Novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano

Destrucción creativa a la argentina: quién gana, quién pierde y qué dice la ley, a propósito de las Jornadas del BCRA

El presidente del Banco Central abrió las Jornadas Monetarias 2026 hablando de "destrucción creativa". Detrás de esa idea hay un siglo de fallos de la Corte y un paquete de leyes recientes que definen quién puede comprar dólares, cómo se financia una empresa, cuánto cuesta un despido, qué impuestos se pagan y qué pasa cuando una fábrica cierra. Fallos, normas, datos y una guía práctica.

En las Jornadas Monetarias BCRA 2026 se habló de «destrucción creativa». Detrás de esa idea hay un siglo de fallos de la Corte Suprema y un paquete de leyes recientes que definen quién puede comprar dólares, cómo se financia una empresa, cuánto cuesta un despido, qué impuestos se pagan y qué pasa cuando una fábrica cierra. Un recorrido por sentencias, normas y datos, con una guía de lo que conviene revisar en cada caso.

En 30 segundos

  • Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA (16 y 17 de noviembre, Palacio Libertad) giran en torno a una idea: con menos inflación, gana quien produce mejor, no quien especula mejor. Santiago Bausili usó la expresión «destrucción creativa» en la apertura.
  • Esa idea de Schumpeter, premiada con el Nobel 2025 a Aghion y Howitt, tiene traducción jurídica: contratos, concursos, convenios, aduanas, impuestos y sentencias.
  • La Corte fijó las líneas de fondo: Ercolano y Cine Callao (hasta dónde regula el Estado), Peralta, Bustos y Massa (emergencia y moneda), Candy (inflación e impuestos), Camaronera (retenciones), Vizzoti y Oliva (despidos e intereses).
  • En 2026 sumó fallos con impacto directo en los costos: límites a las alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos y a las tasas municipales sin servicio (Banco Galicia, 10 de septiembre).
  • La foto económica es de dos velocidades: emisiones de deuda récord para energía y mora récord en familias (12,8% en bancos en agosto, según el BCRA); más concursos preventivos y procedimientos de crisis.
  • Fechas a mirar: desde el 17 de noviembre rige el control previo de fusiones; el miércoles 18 Diputados trata la Carta Orgánica del BCRA; el 1 de diciembre arranca el Fondo de Asistencia Laboral.

Un gráfico con medio siglo de fiebre

Lunes 16 de noviembre de 2026, Auditorio Nacional del Palacio Libertad, la Ballena Azul. En la pantalla aparece un gráfico que cualquier persona criada en la Argentina reconoce sin leer el título: la inflación mensual desde 1973. Una cordillera. Un serrucho largo en los setenta y los ochenta, picos que se salen del cuadro con la hiperinflación de 1989 y 1990, un llano de casi una década en los noventa, el sacudón de 2002 y un último pico, a fines de 2023, que ronda el 25% en un solo mes.

Un rato antes, se habló en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 con un cambio de tema. Después de décadas de hablar de déficit y de cómo evitar la próxima crisis, dijo, «es bastante más estimulante empezar a discutir cómo crecer». Y le puso nombre al proceso: las reformas en marcha pueden funcionar como una destrucción creativa que derribe barreras a la competencia y libere recursos para usos mejores, con empresas que encontrarán oportunidades y otras que deberán adaptarse. En la agenda incluyó también la tecnología, la tokenización y la inteligencia artificial.

Al lado del gráfico de la inflación habla Fernando Marengo, socio y economista jefe de BlackTORO Global Investments, en el primer panel, dedicado a las expectativas de mercado sobre la transición económica. Su tesis, según la crónica de El Cronista: el problema argentino no es tanto crecer como lograr, por una vez, que el crecimiento no termine en una crisis. El desequilibrio fiscal se financió durante décadas con deuda o con emisión; la primera vía terminó en reestructuraciones y la segunda en inflación. Y la inflación desordena los precios relativos: cuando todo sube a distinto ritmo, los precios dejan de informar y los recursos se asignan mal.

El ejemplo que usó sirve para entender por qué no hubo crédito a largo plazo: para que quien presta gane un 5% real, con inflación cero alcanza una tasa del 5%; con 20% de inflación hace falta una tasa cercana al 26%; con 50%, casi 58%. Con tasas así nadie toma una hipoteca.

La placa siguiente cambia la pregunta. Ya no se trata de cuánto suben los precios, sino de quién puede producir con rentabilidad en la nueva economía. La lámina distingue tres situaciones:

  • Productiva y rentable: empresas con ventajas competitivas hoy, que pueden crecer con estabilidad, escala, inversión y acceso a mercados.
  • Productiva, aún no rentable: tienen tecnología y eficiencia, pero cargan costos de transición, impuestos, logística o falta de escala.
  • Rentable por distorsiones: su margen depende de protección, inflación, subsidios, regulación o financiamiento excepcional.

El cierre de la placa resume el argumento: producir no alcanza; la transformación «depende de la rentabilidad después de reponer capital». En el panel, Marengo lo dijo de otro modo: «desapareció la renta financiera» y lo que queda es la rentabilidad operativa, que depende de la productividad. En mayo, ante empresarios cordobeses, había advertido que durante dos décadas en la Argentina «no era necesario ser productivo para ganar plata», y en otra entrevista pidió que el gerente estrella de cada compañía «sea el de Producción y no el de Finanzas».

El resto del día completó el cuadro. Daniel Lerner describió una economía de contrastes: financiamiento récord para algunos sectores, como las petroleras, y estrés récord para otros, con una distancia creciente entre las empresas que logran adaptarse y las que no. Ariel Coremberg recordó que la Argentina y Australia arrancaron el siglo XX con ingresos por habitante parecidos y que hoy el argentino equivale a cerca de un tercio del australiano; estimó en USD 268.000 millones el ahorro de los argentinos que está fuera del sistema financiero y sostuvo que hace falta invertir más del 20% del producto durante dos décadas. Fernando Navajas habló de un cambio estructural empujado por la energía y la minería, y marcó tres alertas: la reorganización de la industria frente a la apertura, la infraestructura y el empleo en servicios frente a la inteligencia artificial.

Traducido al idioma del derecho: cuando la inflación deja de ser el negocio, lo que pasa a importar son las reglas. Quién puede comprar dólares y para qué. Cuánto cuesta despedir y cuánto cuesta contratar. Cuánto se llevan el fisco nacional, la provincia y el municipio. Cómo se financia una empresa sin depender de un banco. Qué pasa con las deudas cuando el negocio no da más. Y qué hacen los jueces cuando una de esas reglas choca con la Constitución.

Schumpeter, el Nobel 2025 y la Constitución

En 1942 el economista austríaco Joseph Schumpeter publicó Capitalismo, socialismo y democracia y le puso nombre al fenómeno: destrucción creativa. La economía crece cuando lo nuevo reemplaza a lo viejo. La máquina desplaza al oficio, la plataforma al local, la empresa eficiente a la que vivía de un privilegio. Crece la torta, pero alguien pierde su porción en el camino.

En octubre de 2025, el Nobel de Economía premió a Philippe Aghion y Peter Howitt por haber convertido esa intuición en un modelo matemático (publicado en 1992), y a Joel Mokyr por explicar las condiciones históricas del crecimiento sostenido. Aghion expone en estas mismas Jornadas el martes 17, de manera virtual, con una charla sobre reasignación de recursos, innovación y barreras de entrada. El modelo tiene una idea incómoda para todos: la innovación necesita un premio (una patente, una ganancia extraordinaria por un tiempo), pero también necesita que ese premio no se vuelva eterno, porque el que ya llegó tiende a levantar barreras para que no llegue el siguiente.

