El derecho a la vacante educativa

En una acción de amparo, una persona logró que su hija tenga el derecho a la vacante.

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La vacante educativa en una escuela pública es un derecho. En este caso a un nene de 2 años de edad se le negó el acceso a un centro porque su escolarización todavía no resulta obligatoria.

Le contestaron que al producirse eventualmente movimientos de matricula durante todo el ciclo lectivo, ello puede
generar nuevas vacantes cerca de su domicilio en el barrio de Saavedra.

Demandó judicialmente y mediante una acción de amparo, la jueza ordenó proveerle una vacante en el jardín.

Para los jueces deben tomarse las medidas necesarias para que se asigne una vacante a favor del niño [N.A.VT.] en un establecimiento de Nivel Inicial – Sala de 2 años – para el ciclo lectivo 2019, teniendo en cuenta las opciones elegidas en la inscripción on line, o bien en alguna otra escuela, institución, centro de gestión asociada, centro de primera instancia.

Además, deberán proveerle transporte escolar gratuito si así fuera necesario.

En concreto, las opciones para el Estado son:

(i) Proveerle la vacante en el centro educativo elegido por la demandante como
primera opción

(ii) Alguna de las vacantes alternativas resultantes de la preinscripción, respetando el orden allí establecido posterior a la primera opción.
(iii) Otras opciones de gestión estatal dentro del radio de diez (10) cuadras de su domicilio.

(iv) En caso de imposibilidad, alguna alternativa fuera de dicho radio, quedando a cargo de la demandada garantizar el traslado del menor y un acompañante, mediante el sistema que determine la señora jueza de la instancia de grado, previa
conformidad de los responsables del niño sobre ambas cuestiones, a saber: la vacante asignada y el sistema de traslado.

(v) Por último, si todavía persistiera la imposibilidad de brindar una vacante en los términos indicados precedentemente, corresponderá que el GCBA afronte el pago del costo de las cuotas mensuales de un establecimiento de gestión privada.

 

 

Anexo con sentencia completa sobre el derecho a la vacante educativa

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires V Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
2019 – Año del 250 Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT – SALA I SECRETARÍA UNICA
…, KARINA ..CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR – AMPARO EDUCACION-VACANTE
Número: INC 39562/2018-1
CUIJ: INC J-01-00067046-0/2018-1
Actuación Nro: 13240458/2019
Ciudad de Buenos Aires,I/,de julio de 2019.
VISTOS:
Estos autos, para resolver los recursos de apelación interpuestos por el
Ministerio Público Tutelar a fs. 136/142 -cuyo traslado no fue contestado por la
contraria- y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) a fs.
146/156 vta. -cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 167/168-, contra la
sentencia de primera instancia obrante a fs. 130/133 vta.
A fs. 177/187 y 190/196 tomaron vista el Sr. Asesor Tutelar y el Sr. Fiscal
de Cámara. -. –.—- –.—.——
CONSIDERANDO:
l. La Sra. Karina …., por derecho propio y en representación
de su hijo menor de edad N…, promovió la presente acción de amparo a fin de que
se condene al GCBA a que le otorgue a su hijo una vacante en el sistema educativo de
gestión pública (fs. 1).
Asimismo solicitó que, cautelarmente, se ordene a la demandada que asigne
al niño una vacante escolar -antes del inicio del ciclo lectivo 2019- en la Escuela
Infantil n° 6 del distrito escolar n° 15, siendo esta la primer opción y el único
establecimiento que puede cumplir la función de enseñanza para niños en sala de dos (2)
años en la jornada solicitada que se encuentra dentro de aquel distrito (v. fs. 4).
11. A fs. 130/133 vta., la señora jueza subrogante de primera instancia hizo
lugar a la medida cautelar peticionada.
Para así decidir, consideró que estaban reunidas las condiciones necesarias
para acceder a la pretensión requerida por la actora. En ese sentido tuvo en cuenta las
normas que protegen el derecho a la educación.
A partir de 10 expuesto, ordenó al GCBA que “[… ] arbitre con carácter
urgente las medidas necesarias para que se asigne una vacante a favor del niño
[N.A.VT.] en un establecimiento de Nivel Inicial – Sala de 2 años – para el ciclo
lectivo 2019, teniendo en cuenta las opciones elegidas en la inscripción on line, o bien
en alguna otra escuela, institución, centro de gestión asociada, centro de primera
instancia (con! cláusulas quinta y sexta del Acta Acuerdo defecha 9/02/2011, fs. 99) u
otra, cercano al domicilio de la amparista (Holmberg … de esta Ciudad de Buenos
Aires), o bien en cualquier otra institución existente en el ámbito de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires, proveyendo transporte escolar gratuito si así fuera
necesario (con! cláusula 14 del Acta Acuerdo) “(v. fs. 133).

