La receta electrónica se expande: será obligatoria para estudios y procedimientos médicos

El Gobierno Nacional oficializó la ampliación del sistema digital más allá de los medicamentos. La medida, que busca eliminar el uso del papel y mejorar la trazabilidad, establece plazos de hasta 120 días para la adecuación. Sin embargo, su alcance efectivo se limita a hospitales y obras sociales nacionales, y a las provincias que ya adhirieron a la ley.

El sistema de salud argentino dio hoy un paso decisivo en su camino hacia la digitalización total. A través de la Resolución N° 2214, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la receta electrónica/digital, ya obligatoria para medicamentos desde enero, deberá utilizarse también para la prescripción de estudios de diagnóstico, insumos y toda práctica médica de carácter ambulatorio.

La medida, firmada por el ministro de Salud busca cerrar el círculo de la atención primaria y especializada, creando un ecosistema donde la orden para una radiografía, una resonancia magnética o un análisis de sangre siga el mismo carril digital, seguro y trazable que ya se usa para un antibiótico. El objetivo final: decirle adiós definitivamente al block de papel, reducir errores y optimizar el control del sistema.

Sin embargo, la implementación no será inmediata ni universal. La resolución reconoce la complejidad del sistema sanitario argentino y establece un cronograma de adecuación escalonado. Los plazos son claros:

45 días para que todos los efectores obligados tramiten la Clave Única de Identificación de Recetas (CUIR), el código que garantiza la unicidad de cada prescripción.

90 días para adaptar los sistemas a la prescripción de medicamentos que requieren receta archivada.

120 días como plazo final para integrar la prescripción de los fármacos más controlados, como psicotrópicos y estupefacientes, garantizando su resguardo digital por un mínimo de tres años.

El desafío federal, alcance limitado

Pese a la contundencia del anuncio, el principal desafío para que esta medida se convierta en una realidad para todos los argentinos reside en la estructura federal del país. La obligatoriedad, por ahora, se aplica a un universo acotado: hospitales nacionales, el PAMI, las obras sociales de jurisdicción nacional y, fundamentalmente, las provincias que hayan adherido a la Ley Nacional 27.553.

Este último punto es crucial. A fines del año pasado, apenas once de las veinticuatro jurisdicciones habían formalizado su adhesión. Esto significa que, en la práctica, un paciente en una provincia no adherida podrá seguir manejándose con el sistema tradicional de papel en sus centros de salud locales y con su obra social provincial.

El sistema se apoyará en la tecnología ya implementada: las plataformas deberán estar registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (Renapdis), la identificación del paciente se realizará con su CUIL y cada receta contará con el CUIR para su seguimiento.

La norma también contempla una necesaria dosis de realismo, manteniendo la vigencia de la receta en papel para aquellas “localidades alejadas o con dificultades de conectividad”, una excepción que reconoce la profunda brecha digital que aún atraviesa el territorio nacional.

Este nuevo impulso del Ministerio de Salud representa un avance significativo en un proceso de modernización que ha mostrado avances y retrocesos. Si bien el objetivo de un sistema de salud más transparente, seguro y eficiente es unánime, su concreción dependerá de la velocidad con que las provincias se integren y de la inversión necesaria para superar las barreras tecnológicas que persisten en el sector público.