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Entraron por un túnel al barrio cerrado: la Justicia dijo que no fue caso fortuito

Tres ladrones cavaron bajo el cerco de un barrio privado de Campana y asaltaron a una pareja mientras dormía. La Cámara Civil confirmó la condena contra la desarrolladora, la administradora y la empresa de vigilancia. Qué es el caso fortuito, por qué acá no alcanzó y qué conviene revisar cuando la seguridad se paga con las expensas.

Tres ladrones cavaron bajo el cerco de un barrio privado de Campana y asaltaron a una pareja mientras dormía. La Cámara Civil confirmó la condena contra la desarrolladora, la administradora y la empresa de vigilancia. Qué es el caso fortuito, por qué acá no alcanzó y qué conviene revisar cuando la seguridad se paga con las expensas.

La madrugada del túnel

El 29 de noviembre de 2018, de madrugada, tres hombres armados entraron a un barrio cerrado del partido de Campana. No saltaron el alambrado ni engañaron a la guardia: cavaron un pozo por debajo del cerco perimetral. Después se metieron en una casa por una ventana de la planta baja que no tenía rejas.

Adentro dormía una pareja de 40 y 41 años. Los ataron de pies y manos, les exigieron dinero y joyas y, según la demanda, a uno de ellos lo golpearon con la culata de un arma. Se llevaron plata, aparatos electrónicos, ropa, herramientas, tarjetas y documentos.

El juicio: «la seguridad era parte de lo que se compró»

La pareja demandó a las sociedades que desarrollaron y administran el emprendimiento y a la empresa de vigilancia contratada. El argumento fue simple: el control del perímetro, de los accesos y la vigilancia permanente se habían ofrecido al vender el lote y se pagaban todos los meses con las expensas.

Las demandadas reconocieron que habían tercerizado la seguridad, pero dijeron que controlaban el servicio y que un ingreso por excavación era imprevisible e inevitable. En términos jurídicos, invocaron el caso fortuito. La empresa de vigilancia ni siquiera se presentó y fue declarada rebelde.

Lo que encontró el perito

La pericia en seguridad fue el corazón del expediente. Según la crónica judicial, el especialista detectó:

  • un sensor perimetral que no emitió ninguna alerta cuando se produjo el ingreso;
  • un contenedor ubicado del lado de afuera que generaba un punto ciego de seis metros sobre el alambrado;
  • iluminación y vegetación que dificultaban ver movimientos en ese sector;
  • una base de hormigón del cerco que no estaba enterrada a una profundidad que complicara la excavación;
  • cámaras sin un sistema de respaldo eficaz y ninguna constancia de un centro de monitoreo exclusivo.

La jueza de primera instancia sumó otro dato: las empresas no aportaron el plan de seguridad, la distribución de cámaras y sensores ni los protocolos. Como eran quienes estaban en mejores condiciones de mostrar esos papeles, la falta de documentación jugó en su contra.

Qué resolvió la Cámara

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena: $20,9 millones más intereses y costas. Son $6 millones para cada integrante de la pareja por incapacidad (las pericias constataron estrés postraumático y un 15% de incapacidad psíquica), $4 millones para cada uno por daño extrapatrimonial y el valor de los bienes robados. El sumario publicado por elDial ubica la sentencia el 10 de septiembre de 2026, en el expediente 93548/2021.

Tres ideas del fallo sirven más allá del caso:

  • Tercerizar no libera. Quien asumió ante los vecinos el compromiso de dar seguridad sigue respondiendo aunque contrate a otra empresa para hacerlo.
  • Seguridad no es garantía absoluta, pero sí diligencia. La Cámara aclaró que nadie promete que jamás habrá un robo. Lo que se exige es adoptar medidas razonables para prevenir intrusiones. Con un sensor mudo, un punto ciego y un cerco fácil de socavar, esa vara no se cumplió.
  • Entrar por abajo no es imprevisible. En palabras del sumario, quien brinda seguridad en un barrio privado se obliga a «prevenir el ingreso no autorizado de terceros, cualquiera sea la modalidad».