Lo interesante para el derecho es que la destrucción creativa no ocurre en el vacío: pasa por leyes, contratos, convenios colectivos, concursos, aduanas y sentencias. Y la Constitución tiene bastante que decir:

  • El artículo 75, inciso 18, la vieja «cláusula del progreso» de 1853, encarga al Congreso promover la industria, la inmigración, los ferrocarriles y la importación de capitales extranjeros.
  • El inciso 19, agregado en 1994, le suma proveer lo conducente «a la productividad de la economía nacional», a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores y a la defensa del valor de la moneda, todo en la misma oración.
  • El artículo 42 manda defender la competencia «contra toda forma de distorsión de los mercados» y controlar los monopolios.
  • El artículo 14 bis protege contra el despido arbitrario y promete algo que nunca se reglamentó de modo general: la «participación en las ganancias de las empresas». Es la versión constitucional, de 1957, del debate actual sobre atar salarios a productividad.
  • Los artículos 14 y 17 garantizan trabajar, ejercer industria lícita y la propiedad; el artículo 28 prohíbe que las leyes que reglamentan esos derechos los alteren.

Productividad, moneda, competencia, propiedad y protección del empleo conviven en el mismo texto. Buena parte del debate actual, y de la jurisprudencia de un siglo, es sobre cómo se ordenan entre sí.

Cuánto puede meterse el Estado en un contrato: de «Ercolano» a «Cine Callao»

Buenos Aires, 1921. La ciudad desborda de inmigrantes, faltan viviendas y los alquileres se disparan. El Congreso responde con la Ley 11.157: congela por dos años los alquileres al valor que tenían el 1 de enero de 1920. Agustín Ercolano, inquilino, quiere pagar el precio congelado; la dueña, Julieta Lanteri de Renshaw, reclama el precio del contrato y lleva el caso hasta la Corte. El 28 de abril de 1922 el tribunal convalida la ley («Ercolano c/ Lanteri de Renshaw», Fallos 136:161): ningún derecho es absoluto y, ante una situación excepcional que afecta a buena parte de la población, el Estado puede fijar por un tiempo el precio de un contrato entre particulares.

Ese mismo año y tres años después, la Corte marcó los bordes. En «Horta c/ Harguindeguy» dijo que la ley no podía aplicarse hacia atrás a un contrato escrito con plazo, porque eso ya era quitar un derecho adquirido. Y en «Mango c/ Traba» (1925) advirtió que las prórrogas sucesivas habían convertido lo transitorio en permanente: la emergencia tiene fecha de vencimiento.

Con esos tres fallos quedó armado el esquema que sigue vigente. La línea continuó así:

Caso Qué se discutía Qué dejó
Ercolano (1922, Fallos 136:161) Congelamiento de alquileres por dos años. El Estado puede regular precios de contratos privados en una emergencia, por tiempo limitado.
Horta (1922, Fallos 137:47) La misma ley, aplicada a un contrato escrito anterior. Límite: no puede afectar derechos ya adquiridos por contrato.
Mango (1925, Fallos 144:219) Las prórrogas del régimen de alquileres. Límite: la emergencia no puede ser indefinida.
Avico c/ de la Pesa (1934, Fallos 172:21) La Ley 11.741 suspendió por tres años el cobro del capital de las hipotecas y limitó los intereses. Validó la moratoria: una ley puede postergar derechos de los acreedores si es razonable y transitoria.
Inchauspe (1944, Fallos 199:483) Aporte obligatorio de los ganaderos a la Junta Nacional de Carnes. La regulación económica permanente de un mercado también es válida si el medio es razonable.
Cine Callao (1960, Fallos 247:121) Obligación de los cines de contratar «números vivos». Poder de policía amplio: el Estado puede imponer cargas para proteger el empleo de un sector.

Cuando la pantalla se comió a las variedades

El último de la lista es el caso de manual de destrucción creativa. A mediados del siglo XX, con las salas volcadas a la proyección de películas, los artistas de variedades atravesaban una fuerte crisis de empleo. La respuesta fue la Ley 14.226 (1953): los cines debían incluir «números vivos» en su programación. La sociedad dueña del Cine Callao se negó a cumplir; la Dirección Nacional de Servicio de Empleo la intimó y la sancionó, y el caso subió hasta la Corte.

El 22 de junio de 1960 el tribunal confirmó la validez de la ley («Callao (Cine) s/ interpone recurso jerárquico») y adoptó una visión amplia del poder de policía: el Estado puede restringir derechos no solo por razones de seguridad, salubridad o moralidad, sino también para proteger intereses económicos de la comunidad, como una crisis ocupacional. Frente a la tecnología que desplazaba un oficio, el derecho eligió frenar la destrucción.

Sesenta y seis años después, la política económica se orienta en sentido contrario, con desregulación (DNU 70/2023, Ley Bases 27.742), apertura y eliminación de regímenes sectoriales. Pero el estándar jurídico sigue siendo el mismo: toda regulación, y también toda desregulación, debe ser razonable (artículo 28 de la Constitución) y no puede alterar la sustancia de los derechos. Es la vara con la que los tribunales miden hoy la reforma laboral, las retenciones o el cepo.

Un siglo de emergencias: moneda, depósitos y sueldos

Si el gráfico de inflación es la historia económica, esta es su versión judicial. Cada crisis dejó un fallo.

Caso Qué se discutía Qué resolvió la Corte
Peralta (1990, Fallos 313:1513) Plan Bonex: el Decreto 36/90 cambió la mayoría de los plazos fijos por bonos. Convalidó el decreto por la emergencia económica: el derecho de emergencia funciona dentro de la Constitución.
Guida (2000, Fallos 323:1566) Rebaja de sueldos estatales por decreto en 1995. La validó: reducción acotada, general y transitoria.
Tobar (2002, Fallos 325:2059) El recorte del 13% a sueldos estatales de 2001. Lo invalidó: no tenía límite de tiempo ni de monto y dejaba el salario a discreción del Estado.
Smith (2002, Fallos 325:28) El «corralito» sobre los depósitos. Declaró inconstitucionales las restricciones en el caso concreto.
Bustos (2004, Fallos 327:4495) La pesificación de los depósitos en dólares. Convalidó la pesificación.
Galli (2005, Fallos 328:690) La pesificación de bonos públicos bajo ley argentina. La convalidó.
Massa (2006, Fallos 329:5913) Cómo devolver los depósitos pesificados. Fijó la fórmula: $1,40 por dólar, ajustado por CER, más un interés del 4% anual.
Rinaldi y Longobardi (2007, Fallos 330:855 y 330:5345) Hipotecas entre particulares pactadas en dólares. Validó la pesificación y aplicó el «esfuerzo compartido»: la diferencia de cambio se repartió entre deudor y acreedor.
Massolo (2010, Fallos 333:447) La prohibición de indexar de la Ley 23.928. La consideró válida: es una decisión de política económica que corresponde al Congreso.

La línea deja tres lecciones. La primera: la emergencia no crea poderes nuevos, pero habilita a usar los existentes con más intensidad, con razonabilidad y de forma transitoria. La segunda: la Corte suele aceptar las grandes decisiones monetarias del Congreso y del Poder Ejecutivo, y reserva su intervención para los casos en que el resultado se vuelve confiscatorio en concreto (la diferencia entre Guida y Tobar es exactamente esa). La tercera: en la Argentina, un contrato en dólares vale lo que diga la ley del momento en que haya que cumplirlo. Esa memoria explica buena parte de la desconfianza que los economistas miden como «ahorro fuera del sistema».

