GPS y delivery: una ley santafesina que sigue cada paso

La Ley 14.362, sancionada el 28 de noviembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 27 de mayo de 2025, crea en la provincia de Santa Fe el Monitoreo Informático Permanente (MIP). Se trata de un sistema estatal que utilizará dispositivos de posicionamiento global (GPS) para seguir en tiempo real a las personas que trabajan como repartidores autónomos por aplicaciones móviles —ya sea en bicicleta, moto o a pie.

El objetivo declarado: proteger la seguridad de los trabajadores, muchas veces expuestos a zonas de riesgo, horarios nocturnos y modalidades precarias. Pero, como toda medida de control masivo, también levanta interrogantes sobre privacidad, datos personales y límites del monitoreo estatal.

¿Quién está alcanzado?

La ley se aplica a personas trabajadoras y proveedoras independientes que presten servicios de entrega domiciliaria de cualquier tipo de producto a través de apps móviles. Es decir, riders y repartidores que operan para plataformas digitales como RepartApp, EnvíaYa o FlashBike (nombres ficticios, inspirados en casos reales).

Una vez inscriptos en un registro provincial obligatorio, los trabajadores recibirán un dispositivo GPS individual para ser rastreados durante sus jornadas laborales.

¿Qué hace el sistema MIP?

Según el texto legal, el Ministerio de Seguridad —o quien lo reemplace— tendrá a su cargo un amplio esquema de tareas:

• Registro digital de trabajadores

• Asignación y control de dispositivos GPS

• Creación de una central de monitoreo permanente

• Desarrollo de estadísticas laborales en tiempo real

• Diseño de un botón antipánico para emergencias

• Habilitación de canales de denuncia anónima vinculados al delito y a la actividad del delivery

El sistema apunta no sólo a proteger a quienes reparten, sino también a generar inteligencia territorial sobre patrones de movimiento, zonas calientes de delitos, y franjas horarias de mayor exposición. Un algoritmo podría sugerir patrullajes preventivos o iluminación urbana específica, por ejemplo.

¿Quién paga este control?

El financiamiento del MIP es tan híbrido como las rutas que recorren los repartidores. La ley dispone que el sistema se sostendrá con:

• Multas e intereses cobrados a plataformas digitales por infracciones a leyes nacionales o provinciales;

• Rentas generales del Tesoro provincial;

• Fondos nacionales aplicables a la temática;

• Organismos multilaterales;

• Y donaciones, legados o subvenciones.

Además, el Poder Ejecutivo queda autorizado a hacer los ajustes presupuestarios necesarios para implementarlo, lo que implica un fuerte compromiso fiscal con el modelo.