Abogados contra robots – capítulo 1 – contratos online y automáticos

El colegio de abogados demandó a una plataforma que redacta contratos online en forma automática. Y por ahora va ganando.

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El Colegio de Abogadosde Hamburgó ganó la primera batalla judicial para impedir que las plataformas de contratos online ofrezcan sus servicios.

Estas plataformas prescinden de los abogados para hacer contratos. Con las respuestas del cliente en un formulario online se completan los campos que luego sirven de base y modelan las diferentes cláusulas del contrato o documento legal.

‘Somos una empresa innovadora de Legal Tech que utiliza tecnología moderna, respaldada por abogados experimentados y expertos en TI, para manejar casos de manera rápida, eficiente y amigable con el cliente.”

Todo lo que tiene que hacer es completar nuestro cuestionario en línea, enviarnos información del contrato y nosotros haremos el resto. Hacemos cumplir reclamos legales contra los propietarios en su nombre, agregan.

Esto no les gustó a la Bar Hanseatic (lo que sería el colegio público de allí) e inició una demanda contra una plataforma legal para consumidores llamada Smartlaw.de, de la firma Wolters Kluwer.

 

Los argumentos de los abogados contra los contratos online

El Colegio de Abogados entiende que las plataformas tecnológicas no pueden proporcionar suficiente seguridad jurídica para un cliente, ya que dependen de un sistema experto automatizado de preguntas y respuestas.

Los abogados alegan que los sistemas que redactan contratos en forma automática son incapaces de ofrecer un documento legal confiable por sí mismos, por ejemplo de locación, servicios y otros documentos legales.

En resumen, a menos que tenga abogados involucrados en la creación de contratos, no debería permitirse, plantean, para defender su profesión frente a los robots.

 

 

La sentencia de Hamburgo contra los robots

La sentencia completa del tribunal regional aún no se ha hecho pública pero en teoría, esto podría evitar que compañías como RocketLawyer, LegalZoom y otras que usan un sistema inteligente para completar contratos sin un abogado operen en el región.

Al ganar su caso contra Smartlaw, el Colegio de Abogados de Hamburgo publicó un comunicado de prensa (en alemán) alegando que lo que hizo la compañía fue “un servicio legal inadmisible y, por lo tanto, una violación de la Ley de Servicios Legales (RDG)  para la protección de la profesión legal de competidores no calificados”.

‘Al redactar contratos legalmente seguros …, generalmente es necesario aclarar los hechos relevantes en cooperación con el cliente … Esto no puede ser proporcionado por una computadora que hace diferentes preguntas sobre el diseño del contrato deseado en un sistema de preguntas y respuestas y luego entrega un contrato que ha sido compilado considerando las respuestas “, argumentan los abogados.

El Colegio de Abogados también señaló que había un tema con los honorarios, que las plataformas tecnológicas ofrecen servicios a un costo muy bajo en comparación con los abogados.

 

Las críticas a la decisión de la sentencia que mata los abogados robots

Pero no faltaron críticas a la decisión. Es que la Ley de Servicios Legales de Alemania tiene como objetivo principal la protección del consumidor. En lugar de lograr este objetivo, el tribunal perjudica a los consumidores responsables y obstaculiza la innovación y el acceso a la justicia para proteger un monopolio obsoleto, contraargumentan.

En tal sentido, Markus Hartung, conocido experto en tecnología legal declaró al portal El Abogado Artificial: “Este es el conflicto de hoy que se aborda en la regulación de ayer . El acceso a la justicia y la protección del consumidor requieren servicios legales de abogados y no abogados, no un monopolio tipo gremio de siglos pasados ​​”.

El Colegio de Abogados de Berlín también tiene una demanda en trámite contra una empresa de tecnología que ayuda a los residentes a luchar contra los precios altos de un alquiler. Veremos qué se resuelve.

A nivel local, el colegio de escribanos ganó la demanda que eliminó la firma digital, en lugar de la clásica certificación de firmas con intervención de un escribano humano (ver más acá). Veremos cómo se desarrolla.

