La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, y lo giró al Senado para su tratamiento. El oficialismo lo presentó como una “limpieza” del ordenamiento jurídico; parte de la oposición, en cambio, cuestionó que bajo la etiqueta de leyes “obsoletas” se incluyan temas sensibles vinculados con cultura, salud, medios, producción y soberanía regulatoria.
El texto oficial se llama “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta – Ley de Hojarasca”. Técnicamente, el proyecto no solo deroga leyes enteras: también elimina artículos puntuales, sustituye otros y cambia el financiamiento de ciertas entidades. El proyecto enumera 63 leyes derogadas por completo, derogaciones parciales de otras normas, dos decretos y modificaciones a leyes vigentes.
La base del proyecto es una idea simple: el Estado sostiene que hay normas que quedaron en pie como muebles viejos en un depósito legal. Algunas ya no se aplican, otras fueron reemplazadas, otras remiten a organismos que no existen y otras, según el Gobierno, restringen libertades o generan trámites sin utilidad práctica.
Qué cambia en términos generales
La Ley Hojarasca tiene tres tipos de impacto.
Primero, un impacto simbólico y jurídico: saca del sistema normas que ya no tienen utilidad o que son incompatibles con el derecho actual, como leyes sobre azotes, viruela, microfilmación o televisión color.
Segundo, un impacto administrativo y económico: elimina trámites, registros, premios, fondos o estructuras que el Gobierno considera innecesarios.
Tercero, un impacto político y sensible: toca normas sobre teatros, producción pública de medicamentos, capital extranjero en medios, transferencia de tecnología y cartografía oficial. Ahí está el centro del debate: para el oficialismo son regulaciones viejas; para críticos, pueden ser herramientas de protección cultural, sanitaria o estratégica.
Las leyes, una por una
1. Normas vinculadas con financiamiento público de entidades
Ley 20.984 – Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
No se elimina el Círculo, pero se busca quitar el financiamiento estatal. La entidad podría seguir funcionando con cuotas, aportes privados o recursos propios. Implicancia: menos gasto público directo para una institución integrada por legisladores y exlegisladores.
Ley 24.807 – Federación Argentina de Municipios.
También se modifica su financiamiento. La Federación ya no podría recibir fondos del Estado nacional ni de sociedades estatales nacionales. Implicancia: los municipios o entidades que quieran participar deberían sostenerla con recursos propios.
2. Leyes que el Gobierno considera contrarias a libertades individuales
Ley 14.034 – Sanciones por actuar contra intereses del Estado en el exterior.
Penalizaba a argentinos que promovieran sanciones políticas o económicas contra el país. El Gobierno la ve como una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a denunciar violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales.
Ley 18.312 – Papel prensa y celulosa.
Vinculada al control estatal sobre la producción de papel para diarios. La derogación apunta a eliminar una herramienta considerada restrictiva de la libertad de prensa.
Ley 19.787 – Difusión de música argentina.
Obligaba a difundir determinada música por considerarla de interés nacional. La discusión: promoción cultural versus imposición estatal de contenidos.
Ley 20.120 – Reuniones públicas.
Exigía aviso previo para reuniones públicas en lugares cerrados y habilitaba intervención policial. Implicancia: se la elimina por afectar el derecho de reunión.
Ley 20.802 – Carné de mochilero.
Preveía un supuesto carné para mochileros y podía habilitar controles policiales. Implicancia: se remueve una norma absurda desde la mirada actual, vinculada con libertad ambulatoria.
Ley 20.959 – Libre circulación y estacionamiento para legisladores.
Otorgaba privilegios de circulación y estacionamiento a diputados, senadores y autoridades legislativas. Implicancia: se elimina un beneficio difícil de justificar frente al principio de igualdad.
Ley 20.983 – Espacios turísticos obligatorios en radio y TV.
Obligaba a medios radiales y televisivos a destinar tiempo diario a contenidos turísticos. Implicancia: cae una imposición de programación que ya no se aplicaba.
Ley 22.875 – Relocalización de actividades productivas.
Permitía al Estado ordenar relocalizaciones de actividades productivas por razones de defensa nacional. Implicancia: se la considera una injerencia fuerte sobre propiedad privada y actividad económica.
Ley 22.964 – Lepra e internación forzosa.
El proyecto deroga artículos que permitían internaciones compulsivas. Implicancia: se actualiza el enfoque sanitario, evitando estigmatización y tratamientos forzosos incompatibles con estándares actuales de derechos humanos.
3. Leyes superadas por normas posteriores
Ley 94 – Azotes.
Inhabilitaba a la autoridad que mandara azotar a una persona. Hoy la prohibición surge de estándares constitucionales y penales mucho más amplios.
Ley 3.863 – Seguros agrícolas.
Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguros en un contexto económico del siglo XIX. Implicancia: desaparece un régimen sin base práctica actual.
Ley 16.789 – Compre nacional de automóviles.