Hubo además un matiz técnico. La primera instancia aplicó la Ley de Defensa del Consumidor. Dos de los camaristas prefirieron analizar el caso como un incumplimiento contractual y no bajo el régimen de servicios defectuosos de esa ley. El resultado fue el mismo. La única modificación fue dejar sin efecto una doble tasa de interés prevista para el caso de que la condena no se pagara: la Cámara entendió que era prematuro fijarla.

La palabra clave: caso fortuito

El Código Civil y Comercial llama caso fortuito al hecho que no pudo preverse o que, previsto, no pudo evitarse (artículo 1730). Si se prueba, libera de responsabilidad. Por eso es la defensa clásica de quien tenía que cuidar algo y no lo logró.

El problema aparece cuando el hecho «imprevisible» es justamente aquello que el servicio debía impedir. Un robo no es un rayo: es el riesgo propio de la actividad de vigilar. Para que funcione como excusa hay que demostrar que el sistema estaba bien diseñado, que funcionaba y que aun así fue superado. Acá la prueba mostró lo contrario.

No es un caso aislado

Los tribunales vienen resolviendo estos reclamos caso por caso, según el contrato y la prueba:

  • Tigre. Por un robo de noviembre de 2018, la Cámara Civil distribuyó en julio de 2026 la responsabilidad en un 80% para la empresa de seguridad y un 20% entre la desarrolladora y la administradora, según reseñó el asesor legal de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
  • Guaymallén, Mendoza. En febrero de 2026 la Justicia mendocina condenó a una empresa de vigilancia a pagar $27 millones a una familia asaltada, por fallas en la detección perimetral; el barrio no fue condenado, según la misma fuente.
  • Monte Grande. Por un asalto de 2009, una empresa de seguridad debió indemnizar a dos familias tras un juicio que duró doce años.
  • Córdoba. En un hurto en un barrio de Lomas de la Carolina, la Justicia rechazó la demanda al discutir si la obligación de la administración era de medios o de resultado.

En Derecho en Zapatillas ya se contaron dos antecedentes: uno en el que respondió la empresa de vigilancia pero no el country y otro en el que la Cámara no encontró negligencia del club de campo.

Claves prácticas

Para quien vive en un barrio cerrado o edificio con vigilancia

  • Pedir por escrito qué incluye la seguridad. Contrato con la empresa, cantidad de vigiladores, cámaras, sensores, centro de monitoreo y protocolos. «Seguridad 24 horas» puede querer decir cosas muy distintas.
  • Conservar folletos, avisos y el reglamento. Lo que se ofreció al vender integra el contrato.
  • Ante un robo, hacer la denuncia e intimar de inmediato la conservación de las grabaciones y los registros de alarmas. Las imágenes suelen sobrescribirse en pocos días.
  • Documentar el daño. Fotos del perímetro, listado de bienes, facturas y atención psicológica. En este caso, la mayor parte de la indemnización fue por daño psíquico y moral.
  • Tener presente el plazo. Como regla general, la acción por daños prescribe a los tres años (artículo 2561 del Código Civil y Comercial).

Para administraciones y consejos de propietarios

  • Auditar a la empresa de vigilancia. Registrar fallas, pruebas de sensores y mantenimiento. Contratar y pagar la factura no alcanza.
  • Dejar todo por escrito. En el juicio, lo que no está documentado pesa contra quien debía tenerlo.
  • Revisar el perímetro con ojos de intruso. Puntos ciegos, vegetación, iluminación y objetos apoyados contra el cerco.

Fuentes

Aviso legal: esta nota es de divulgación y no constituye asesoramiento jurídico. Se basa en la crónica periodística y en el sumario publicado del fallo; el texto completo de la sentencia no estaba disponible al cierre. Cada caso depende de sus hechos, del contrato y de la prueba. Ante una situación concreta, conviene consultar a un abogado o abogada de la matrícula.

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