 

Sentencia completa

(traducción propia y usando Google Translate)

Tribunal Regional de Colonia, 33 O 35/19
fecha:
08/10/2019
la corte:
Tribunal regional de Colonia
cámara:
33a Cámara Civil
Entscheidungsart:
veredicto
expediente:
33 O 35/19
ECLI:
ECLI: DE VCI: 2019: 1008.33O35.19.00
tenor:
1. Se ordena al acusado que lo ejecute en la oficina de sus directores en caso de evitar que el tribunal fije una tarifa de orden para cada caso del delito y en caso de que esto no pueda recuperarse, una detención regular o una detención regular por hasta seis meses (Ordnungsgeld en el caso individual como máximo 250,000 €, ordenado en total un máximo de 2 años)
abstenerse
a. actuar, pagar y trabajar por cuenta propia para proporcionar, ofrecer y / o promover servicios legales extrajudiciales a terceros al proporcionar documentos legales individuales a terceros a través de un generador digital de documentos legales basado en un sistema de preguntas y respuestas de una colección de módulos de texto alternativos en www.T10.de como se muestra en el Anexo 1;
b. en negocios con publicidad de sus servicios de la siguiente manera:
“Más barato y más rápido que el abogado” y
“Documentos legales con calidad de abogado” y
“Más individual y seguro que cualquier plantilla y más barato que un abogado” y
“Nuestros socios: principales abogados y principales firmas de abogados” y
“Documentos legales a nivel de abogado: nuestra cartera incluye más de 190 documentos legales y contratos. Cada uno de nuestros documentos se puede crear en pocos minutos con nuestro diálogo individual de preguntas y respuestas. Todo esto sin ningún conocimiento legal, porque tenemos: En colaboración con nuestros expertos legales, todos los profesionales en sus campos, tenemos el proceso de creación diseñado para que se base en la conversación con el abogado “
como se puede ver en www.T10.de como se muestra en el Apéndice 2.
2. Los costos de la disputa corren a cargo del acusado.
3. La sentencia es ejecutoria provisional contra la seguridad. El monto de la seguridad equivale a la ejecución del no. 1.a) € 200,000, del párr. 1.b) € 50,000 y, de lo contrario, el 110% del importe a aplicar.

 

