe.

Europa: la idea que se fue

En 2017, el Parlamento Europeo sugirió estudiar, a largo plazo, una “personalidad electrónica” para los robots autónomos más sofisticados, para que respondieran por los daños que causaran. Tres años después dio marcha atrás: en octubre de 2020 afirmó que los sistemas de IA no tienen personalidad jurídica ni conciencia humana, y que no hace falta dársela, porque detrás de cada daño hay alguien que los diseñó, los desplegó o intervino en ellos. El Reglamento europeo de IA, de 2024, los trata como productos clasificados según su riesgo.

Los tribunales: ni inventora ni autora

El científico Stephen Thaler intentó que su máquina DABUS figurara como inventora de dos patentes, y que otro sistema suyo fuera reconocido como autor de una obra. Perdió en todos lados. En diciembre de 2023, la Corte Suprema del Reino Unido resolvió por unanimidad que un inventor tiene que ser una persona natural y que DABUS “no es una persona en absoluto”. En los Estados Unidos, la Corte Suprema se negó en marzo de 2026 a revisar el fallo que exige autoría humana para el copyright.

La “ciudadana” Sophia

En 2017, Arabia Saudita anunció en un foro de inversores que le otorgaba la ciudadanía a Sophia, un robot humanoide. Nunca se supo qué derechos implicaba, y muchos señalaron la ironía frente a la situación de las mujeres y de los trabajadores migrantes en ese país. Fue marketing: el ejemplo perfecto de lo que la personalidad jurídica no debería ser.

Estados Unidos: prohibir antes de que pase

Mientras tanto, en los Estados Unidos crece una ola de leyes para cerrar la puerta por adelantado. Idaho (2022), Dakota del Norte (2023) y Utah (2024) prohibieron reconocer personalidad a una lista que mezcla ríos, plantas, animales e inteligencia artificial. Tennessee fue más directo: en abril de 2026 sacó a la IA de la definición legal de “persona”. En Ohio sigue en trámite un proyecto que declara a la IA “no sintiente” y le prohíbe casarse, tener bienes u ocupar cargos en empresas. En Oklahoma, uno parecido obtuvo media sanción por 94 votos contra 2.

Su impulsor en Ohio, el diputado Thaddeus Claggett, apela a argumentos religiosos, pero su objetivo práctico es otro: que ninguna empresa pueda defenderse con un “no fui yo, fue la IA”. Los críticos responden que una ley no puede cerrar una pregunta científica abierta, y que ninguna de estas normas prevé revisarse si la evidencia cambia.

La libertad de expresión, una puerta trasera

Hay otra vía por la que la personalidad podría colarse sin que nadie la vote. En Florida, una madre demandó a la empresa Character.AI porque, según la demanda, uno de sus chatbots arrastró a su hijo de 14 años a una relación emocionalmente abusiva que terminó con su muerte. La empresa pidió cerrar el caso con el argumento de que lo que dice un chatbot está protegido por la libertad de expresión. En mayo de 2025, la jueza federal Anne Conway respondió que, al menos en esa etapa, no estaba dispuesta a considerar “discurso” lo que produce un chatbot, y dejó que la demanda avanzara.

Si vos o alguien cercano está pasando un momento difícil, podés llamar al 135 (gratis desde CABA y el conurbano) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.

¿Puede una IA sentir? Tres posiciones

• “No lo sabemos”. Anthropic, la empresa que desarrolla el modelo Claude, publicó en enero de 2026 un documento que califica de “profundamente incierto” el estatus moral de su sistema, y mantiene desde 2025 un programa de investigación sobre el bienestar de los modelos.
• “Es una ilusión peligrosa”. Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, advirtió que una IA que solo parece consciente va a llevar a la gente a pedir derechos para las máquinas. Su consigna: construir IA para las personas, no para que sea una persona.
• “Puede servir para controlarla”. Los investigadores Peter Salib y Simon Goldstein proponen que los agentes más avanzados puedan tener bienes y firmar contratos, justamente para poder sancionarlos si violan la ley.