Quién escribe las reglas: decretos, tarifas y el DNU 70/2023

Para invertir, tan importante como la regla es saber quién puede cambiarla. La Corte fue construyendo también esa respuesta.

  • Decretos de necesidad y urgencia. En «Verrocchi» (1999, Fallos 322:1726) fijó que solo proceden si el Congreso no puede reunirse o si la urgencia es incompatible con el trámite de una ley. En «Consumidores Argentinos» (2010, Fallos 333:633) invalidó un decreto que reformaba la ley de seguros: la mera conveniencia no es necesidad.
  • Impuestos. Solo por ley del Congreso. Es la regla de «Camaronera», que se explica más abajo.
  • Tarifas. En «CEPIS» (2016, Fallos 339:1077) anuló el aumento del gas para usuarios residenciales porque no hubo audiencia pública previa, y pidió gradualidad: los precios regulados también tienen procedimiento.

El caso testigo de hoy es el DNU 70/2023, que derogó o modificó decenas de leyes: alquileres, abastecimiento, góndolas, compre nacional, tarjetas de crédito, tierras rurales y el artículo del Código Civil y Comercial sobre deudas en moneda extranjera, entre otras. El Senado lo rechazó en marzo de 2024, pero según la Ley 26.122 un DNU sigue vigente mientras no lo rechacen las dos cámaras. Su capítulo laboral quedó suspendido por la Justicia, y después el Congreso legisló sobre esos temas en la Ley Bases y en la Ley 27.802.

La Corte todavía no se pronunció sobre el fondo. El 29 de septiembre de 2026 dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales (causa «CECIM La Plata»), pero lo hizo porque la entidad que demandaba no tenía legitimación, y aclaró que no opinaba sobre la validez del decreto. Días después, en otro expediente sobre el mismo artículo, suspendió sus efectos hasta que un juzgado federal resuelva quién puede litigar. Moraleja práctica: una regla nacida por decreto puede durar años sin que nadie diga la última palabra, y conviene saber de dónde sale cada derecho que se da por seguro.

El dólar en 2026: libre para las personas, con candado para las empresas

Desde abril de 2025 las personas humanas pueden comprar dólares sin tope en el mercado oficial. Desde el 2 de enero de 2026 el tipo de cambio flota dentro de una banda que se ajusta cada mes por la inflación de dos meses antes; arrancó con un piso de $914,78 y un techo de $1.529,03. El último dato del INDEC, publicado el 12 de noviembre, marcó una inflación de 2,2% en octubre, la más alta desde abril, con 33,1% interanual y 26,3% acumulado en el año; la inflación núcleo fue de 1,5%.

Para las empresas, el cuadro es otro. La base jurídica del control de cambios sigue siendo el DNU 609/2019, las facultades regulatorias del BCRA y el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359). Las personas jurídicas no pueden comprar dólares para atesorar, y rige la llamada restricción cruzada: quien opera en el mercado oficial no puede usar el MEP o el contado con liquidación durante 90 días, y viceversa. En abril de 2026 la Comunicación «A» 8417 extendió esa restricción a quienes giran dólares a cuentas del exterior y, a la vez, eliminó para las personas humanas la obligación de liquidar en el país las divisas de exportaciones de bienes. En mayo, Bausili sostuvo que levantar las restricciones a las empresas no figura entre las prioridades del organismo.

Al mismo tiempo, se habilitó el giro de dividendos de los ejercicios iniciados desde 2025. Resultado: según datos del BCRA, las empresas transfirieron al exterior más de USD 4.000 millones en dividendos en los primeros nueve meses de 2026, el monto más alto en una década. Los stocks de dividendos y deudas comerciales anteriores a 2025 siguen restringidos, y el BCRA ofreció canalizarlos mediante los bonos BOPREAL.

Un detalle que une el cepo con el financiamiento: en mayo de 2025, la Comunicación «A» 8244 estiró de 6 a 18 meses el plazo mínimo para que una obligación negociable acceda al mercado oficial a fin de pagar su capital. Buscaba cortar un «rulo»: la emisión de ON a tasa cero que servía para sacar dólares sin quedar atrapado en la restricción cruzada.

El contexto financiero tampoco es neutro. Según mostró Marengo en las Jornadas, los rendimientos de los bonos en dólares subieron con fuerza entre junio y comienzos de noviembre, y el mercado exige una tasa mucho más alta para los pagos posteriores a la elección presidencial de 2027 que para los anteriores. El riesgo que el mercado está cobrando es, sobre todo, de reglas: qué programa habrá después.

La otra pieza institucional es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El Senado la aprobó con cambios el 24 de septiembre (46 votos contra 22) y Diputados convocó a sesión para el miércoles 18 de noviembre con la intención de darle sanción definitiva. El proyecto fija como misión primaria preservar el valor de la moneda y prohíbe financiar al Tesoro y a las provincias. Es, en términos de la tabla de más arriba, el intento de que la próxima emergencia no pueda pagarse con emisión.

Contratos en dólares: lo pactado obliga (por ahora)

Hasta diciembre de 2023, el artículo 765 del Código Civil y Comercial permitía a quien debía dólares liberarse pagando el equivalente en pesos, salvo pacto en contrario. El DNU 70/2023 lo cambió: quien se obligó en moneda extranjera solo cumple entregando esa moneda, y los jueces no pueden modificar la moneda ni la forma de pago pactadas (artículos 765 y 766). También reforzó la regla general de que lo acordado entre las partes prevalece sobre las normas supletorias.

Dos aclaraciones. Para los contratos firmados antes del 29 de diciembre de 2023, la interpretación más extendida es que sigue valiendo la regla vieja, salvo que se haya pactado de manera expresa el pago efectivo en dólares. Y como la reforma está en un decreto cuya validez de fondo la Corte no resolvió, la solidez de la regla depende de que el DNU siga en pie o de que una ley la confirme. En DEZ hay un análisis más largo sobre la arquitectura legal del bimonetarismo.

El crédito, la pieza que falta

En las Jornadas hubo acuerdo en un punto: sin crédito no hay inversión, y el crédito argentino es chico. Según el Informe Monetario del BCRA, en septiembre de 2026 los préstamos en pesos al sector privado equivalían a cerca del 9% del producto, y a 12,5% sumando los otorgados en moneda extranjera. En Chile esa relación supera el 100% y en Brasil ronda el 75%.

Después de crecer con fuerza en 2025, el crédito a las familias se frenó y apareció la mora. El Informe sobre Bancos del BCRA de agosto ubicó la irregularidad del crédito al sector privado en 7,75%. En las familias fue de 12,8%, casi el doble del 6,6% de un año antes y apenas por debajo del máximo de más de veinte años que había marcado en julio. Un relevamiento del CEPA sobre datos del BCRA estimó para septiembre 12,2% en familias y 3,9% en empresas, con 17% de atraso en préstamos personales, y calculó en algo más de 6 millones las personas con alguna deuda en situación irregular entre bancos y billeteras virtuales. La excepción son los hipotecarios ajustados por UVA, la única línea que siguió creciendo en términos reales.

