Nueva ley de economía del conocimiento

La ley crea incentivos fiscales y laborales para empresas de varios sectores de tecnología y software. Qué ventajas tiene, porque acaba de reglamentarse esta mañana.

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Ya es ley el régimen de fomento que promueve la Economía del Conocimiento en nuestro país. Su objetivo es aumentar la productividad y fomentar la creación de empleo de calidad en la golpeada economía argentina. Y hoy salió la reglamentación, texto completo abajo.

Se espera que haya 11.000 empresas con un marco tributario favorable que, a modo de refugio de la presión tributaria record que impera en el país, les permita desarrollarse y competir globalmente.

 

¿A quienes alcanza esta nueva ley de la Economía del Conocimiento?

Las actividades alcanzan a la industria del software, biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionados con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, nanotecnología y nanociencia y la fabricación bienes 4.0.

 

Actividades comprendidas en la ley de economía del conocimiento

Las empresas tienen que ser las que

a) Acrediten la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos;

b) Acrediten indistinta y/o conjuntamente, la realización de erogaciones en actividades de:

i. Investigación y desarrollo en las actividades del artículo 2° en un mínimo del tres por ciento (3%) de su facturación total; y/o

ii. Capacitación de los empleados afectados a las actividades del artículo 2° en un mínimo del ocho por ciento (8%) de la masa salarial total.

c) Acrediten la realización de exportaciones de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas de, al menos, un trece por ciento (13%) de la facturación total correspondiente a esas actividades. Cuando la actividad promovida fuera la del inciso e) del artículo 2°, se requerirá como mínimo la realización de exportaciones provenientes exclusivamente de dicha actividad, por un porcentaje del setenta por ciento (70%) de la facturación total. Sólo en el caso de que esta última fuera desarrollada por empresas consideradas micro o pequeñas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, dicho porcentaje deberá representar el cuarenta y cinco por ciento (45%) del total de la facturación para los primeros cinco (5) ejercicios fiscales contados a partir de la entrada en vigencia de la presente.

El 70% de la facturación anual tiene que ser la sumatoria de dos o más de las actividades promovidas.

Si la actividad promovida consiste en prestar servicios profesionales, tales servicios sólo podrán computarse siempre que el 70% de la facturación total (o el 45% del total si se tratare de una micro o pequeña empresa) corresponda a exportación de servicios profesionales prestados al exterior.

 

Actividades y empresas nuevas

Si el emprendedor no contara aún con facturación, entonces tiene que presentar una declaración jurada con

a) un cuadro con la información de su nómina de trabajadores;

b) su modelo de negocios; y

c) una declaración manifestando que desde su constitución no ha realizado venta o comercialización de sus bienes ni servicios.

 

Registro de beneficiarios de la ley de la economía del conocimiento

Este país no sería Argentina si no fuera por los registros. Para variar se crea uno nuevo, el registro de beneficiarios del régimen.

Para acceder a los beneficios el solicitante deberá presentar el formulario de la AFIP y presentar (todo con el TAD) la documentación y requisitos:

-mejoras continuas o norma de calidad reconocida

-gastos en investigación y desarrollo

-o capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas; y/o exportaciones. Los desarrollo.

 

¿Qué beneficios tengo con la nueva ley de la economía del conocimiento?

Esta nueva normativa reduce los costos laborales e impositivos para los sectores enunciados.

-Adelanta el Mínimo no Imponible que la reforma tributaria prevé para el 2022

-Da un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1.6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible (este beneficio, puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias)

-Se pagará 15%, alícuota reducida, Impuesto a las Ganancias del 15%.

-Exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el impuesto a las Ganancias.

-Empresas con una antigüedad menor a 3 años, y categorizadas como MICRO en el Registro Pyme, pueden ser una actividad elegible acreditando solamente el 70% de su facturación sin necesidad de cumplimentar más requisitos.

-Estabilidad fiscal para sus beneficiarios ya que no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el Registro y durante toda la vigencia, incluyendo los derechos de exportación.

Y algo importante, punto siguiente.