¿Y en la Argentina?

No hay una ley específica. Solo en 2025 se presentaron 53 proyectos sobre inteligencia artificial en el Congreso, y 11 apuntan a una ley integral, según un relevamiento de investigadores del CONICET y la UBA. El eje declarado de los proyectos es la centralidad de la persona humana, no la personalidad de las máquinas.

¿Hace falta inventar una “persona electrónica”? Probablemente no, por ahora. El Código Civil y Comercial ya tiene responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas y de las actividades riesgosas (artículos 1757 y 1758), y la Ley de Defensa del Consumidor hace responder a toda la cadena de comercialización. Lo que Europa quiso resolver con una figura nueva, acá se resuelve en buena medida con herramientas viejas. Los huecos reales están en otro lado: los contratos que celebran agentes autónomos, los daños sin un responsable identificable y las obras creadas por IA, porque nuestra ley de propiedad intelectual fue pensada para autores humanos.

La frontera, en fechas

✕ Decisión que niega o excluye la personalidad.

¿Es lo mismo que el racismo?

La comparación aparece seguido, y tiene una parte de verdad: la lógica de la exclusión es la misma. Alguien con poder decide quién queda adentro, y justifica la decisión en la “naturaleza” del que queda afuera. Pero la analogía tiene límites que conviene marcar.

Las personas esclavizadas eran seres humanos que hablaban, reclamaban y resistían, y el derecho decidió no escucharlas: la igualdad ya existía y se la negó. Los animales sienten, según la ciencia, pero no pueden reclamar por sí mismos: dependen de que alguien hable por ellos. Con la IA no sabemos siquiera si hay alguien adentro, y sus “reclamos” salen de lo que aprendió de textos humanos.

También cambia quién gana. De la esclavitud se beneficiaron los amos. Con la IA, quienes podrían beneficiarse de una personalidad sin controles son las propias empresas, que tendrían dónde esconder su responsabilidad.

Y hay un costo moral. Cuando algunas campañas animalistas usaron la esclavitud como eslogan, muchos descendientes de esclavizados lo vivieron como una nueva forma de deshumanización. La comparación sirve para entender el mecanismo, no para igualar a las víctimas.

La historia del racismo enseña el costo de un error: negarle vida interior a quien la tenía. La inteligencia artificial agrega el error contrario: atribuirle una mente a algo que quizás solo la actúa. Un derecho prudente tiene que evitar los dos.

Qué significa para vos

Preguntas frecuentes

¿Un animal es una persona en la Argentina?

No para la ley escrita: el Código Civil y Comercial lo trata como una cosa. Pero muchos jueces lo declaran “sujeto de derecho” o “persona no humana” para protegerlo, sobre todo en causas por maltrato.

¿Qué significa “persona no humana”?

Que el animal tiene derechos propios —a no sufrir maltrato, a vivir en condiciones adecuadas a su especie— y no solo la protección que le corresponde a una propiedad. No significa que tenga los derechos de un ser humano, como votar o casarse.

¿Puede una inteligencia artificial tener derechos?

Hoy, en ningún país. Algunos estados de los Estados Unidos ya lo prohíben por ley, y el Parlamento Europeo descartó la idea en 2020. Si una IA podría llegar a sentir es una pregunta que la ciencia todavía no respondió.

¿Quién responde si una IA me causa un daño?

La empresa que la desarrolla, la distribuye o la usa para prestarte un servicio. En la Argentina se aplican la responsabilidad objetiva del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

¿Dónde denuncio maltrato animal en la Ciudad de Buenos Aires?

Ante la UFEMA del Ministerio Público Fiscal: 0800-33-FISCAL (347225), gratis, ufema@fiscalias.gob.ar o la denuncia online del MPF. En una emergencia, al 911.