Es la otra cara de la placa de Marengo: el mismo sistema que coloca deuda récord de las petroleras tiene récord de atrasos en tarjetas. En ese cruce, la ley dice varias cosas que conviene conocer:

  • Intereses de la tarjeta. El DNU 70/2023 eliminó el tope legal que tenían los intereses punitorios (los que corren cuando ni siquiera se paga el mínimo); solo quedó en pie que no pueden capitalizarse. El costo del atraso, por lo tanto, depende de cada emisor y figura en el resumen.
  • Información. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (artículo 36) obliga a informar en toda operación de crédito el monto financiado, la tasa, el sistema de amortización, los gastos y el costo financiero total. Si falta ese dato, la persona deudora puede pedir la nulidad del contrato o de la cláusula. El Código Civil y Comercial regula además los contratos bancarios con consumidores (artículos 1384 a 1389).
  • Informes crediticios. La Ley 25.326 (artículo 26) limita a cinco años el tiempo durante el cual puede informarse una deuda impaga, plazo que baja a dos años cuando la deuda se cancela. La Central de Deudores del BCRA puede consultarse de forma gratuita con el CUIT o CUIL.
  • Créditos UVA. La cuota y el capital se ajustan por inflación. Antes de firmar, comparar la relación entre cuota e ingreso y revisar qué prevé el contrato si los salarios quedan por detrás de los precios.
  • Sobreendeudamiento. No existe en la Argentina un régimen especial de insolvencia para consumidores. Las personas humanas pueden recurrir al concurso preventivo de la Ley 24.522, con el trámite simplificado de los «pequeños concursos» (artículos 288 y 289).

Financiarse sin inflación: obligaciones negociables, pymes, IPO y tokenización

Sin inflación que licúe deudas ni bancos que presten a largo plazo, el mercado de capitales se vuelve central. La herramienta estrella es la obligación negociable (ON), regulada por la Ley 23.576: un título de deuda que una empresa coloca entre inversores, con condiciones fijadas en un prospecto o suplemento. En 2025 las emisiones de ON y fideicomisos financieros superaron los USD 20.250 millones, un récord. En septiembre de 2026 hubo 42 colocaciones de ON por USD 2.722 millones, el segundo mayor monto mensual desde 2015, con YPF, Vista y Tecpetrol concentrando más del 75%. Las pymes también se sumaron: 15 colocaciones bajo el régimen PyME CNV Garantizada, el mayor número en dos años.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió más puertas. La Resolución General 1117/2026 permitió que las ON de bajo y mediano impacto de emisoras ya autorizadas en el Régimen General se ofrezcan también a inversores minoristas. La Resolución General 1125/2026 fijó en 15 millones de UVA el tope del régimen de bajo impacto para ON, llevó el de mediano impacto de 7 a 15 millones de UVA y habilitó esas vías también en la modalidad de financiamiento colectivo.

Para una pyme, el menú real es más amplio que la ON: cheques de pago diferido y pagarés negociados en el mercado, la factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27.440), que convierte en título negociable lo que le debe una empresa grande, y los avales de las sociedades de garantía recíproca (Ley 24.467), que bajan la tasa porque quien responde ante el inversor es la SGR.

Las acciones, en cambio, van más despacio. Una oferta pública inicial (IPO) exige ser sociedad anónima, obtener la autorización de la CNV con un prospecto bajo la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, listar en un mercado como BYMA y sostener un régimen de información permanente; para cotizar en Nueva York se suma el registro ante la SEC. En julio de 2026, Genneia y YPF Luz presentaron sus formularios para salir a la bolsa en Nueva York y en BYMA, lo que habría sido la primera IPO argentina en Wall Street en años. A comienzos de noviembre, ambas operaciones estaban suspendidas: con el Merval cerca de 30% abajo en dólares desde su máximo de junio, los accionistas no quisieron vender barato. En el mercado local, el antecedente reciente es la IPO de RAGHSA en BYMA en 2025.

La novedad tecnológica que Bausili mencionó en la apertura ya tiene norma. La CNV creó en 2025 un régimen de tokenización (Resoluciones Generales 1069 y 1081), que permite representar de forma digital fideicomisos, fondos cerrados, acciones, ON y CEDEARs, y en junio de 2026 lo amplió y prorrogó como régimen de prueba hasta el 31 de diciembre de 2027 (Resolución General 1150). El token no cambia el derecho que representa: sigue siendo un valor negociable con las mismas reglas de información y los mismos riesgos.

La foto encaja con la placa de Marengo: el financiamiento fluye hacia los sectores «productivos y rentables» (energía, en primer lugar), mientras que buena parte de la industria espera. A partir de diciembre se sumará otro caudal de dinero al mercado: los aportes al Fondo de Asistencia Laboral, que se canalizan por fondos comunes de inversión y fideicomisos supervisados por la CNV.

Grandes inversiones con reglas propias: RIGI y Súper RIGI

La respuesta legal más ambiciosa a la desconfianza acumulada es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases 27.742. A los proyectos de más de USD 200 millones les garantiza por 30 años estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria, alícuota reducida de Ganancias, libre disponibilidad creciente de las divisas de exportación y la posibilidad de llevar los conflictos a arbitraje. En términos de la jurisprudencia repasada más arriba, es un seguro contra la próxima emergencia: lo que la ley general no puede prometer, se lo promete a un grupo de proyectos.

El plazo para adherir fue prorrogado por el Decreto 105/2026 hasta el 8 de julio de 2027. Ya hay 18 proyectos aprobados y, según el portal oficial lanzado en junio, más de USD 130.000 millones entre aprobados y en evaluación; las cifras varían según se cuente la inversión total de cada proyecto o solo la parte computable para el régimen. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, energía y minería explican cerca del 97% del monto aprobado. El desembolso es lento: una presentación del vicepresidente del BCRA ante inversores, citada por Chequeado, registraba hasta marzo de 2026 un ingreso neto de divisas de USD 762 millones.

El Gobierno impulsa además un Súper RIGI para industrias que todavía no existen en el país (grandes centros de datos, entre otras): inversión mínima de USD 1.000 millones y Ganancias al 15%. Tuvo media sanción en Diputados el 24 de junio de 2026 (130 votos contra 106) y, tras varios intentos fallidos de dictamen, al cierre de esta nota seguía pendiente en el Senado.

El debate jurídico y económico es el mismo que plantea la placa de las tres columnas. Quienes lo defienden sostienen que sin esas garantías los proyectos de gran escala no llegan. Quienes lo critican señalan el costo fiscal (el CEPA lo estimó en más de USD 1.000 millones por año con los proyectos en plena operación) y la desigualdad con la pyme que es «productiva, aún no rentable» y paga la carga completa. La Constitución admite tratos distintos si la distinción es razonable (artículo 16); si lo es, y por cuánto tiempo, es una discusión que tarde o temprano llega a los tribunales.

Impuestos: de «Candy» a la ley

En 2002 la inflación volvió, pero la ley prohibía aplicar el ajuste por inflación impositivo en Ganancias. Las empresas pagaban impuesto sobre ganancias que en buena medida eran solo papel pintado. En «Candy S.A. c/ AFIP» (2009, Fallos 332:1571), la Corte admitió el ajuste para el ejercicio 2002 porque, sin él, el tributo absorbía alrededor del 62% del resultado impositivo ajustado: una porción confiscatoria. La regla quedó así: la prohibición es válida en general, pero cede cuando se prueba, con pericia contable, que el impuesto se come una parte sustancial de la renta o del capital. En «Hermitage» (2010, Fallos 333:993) aplicó la misma lógica al impuesto a la ganancia mínima presunta: no se puede gravar una renta que se demuestra inexistente. Y en «Telefónica de Argentina» (2022, Fallos 345:1184) agregó que tampoco corresponde negar la actualización de los quebrantos acumulados.