Retenciones y percepciones – nos vimos en Disney

Algo bueno de la ley es que elimina retenciones y percepciones para los inscriptos y beneficiados. Argentina es medio así.

Ahorca a todos y a un puñado les da un poco de oxígeno. Es decir, en lugar de crear un entorno propicio para los negocios, hay miles de restricciones, que a la vez generan evasión y algunos oasis que más o menos permiten crecer pero no sin el aval del Estado. Incluso sin la corrupción que este sistema legal fomenta (ver Mairal, Las Raíces legales…), me parece un sistema inviable, pero bueno, ya veremos.

Volviendo a lo nuestro, algo positivo es que no hay retenciones ni percepciones para los inscriptos en el régimen.

La Ley establece que los beneficiarios de este régimen no serán pasibles de retenciones ni percepciones en el IVA (iupi).

Para esto el beneficiario tiene que pedir la constancia de no retención.

Ley y reglamentación – economía del conocimiento

 

República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2019 – Año de la Exportación
Anexo
Número:
Referencia: EX-2019-85444077-APN-DGD#MPYT – REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.506
ANEXO
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.506
ARTÍCULO 1°.- La Autoridad de Aplicación fijará las condiciones para el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 4° de la Ley Nº 27.506, según las siguientes pautas:
a) Actividad Principal. Se considera cumplimentado el requisito de actividad principal cuando al menos un
SETENTA POR CIENTO (70%) de la facturación anual de la persona jurídica se genere en una de las actividades
comprendidas en el artículo 2° de la Ley Nº 27.506, o con la sumatoria de DOS (2) o más de ellas.
Cuando la sumatoria o la totalidad de actividades para alcanzar la actividad principal incluya los servicios
profesionales previstos en el inciso e) del artículo 2º de la citada Ley, esos servicios sólo podrán computarse
siempre que el SETENTA POR CIENTO (70%) de la facturación total, o el CUARENTA Y CINCO POR
CIENTO (45%) del total de la facturación si se tratare de una micro o pequeña empresa, corresponda a
exportación de “servicios profesionales” prestados al exterior, es decir, a aquellos realizados en el país a título
oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior,
entendiéndose por tal a la utilización inmediata o al primer acto de disposición por parte del prestatario.
b) Acreditación de Mejoras. A los fines de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 4° de la Ley N° 27.506, la
Autoridad de Aplicación determinará los mecanismos admisibles para la acreditación de las mejoras continuas y
las certificaciones aplicables o admisibles, para lo cual contará con el soporte de los organismos y las
reparticiones competentes.
c) Gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) y Capacitación. En relación al inciso b) del artículo 4° de la Ley N°
27.506, se considerará cumplimentado el requisito de erogaciones conforme el siguiente detalle:
i) actividades de investigación y desarrollo: cuando los gastos efectivamente realizados a tal fin representen como
mínimo el TRES POR CIENTO (3%) de la facturación total del período, de la persona jurídica, en los términos
que establezca la Autoridad de Aplicación, que además determinará las actividades que no podrán considerarse de
investigación y desarrollo para el cumplimiento de este requisito.
Las actividades podrán ser ejecutadas en su totalidad por los propios beneficiarios, o bien a través de Organismos
Públicos, Universidades o Institutos de Ciencia y Tecnología Públicos.
ii) capacitación de los empleados afectados a las actividades del artículo 2° de la Ley N° 27.506: cuando los
gastos que por ese concepto se realicen, representen como mínimo el OCHO POR CIENTO (8%) de la masa
salarial bruta en los términos y plazos en que la Autoridad de Aplicación lo determine.
A los efectos del cómputo de la masa salarial bruta no se considerarán incluidos los regímenes laborales
especiales como los regulados por los Capítulos II, III y IV del Título III de la Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones, por la Ley N° 22.250 y sus modificatorias, las modalidades de trabajo
temporario previstas en la Ley N° 26.727 y su modificatoria, la changa solidaria prevista en el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 62/75 y el personal no permanente de hoteles previsto en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 362/03.
La Autoridad de Aplicación establecerá qué tipo de capacitaciones serán válidas a los fines de computar el gasto
