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Exportar productos vegetales: el SENASA unificó las reglas del certificado fitosanitario

Una resolución publicada el 16 de noviembre de 2026 junta en un solo texto las reglas para exportar productos de origen vegetal. El control oficial pasa a ser obligatorio solo cuando lo exige el país de destino. Qué cambia, qué significa "abrogar" y qué conviene saber antes de despachar un envío o armar la valija.

Una resolución publicada el 16 de noviembre de 2026 junta en un solo texto las reglas para exportar productos de origen vegetal. El control oficial pasa a ser obligatorio solo cuando lo exige el país de destino. Qué cambia, qué significa «abrogar» y qué conviene saber antes de despachar un envío o armar la valija.

Qué pasó

El Boletín Oficial publicó la Resolución 952/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), firmada el 13 de noviembre. Tiene once artículos y un objetivo declarado: terminar con la dispersión de normas sobre la certificación de los productos vegetales que salen del país. Para eso deja sin efecto tres resoluciones anteriores (141/2014, 260/2014 y 37/2017) y rige desde el mismo día de su publicación.

Un poco de historia: del papel a la ventanilla digital

El certificado fitosanitario es el documento con el que un país le asegura a otro que un envío vegetal fue inspeccionado y no lleva plagas. Nace de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que funciona en el marco de la FAO. Cada país tiene su Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF). En la Argentina ese papel lo cumple el SENASA, autoridad de aplicación de la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad de animales y vegetales.

Durante años el trámite fue de mostrador. En 2012 el organismo puso en marcha un sistema web, el SigFito, que después evolucionó hacia el actual Cert-POV (Sistema de Gestión de Certificados para Exportación de Productos de Origen Vegetal). Según informó el propio SENASA, ese sistema ya superó el millón de certificados emitidos y permite intercambiar certificados electrónicos con países como Estados Unidos, Chile y Países Bajos.

Las reglas, en cambio, seguían repartidas. En 2014 la Resolución 141 reguló el certificado de exportación para productos vegetales procesados y la Resolución 260 fijó el régimen de granos: todos los embarques de productos y subproductos de granos debían pasar por el control fitosanitario y de calidad, y la certificación era obligatoria. En 2017, la Resolución 37 abrió una excepción para aceites, harinas, pellets, expellers y tortas cuando el país comprador no pedía el control.

Qué dice la nueva resolución, en limpio

  • A qué se aplica. A todos los «artículos reglamentados»: plantas, productos vegetales, lugares de almacenamiento o empaque, medios de transporte, contenedores, suelo y cualquier objeto capaz de albergar o dispersar plagas.
  • Cuándo el control es obligatorio. Cuando lo requiere la ONPF del país de destino (artículo 3).
  • Cuándo es optativo. Si el destino no lo exige, quien exporta puede pedir igual la intervención del SENASA (artículo 4).
  • Qué documento se emite. En los casos obligatorios, el Certificado Fitosanitario (CF). En los optativos, el Certificado de Exportación de Productos Vegetales Procesados (CEPVP).
  • Por dónde se tramita. Los dos certificados salen por el sistema Cert-POV.
  • Cuánto cuesta. Rigen los aranceles ya vigentes; la resolución no fija montos nuevos.
  • Los detalles. La Dirección Nacional de Protección Vegetal queda facultada para dictar procedimientos e instructivos.
  • Los expedientes en curso. Las actuaciones y sumarios iniciados antes siguen con la norma vigente al momento de los hechos.

Qué cambia de verdad

La llave pasa a estar en el país de destino. En el régimen de granos de 2014 la lógica era la inversa: todo se controlaba, salvo las excepciones que se fueron agregando. Ahora la regla general, para cualquier producto vegetal, es que el control oficial resulta obligatorio solo si el comprador lo exige. Lo demás queda a elección de quien exporta.

Hay un punto para seguir de cerca. La Resolución 260/2014 hablaba de control «fitosanitario y de calidad». El texto nuevo se refiere únicamente al control fitosanitario. La resolución no aclara cómo continúa la certificación de calidad de los granos: habrá que mirar los instructivos que dicte la Dirección Nacional de Protección Vegetal.

«Abrogar» no es lo mismo que «derogar»

El artículo 8 no dice que las normas viejas se «derogan» sino que se «abrogan». En técnica legislativa, abrogar es dejar sin efecto una norma completa; derogar, en sentido estricto, es suprimir solo una parte. En el uso cotidiano los dos verbos se mezclan, pero acá la elección es precisa: las tres resoluciones desaparecen enteras.

Claves prácticas

  • Averiguar primero qué exige el país de destino. De ese dato depende que el control sea obligatorio o no. El SENASA publica la documentación oficial que recibe de las autoridades fitosanitarias de otros países.
  • Evaluar el certificado optativo aunque el destino no lo pida. A veces lo reclama el comprador, el banco o la aduana de tránsito. La norma permite solicitarlo siempre.
  • Iniciar el trámite por Cert-POV con tiempo. La norma no distingue por tamaño: un pallet de una pyme y un buque granelero siguen la misma regla.
  • Guardar la documentación de cada embarque. La Ley 27.233 pone la responsabilidad por la sanidad y la calidad en cabeza de quien produce y exporta.
  • No confundir exportación con equipaje. La resolución regula embarques comerciales. Para viajar rigen otras reglas: el SENASA recuerda que no se pueden ingresar al país plantas ni productos vegetales sin documentación sanitaria, y al salir manda el país de destino. España, por ejemplo, exige certificado fitosanitario oficial para la mayoría de los vegetales que se llevan en la valija.
  • Verificar que las guías de trámite estén actualizadas. Al cierre de esta nota, algunas páginas oficiales todavía citaban las resoluciones abrogadas.

Fuentes

Aviso legal: esta nota es de divulgación y no constituye asesoramiento jurídico ni técnico. Las normas pueden cambiar y su aplicación depende de cada producto y de cada país de destino. Ante un caso concreto, conviene consultar el texto oficial vigente, al SENASA y a un profesional matriculado.

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