Lo que antes exigía años de pleito, hoy está en parte en la ley. El capítulo fiscal de la Ley 27.802 de Modernización Laboral dispuso la actualización de los quebrantos por IPC. También eximió de Ganancias el alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación y el resultado de la venta de inmuebles de personas humanas (desde el 1 de enero de 2026), declaró exentos los intereses de plazos fijos en dólares para personas humanas, eliminó impuestos internos sobre seguros, telefonía celular, autos, embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios, y creó el RIMI, un régimen para medianas inversiones de MiPyMEs con amortización acelerada y devolución de IVA (inversión mínima desde USD 150.000 para microempresas).

Lo que no pasó: la baja de la alícuota de Ganancias para sociedades (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%) figuraba en el proyecto original, pero quedó afuera tras la negociación con los gobernadores, que reparten ese impuesto por coparticipación. Y a fines de agosto el Gobierno decidió no enviar por ahora una reforma tributaria integral. A comienzos de noviembre retiró además un proyecto que cambiaba el tratamiento de los CEDEARs en Ganancias.

En paralelo avanzó la llamada Inocencia Fiscal, que apunta justamente al ahorro que está fuera del sistema. La Ley 27.799 (vigente desde el 2 de enero de 2026) elevó los montos del régimen penal tributario, actualizó multas y creó una declaración jurada simplificada de Ganancias para personas humanas. La Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II y publicada el 9 de octubre, eliminó los topes de ingresos y patrimonio para ese régimen simplificado, puso en cabeza de ARCA la carga de probar para impugnarlo y redujo multas formales para MiPyMEs y personas humanas. En DEZ ya se explicó qué cambió con Inocencia Fiscal II y cómo la reglamentó el Decreto 1253/2026.

El costo que no figura en ARCA: Ingresos Brutos y tasas municipales

Cuando en la placa se lee «impuestos» entre los costos de la empresa «productiva, aún no rentable», buena parte no es nacional. Ingresos Brutos se cobra en cada etapa de la cadena, y las tasas municipales muchas veces se calculan sobre la facturación. En 2026 la Corte fue especialmente activa en ese terreno:

  • Aduanas interiores. El 9 de abril y el 11 de junio declaró inconstitucionales regímenes de Santa Fe, Salta y Entre Ríos que cobraban una alícuota más alta de Ingresos Brutos a las empresas con planta en otra provincia (por ejemplo, 4,5% contra 3,5% para la industria local). Es la doctrina de «Bayer c/ Santa Fe» (2017): una provincia no puede castigar con impuestos al producto de afuera, porque la Constitución prohíbe las aduanas interiores (artículos 9 a 12 y 75, inciso 13).
  • Retenciones bancarias y pagos a cuenta. A fines de agosto confirmó medidas cautelares contra Misiones en favor de dos empresas. A una de ellas, según la información publicada sobre la causa, le habían retenido más de $7.000 millones por un impuesto anual estimado en unos $23 millones.
  • Tasas sin servicio. El 10 de septiembre resolvió «Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba» y «Mutual de Ayuda entre Ferroviarios c/ Municipalidad de Pergamino». En el segundo caso, una mutual había pagado durante casi cincuenta años una tasa de seguridad e higiene; la primera inspección llegó después de iniciar el juicio. La Corte reiteró la línea de «Laboratorios Raffo» (2009): una tasa solo es válida si retribuye un servicio concreto, efectivo e individualizado, y es el municipio el que debe probar que lo presta. El juez Rosatti resumió los requisitos en tres: hecho imponible definido con claridad y servicio identificado; prestación efectiva; y un monto que guarde relación con el costo global del servicio y con la capacidad de pago.

Los fallos no anulan las tasas en general ni impiden usar los ingresos como base de cálculo (lo admitió en «Esso c/ Municipalidad de Quilmes», 2021). Fijan un piso: sin servicio, no hay tasa.

Retenciones, importaciones y acuerdos comerciales

En 2002, una resolución del Ministerio de Economía fijó derechos de exportación a productos pesqueros. Una empresa pesquera patagónica, Camaronera Patagónica S.A., fue a la Justicia. En 2014 la Corte le dio la razón («Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía», Fallos 337:388): las retenciones son tributos, y solo el Congreso puede crearlos. Un ministerio no puede fijarlos por resolución, y la delegación en materia tributaria solo cabe, como mucho, para fijar el monto de las alícuotas dentro de los límites que establezca la ley. La resolución fue inválida hasta que una ley la ratificó ese mismo año. Desde entonces, cada esquema de retenciones se mide con esa vara, y los tribunales siguen recibiendo reclamos de devolución que invocan ese precedente.

El rumbo actual es de baja. El Decreto 423/2026, de junio, redujo de inmediato las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5%, fijó un cronograma gradual para soja, maíz, girasol y sorgo hasta diciembre de 2028 y eliminó los derechos de exportación del biodiésel. El propio decreto califica a las retenciones como un impuesto distorsivo.

Del otro lado del mostrador, la apertura de importaciones es el ejemplo más visible de destrucción creativa en curso, y también el más discutido. Según la Fundación Pro Tejer, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 cerraron 1.090 empresas de la cadena textil, indumentaria y calzado, y se perdieron 28.818 puestos registrados; en febrero, el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos FATE generó un comunicado de alarma de la Unión Industrial Argentina. Del lado de los consumidores, la ropa bajó de precio. Para el Gobierno se trata de un reacomodamiento hacia actividades más productivas; para la industria afectada, de una apertura rápida sin herramientas compensatorias. En la placa de Marengo, ese debate cabe en una sola casilla: «rentable por distorsiones».

Los acuerdos que cambian el tablero

  • Mercosur – Unión Europea. El acuerdo se firmó en Asunción el 17 de enero de 2026, el Congreso lo aprobó por la Ley 27.800 y su parte comercial se aplica de manera provisional desde el 1 de mayo. Baja aranceles de forma escalonada en los dos sentidos y trae exigencias nuevas: para la soja, la normativa europea sobre deforestación pide trazabilidad por lote.
  • Estados Unidos. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos se firmó el 5 de febrero de 2026 y en octubre se le agregó un protocolo, después de que la Corte Suprema estadounidense invalidara la base legal de los aranceles recíprocos. A comienzos de noviembre todavía no estaba vigente: necesita aprobación del Congreso.
  • Patentes. Uno de los compromisos de ese acuerdo es adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que permite iniciar con una sola solicitud el trámite en más de 150 países y da hasta 30 meses para decidir dónde patentar. Diputados lo aprobó el 27 de agosto con una reserva sobre el Capítulo II, pedida por los laboratorios nacionales, y el Senado emitió dictamen el 15 de octubre; al cierre de esta nota faltaba la votación en el recinto. Es el costado más «Aghion» de la agenda: la patente es el premio temporal al que innova, y la discusión es cuánto premio y por cuánto tiempo.

Competencia: las barreras de entrada

Para que lo nuevo reemplace a lo viejo tiene que poder entrar. De eso se ocupa la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que castiga los acuerdos entre competidores para fijar precios o repartirse mercados y el abuso de posición dominante, y que prevé un programa de clemencia para quien delata un cartel.

Aquí hay una novedad con fecha exacta. La ley de 2018 creó una Autoridad Nacional de la Competencia independiente, que recién se constituyó en noviembre de 2025 (Decreto 810/2025) y cuyos integrantes fueron confirmados con acuerdo del Senado en abril de 2026. Un año después de esa constitución, es decir, desde el 17 de noviembre de 2026, empieza a regir el control previo de concentraciones: las fusiones y compras de empresas que superen los umbrales legales deben notificarse y esperar la autorización antes de cerrarse, y no después, como ocurría desde 1999. Los umbrales y las multas se actualizan con una «unidad móvil» que el Tribunal fijó para 2026.