mencionado en el párrafo anterior.
d) Exportaciones. Se entenderá cumplido el requisito de exportaciones, en los términos del inciso c) del artículo
4° de la Ley N° 27.506, cuando las ventas realizadas al exterior por el beneficiario por exportaciones de bienes
y/o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades previstas en el artículo 2º de la mencionada
Ley, y facturadas mediante Factura tipo E o el comprobante que lo reemplace en el futuro, representen como
mínimo el TRECE POR CIENTO (13%) de la facturación total del período en esas actividades.
ARTÍCULO 2°.- En aquellos casos comprendidos en el anteúltimo párrafo del artículo 4° de la Ley N° 27.506, la
declaración jurada deberá contener la descripción de las actividades que la persona jurídica está realizando en los
términos del artículo 2º de la Ley N° 27.506 y que, al menos, el SETENTA POR CIENTO (70%) de su personal
en relación de dependencia y de la masa salarial bruta, con las exclusiones previstas en el segundo párrafo del
apartado ii del inciso c) de artículo precedente, está afectado a dichas tareas, en las formas y condiciones que
determine la Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación establecerá las formas y demás condiciones en que procederá la inscripción para
estos casos.
La persona jurídica deberá notificar la emisión de su primera factura a la Autoridad de Aplicación en el plazo de
DIEZ (10) días de haberla efectuado.
En el plazo de UN (1) año desde la emisión de la primera factura, la Autoridad de Aplicación verificará que el
sujeto cumpla con los requisitos de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 4º de la Ley Nº
27.506.
ARTÍCULO 3°.- A los fines de la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, en las formas y condiciones que disponga la Autoridad de
Aplicación, el interesado deberá presentar la documentación que a tal efecto se establezca y acreditar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 27.506 en los últimos SEIS (6) meses
inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la respectiva solicitud.
En todos los casos de inscripción, el sujeto solicitante deberá encontrarse en el curso normal de cumplimiento de
sus obligaciones impositivas y previsionales.
El normal cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del solicitante, será consultado por la
Autoridad de Aplicación a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a través de
los mecanismos disponibles para ello.
Asimismo, no se admitirá la inscripción en el Registro de quienes con tal inscripción pretendan vulnerar una
inhabilitación dispuesta en los términos del artículo 15 de la Ley N° 27.506. Sin perjuicio de otros supuestos que
establezca la Autoridad de Aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que una persona jurídica pretende
vulnerar la inhabilitación dispuesta si es continuadora de una persona jurídica inhabilitada, está controlada por
aquella o cuenta sustancialmente con los mismos accionistas y objeto social que la sancionada o si pudiera
observarse una conducta tendiente a transferir facturación y/o empleados de la persona jurídica sancionada a la
otra.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación se expedirá respecto de la solicitud de inscripción con expresa
mención a los rubros en virtud de los cuales el beneficiario pretende acceder a los beneficios estipulados en la
Ley N° 27.506.
ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación verificará anualmente que el sujeto mantenga el cumplimiento de
las condiciones previstas en la Ley N° 27.506 y en esta Reglamentación, para continuar inscripto en el Registro,
del modo que establezca la normativa complementaria.
En caso de producirse una modificación respecto de los requisitos informados al momento de la inscripción, y si
el beneficiario mantuviera en todo momento el cumplimiento de al menos DOS (2) de los TRES (3) requisitos del
artículo 4° de la Ley Nº 27.506, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de ocurrido el cambio, deberá ponerlo
en conocimiento de la Autoridad de Aplicación, que verificará tales extremos, a los fines de su mantenimiento en
el Régimen.
La posibilidad de trasladar los beneficios tributarios a una persona jurídica distinta a la originalmente
promocionada, solamente resultará viable mediante una reorganización societaria, entre ambas, efectuada en los
términos del artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, y sus normas
reglamentarias, en la medida que esta última haya sido debidamente comunicada a la Autoridad de Aplicación, y