hechos
2
El demandante lleva al acusado por presunta infracción de la Ley de Servicios Legales (RDG) y presunto engaño de reclamos publicitarios por omisión para completar.
3
El demandante es la organización profesional de los abogados admitidos en el distrito del tribunal regional superior de Hamburgo. Su tarea es defender y promover los intereses profesionales de sus miembros.
4
El acusado es una editorial con sede en Colonia que se enfoca en derecho, negocios e impuestos. No es admitida en el bar y no tiene permiso para proporcionar servicios legales. Entre los productos distribuidos por ella se encuentra el producto “T10” dirigido a audiencias no especializadas. Este es un generador electrónico para documentos legales en una amplia gama de campos legales, que el acusado elogia como un “departamento legal digital para su empresa”. Tanto las empresas como los consumidores pueden adquirir documentos legales, en particular contratos sobre diversos temas legales, ya sea como parte de una suscripción o mediante una compra individual. Para este propósito, el cliente es guiado a través de un catálogo de preguntas y respuestas. El proceso de creación está de acuerdo con la solicitud del acusado “basado en la conversación con el abogado”. Según la información proporcionada por el cliente, el contenido del documento se crea individualmente. Con respecto a los detalles de la operación del generador de contratos está en el como Anl. K5 y K7, AB, presentaron capturas de pantalla del dominio de Internet www.T10.de para una ilustración ejemplar de los pasos para la creación de un acuerdo de licencia para imagen / película o un contrato de diseñador gráfico, así como en el Anl. K1, AB, reproduce la descripción del producto en el dominio de Internet www.T10.de referencia. En el contexto de la aplicación del producto “T10” en Internet, el demandado se reunió o se reunió. las siguientes declaraciones:
5
6
                  “Más barato y más rápido que el abogado” y
7
                  “Documentos legales con calidad de abogado”
8
                  “Más individual y seguro que cualquier plantilla y más barato que un abogado”
9
                  “Nuestros socios: principales abogados y principales firmas de abogados”
10
                  “Documentos legales a nivel de abogado: nuestra cartera incluye más de 190 documentos legales y contratos. Cada uno de nuestros documentos se puede crear en pocos minutos con nuestro diálogo individual de preguntas y respuestas. Todo esto sin conocimientos jurídicos, porque tenemos: En cooperación con nuestros expertos legales, todos los profesionales en sus campos, hemos diseñado el proceso de creación en el que se basa en la conversación con el abogado “.
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(ver en este sentido Anl. K1, AB). La impronta del acusado contiene las notas: “Tenga en cuenta que no podemos proporcionar asesoramiento legal” y “Con la oferta en www.T10.de, la X GmbH no ofrece asesoramiento legal, sino solo servicios de publicación sobre asuntos legales” (ver Anl. K9, AB).
12
Por aviso legal de 12.09.2018 (ver Anl. K10, AB), el demandante recordó al demandado. Por carta del 28.09.2018, este último hizo una declaración parcial de omisión con respecto a la declaración publicitaria – en este caso no controvertida – “Al igual que con un abogado, recibirá un documento óptimo para usted”, sin embargo, rechazó la presentación de una carta de cese y desistimiento por el resto (cf. Anl. K11, AB).
13
El solicitante considera que el demandado violó la oferta “T10” contra §§ 2, 3 RDG, porque los servicios que presta son servicios legales. Por lo tanto, el demandado está obligado a abstenerse de estos servicios. Del mismo modo, las reclamaciones publicitarias impugnadas son engañosas de iSd. § 5 UWG porque el tráfico es engañado acerca de la legalidad del servicio. Además, las declaraciones daban la impresión de que los servicios que prestan corresponden cualitativamente a los de un abogado.

 

El solicitante alega que

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como se reconoce

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El acusado solicitó que

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Desestimar el recurso.

18
El demandado es de la opinión de que la oferta del producto “T10” no contiene un servicio legal inadmisible y la publicidad de esto no es engañosa. Sostiene que sus servicios son similares a los de los programas de declaración de impuestos basados ​​en computadora que han estado en el mercado por más de 20 años y que actualmente tienen un mayor grado de complejidad que el producto “T10”. Un generador de contratos transfiere el principio de la producción propia asistida por computadora de la declaración de impuestos sobre una producción propia de contratos respaldada por computadora. La gama de productos está dirigida a un grupo objetivo que, por razones de costo o tiempo, no esperaría o pediría asesoramiento individual de un abogado o proveedor de servicios, pero le gustaría crear sus propios contratos y tradicionalmente habría recurrido a formas o muestras clásicas. Es de la opinión que los requisitos de hecho de §§ 2 (1) y (3) RDG no se cumplen, ya que estos siempre presuponen la actividad de un ser humano. Además, en el momento de la concepción y programación del software relevante, todavía no existe una materia extraña “concreta”, mientras que en el momento del uso del software solo el usuario mismo se involucra en sus propios asuntos. Esto solo es compatible con sugerencias generales-abstractas del programa.

19
Para más detalles sobre los argumentos de las partes, se hace referencia a los escritos y anexos y al acta de la audiencia de 17.09.2019.

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razones

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La acción admisible tiene éxito en el asunto.

22
I.

23
El solicitante es la gema. Párr. 1a) tenorierte reclamo de requerimiento de §§ 3, 3a, 8 párrafo 1 y párrafo 3 No. 2 UWG en conjunto con. § 3 RDG también.