La otra mitad de la política de competencia es la desregulación. El DNU 70/2023 derogó, entre otras, la Ley de Abastecimiento, la de Góndolas, el Observatorio de Precios y el Compre Nacional. El argumento oficial es el de Bausili: quitar reglas que protegían a los que ya estaban. La crítica es que varias de esas normas también protegían a proveedores chicos frente a cadenas grandes. El artículo 42 de la Constitución no elige entre regular y desregular: pide que el resultado sea un mercado sin distorsiones.

Productividad y salarios: la reforma laboral, con la Corte de fondo

La Ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, es para buena parte de los especialistas la modificación más amplia del régimen laboral desde la Ley de Contrato de Trabajo. Su validez general está discutida en los tribunales: el 30 de marzo un juzgado laboral suspendió 81 artículos a pedido de la CGT, pero el 8 de mayo la justicia en lo contencioso administrativo federal, a la que pasó la causa, dejó sin efecto esa medida. La ley está vigente y el planteo de fondo sigue en trámite. Varias de sus reglas nacen de fallos de la Corte.

El caso Vizzoti. Carlos Vizzoti trabajó 26 años en una empresa de medicina prepaga. Al despedirlo, el tope del artículo 245 de la LCT recortó su indemnización muy por debajo de su sueldo real. En 2004 la Corte, por unanimidad, fijó que la base de cálculo no puede reducirse en más de un 33% (Fallos 327:3677). La Ley 27.802 lo convirtió en ley: el tope de tres veces el promedio del convenio se mantiene, pero nunca puede dejar la base por debajo del 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. La reforma también aclaró que el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales no integran esa base.

El caso Oliva. Con inflación alta, la Cámara del Trabajo empezó a capitalizar intereses cada año en las condenas laborales. En 2024 la Corte lo descalificó («Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A.», Fallos 347:100): no se deben intereses de los intereses fuera de los casos que la ley prevé, y la prohibición de indexar de la Ley 23.928 seguía vigente. Meses después, en «Lacuadra», rechazó también la actualización por CER fijada por la Cámara. El mensaje fue que solo el Congreso podía habilitar la actualización. La Ley 27.802 lo hizo: el nuevo artículo 276 de la LCT ordena actualizar los créditos laborales por IPC más un 3% anual. Para los juicios en trámite fijó un régimen transitorio (artículo 55) que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional en un caso concreto en agosto de 2026. El punto todavía no tiene palabra final de la Corte. En DEZ ya se analizó el impacto de «Oliva», y está disponible el texto completo de la reforma.

Salario y productividad. La reforma incorporó el salario dinámico (artículo 104 bis de la LCT): componentes variables atados a productividad, desempeño o resultados de la empresa, que no se consolidan como derecho adquirido. Para el Gobierno, permite pagar más donde se produce más; para la CGT y parte de la doctrina, traslada riesgo a quien trabaja y puede achicar la base indemnizatoria. Hay un antecedente que marca el límite: en «Pérez c/ Disco» (2009, Fallos 332:2043) la Corte dijo que lo que se paga por el trabajo es salario aunque la ley lo llame de otro modo, con cita del Convenio 95 de la OIT. Llamar «dinámico» o «no remunerativo» a un pago no alcanza para sacarlo de esa categoría. La ley sumó además el banco de horas por acuerdo escrito, el fraccionamiento de vacaciones en tramos no menores a siete días y límites a la ultraactividad de los convenios vencidos.

Plataformas y tercerización. El Título XII de la ley (artículos 119 a 128) creó un régimen para repartidores y conductores de aplicaciones como prestadores independientes, fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, con obligaciones mínimas para las plataformas. Es la respuesta legislativa a una década de fallos contradictorios, y no cierra la discusión: quien alegue que en los hechos hubo dependencia puede plantearlo ante la Justicia. El debate tiene un antecedente clásico de análisis económico en la Corte: en «Rodríguez c/ Compañía Embotelladora» (1993) el tribunal limitó la responsabilidad solidaria del artículo 30 de la LCT para no desalentar contratos como la franquicia o la distribución; en «Benítez c/ Plataforma Cero» (2009) aclaró que esa lectura no obliga a los jueces inferiores. Cuánto riesgo laboral carga quien organiza un negocio a través de terceros sigue siendo una pregunta abierta.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Es un fondo que cada empleador privado va armando para afrontar futuras indemnizaciones, con aportes de entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial según el tipo de empleador, compensados con una baja equivalente de contribuciones patronales. No reemplaza ni reduce la indemnización. El Decreto 1228/2026 postergó su inicio al 1 de diciembre de 2026 y amplió de seis a doce meses el período de carencia: el primer aporte corresponde a diciembre y vence en enero de 2027.

Los números del contexto. En marzo de 2026 había 6,188 millones de asalariados privados registrados, 1,5% menos que un año antes. En junio, el salario real privado formal quedaba 0,6% por debajo de noviembre de 2023; medido en dólares, en cambio, el salario promedio estable (RIPTE) pasó de unos USD 515 a unos USD 1.150 entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. En mayo, Marengo había advertido que el empleo se destruye más rápido de lo que se crea. Y Navajas, en las Jornadas, puso sobre la mesa el frente que viene: qué pasa con el empleo en servicios cuando la inteligencia artificial hace parte del trabajo. La Constitución ya tiene la palabra para eso desde 1994: «formación profesional de los trabajadores».

Cuando la empresa no sobrevive: crisis, concursos y «pronto pago»

La parte «destrucción» de la destrucción creativa también tiene ley, y en 2026 se usó más. Según datos de la Cámara Comercial difundidos por la entidad Industriales Pymes Argentinos, en la Ciudad de Buenos Aires se abrieron 190 concursos preventivos en 2025, contra 82 en 2023, y solo entre febrero y abril de 2026 se sumaron 92. Los procedimientos preventivos de crisis iniciados ante la autoridad laboral fueron 153 en los primeros siete meses de 2026, casi tantos como los 164 de todo 2025, según una respuesta oficial del Ministerio de Capital Humano.

El recorrido legal de una empresa en problemas tiene estaciones, y cada una protege cosas distintas:

  • Suspensiones acordadas (artículo 223 bis de la LCT): empresa y sindicato pueden pactar suspensiones con el pago de una suma no remunerativa, homologada por la autoridad laboral. Mantiene el vínculo mientras dura la baja de actividad.
  • Procedimiento preventivo de crisis (Ley 24.013, artículos 98 a 105): es obligatorio antes de despidos o suspensiones masivas por causas económicas o tecnológicas, cuando afectan a más del 15% del personal en empresas de menos de 400 trabajadores, más del 10% en las de 400 a 1.000 y más del 5% en las más grandes. Abre una negociación con el sindicato ante el Ministerio.
  • Despido por falta o disminución de trabajo (artículo 247 de la LCT): permite pagar la mitad de la indemnización, pero solo si la causa es ajena a la empresa y está probada de manera fehaciente, y empezando por el personal de menor antigüedad. Los tribunales lo aplican con criterio estricto: el riesgo del negocio, en principio, es del empleador.
  • Acuerdo preventivo extrajudicial (Ley 24.522, artículos 69 a 76): un arreglo con los acreedores fuera del juzgado, que luego se homologa.
  • Concurso preventivo: la empresa sigue funcionando bajo control de un síndico mientras propone un acuerdo a sus acreedores.