en tanto se verifique el cumplimiento de los requisitos promocionales previstos en la Ley N° 27.506 y en esta
Reglamentación.
ARTÍCULO 6°.- A efectos del artículo 5° de la Ley N° 27.506, el autodesarrollo de exportación se probará por
medio de Facturas tipo E o el comprobante que las reemplace en el futuro, emitidos por el beneficiario a una
sociedad vinculada societaria o económicamente en los términos del primer artículo sin número agregado a
continuación del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, y su
Reglamentación.
ARTÍCULO 7°.- En el supuesto comprendido en el artículo 6° de la Ley N° 27.506, finalizado el plazo de TRES
(3) años computado desde el inicio de actividades o si dejara de ser micro empresa, lo que ocurra primero, la
persona jurídica beneficiaria deberá dar cumplimiento a los requisitos del artículo 4° de la Ley que se reglamenta,
excepto que solicite la baja del Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento. La baja solicitada no importará la obligación de devolución de los beneficios devengados hasta la
fecha en que se hubiera configurado alguno de los dos supuestos mencionados.
De no solicitarse la baja prevista en el párrafo precedente, dará lugar a la aplicación de las sanciones que
correspondan conforme lo previsto en el artículo 15 de la citada la Ley N° 27.506.
ARTÍCULO 8°.- La persona jurídica podrá acceder a los beneficios establecidos en los artículos 8° y 9° de la Ley
N° 27.506, aplicables respecto de todos sus empleados en relación de dependencia, a partir del período fiscal de
su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento.
Asimismo, el bono previsto en el artículo 9° de dicha Ley no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva incorporación del beneficiario a dicho régimen y, en ningún caso los saldos a favor darán lugar a
reconocimiento o reintegros por destinos o finalidades distintas a las establecidas en el artículo 9° de la Ley N°
27.506.
ARTÍCULO 9°.- El bono de crédito fiscal previsto en el artículo 9° de la Ley N° 27.506 se encontrará disponible
en el sistema de incentivos fiscales de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), a
partir del intercambio de información entre la Autoridad de Aplicación y dicho Organismo.
Facúltase a la citada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a dictar las normas
complementarias para la registración y utilización de los bonos por parte de los beneficiarios, y a establecer las
formalidades y condiciones de utilización y transferencia, por única vez, de cada bono mensual.
A los efectos de acceder al beneficio adicional establecido respecto de trabajadores en relación de dependencia
con título de doctor, éste deberá cumplir con la normativa aplicable a la acreditación de títulos del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, o con la reválida y reconocimiento del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, según corresponda al título nacional o extranjero.
Este beneficio sólo podrá tomarse respecto del trabajador con título de doctor y por un plazo máximo de
VEINTICUATRO (24) meses computados de su contratación por el beneficiario.
ARTÍCULO 10.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 27.506, se entenderá que existe
reducción del nivel de empleo cuando hubiere una diferencia mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) con relación al
promedio de trabajadores de los últimos SEIS (6) meses declarados al momento de la solicitud de inscripción en
el Registro.
El nivel de empleo acreditado no se considerará reducido cuando la extinción del contrato sea por las causas que
se enumeran a continuación, y el empleador acredite, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de
Aplicación, la recomposición de la plantilla con nuevas contrataciones de personal dentro de los CIENTO
OCHENTA (180) días corridos desde que se produzca la reducción:
a) Período de Prueba, de conformidad con el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976
y sus modificaciones.
b) Voluntad concurrente de las partes o mutuo acuerdo, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Contrato
de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones.
c) Vencimiento de plazo cierto, de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744,
t.o. 1976 y sus modificaciones.
d) Cumplimiento del objeto o finalización de la obra, de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones.
e) Renuncia, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus
modificaciones.