Obligaba al Estado a comprar automóviles de industria nacional. El Gobierno sostiene que quedó superada, especialmente tras reformas posteriores.
Ley 17.557 – Equipos de rayos X.
Regulaba instalación y uso de equipos de rayos X. Fue superada por legislación sanitaria y técnica más moderna.
Ley 20.400 – Mano de obra y trata.
Regulaba supuestos vinculados con obtención de mano de obra no voluntaria. Quedó superada por la Ley de Trata de Personas.
Ley 20.843 – Padrinazgo presidencial.
Institucionalizaba beneficios para personas apadrinadas por el Presidente. El proyecto permite que quienes ya tengan beneficios puedan conservarlos. Implicancia: se cierra hacia adelante una figura protocolar con efectos estatales.
Ley 21.778 – Hidrocarburos y empresas estatales.
Facultaba a empresas estatales a licitar exploración y explotación de hidrocarburos. El Gobierno dice que fue absorbida por el régimen hidrocarburífero posterior.
Ley 22.109 – Viruela.
Regulaba aislamiento y vacunación frente a viruela. Hoy rige un marco integral de vacunación y enfermedades transmisibles.
Ley 23.678 – Regalías petroleras.
Fijaba fórmulas de liquidación de regalías petroleras. Se la considera superada por normas posteriores.
Ley 24.675 – Auxiliares de Justicia.
Referida a auxiliares ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por la Corte Suprema mediante la Acordada 60/96.
4. Leyes obsoletas por tecnología o paso del tiempo
Ley 448 – Premio por descubrir una mina de carbón.
Una perlita del siglo XIX: premiaba el hallazgo de carbón. Hoy choca con políticas de transición energética y descarbonización.
Ley 3.235 – Adquisición de armamento.
Norma antigua sobre compras militares, con montos y categorías fuera de época.
Ley 16.879 – Beneficios fiscales para proyectos eléctricos.
Otorgaba exenciones en licitaciones internacionales específicas. Se la considera sin aplicación práctica.
Ley 18.569 – Microfilmación en el Ejército.
Autorizaba microfilmar documentación militar. La digitalización la volvió obsoleta.
Ley 20.114 – Microfilmación en la Armada.
Mismo problema: una tecnología de archivo desplazada por sistemas digitales.
Ley 23.756 – Microfilmación en el Poder Ejecutivo.
Extendía la microfilmación a organismos estatales. Implicancia: se elimina un régimen técnico viejo.
Ley 19.648 – Carbón mineral.
Declaraba de interés nacional la explotación de carbón. La derogación tiene una carga simbólica ambiental y energética.
Ley 20.577 – Innovaciones en transmisión televisiva.
Exigía intervención legislativa para innovaciones en sistemas de transmisión de imágenes. Hoy sería impracticable frente a internet, streaming y plataformas digitales.
Ley 21.895 – Televisión color.
Autorizaba emisiones de TV en color. La realidad tecnológica la dejó como pieza de museo.
Ley 23.888 – Censo técnico de infraestructura.
Ordenaba un censo permanente que, según los fundamentos, nunca se realizó. Implicancia: se elimina una obligación dormida.
5. Leyes consideradas trámites, estructuras o cargas innecesarias
Ley 14.041 – Acopio para la Marina de Guerra.
Autorizaba acopios permanentes para necesidades navales. Se la considera operativamente innecesaria.
Ley 14.800 – Protección de salas teatrales.
Obliga a construir una nueva sala teatral si se demuele un teatro. Es una de las normas más discutibles del paquete: para el Gobierno desalienta inversiones; para defensores de la cultura, protege espacios teatrales históricos.
Ley 17.752 – Hoteles para turismo internacional.
Promovía construcción y explotación hotelera. Según el proyecto, no tiene aplicación desde hace décadas.
Ley 19.340 – Interrupción de obras.
Obligaba a informar la interrupción de una construcción. Implicancia: se elimina un trámite administrativo.
Ley 19.363 – Sorteos entre espectadores de cine.
Permitía premios entre compradores de entradas de cine. El Gobierno sostiene que el costo burocrático supera la utilidad.
Ley 20.308 – Fondo Naval de Fomento de Actividades Náuticas.
Creaba un fondo dentro de la órbita naval. Se lo considera redundante.
Ley 20.496 – Promoción de fertilizantes.
Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes. El tema ya tiene regulación específica.
Ley 20.876 – Apicultura.
Declaraba de interés nacional la apicultura. También contenía restricciones a capital extranjero que habrían quedado superadas. Implicancia: se deja la actividad bajo reglas generales.
Ley 21.056 – Promoción turística en transportes.
Obligaba a empresas de transporte a exhibir material turístico. Se elimina una carga para privados.
Ley 21.145 – Beneficios para artistas teatrales.
Preveía descuentos o beneficios en transporte y alojamiento estatal. Hoy prácticamente no tendría aplicación.
Ley 21.159 – Curso turístico para personal estatal.
Creaba una capacitación obligatoria para personal de la Administración Pública. Se la considera excesiva y en desuso.