24
primero

25
El demandante es una representación profesional de abogados, una asociación para la promoción de intereses profesionales independientes iSd. § 8 (3) No. 2 UWG y, por lo tanto, el derecho a demandar (ver BGH, GRUR 2012, 215 – “Ejecutor Certificado de Voluntad”, OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2013, 171 – “Especialista en Derecho de Familia”, Köhler / Feddersen, en: Köhler / Bornkamm / Feddersen, UWG, 37a edición [2019], § 8 marginal 3.33; Hohlweck, en: Büscher, UWG, 1.a ed. [2019], § 8 marginal 298). Una de las tareas de la junta es, entre otras cosas, defender y promover los intereses del colegio de abogados, § 73 (1) oración 3 BRAO. Esto incluye el respeto a los intereses generales de los miembros profesionales de la Cámara y, por lo tanto, también el poder de tomar las medidas necesarias para eliminar las condiciones contrarias al derecho profesional y perseguir las infracciones de la competencia. El Colegio de Abogados no se limita al enjuiciamiento de violaciones de la competencia por parte de los miembros. Por el contrario, el Colegio de Abogados también puede tomar medidas contra las infracciones de la competencia cometidas por personas ajenas, en la medida en que las infracciones afecten la competencia de sus miembros (ver BVerfG, NJW 2004, 3765/3766, BGH, GRUR 2006, 598/599 – “Zahnarztbriefbogen”, Hohlweck, op. Cit. ). Este es el caso, en la medida en que, como en el caso de disputa, se persigue la omisión de la prestación de servicios legales por parte de personas no autorizadas.

26
segundo

27
Una violación de la ley basada en medidas cautelares iSd. § 3a UWG se da en el presente caso debido a una infracción del acusado contra § 3 RDG.

28
a)

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Según § 3 RDG, la prestación independiente de servicios jurídicos extrajudiciales solo está permitida en la medida permitida por la ley. La provisión se reconoce como una regulación del comportamiento del mercado iSd. § 3a UWG (ver BGH, GRUR 2016, 820/821 – “liquidación de reclamos por corredores de seguros”; Köhler, en: Köhler / Bornkamm / Feddersen, loc. Cit., § 3a marginal 1.118 ss., Hohlweck, en: Büscher, loc. Cit., § 3a Rn. 529), cuya violación también conduce a la perceptibilidad necesaria (cf BGH, GRUR 2003, 886/889 – “Erbenermittler”; Köhler, loc. Cit.). Más allá de la redacción del § 3 RDG, la provisión de dicho servicio legal ya cumple con la base legal, ya que incluso la provisión de servicios legales sin el permiso correspondiente constituye el riesgo de que el destinatario de la oferta recurra a un proveedor de servicios legales insuficientemente calificado (ver Hohlweck, loc. Cit , § 3a, n. 533).

30
b)

31
En relación con la provisión de un generador asistido por computadora para el pago de documentos legales, el demandado brinda un servicio legal sujeto a autorización de acuerdo con § 3 RDG. § 2 Abs. 1 RDG sin el permiso requerido para este propósito.

32
aa)

33
El párrafo 2 (1) de la RDG establece que un servicio legal debe entenderse como cualquier actividad en un asunto extranjero específico tan pronto como requiera un examen legal del caso individual.