f) Abandono de trabajo, de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976
y sus modificaciones.
g) Despido con justa causa, de conformidad con los artículos 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones.
h) Incapacidad absoluta, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o.
1976 y sus modificaciones.
i) Inhabilitación, de conformidad con el artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus
modificaciones.
j) Jubilación ordinaria, de conformidad con los artículos 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744,
t.o. 1976 y sus modificaciones.
k) Muerte del trabajador, de conformidad con el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, t.o.
1976 y sus modificaciones.
A los efectos del cómputo del nivel de empleo, no se considerarán incluidos los regímenes laborales especiales
como los regulados por los Capítulos II, III y IV del Título III de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o.
1976 y sus modificaciones, por la Ley N° 22.250, las modalidades de trabajo temporario previstas en la Ley N°
26.727, la changa solidaria prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 62/75 y el personal no permanente
de hoteles previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 362/03.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) informará a la Autoridad de Aplicación
la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados, en la forma y con la
periodicidad que esta última indique.
El incumplimiento del mantenimiento de la nómina impedirá al beneficiario acceder a la alícuota reducida en el
Impuesto a las Ganancias para el ejercicio fiscal en el cual no se cumpla la condición.
ARTÍCULO 11.- A partir de la inscripción del beneficiario en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) deberá otorgarle la constancia de no retención prevista en el artículo 11 de la Ley Nº 27.506.
ARTÍCULO 12.- El régimen informativo tendrá como objetivo principal que la Autoridad de Aplicación cuente
con información suficiente y adecuada para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la referida
Ley Nº 27.506 así como evaluar la evolución y funcionamiento del Régimen, debiendo ésta dictar la normativa
complementaria pertinente.
Toda la información que los beneficiarios del Régimen presenten ante la Autoridad de Aplicación tendrá el
carácter de declaración jurada.
ARTÍCULO 13.- La aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 15 de la Ley N° 27.506, se efectuará
de acuerdo al procedimiento que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación, el que deberá garantizar el
debido proceso adjetivo previsto en el artículo 1º, inciso f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549 y sus modificatorias.
Los beneficiarios que hubieran sido sancionados con la baja del régimen o revocación de la inscripción e
inhabilitación para acceder a los beneficios, no podrán solicitar una nueva inscripción al Régimen por el plazo
previsto en el acto sancionatorio.
ARTÍCULO 14.- Cuando las personas jurídicas inscriptas fueran dadas de baja del Registro Nacional de
Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y correspondiese reintegrar los
beneficios indebidamente usufructuados, la Autoridad de Aplicación notificará a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación deberá dictar la normativa complementaria relativa a la
formalización del traspaso de beneficiarios de la Ley N° 25.922 y su modificatoria al Registro Nacional de
Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, conforme lo previsto en el Capítulo
V de la Ley N° 27.506.
A tales fines, los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la mencionada Ley N°
25.922 y su modificatoria, deberán manifestar su voluntad de continuar en el Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento a través de la presentación de la solicitud de adhesión, en la forma y modo que a tal
efecto establezca la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 16.- A los fines de efectivizar el aporte para el financiamiento previsto en el artículo 18 de la Ley Nº
27.506, la Autoridad de Aplicación determinará el modo de calcular el monto a abonar, el plazo, y demás
condiciones que resulten necesarias. Dicho aporte deberá ser realizado anualmente a la cuenta del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), creado por el artículo 14 de la Ley N° 27.349.
El incumplimiento del pago en tiempo y forma es un incumplimiento a las disposiciones del Régimen en los
términos previstos en el artículo 15 de la Ley Nº 27.506.