Ley 22.426 – Transferencia de tecnología y marcas extranjeras.
Regulaba contratos de transferencia tecnológica y marcas con intervención estatal. Implicancia fuerte: mayor libertad contractual para operaciones de tecnología, licencias y marcas extranjeras.
Ley 22.963 – Cartografía oficial.
El proyecto no la elimina por completo: deroga artículos y modifica otros. La obligación de ajustarse a cartografía oficial quedaría especialmente para obras con finalidad educativa. Implicancia: menos autorizaciones para usos comerciales o privados de mapas argentinos.
Ley 23.419 – Empresas públicas y petróleo.
Obligaba a empresas estatales a informar descubrimientos petroleros. El Gobierno la ve redundante.
Ley 23.634 – Cunicultura.
Crea la Comisión Nacional de Cunicultura. Implicancia: se elimina una estructura específica para la cría de conejos.
Ley 24.057 – Asociaciones civiles para hábitat.
Buscaba fomentar asociaciones civiles vinculadas con soluciones habitacionales. Nunca fue reglamentada.
Ley 24.127 – Premio Nacional a la Calidad.
Instituye premios a la calidad en sector público y privado. Implicancia: se elimina un programa considerado costoso o sin utilidad acreditada.
Ley 24.298 – Comunidad argentina en el exterior.
Crea un programa de vinculación con argentinos fuera del país. Se considera superpuesto con Cancillería.
Ley 24.960 – Premio Prevención de las Adicciones.
Instituye un premio específico. El Gobierno entiende que la prevención de adicciones puede hacerse desde organismos competentes sin una ley propia.
Ley 25.750 – Bienes y patrimonios culturales / medios.
Limita la participación extranjera en medios de comunicación. Este es uno de los puntos más sensibles: su derogación podría flexibilizar la inversión extranjera, pero abre debate sobre pluralidad, soberanía cultural y concentración mediática.
Ley 26.227 – Consejo Federal de Juventud.
Crea un órgano para coordinar políticas juveniles. El Gobierno sostiene que esa coordinación puede hacerse sin una estructura legal específica.
Ley 26.688 – Producción pública de medicamentos.
Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. Es otro punto delicado: para el oficialismo sería declamativa; para otros sectores, una señal de política sanitaria pública.
Ley 27.171 – Palomas mensajeras de carrera.
Regula registros de palomas mensajeras deportivas. Implicancia: se elimina una sobrerregulación muy específica de una actividad privada.
6. Leyes ligadas a organismos inexistentes o procesos agotados
Ley 11.245 – Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene.
Fijaba tarifas de una oficina que ya no existe.
Ley 11.380 – Préstamos del Banco Nación.
Autorizaba préstamos a entidades sobre una base normativa ya desaparecida.
Ley 12.307 – Premios de pintura y literatura.
Remitía a institutos que ya no existen. Hoy esas funciones corresponden a otras áreas culturales.
Ley 13.521 – Excepciones al servicio militar.
Eximía de impuestos trámites vinculados con excepciones al servicio militar. Implicancia: perdió sentido con la eliminación del servicio militar obligatorio.
Ley 14.578 – Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos.
Creaba un fondo que ya no cuenta con recursos operativos.
Ley 17.584 – Fondo de preinversión.
Creaba un fondo permanente para estudios de preinversión que dejó de funcionar.
Ley 20.085 – Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas.
Instituía un proyecto portuario que nunca pasó de estudios preliminares.
Ley 20.299 – Riesgos políticos en comercio exterior.
Preveía cobertura estatal para riesgos políticos en operaciones de exportación. Se considera sin aplicación actual.
Ley 20.327 – Ediciones Culturales Argentinas.
Creaba un organismo editorial estatal. El Gobierno sostiene que ya no tiene actividad útil.
Ley 20.543 – Arrendatarios y aparceros rurales.
Preveía créditos y beneficios para arrendatarios o aparceros que compraran predios. Esos beneficios ya no estarían disponibles.
Ley 20.956 – Energía de mareas.
Ordenaba estudios para aprovechar energía mareomotriz en el litoral marítimo. La empresa encargada ya no existe.
Ley 23.671 – Comité por créditos de España.
Creaba un comité de seguimiento de créditos vinculados con un tratado con España. Se considera duplicado o sin actividad.
Ley 24.731 – Informe anual de tecnología industrial.
Ordenaba elaborar y publicar un informe anual. Según los fundamentos, dejó de ser operativa.
Decreto Ley 12.795/44 – Comisión Nacional de Granos y Elevadores.
Remite a un organismo inexistente. Implicancia: depuración de una estructura regulatoria extinguida.
Decreto 1.262/03 – Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero.
Creó una unidad posterior a la crisis de 2001/2002. El organismo ya no existe.
todavía no es ley vigente
La media sanción de Diputados no alcanza para que la norma empiece a regir. Para eso falta que el Senado la apruebe y que luego sea publicada en el Boletín Oficial. El propio proyecto prevé que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.