Dentro del concurso, tres institutos importan para quien no es dueño de la empresa:

  • Pronto pago laboral (artículo 16): los créditos laborales privilegiados pueden cobrarse sin esperar todo el proceso de verificación.
  • Verificación de créditos (artículo 32): proveedores y demás acreedores deben presentar su crédito ante la sindicatura dentro del plazo que fija el juez y que se publica por edictos. Quien no lo hace a tiempo queda en peor posición.
  • Salvataje o «cramdown» (artículo 48): si no hay acuerdo con los acreedores, en ciertos casos terceros pueden quedarse con la empresa en marcha, y los trabajadores pueden participar organizados en cooperativa (artículo 48 bis). Es la versión jurídica de la idea de Schumpeter: los recursos cambian de manos en lugar de perderse.

Guía práctica: qué revisar según el lugar que se ocupa

Quien trabaja en relación de dependencia

  • Leer el recibo con lupa. Distinguir el básico de los componentes «dinámicos»: estos últimos no se consolidan. Pedir por escrito los criterios con que se calculan y guardar los recibos.
  • Banco de horas solo por escrito. La compensación de horas extra requiere acuerdo escrito y respetar los descansos mínimos.
  • Hacer la cuenta de la indemnización. Mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año; sin aguinaldo ni vacaciones; con tope de convenio, pero nunca por debajo del 67% de esa remuneración (piso Vizzoti).
  • No confundir el FAL con la indemnización. El fondo es del empleador para pagar; no la reemplaza ni la achica.
  • Ante un despido «por falta de trabajo», verificar si hubo procedimiento preventivo de crisis y pedir que se acredite la causa: sin prueba, corresponde la indemnización completa.
  • Si la empresa entra en concurso, consultar por el pronto pago de los créditos laborales.
  • Quien trabaja para una aplicación como prestador independiente puede conservar registros de horarios, órdenes y pagos: son la prueba si alguna vez se discute la naturaleza del vínculo.

Quien tiene una pyme o emprende

  • Preparar el FAL antes del 1 de diciembre: elegir entidad y vehículo habilitados por la CNV y obtener el identificador del fondo; el primer aporte vence en enero de 2027.
  • Evaluar el RIMI si se planea comprar bienes de capital: amortización acelerada y devolución de IVA, con montos mínimos según el tamaño de la empresa.
  • Revisar quebrantos con el contador: la actualización por IPC puede cambiar el impuesto a pagar.
  • Auditar Ingresos Brutos y tasas. Controlar si alguna provincia aplica una alícuota mayor por no tener planta local, si se acumulan saldos a favor por retenciones bancarias y qué servicio concreto presta el municipio a cambio de cada tasa. Los fallos de 2026 habilitan reclamos, con prueba y dentro de los plazos de prescripción.
  • Explorar el mercado de capitales: cheques y pagarés avalados por una SGR, factura de crédito electrónica, ON PyME CNV Garantizada o de bajo impacto.
  • Antes de comprar o vender una empresa, verificar si la operación supera los umbrales de la Ley 27.442: desde el 17 de noviembre de 2026 la notificación es previa al cierre.
  • En contratos nuevos en dólares, definir con precisión moneda, lugar y medio de pago, y qué ocurre si una norma impide conseguir la divisa.
  • Si un cliente entra en concurso, verificar el crédito ante la sindicatura dentro del plazo de los edictos.
  • Si la propia empresa está en dificultades, evaluar a tiempo las vías previas al concurso (suspensiones acordadas, procedimiento de crisis, acuerdo extrajudicial): llegar tarde reduce las opciones.

Quien ahorra o invierte

  • Tener presente la restricción cruzada: comprar dólares en el mercado oficial bloquea por 90 días operar MEP o contado con liquidación, y alcanza también giros a cuentas del exterior.
  • Antes de comprar una ON, leer el suplemento de prospecto: moneda de pago, ley aplicable, plazo, calificación de riesgo y garantías. La Ley 23.576 prevé beneficios impositivos para las ON colocadas por oferta pública; conviene verificar su alcance según el tipo de inversor.
  • Ante un activo tokenizado, identificar qué valor negociable hay detrás, quién lo emite y en qué plataforma registrada ante la CNV se custodia.
  • Revisar la situación fiscal: los plazos fijos en dólares de personas humanas quedaron exentos de Ganancias, igual que el alquiler de vivienda y la venta de inmuebles desde 2026. El régimen simplificado de Ganancias ya no tiene topes; analizarlo con un profesional antes de optar.
  • Seguir de cerca los CEDEARs: el proyecto que cambiaba su tratamiento fue retirado, pero el tema puede volver.

Quien tiene deudas

  • Consultar la Central de Deudores del BCRA para saber qué informa cada entidad y en qué situación.
  • Pedir por escrito el costo financiero total de cualquier refinanciación y comparar antes de aceptar. Los punitorios de la tarjeta ya no tienen tope legal: cuanto antes se ordene el atraso, menos cuesta.
  • Guardar la constancia de cancelación. Con la deuda paga, el plazo durante el cual puede figurar en los informes se reduce.
  • Ante una cláusula abusiva o un dato erróneo, reclamar ante la entidad y, si no hay respuesta, ante Defensa del Consumidor o por la vía del hábeas data.

Quien exporta, importa o produce en el campo

  • Agendar el cronograma de retenciones del Decreto 423/2026 para planificar ventas de soja, maíz, girasol y sorgo hasta 2028.
  • Personas humanas que exportan bienes: desde abril de 2026 ya no están obligadas a liquidar las divisas en el país.
  • Para vender a Europa, revisar las preferencias del acuerdo Mercosur–UE y los requisitos de origen y trazabilidad que las acompañan.
  • Si se pagaron derechos de exportación sin respaldo legal suficiente, consultar la viabilidad de un reclamo de devolución con base en Camaronera, atendiendo a los plazos de prescripción.
  • Quien desarrolla tecnología puede seguir el trámite del PCT: si se aprueba, cambia los plazos y costos para patentar afuera.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la destrucción creativa?

Es la idea de Joseph Schumpeter de que la economía crece cuando empresas, productos y tecnologías nuevas desplazan a los anteriores. Genera más riqueza total, pero con perdedores concretos. El Nobel de Economía 2025 premió a Philippe Aghion y Peter Howitt por modelarla.

¿Las empresas pueden comprar dólares libremente en 2026?

No. Las personas humanas pueden hacerlo sin tope desde abril de 2025, pero las personas jurídicas siguen con restricciones para atesorar y están alcanzadas por la restricción cruzada. Sí pueden girar dividendos correspondientes a los ejercicios iniciados desde 2025.

¿Una deuda pactada en dólares puede pagarse en pesos?

En los contratos firmados desde el 29 de diciembre de 2023, la regla del artículo 765 del Código Civil y Comercial, según el DNU 70/2023, es que solo se cumple entregando la moneda pactada. En los anteriores, depende de lo que diga el contrato.

¿El Fondo de Asistencia Laboral reemplaza la indemnización?

No. Es un fondo que arma el empleador para tener con qué pagarla. El monto que corresponde a quien es despedido se sigue calculando con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Qué pasa con los sueldos adeudados si la empresa entra en concurso?

Los créditos laborales tienen privilegio y pueden cobrarse por la vía del pronto pago, sin esperar la verificación del resto de los acreedores, en la medida en que haya fondos disponibles.

¿Un municipio puede cobrar una tasa sin prestar un servicio?

No. Según la Corte Suprema, la tasa retribuye un servicio concreto, efectivo e individualizado, y el municipio debe probar que lo presta. Lo reiteró el 10 de septiembre de 2026 en los casos Banco Galicia y Mutual de Ferroviarios de Pergamino.