 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Ley 27506

Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

CAPÍTULO I

Lineamientos generales del régimen

Artículo 1° – Creación del régimen. Créase el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” que regirá en todo el territorio de la República Argentina y que tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten.

Art. 2° – Actividades promovidas. El presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tiene como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos, promoviendo los siguientes rubros:

a) Software y servicios informáticos y digitales, incluyendo: (i) desarrollo de productos y servicios de software (SAAS) existentes o que se creen en el futuro, que se apliquen a actividades como e-learning, marketing interactivo, e-commerce, servicios de provisión de aplicaciones, edición y publicación electrónica de información; siempre que sean parte de una oferta informática integrada y agreguen valor a la misma; (ii) desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o editada; (iii) implementación y puesta a punto para terceros de productos de software propios o creados por terceros y de productos registrados; (iv) desarrollo de software a medida cuando esta actividad permita distinguir la creación de valor agregado, aun cuando en los contratos respectivos se ceda la propiedad intelectual a terceros; (v) servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos y la administración de la información y el conocimiento de las organizaciones; (vi) desarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación, siempre que se trate de desarrollos complementarios o integrables a productos de software registrables; (vii) servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o traducción de lenguajes informáticos, adición de funciones, preparación de documentación para el usuario y garantía o asesoramiento de calidad de sistemas, entre otros, todos ellos a ser realizados a productos de software y con destino a mercados externos; (viii) desarrollo y puesta a punto de software que se elabore para ser incorporado en procesadores (software embebido o insertado) utilizados en bienes y sistemas de diversa índole; (ix) videojuegos; y (x) servicios de cómputo en la nube;

b) Producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital;

c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;

d) Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones;

e) Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación;

f) Nanotecnología y nanociencia;

g) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales;

h) Ingeniería para la industria nuclear;

i) Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento, exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual.

También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

La autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y rubros comprendidos en el presente régimen. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar los rubros y/o actividades en virtud de las tecnologías emergentes.

Art. 3° – Registro. Créase el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en el que deberán inscribirse quienes deseen acceder al régimen creado por la presente ley, sujeto a las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 4° – Sujetos alcanzados y requisitos. Podrán acceder a los beneficios del presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento las personas jurídicas comprendidas en el inciso a) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2° de la presente ley, se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y reúnan al menos dos (2) de los siguientes requisitos, en los términos y condiciones en que lo determine la reglamentación:

a) Acrediten la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos;

b) Acrediten indistinta y/o conjuntamente, la realización de erogaciones en actividades de:

i. Investigación y desarrollo en las actividades del artículo 2° en un mínimo del tres por ciento (3%) de su facturación total; y/o

ii. Capacitación de los empleados afectados a las actividades del artículo 2° en un mínimo del ocho por ciento (8%) de la masa salarial total.

c) Acrediten la realización de exportaciones de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas de, al menos, un trece por ciento (13%) de la facturación total correspondiente a esas actividades. Cuando la actividad promovida fuera la del inciso e) del artículo 2°, se requerirá como mínimo la realización de exportaciones provenientes exclusivamente de dicha actividad, por un porcentaje del setenta por ciento (70%) de la facturación total. Sólo en el caso de que esta última fuera desarrollada por empresas consideradas micro o pequeñas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, dicho porcentaje deberá representar el cuarenta y cinco por ciento (45%) del total de la facturación para los primeros cinco (5) ejercicios fiscales contados a partir de la entrada en vigencia de la presente.

Se considerará que se cumple con el requisito de actividad principal, cuando el porcentaje de facturación en las actividades promovidas represente al menos un setenta por ciento (70%) respecto del total de la facturación, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Para aquellos casos en que la persona jurídica no contara aún con facturación alguna, podrá solicitar su inscripción en el Registro previsto en el artículo 3° de la presente, acompañando una declaración jurada mediante la cual manifieste que desarrolla alguna o algunas de las actividades previstas en el artículo 2° de esta ley, presente su modelo de negocios en dicha actividad, y además, acredite que el setenta por ciento (70%) de su nómina de personal y masa salarial se encuentren afectadas a dicha actividad.

Las condiciones precedentemente mencionadas deberán ser cumplidas anualmente respecto de cualquiera de las actividades definidas en el artículo 2° de la presente ley, en los términos que determine la autoridad de aplicación.

Art. 5° – A los fines de esta ley, se entiende por autodesarrollo el realizado por una persona jurídica para su propio uso o para el de empresas vinculadas societaria y/o económicamente, y en todos los casos, revistiendo el carácter de usuario final.

El autodesarrollo podrá ser computado dentro del porcentaje de facturación exigido para constituir una actividad principal, en la medida que sea de exportación.

Art. 6° – Micro Empresas. Cuando se trate de micro empresas, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, con antigüedad menor a tres (3) años desde el inicio de actividades, para acceder al régimen solo deberán acreditar que desarrollan en el país, por cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2° de la presente ley.

