Sentencia del caso YPF obliga a la Argentina a pagar $16 mil millones, desafío crucial

En un examen crítico de la promesa del nuevo presidente argentino, Javier Milei, de reconstruir la reputación del país en el ámbito internacional, su gobierno, afectado por la falta de fondos, enfrenta una fecha límite inminente para abonar los $16 mil millones que adeuda a los antiguos accionistas privados de la empresa estatal de energía YPF.

El año pasado, un juez de Nueva York determinó que Argentina debía esta cifra récord a dos inversores ya desaparecidos, que demandaron después de que el gobierno del país declinara comprar sus acciones a una tarifa acordada cuando expropió YPF en 2012. Sus reclamos fueron en gran parte financiados por el financista de litigios Burford Capital, a cambio de un porcentaje de la adjudicación.

Argentina ha apelado la sentencia y, mientras persigue su caso en la Corte de Apelaciones del 2do Circuito, la jueza Loretta Preska le ha ordenado que presente activos por al menos $5 mil millones de dólares como garantía antes del 10 de enero.

Después de esta fecha, los demandantes afirman que se verían obligados a intentar hacer valer sus derechos mediante la incautación de activos argentinos (en el exterior). Analistas sugieren que es casi seguro que Argentina incumpla con el plazo.

Este caso representa un desafío para el presidente pro-mercado, quien ha tratado de diferenciarse de los políticos peronistas de izquierda que expropiaron YPF, explica el diario FT.

Desde su asunción en diciembre, Milei y sus funcionarios han destacado repetidamente la “voluntad de pago” de Argentina, al mismo tiempo que argumentan que la escasez de divisas y obstáculos políticos les impiden hacerlo a corto plazo.

Los demandantes sostienen que Milei no ha disipado sus preocupaciones de que Argentina, que ha enfrentado oleadas de litigios internacionales prolongados en las últimas dos décadas, busca nuevamente evitar cumplir con sus obligaciones. De hecho, le escribieron a la jueza la semana pasada:

“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente argentino, los abogados de Argentina han dejado claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas”

Argentina se encuentra actualmente en medio de su peor crisis económica en dos décadas, con una inflación anual que supera el 200% y cuatro de cada diez personas viviendo en la pobreza. Las reservas de divisas extranjeras del banco central están aproximadamente $8 mil millones de dólares en números rojos. La suma de $16 mil millones de dólares equivale al 32 por ciento del presupuesto gubernamental de 2023, según señalaron los abogados de Argentina en diciembre, expresa Financial Times.

Burford, empresa que cotiza en los Estados Unidos y en el Reino Unido, cuya parte de los $16 mil millones sería alrededor de US$ 6 mil millones, ha informado a los accionistas que es muy improbable que se recupere toda la suma.

Reconociendo las “circunstancias extraordinarias y únicas” de Argentina, Preska acordó en noviembre abstenerse de hacer cumplir la sentencia de US$16 mil millones, siempre que Buenos Aires acelerara su apelación contra el veredicto y presentara “activos mínimos” como garantía.

Los activos considerados apropiados por Preska son el 26% de las acciones de YPF actualmente en manos del gobierno nacional de Argentina; otro 25 % está en manos de las provincias del país. También incluyen los pagos que Argentina comenzará a recibir de Paraguay en 2028 en relación con una represa hidroeléctrica en la frontera.

Los abogados de Argentina han afirmado que no pueden presentar estos activos “legal o prácticamente” antes del 10 de enero. Lo primero requeriría la aprobación del Congreso, difícil de obtener rápidamente para el gobierno de Milei, y “la situación económica del país no lo permitiría”, afirmó el fiscal general Rodolfo Barra al periódico La Nación el 31 de diciembre.

A finales de diciembre, Milei sugirió la emisión de un bono perpetuo para cumplir con sus obligaciones, cobrando a los argentinos lo que llamó un “impuesto Kicillof” para pagar los intereses, en honor a Axel Kicillof, el exministro peronista y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien respaldó la expropiación de YPF en 2012. (Sin embargo) los inversores han criticado ampliamente la idea, citando la inexistente demanda de bonos a largo plazo de Argentina.