34

En este contexto, se acepta generalmente que la mera transferencia o publicación de modelos de contrato estandarizados no constituye un servicio legal, ya que esto no implica un examen legal en casos individuales (cf OLG Karlsruhe, NJW-RR 2011, 119/120; Deckenbrock / Henssler, RDG, 4a edición [2015], § 2 marginal 54, Krenzler, en: Krenzler, RDG, 2a edición [2017], § 2 marginal 43). Además, la asistencia (humana) para completar un formulario de contrato estandarizado aún puede estar libre de permisos, si esto se limita a solicitar la información requerida y la inserción en el documento (ver OLG Karlsruhe, NJW-RR 2011, 119/120). Por otro lado, la producción (humana) de borradores de contratos individualizados puede evaluarse fácilmente como servicios legales (ver BGH, NJW 1978, 322, Deckenbrock / Henssler, RDG, 4a edición [2015], § 2 marginal 53).
35
bb)
36
Sobre la cuestión de si un servicio legal iSd. § 2, párrafo 1 RDG se considera efectivamente en los casos de servicios que se realizan utilizando sistemas totalmente automatizados (la llamada “tecnología legal”), y qué requisitos se pueden imponer al respecto, en la medida en que se puede ver en la jurisprudencia Hasta ahora solo unos pocos han sido decididos.
37
En una decisión del tribunal regional de Berlín de 26.07.2018 (Az 67 S 157/18), que tenía un objeto “Mietpreisrechner” operado por Internet, que determinó el alquiler sobre la base de una entrada de datos detallada del usuario respectivo (inquilino), clasificado Landgericht Berlin el modelo de negocio en disputa allí como un servicio legal, porque el operador de la “Calculadora de precios de alquiler” en este determinar y nombrar en función de una entrada de datos detallados de la renta del inquilino respectivo. Que este es un servicio legal de iSd. § 2 para.1 Ley RDG, incluso si el servicio se presta por medio del llamado Legal Tech, corresponde, por lo que el tribunal de distrito de Berlín, la voluntad inequívoca de la legislatura. Para esto solo vería actividades que están dirigidas únicamente al público en general o un grupo indefinido de personas, no cubiertas por § 2 RDG. Esto no se aplica a asuntos legales relacionados con el tema de una persona en particular que busca asesoramiento (consulte LG Berlin, NJW 2018, 2901/2902).
38
En la literatura, la cuestión de si los servicios en el campo de la tecnología legal caen dentro del alcance del § 2 Abs. 1 RDG, evaluados de manera diferente. Una parte de la literatura rechaza esto porque no hay actividad humana asociada con él y, por lo tanto, no hay un “proveedor de servicios”. Además, no existe un proceso de subsunción legal; Más bien, la computadora proporciona un “resultado de árboles de decisión lógicamente determinado matemáticamente” (ver, por ejemplo, Weberstaedt, AnwBl 2016, Bl 535 ff = Apéndice B5, Bl 177 ff dA; Deckenbrock / Henssler, supra, § 2 marginal 46, pero por lo demás, § 6, marginal 54). Por otro lado, según la opinión que prevalece actualmente en la literatura, el servicio automatizado mediante Legal Tech puede proporcionar un servicio legal. Krzler, loc. Cit., § 6 nota marginal 38, Krenzler, en: Krenzler, loc. Cit., § 2, no. 44; Wettlaufer, MMR 2018, 55 ss .; / Krahmer, GRUR-Prax 2016, 363 ss .; papas fritas, ZRP 2018, 161 ss .; Remmertz, BRAK-Mitteilungen 2/2017, 55 ss. = P. 216 ss. DA). También el informe final del grupo de trabajo Legal Tech de la conferencia de primavera de los Ministros de Justicia y Ministro de Justicia del 5/6. Junio ​​de 2019 (ver Anl. K18, Bl. 107 ss., D.A.) llega a tal resultado.
39
cc)
40
Medido según los requisitos de hecho del § 2 Abs.1 RDG y teniendo en cuenta el estado de discusión mencionado anteriormente sobre la clasificación legal de Legal Tech, se abre el alcance actual y personal del § 2 párrafo 1 RDG. La oferta del producto disputado “T10” por parte del demandado debe calificarse como un servicio legal relevante.

 

