Resolver antes: una política pública para ordenar los conflictos en salud

: Elizabeth Orrico – Abogada especializada en derecho a la salud.

En estos años analizando conflictos en el acceso a la salud, me tocó conocer expedientes que no se olvidan.

Personas que necesitaban medicación oncológica urgente, pero recibieron respuesta cuando la enfermedad ya había avanzado más que el trámite.

Cirugías que se solicitaron a tiempo, pero nunca se autorizaron, y la urgencia se convirtió en daño.

Niños con discapacidad que esperaron prestaciones que llegaron tarde, cuando ya no eran útiles para su edad, su diagnóstico o su desarrollo.

En todos esos casos, el sistema respondió… pero lo hizo tarde. Y en salud, llegar tarde es no llegar.

Pero también hay algo más profundo: muchas veces, quienes logran resolver un reclamo no son quienes más lo necesitan, sino quienes tienen contactos, recursos o simplemente conocen a alguien. Esa discrecionalidad no es justicia: es desigualdad institucionalizada. Ello resulta incompatible con la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de nuestra carta fundamental y no condice con un Estado moderno, transparente y serio.

En los últimos años, la judicialización en salud se convirtió en una vía casi automática ante cualquier conflicto. Según datos del DNU 379/2025, en 2024 se iniciaron más de 10.900 amparos en salud: 7602 contra obras sociales y 2470 contra prepagas.

Lo más grave es que el 90 % de esos juicios reconocen derechos que el sistema ya debía garantizar. Es decir que, no estamos frente a un problema de legalidad, sino de oportunidad y respuesta.

El resultado es un circuito lento, costoso, desigual y profundamente desgastante para todos los actores: pacientes, financiadores, prestadores, equipos técnicos y el propio Poder Judicial.

Frente a este escenario, se aprobó el procedimiento PROMESA: una instancia prejudicial de mediación en salud, regulada por el DNU 379/2025.

PROMESA no es una mediación civil más. Es una herramienta especializada en salud, con mediadores capacitados, enfoque técnico y reglas claras. Es voluntaria, rápida, y apunta a que el conflicto encuentre una solución antes de escalar al litigio.

Litigio que por otra parte, dado el  estrecho marco cognitivo del amparo, se encuentra acotado en una lógica binaria que no permite ensayar opciones creativas y eficaces para dar solución al conflicto.

De tal suerte que PROMESA no solo pretende terminar con la saturación de la litigiosidad, sino dar respuestas reales, anticipadas y accesibles para quienes hoy se ven obligados a judicializar para intentar acceder a lo que ya les corresponde por derecho.

PROMESA tiene vocación federal. El DNU invita expresamente a las provincias a replicar este modelo con sus propias particularidades, sin imponer estructuras ni alterar sus marcos legales.

Implementar esta herramienta no implica crear burocracia, sino fortalecer la gobernabilidad: resolver conflictos antes, reducir juicios innecesarios, mejorar la relación con los usuarios del sistema y usar los recursos públicos con más inteligencia.

PROMESA no es una solución mágica, ni pretende serlo. Es una herramienta más, una alternativa concreta dentro de un sistema que requiere múltiples respuestas. Ninguna norma, por sí sola, puede transformar integralmente el acceso a la salud. Pero sí puede contribuir. Y en ese sentido, PROMESA representa una decisión política clara: anticipar, ordenar, acortar caminos y reducir los conflictos evitables.

PROMESA no reemplaza a la justicia, ni pretende clausurar la vía judicial. Es una instancia previa, voluntaria, orientada a resolver de manera más ágil los conflictos que pueden encontrar solución sin necesidad de litigar. Por supuesto, habrá casos que no logren resolverse en esta etapa y deban continuar su curso ante los tribunales, como corresponde en un Estado de Derecho. Esta herramienta busca, precisamente, que la justicia intervenga cuando realmente es necesario, y no como única vía disponible frente a demoras o silencios administrativos. Eventualmente, se podrán pensar políticas específicas para darles un tratamiento adecuado, con tiempos más razonables y mayor especialización.

Porque los desafíos en salud no se resuelven con parches ni atajos. Se abordan con políticas públicas bien diseñadas, planificadas, evaluables y sostenidas en el tiempo. PROMESA es una señal en esa dirección. Y cada paso que se dé para fortalecerla será también un paso hacia un sistema de salud más competitivo, más previsible y más humano.