(…)

Si Argentina no presenta garantías, la próxima acción dependerá de los demandantes. Han solicitado a Preska una aclaración sobre si, en caso de que Argentina incumpla su plazo del 10 de enero, se les permitirá iniciar lo que han llamado el “arduo y demorado proceso” de intentar reclamar los $16 mil millones mediante la incautación de activos argentinos.

Expertos señalan que esto sería extremadamente difícil, si no imposible. Aseguran que la ley estadounidense protege los activos de Argentina en el país, excepto aquellos utilizados como parte de los intentos del país para incumplir sus contratos en 2012, que probablemente no existan.

La historia sugiere que los demandantes también enfrentarán dificultades fuera de Estados Unidos. Argentina estuvo famosamente involucrada en un juego del gato y el ratón con acreedores holdouts de una reestructuración de deuda soberana, en el cual los abogados del llamado “fondo buitre” Elliott Capital pasaron años tratando de localizar activos argentinos significativos. Un intento de alto perfil de incautar un buque de la Armada Argentina en un puerto de Ghana en 2012 fue bloqueado por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la ONU. Se llegó a un acuerdo en 2016.

Sebastián Soler, quien fue procurador general adjunto de Argentina en el gobierno peronista anterior, declaró en X que las incautaciones en este caso serían aún más desafiantes que las realizadas con los tenedores de bonos (ver abajo) (…)

El gobierno de Milei, según él, “ha reconocido claramente que Argentina casi siempre termina perdiendo estos casos… Argentina ha pagado casi $17 mil millones [como resultado de] litigios internacionales desde 2000”.

Añadió: “Los demandantes deberían sentirse alentados de que, por primera vez en 25 años, Argentina tiene un gobierno que ha mostrado la intención de dejar de patear el problema hacia adelante”, concluye el diario.

Fuente: Financial Times, https://www.ft.com

 

Anexo – declaraciones en Twitter de Sebastián Soler sobre el caso YPF

El experto legal Sebastián Soler ha expresado su condena hacia la respuesta de la defensa argentina en el caso YPF, donde los demandantes solicitaron a la jueza Preska la autorización para intentar embargar activos de Argentina a partir del 10 de enero. En su cuenta de Twitter (@TommyBarbanBA), Soler desglosó la posición de la defensa argentina.

Según Soler, la defensa argentina argumenta que, bajo la norma aplicable (Art. 1610(c) del Foreign Sovereign Immunities Act), los demandantes no pueden solicitar esa habilitación de manera general. En cambio, deberían identificar previamente un bien legítimamente embargable bajo el FSIA, algo que, según él, los demandantes no han hecho.

Además, Soler señaló que los demandantes no logran identificar un bien embargable debido a los requisitos más exigentes impuestos por el FSIA en este caso en comparación con los juicios sobre los bonos defaulteados en 2001. En ese contexto, destacó que en los bonos, Argentina renunció a su inmunidad de ejecución, mientras que en este caso nunca lo hizo.

El jurista explicó que, en el caso YPF, la jueza solo podría permitir el embargo de un bien que cumpla con tres requisitos específicos, entre ellos que el bien sea propiedad del Estado Nacional y que se utilice para una actividad comercial en Estados Unidos. Soler enfatizó que esta tarea no es sencilla.

“En el caso YPF, la jueza solo podría permitir embargar un bien que cumpla 3 requisitos: 1) el bien es propiedad del Estado Nacional, 2) el bien se usa para una actividad comercial en EEUU y 3) el bien es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo. Not easy”.

Los demandantes tienen hasta el mediodía del día siguiente para replicar la carta de Argentina, y se espera que la jueza Preska resuelva la cuestión rápidamente. Sin embargo, Soler concluyó señalando que la decisión de la jueza, cualquiera que sea, no afectará el derecho de Argentina de apelar la sentencia de fondo.

Esta posición legal detallada por Sebastián Soler resalta las complejidades y desafíos que enfrenta Argentina en medio de la disputa legal sobre la deuda de $16 mil millones relacionada con la expropiación de YPF.