(1) Esto no se contradice por el hecho de que, en el presente caso, el servicio de consultoría en el momento del uso real del producto se basa únicamente en computadoras y, por lo tanto, sin interacción humana. Sin embargo, una “actividad” relevante del proveedor del software está relacionada con él (también Krenzler, en: Krenzler, a.a.O., § 2 marginal 44). Según la declaración explicativa al RDG, es fundamentalmente irrelevante con qué ayudas técnicas se presta el servicio legal (ver BT-Drs. 16/3655, p. 47 f, así también Deckenbrock / Henssler, ibid., § 2 marginal 45) , Establece expresamente en los documentos legales que “la existencia de un servicio legal no está excluida porque el abogado no quiere establecer contacto personal con el proveedor del servicio, sino que quiere que sus preguntas legales específicas se examinen a través de una línea telefónica directa o un foro de Internet”. “Más bien, cuando se examina si la asesoría debe clasificarse como un servicio legal, se debe prestar atención al contenido de la oferta de asesoría (ver BT-Drs. 16/3655, p.
42
(2) El servicio de asesoramiento en el contexto de la oferta “T10” también se dirige a un tema específico. El factor decisivo aquí es si se trata de una cuestión legal no ficticia, pero objetiva, relacionada con el asunto de una persona particular que busca asesoramiento (ver BT-Drs. 16/3655, p. Nuevamente, esto es, como el LG Berlin ya ha decidido en relación con una “calculadora de precios de alquiler”, en el presente caso para afirmar. Aunque el software y los módulos de texto utilizados por ella se desarrollan en el momento de su programación para una variedad de casos abstractos diferentes. Sin embargo, en el momento de la solicitud por parte del usuario, el usuario recibe un producto específicamente adaptado a las circunstancias descritas por él en el contexto del catálogo de preguntas y respuestas. Según la Cámara, se concede una importancia decisiva al hecho de que los productos “T10”, como se puede ver en el Anl. K5 y K7 muestran de manera ejemplar los resultados del proceso de creación: tienen un alto grado de individualización. La información solicitada por el usuario no se limita a datos generales (como datos de dirección o información sobre el monto de la compensación) sino que se refiere a preguntas específicas sobre el tema y el alcance del contrato a redactar. El cuestionario para un contrato de licencia de imagen / película contiene alrededor de 30 preguntas, y las de un contrato de diseño gráfico de casi 40 preguntas. Esto va más allá del formato de una guía de formularios clásica y no puede entenderse simplemente como una sofisticada colección de formularios digitales. El manual del formulario contiene un tratamiento puramente abstracto de problemas legales con diferentes soluciones. Se requiere que el usuario de un manual del formulario compile un texto de contrato adecuado basado en las instrucciones generales contenidas en el manual del formulario. Él es quien transfiere la información abstracta en un documento concreto. Con respecto a la selección del producto específico, no sigue una recomendación extranjera. Sin embargo, esto es diferente con los productos del generador contractual disputado. Debido a la gran cantidad de preguntas formuladas en el proceso de creación, surge una imagen individual del caso específico de la persona en cuestión, que recibe un producto adecuado para su aplicación inmediata (“listo para la firma”). La decisión sobre qué módulos de formulario son adecuados para él en el caso específico se toma de la persona que busca el derecho por el generador del contrato.
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Otro argumento a favor de aceptar un asunto “concreto” es que el límite para los servicios legales también se supera en el caso de los servicios de consultoría humana cuando el proveedor del servicio, a solicitud del cliente, revisa las regulaciones legales especificadas en el formulario y propone alternativas (ver OLG Karlsruhe , NJW-RR 2011, 119/120). Si los documentos legales ofrecidos por el demandado se ofrecieron en el contexto de una línea telefónica directa, en la cual los empleados del centro de atención telefónica pasaron por el proceso de creación de los productos “T10”, utilizaron primero el catálogo de preguntas y respuestas con el cliente y luego (por ejemplo, utilizando el generador de contratos ) crea el producto final y lo ofrece a la venta al usuario, no cabe duda de que dicho servicio está relacionado con un asunto legal específico. El hecho de que la interposición de un agente de ventas humano en el modelo comercial del acusado se haya vuelto técnicamente innecesario no puede ser un argumento viable para cuestionar el elemento del “asunto concreto”. Lo mismo se aplica al hecho de que la persona que busca justicia puede permanecer en el anonimato (para lo cual el modelo de negocio del acusado, por otra parte, no da ninguna indicación, ya que sin duda una relación contractual se establece con el usuario y es remunerada por este último). El propósito del RDG estipulado en el § 1 (1) (2) RDG “para proteger a las personas jurídicas, las relaciones jurídicas y el sistema legal de los servicios jurídicos no calificados” habla más bien a favor de tratar los servicios individualizados de tecnología legal de la misma manera que los servicios de asesores humanos. El propósito del control perseguido bajo el RDG no se puede lograr restringiendo el concepto de servicio legal (ver también BGH, GRUR 2016, 820/825 – “Liquidación de reclamos por corredores de seguros”).
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(3) El servicio de consultoría también se realiza en interés del usuario y, por lo tanto, para el demandado, asuntos exteriores.
