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Más tiempo para hacer reclamos administrativos y judiciales:
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Antes, los plazos eran más cortos. Ahora:
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Tenés 30 días hábiles administrativos para agotar la vía administrativa.
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Y 180 días hábiles judiciales para ir a la Justicia si la Administración no responde o te rechaza el reclamo.
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Esto da más aire al ciudadano para actuar sin quedar fuera del sistema por un tecnicismo.
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Se fijaron tiempos concretos para ir a la Justicia según el tipo de nulidad del acto:
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Si el acto tiene una nulidad absoluta (o sea, es muy grave): hay 10 años para pedir que lo anulen.
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Si es una nulidad relativa (menos grave): hay 2 años para reclamar.
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Se amplió la definición de “vías de hecho”:
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Es decir, se reconocen más situaciones en las que el Estado actúa sin sustento legal o sin acto administrativo válido. Por ejemplo, ocupaciones, decisiones materiales sin acto escrito, etc.
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Se puede defender la ilegitimidad de un acto incluso si no se lo impugnó a tiempo:
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Aunque no hayas iniciado un reclamo dentro del plazo de caducidad, podés alegar que el acto es inválido (por nulidad absoluta o relativa) dentro del plazo de prescripción. Esto protege a quienes, por ejemplo, no pudieron reaccionar a tiempo por alguna razón justificada.
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Se eliminó el plazo para impugnar una vía de hecho:
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Es decir, no hay más plazo fijo: podés hacerlo en cualquier momento mientras no haya prescripción. Esto refuerza la defensa frente a abusos administrativos.
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Los actos sin firma o sin forma escrita no tienen validez legal:
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Si falta la firma o si no se hacen por escrito (cuando la ley lo pide), no tienen ningún efecto jurídico. Esto impide que la Administración actúe de forma informal o arbitraria.
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Si un acto administrativo contradice una sentencia firme, no vale:
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Cualquier acto que intente ignorar, modificar o pasar por encima de una sentencia judicial definitiva no produce efectos legales. Es decir, no tiene validez alguna.
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