Cumplido ese plazo, para mantener su permanencia en el régimen, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 4°.

CAPÍTULO II

Tratamiento fiscal para los beneficiarios

Art 7° – Estabilidad Fiscal. Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento gozarán de estabilidad fiscal respecto de las actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y por el término de vigencia de éste. La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos, así como también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.

Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de su adhesión a la presente ley, en cuyo caso la carga se considerará en forma separada en cada jurisdicción.

Art. 8° – Contribuciones patronales. Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados de una detracción equivalente al monto máximo previsto en el artículo 4° del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no resultando aplicable el esquema progresivo previsto en el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.

En caso que el régimen general de contribuciones y aportes patronales sea más favorable que el beneficio previsto en el primer párrafo del presente artículo, el beneficiario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas del régimen general.

Art. 9° – Incentivo adicional. Adicionalmente, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a uno coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado. Cuando los trabajadores en relación de dependencia ostenten el título de doctor, en los términos que lo establezca la reglamentación, el bono de crédito fiscal generado por ese empleado será equivalente a dos (2) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre el monto establecido en el artículo anterior, por el término de veinticuatro (24) meses desde su contratación.

El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del bono de crédito fiscal establecido en el presente artículo no será computable por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto a las ganancias.

Art. 10.- Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios del presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del quince por ciento (15%), en la medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá estarse a lo dispuesto en dicha norma.

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.

Art. 11.- Retenciones y percepciones. Los beneficiarios del presente régimen no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado.

En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del beneficio dispuesto en el párrafo precedente.

CAPÍTULO III

Pago a cuenta del impuesto a las ganancias

Art. 12.- Los beneficiarios del presente régimen, con motivo de los ingresos obtenidos en contraprestación de las actividades comprendidas en el artículo 2°, podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos efectivamente pagados o retenidos en el exterior, de conformidad a lo establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuando se trate de ganancias de fuente argentina. El referido cómputo procederá hasta el límite del incremento de la obligación tributaria originado por la incorporación de esas ganancias.

CAPÍTULO IV

Verificación y control. Infracciones y sanciones

Art. 13.- Régimen informativo. Verificación y control. El régimen informativo a cumplir por los beneficiarios del presente régimen será establecido en la reglamentación de la presente ley.

La autoridad de aplicación, por sí o a través de universidades nacionales, organismos especializados o colegios o consejos profesionales de cada jurisdicción, realizará auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y/o evaluaciones con el fin de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y el mantenimiento de las condiciones que hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen.

Las mencionadas tareas serán solventadas por los beneficiarios mediante el pago de una tasa, la que en ningún caso podrá exceder el cuatro por ciento (4%) calculado sobre el monto de los beneficios fiscales obtenidos en el marco del régimen.

La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para determinar el porcentaje, plazo y forma de pago, así como las demás condiciones para la percepción de dicha tasa.

Art. 14.- Envío de información. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, proporcionará a la autoridad de aplicación la información que ésta le requiera a efectos de verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el instituto del secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. A estos efectos, la solicitud de inscripción del beneficiario en el registro previsto en el artículo 3° de la presente ley, implicará el consentimiento pleno y autorización del mismo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para la transferencia de dicha información a la autoridad de aplicación y su procesamiento.

En caso de detectarse incumplimientos por parte de los beneficiarios, la autoridad de aplicación informará de ello al organismo recaudador.

Art. 15.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, del régimen informativo y/o la falsedad de la información declarada por el beneficiario y/o documentación presentada, dará lugar a la aplicación, en forma individual o conjunta, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal y/o previsional y/o tributaria:

a) Suspensión del goce de los beneficios del presente régimen por un plazo de tres (3) meses a un (1) año. Durante la suspensión el beneficiario no podrá usufructuar los beneficios fiscales de esta ley;

b) Baja del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento;

c) Revocación de la inscripción como beneficiario, la que tendrá efectos desde la fecha de inscripción o desde el momento de configuración del incumplimiento grave, según lo defina en cada caso la autoridad de aplicación en base a la gravedad del incumplimiento;

d) Imposición de multas por un monto que no podrá exceder del cien por ciento (100%) del beneficio aprovechado en incumplimiento de la normativa aplicable.