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(4) La oferta asociada con el generador de contratos también requiere una revisión legal en el sentido de. § 2 Abs. 1 RDG. Con este requisito, la disposición cubre cada subsunción concreta de un hecho bajo las disposiciones legales relevantes, que va más allá de una aplicación meramente esquemática de las normas legales sin un examen legal adicional. Si es un asunto legal simple o difícil es irrelevante (ver BGH, GRUR 2016, 820/824 – “Liquidación de reclamos por corredores de seguros”; Köhler, loc. Cit., § 3a marginal 1.119; Hohlweck, § 3a marginal 537) ,
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Desde un punto de vista objetivo, los documentos legales ofrecidos por el demandado con el producto “T10” alcanzan una complejidad que claramente va más allá de una mera aplicación esquemática de las normas legales. Dado que, como ya se discutió, las ayudas técnicas específicas utilizadas no son importantes (véase el apartado I.2.b) cc) (1)), tampoco es decisivo que el software ofrezca el producto ofrecido específicamente en el momento de la aplicación sobre la base de un programa preprogramado Ensambla el árbol de decisiones. El proceso de subsunción necesario no descarta el análisis de casos estandarizado. Sin embargo, el producto ofrecido se basa en un examen legal en la programación del software en términos de cómo determinar la solicitud del cliente relevante en función de un cuestionario a desarrollar y sobre esta base se puede hacer un borrador de contrato individual y en cuyo caso la inclusión de ciertas cláusulas contractuales en consideración viene. En ese sentido, el enfoque no es fundamentalmente diferente del enfoque de un abogado, sino que se lleva a cabo solo con anticipación y debido a la estandarización en un formato reproducible múltiple.
Además, el criterio de la necesidad de la revisión legal no puede determinarse de una manera puramente objetiva. Más bien, en el contexto del examen legal, también se debe considerar la percepción del tráfico y la expectativa discernible de la persona que busca justicia (ver: Deckenbrock / Henssler, loc. Cit., § 2 marginal 35 et seq. En consecuencia, el proyecto de ley original inicialmente propuso definir como “servicio legal” cualquier actividad en asuntos exteriores concretos tan pronto como requiera “un examen legal especial del caso individual de acuerdo con la percepción del tráfico o la expectativa aparente de la persona que busca el derecho”. Aunque más tarde esta presentación fue eliminada por el Comité de Asuntos Jurídicos, lo hizo por razones de racionalización de la norma sin tener la intención de cambiar su contenido (ver BT-Drs. 16/6634, p. 51). La inclusión de la conciencia del tráfico, por lo tanto, amplía el alcance del RDG en los intereses y en beneficio de aquellos que buscan la ley, donde una evaluación legal específica no sería necesaria y habitual en una consideración típica y objetiva. Entonces, el límite para el servicio legal es iSd. § 2 párrafo 1 RDG en cualquier caso excedido si el proveedor no indica claramente que su oferta no está conectada a un examen legal del caso específico de cada usuario (como Krenzler, en: Krenzler, ibid., § 2 marginal. 44). En opinión de la junta, este límite ya no se respeta. El despertar deliberadamente por la expectativa de tráfico del acusado habla por sus ofertas “T10” para calificar como un servicio legal. El público en cuestión incluye no especialistas, incluidos los consumidores. Dada la presentación del producto “T10”, el tráfico en cuestión espera más que la mera ayuda para crear y completar un formulario de contrato de forma independiente. De manera tan restrictiva, el acusado no anuncia el producto, sino que lo posiciona como una alternativa al abogado. En el caso de los solicitantes de derechos, los reclamos publicitarios como “completamente sin conocimientos jurídicos, porque tenemos”, “documentos legales con calidad de abogado” y “más individual y seguro que cualquier modelo y menos costoso que un abogado”, por lo tanto, dan lugar a la expectativa de que pagará la remuneración a pagar se adapte a sus necesidades específicas de documentos legales y, por lo tanto, el servicio adquirido va más allá de la aplicación esquemática de normas legales Aunque el consumidor es consciente de que no se realizará una revisión final por parte de un asesor humano al final del proceso de construcción, al menos una parte relevante del tráfico mencionado asumirá que la verificación de hechos estandarizada (modelada en la charla del abogado) está diseñada para ser una prueba de caso individual asegura (“[nosotros] hemos diseñado el proceso de creación para que se base en la conversación con el abogado”). La declaración hecha por el acusado, que debe hacer que el usuario (potencial) en el sitio web sepa que el acusado no ofrece asesoramiento legal, no excluye tal expectativa de tráfico, especialmente porque el descargo de responsabilidad solo tiene lugar en un lugar destacado en la impresión y, por lo tanto, en el contexto general del sitio web se cae.
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Finalmente, el intento del acusado de comparar su producto con el software de declaración de impuestos disponible en el mercado no lo limita. Ya en el punto de partida, el demandado no hace comentarios concretos sobre el funcionamiento exacto de dicho software de declaración de impuestos. En ese sentido, la conferencia, los programas de declaración de impuestos tienen un mayor grado de complejidad, no respaldado por hechos. Sin embargo, según el entendimiento de la Cámara, su uso es principalmente para explicar al usuario en qué puntos del formulario de impuestos qué datos deben ingresarse. Por lo tanto, debe considerarse como una herramienta de accesibilidad fácil de usar basada en EDP que no desarrolla ninguna actividad de asesoramiento fiscal relevante.