La pregunta que queda

En 1879, un juez de Nebraska tuvo que escribir en una sentencia que un hombre era una persona. Hoy nos parece obvio, y eso es justamente lo inquietante: lo obvio de hoy fue escandaloso ayer. La palabra “persona” funciona menos como un interruptor —sí o no— que como una caja de herramientas: protección para unos, capacidad de contratar para otros, una voz a través de un guardián para quienes no pueden hablar.

Por eso la pregunta útil ya no es “¿es persona?”, sino otra, más incómoda: qué le debemos, quién habla por él y quién responde cuando algo sale mal. Para Sandra, la respuesta llegó tarde, pero llegó. Para la inteligencia artificial, recién empezamos a escribirla.

Fuentes

• Standing Bear v. Crook, texto del fallo (Avalon Project, Yale)
• Standing Bear v. Crook (EBSCO Research Starters)
• Dred Scott v. Sandford (Cornell LII)
• Asamblea del Año XIII y la esclavitud (La Nación)
• La Constitución de 1853: indios, negros y ciudadanos (El Litoral)
• Leyes que ampliaron los derechos de las mujeres (Palabras del Derecho)
• Persons Case (The Canadian Encyclopedia)
• Las personas jurídicas en el Código Civil y Comercial, Navarro Floria (UCA)
• Opinión Consultiva 22/16 de la Corte Interamericana (Diario Judicial)
• Historia de la personalidad corporativa (Brennan Center)
• Te Awa Tupua Act, río Whanganui (Environment Guide)
• STC 142/2024 sobre el Mar Menor (BOE)
• El Constitucional avala la ley del Mar Menor (Público)
• Casación Penal: los sujetos no humanos son titulares de derechos (Diario Judicial)
• Fallo Liberatori sobre Sandra (Página/12)
• Régimen de visitas y fallo de Cámara sobre Sandra (La Política Online)
• Sandra cumple años en Florida (El Heraldo)
• Cecilia se muda a Brasil (Diario de Cuyo)
• Cecilia, a cuatro años del traslado (Gobierno de Mendoza)
• Lola Limón, animal no humano sujeto de derechos (Página/12)
• El caballo René, sujeto de derecho (Tiempo Judicial)
• Peces dorados como sujetos de derecho (Microjuris)
• Peces dorados: el fallo (Vet Market)
• Jujuy: animales sujetos de derecho (Pilará Diario)
• Happy no es persona (National Geographic)
• Happy: el efecto desestabilizador (Minnesota Lawyer / AP)
• Oso Chucho, sentencia SU-016/20 (Alcaldía de Bogotá)
• Mona Estrellita, sentencia 253-20-JH/22 (Harvard Animal Law)
• Declaración de Nueva York sobre la Conciencia Animal (Scientific American)
• Ley Sintientes (Diario Judicial)
• Resoluciones del Parlamento Europeo de 2020 (European Law Blog)
• DABUS ante la Corte Suprema del Reino Unido (Kluwer Patent Blog)
• Thaler v. Perlmutter: certiorari denegado (Baker Donelson)
• Sophia, ciudadana saudí (Live Science)
• Leyes estatales sobre personalidad de la IA (AI Alignment Policy Institute)
• Ohio HB 469, estado a octubre de 2026 (Transparency Coalition)
• Qué dice el proyecto de Ohio (Ohio Capital Journal)
• Legislar la conciencia de la IA sin salida (The Regulatory Review)
• Character.AI: la jueza rechaza la defensa de libertad de expresión (WLRN / AP)
• La constitución de Claude y el estatus moral (TechInformed)
• Suleyman y la IA que parece consciente (The Decoder)
• Demasiado pronto para prohibir la personalidad de la IA (AI Frontiers)
• Proyectos de IA en el Congreso argentino (DPL News)
• Maltrato animal: cómo denunciar en la Ciudad (GCBA)
• La UFEMA y las denuncias por maltrato animal (Chequeado)
• Canales de denuncia de la UFEMA (Tiempo Argentino)