¿Cuánto tiempo puede figurar una deuda en los informes crediticios?

La Ley 25.326 fija como regla cinco años, y dos cuando la deuda fue cancelada.

Qué mirar en los próximos días

  • Martes 17 de noviembre: exposición de Philippe Aghion en las Jornadas y cierre previsto con el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, y el presidente Javier Milei. El mismo día empieza a regir el control previo de concentraciones económicas.
  • Miércoles 18 de noviembre: sesión en Diputados para dar sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
  • Semana siguiente: Diputados prevé tratar el Presupuesto 2027.
  • Martes 1 de diciembre: arranque del Fondo de Asistencia Laboral.
  • Mediados de diciembre: dato de inflación de noviembre, que se usará para ajustar la banda cambiaria de enero.
  • Sin fecha: votación del PCT y del Súper RIGI en el Senado, envío del acuerdo con Estados Unidos al Congreso y definición de la Corte sobre el DNU 70/2023.

Glosario en zapatillas

  • Productividad: cuánto se produce con una misma cantidad de trabajo, máquinas e insumos. Si sube, se puede pagar más sin subir precios.
  • Tasa real: lo que rinde o cuesta un préstamo una vez descontada la inflación.
  • Restricción cruzada: la regla que impide operar en el dólar oficial y en el financiero dentro de un mismo lapso de 90 días.
  • Obligación negociable (ON): deuda que una empresa emite y vende a inversores en el mercado.
  • IPO: la primera vez que una empresa vende sus acciones al público en una bolsa.
  • RIGI: régimen que garantiza reglas estables por 30 años a inversiones de gran tamaño.
  • DNU: decreto con fuerza de ley que dicta el Poder Ejecutivo en casos excepcionales; rige mientras las dos cámaras del Congreso no lo rechacen.
  • Tasa municipal: lo que cobra un municipio por un servicio concreto. Se diferencia del impuesto en que exige una contraprestación.
  • Confiscatoriedad: el punto en que un impuesto o un recorte absorbe una parte tan grande de la renta o del capital que viola el derecho de propiedad.
  • Procedimiento preventivo de crisis: negociación obligatoria ante la autoridad laboral antes de despidos o suspensiones masivas.
  • Pronto pago: el cobro anticipado de los créditos laborales dentro de un concurso.
  • Cramdown o salvataje: el mecanismo por el cual un tercero puede quedarse con una empresa concursada que no logró acuerdo con sus acreedores.
  • Control previo de concentraciones: la revisión de una fusión por la autoridad de competencia antes de que se concrete.

Sentencias y normas citadas

Corte Suprema de Justicia de la Nación

  • «Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, Julieta», 28/4/1922, Fallos 136:161.
  • «Horta, José c/ Harguindeguy, Ernesto», 21/8/1922, Fallos 137:47.
  • «Mango, Leonardo c/ Traba, Ernesto», 26/8/1925, Fallos 144:219.
  • «Avico c/ de la Pesa», 7/12/1934, Fallos 172:21.
  • «Inchauspe Hnos. c/ Junta Nacional de Carnes», 1/9/1944, Fallos 199:483.
  • «Callao (Cine) s/ interpone recurso jerárquico», 22/6/1960, Fallos 247:121.
  • «Peralta, Luis Arcenio c/ Estado Nacional», 27/12/1990, Fallos 313:1513.
  • «Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A.», 15/4/1993, Fallos 316:713.
  • «Verrocchi, Ezio Daniel c/ PEN», 19/8/1999, Fallos 322:1726.
  • «Guida, Liliana c/ PEN», 2/6/2000, Fallos 323:1566.
  • «Smith, Carlos Antonio c/ PEN», 1/2/2002, Fallos 325:28.
  • «Tobar, Leónidas c/ Estado Nacional», 22/8/2002, Fallos 325:2059.
  • «Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A.», 14/9/2004, Fallos 327:3677 (texto del fallo).
  • «Bustos, Alberto Roque c/ Estado Nacional», 26/10/2004, Fallos 327:4495.
  • «Galli, Hugo Gabriel c/ PEN», 5/4/2005, Fallos 328:690.
  • «Massa, Juan Agustín c/ PEN», 27/12/2006, Fallos 329:5913.
  • «Rinaldi, Francisco Augusto c/ Guzmán Toledo», 15/3/2007, Fallos 330:855.
  • «Longobardi, Irene Gwendoline c/ Instituto de Educación Integral San Patricio», 18/12/2007, Fallos 330:5345.
  • «Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba», 23/6/2009, Fallos 332:1503.
  • «Candy S.A. c/ AFIP», 3/7/2009, Fallos 332:1571.
  • «Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.», 1/9/2009, Fallos 332:2043.
  • «Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A.», 22/12/2009, Fallos 332:2815.
  • «Massolo», 20/4/2010, Fallos 333:447.
  • «Consumidores Argentinos c/ EN-PEN», 19/5/2010, Fallos 333:633.
  • «Hermitage S.A. c/ PEN», 15/6/2010, Fallos 333:993.
  • «Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía», 15/4/2014, Fallos 337:388 (nota del CIJ).
  • «CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería», 18/8/2016, Fallos 339:1077.
  • «Bayer S.A. c/ Provincia de Santa Fe», 31/10/2017, Fallos 340:1480.
  • «Esso Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes», 2/9/2021, Fallos 344:2123.
  • «Telefónica de Argentina S.A. c/ EN-AFIP-DGI», 25/10/2022, Fallos 345:1184.
  • «Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A.», 29/2/2024, Fallos 347:100 (texto del fallo).
  • Fallos sobre alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos, 9/4/2026 y 11/6/2026 (entre ellos, «Inc S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de»).
  • «Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba» y «Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino c/ Municipalidad de Pergamino», 10/9/2026.
  • «C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986», 29/9/2026.

Normas

  • Constitución Nacional, artículos 9 a 12, 14, 14 bis, 16, 17, 28, 42, 75 incisos 1, 13, 18 y 19, y 99 inciso 3.
  • Código Civil y Comercial, artículos 765, 766 y 1384 a 1389.
  • Ley de Contrato de Trabajo 20.744, artículos 30, 104 bis, 223 bis, 245, 247 y 276.
  • Leyes 11.157, 11.741, 14.226, 19.359, 23.576, 23.928, 24.013, 24.240, 24.467, 24.522, 25.065, 25.326, 26.122, 26.831, 27.440, 27.442, 27.742, 27.799, 27.800, 27.802 y 27.826.
  • DNU 609/2019 y 70/2023; Decretos 810/2025, 105/2026, 423/2026 y 1228/2026.
  • Comunicaciones BCRA «A» 8244 y «A» 8417; Resoluciones Generales CNV 1069/2025, 1081/2025, 1117/2026, 1125/2026 y 1150/2026.

Las sentencias pueden consultarse por su cita de Fallos en el buscador de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema (sjconsulta.csjn.gov.ar). Los datos económicos provienen de informes del BCRA, del INDEC y de las fuentes enlazadas en cada caso.

Aviso legal: esta nota tiene fines informativos y de divulgación. No constituye asesoramiento legal, contable, impositivo ni financiero, ni una recomendación de inversión. Las normas cambiarias, tributarias, laborales y de mercado de capitales se modifican con frecuencia, varias de las reglas mencionadas están discutidas en los tribunales y su aplicación depende de cada caso concreto: antes de tomar decisiones, consultar con un profesional matriculado y verificar la normativa vigente en el Boletín Oficial y en los sitios del BCRA, ARCA y la CNV. Datos actualizados al 17 de noviembre de 2026.

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