 

c)

50
Finalmente, la actividad de asesoramiento legal del acusado no está exenta de conformidad con el § 2 (3) RDG. Del mismo modo, ningún servicio auxiliar permitido según § 5 RDG está conectado con esto. También un permiso según §§ 6-8 o 10 RDG está fuera de cuestión.

51
II.

52
El demandante además tiene un reclamo bajo §§ 3, 5 párrafo 1 p. 2 número 3, 8 párrafo 1 y párrafo 3 número 2 UWG por la omisión de las declaraciones publicitarias impugnadas.

53
Los reclamos publicitarios son engañosos en general. No está claro si un resultado engañoso del hecho de que el acusado transmite la impresión incorrecta con las reclamaciones publicitarias impugnadas de que los servicios que brindan corresponden cualitativamente a los de un abogado. De hecho, la publicidad injusta ya es un anuncio para la prestación independiente de servicios, ya que en este caso son servicios legales ilegales. Hasta ahora es un error de iSv. § 5 UWG antes, porque el acusado al público objetivo – aquí u.a. Consumidores: anunciar con un servicio cuya provisión es denegada por razones legales (ver BGH, GRUR 2009, 1077/1080 – “reestructuración financiera”; Deckenbrock / Henssler / Seichter, loc. Cit., § 3 marginal 62).

54
Aunque el demandado ha hecho un aviso (“descargo de responsabilidad”) en su página de inicio, según el cual no ofrece asesoramiento legal. Sin embargo, esta referencia contradice los servicios de consultoría reales que presta. Él no está en condiciones de salir del engaño del tráfico dirigido. El engaño relevante del tráfico no existe con respecto a la pregunta de si el demandado generalmente tiene derecho a proporcionar servicios legales o tiene la intención de proporcionar dichos servicios. Más bien, es decisivo que el acusado no tenga derecho a realizar los servicios anunciados debido a la presunta infracción del RDG y el tráfico se confunde con ello.

55
El hecho de que, según la presentación indiscutible del acusado, no todos los reclamos publicitarios atacados se utilizan actualmente en el sitio web del acusado, no se puede omitir el riesgo de repetición (ver BGH, GRUR 1998, 1045/1046 – “caldera de condensación” Hohlauck, loc. § 8 marginal 14).

56
III.

57
Las decisiones subsidiarias procesales se derivan de las secs. 91, 709 ZPO.

58
Valor contencioso: 250,000 €

 

 

 

 

 

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