En cualquiera de los supuestos mencionados en los incisos b) y c) precedentes, podrá además declararse la inhabilitación para acceder nuevamente a los beneficios previstos en esta ley por un término que no podrá exceder de cinco (5) años.

Las sanciones previstas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total o parcial, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de abonar los tributos no ingresados, con sus intereses y accesorios, cuando corresponda.

Para evaluación y valoración de las sanciones, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, su entidad económica y los antecedentes de la empresa en el cumplimiento del régimen.

CAPÍTULO V

Tratamiento aplicable a los beneficiarios de la ley 25.922.

Art. 16.- Los saldos de los bonos de crédito fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019, por los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la ley 25.922 y su modificatoria, serán considerados de libre transferibilidad y se mantendrán vigentes hasta su agotamiento.

En el caso de producirse la caducidad del beneficio fiscal asignado, y el beneficiario de la ley 25.922 y su modificatoria ley 26.692 lo hubiera transferido previamente a un tercero, deberá reintegrar el importe del crédito fiscal otorgado oportunamente con más los intereses y accesorios que pudieran corresponder.

Art. 17.- Plazo para acreditar requisitos para beneficiarios de la ley 25.922. A partir de la promulgación de la presente ley y hasta su entrada en vigencia, los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la ley 25.922 y su modificatoria deberán expresar su voluntad de continuar en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, a través de la presentación de la respectiva solicitud de adhesión.

Cumplidas las formalidades establecidas al efecto, los interesados serán incorporados, con carácter provisorio, en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, considerándose como fecha de inscripción el día 1° de enero de 2020.

Los mencionados beneficiarios podrán gozar del beneficio establecido en el artículo 10 para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1° de enero de 2020. Para aquellos que hubieran iniciado con anterioridad a esa fecha, regirán las disposiciones de la ley 25.922 y su modificatoria.

Dichos sujetos tendrán hasta el 30 de junio de 2020 para ajustarse a los requisitos exigidos por la presente ley, conforme las precisiones que establezca la reglamentación.

De no poder acreditar el interesado el cumplimiento de las exigencias requeridas por el régimen para considerarse beneficiario, la autoridad de aplicación -mediante acto fundado- procederá a la baja de la respectiva inscripción provisoria del Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, debiendo el interesado reintegrar, en la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, los beneficios usufructuados indebidamente, con más sus intereses y accesorios de conformidad a lo dispuesto en la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.

Caso contrario, de acreditarse el cumplimiento de los aludidos requisitos, la autoridad de aplicación procederá a dictar el acto administrativo que, entre otros aspectos, contemple la aceptación de la inscripción definitiva del beneficiario en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 18.- Aporte para el financiamiento. Cada beneficiario abonará anualmente un monto equivalente de hasta el uno coma cinco por ciento (1,5%) del monto total de los beneficios fiscales otorgados en el marco del régimen establecido por esta ley, en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) creado por el artículo 14 de la ley 27.349.

La reglamentación de la presente ley establecerá el procedimiento para determinar el monto, plazo y forma de pago, así como los demás detalles para la percepción de los conceptos previstos en este artículo.

Art. 19.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento será el Ministerio de Producción y Trabajo y/o quien éste designe, quienes podrán dictar todas las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo.

Art. 20.- El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029.

Art. 21.- Los beneficios establecidos en la presente ley podrán ser aplicados conjuntamente con los del artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877, la ley 24.331 y la ley 26.270, no siendo de aplicación las restricciones allí contenidas. En cualquier caso, para acceder a los beneficios deberá darse cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Art. 22.- El presente régimen será de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias, que adhieran expresamente a éste, a través del dictado de una ley, y adopten medidas tendientes a promover las actividades objeto de promoción mediante la concesión de incentivos fiscales, adicionalmente a lo señalado en el artículo 7° del presente.

Art. 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27506

MARTA G. MICHETTI – EMILIO MONZO – Eugenio Inchausti – Juan P. Tuness

 

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