111. Esa decisión fue apelada por la señora representante del Ministerio
– -Público-tutelar ante la instancia de grado a fs. 136/142, cuyo recurso fue-mantenido por
su superior a fs. 177/187. En su dictamen, la señora asesora tutelar sostuvo que la
resolución en cuestión vulnera el derecho a la educación del niño N.A.VT.; toda vez
que la misma permite a la demandada brindar una vacante en un Centro de Primera
Infancia (en adelante, CPI). Asimismo, se agravió por la ausencia de plazo para el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.
Por otro lado, la sentencia de grado fue recurrida por el GCBA (fs. 146/156
vta.); entre sus agravios señaló que: i) la medida adoptada resulta una sentencia
autosatisfactiva que viola su derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución
Nacional, y el arto 13, inc. 3° de la Constitución Local), deviniendo nula; ii) no se
encuentran reunidos los requisitos para la procedencia de la medida cautelar; iii) la
escolarización del menor, atento a su edad, no resulta obligatoria; iv) los términos en
que fue dictada la medida cautelar la obliga a incumplir con las normas, desconoce el
número de vacantes existentes y el derecho de otros menores al respecto, violando las
bases del estado de derecho; y, por último, v) la resolución aquí atacada invade la zona
de reserva de la administración.
Conferido el pertinente traslado, la parte actora contestó los fundamentos
del recurso de apelación interpuesto por la contraria y solicitó su rechazo (v. fs.
167/168). –

IV: Luego se elevaron los autos al acuerdo de Sala (v. fs. 197, pto. II).
Recurso de apelación interpuesto por el GCBA
v: En primer lugar, cabe referirse al agravio del GCBA por el cual solicitó la
nulidad de la medida cautelar concedida con fundamento en que mediante esa
resolución se habían vulnerado las formas sustanciales del proceso y la garantía de
defensa en juicio, por tratarse de una medida autosatisfactiva que agotó en sí misma la
pretensión principal, causando un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Cabe recordar que el recurso de apelación comprende el de nulidad por
defectos de la sentencia (cfr. artículo 229, del CCAyT), razón por la cual resulta
improcedente el recurso de nulidad si el vicio de la sentencia-impugnada es subsanable —
mediante el de apelación.

En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad introducido
por el GCBA junto con el recurso de apelación
Más aún, la magistrada de grado, al disponer que el GCBA asegurase al
menor una vacante no concedió una medida autosatisfactiva, sino que admitió una
cautelar innovativa cuya finalidad consistió en evitar que el tiempo que llegase a
insumir el trámite de la causa pudiera frustrar los derechos del menor involucrado;
decisión que impone el dictado de una sentencia de fondo sin que lo que allí se disponga
deba coincidir con la tutela preventiva concedida.

VI. En cuanto a los agravIOs del GCBA vinculados con el análisis y
configuración de los requisitos para hacer lugar a la medida cautelar peticionada, se
advierte que no constituyen una crítica concreta y razonada de la resolución impugnada,
pues omiten toda referencia al sustento jurídico considerado por la jueza de grado y sólo
evidencian la discrepancia con 10 decidido, SIn efectuar un desarrollo critico que
demuestre a este tribunal la existencia del presunto error de juicio que le atribuye.
En efecto, el GCBA tenía la carga de refutar el argumento en el que la
magistrada de grado sustentó su decisión, esto es, que el derecho a la educación del
menor involucrado, previsto en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, no se
encontraba adecuadamente garantizado por cuanto al momento de pronunciarse acerca
de la tutela cautelar, el menor N.A.Y.T. no tenía vacante en alguno de los
establecimientos educativos de la Ciudad.
Pese a ello, los agravios expuestos por el recurrente no logran acreditar, en
este estado inicial de la causa, que no deba garantizarse el derecho a la educación del
niño.
Nótese que de la expresión de agravios se desprende que el apelante soslaya
que una cosa es desde cuando la educación es obligatoria (y, por ende, los educandos
indefectiblemente deben asistir al colegio, siendo ésta una responsabilidad que pesa
sobre la familia y las autoridades en sus respectivos ámbitos); y otra es el derecho de
las/os niñas/os -normativamente reconocido- de acceder a la educación en todos los
niveles más allá de la establecida como obligatoria (vgr. arto29, inc. a, ley 114).
– De- lo-dicho surge -liminarmente- que si existe un deber del GCBA
(garantizar el derecho a la educación del menor), como regla, corresponde que sea
cumplido mediante los mecanismos que considere más adecuados.

No basta, pues, la mera invocación de una supuesta restricción
presupuestaria sino que se deberían haber agotado las propuestas cautelares tendientes a
satisfacer el derecho; situación que no se verifica en autos.
También, se quejó la demandada de que la manda cautelar obligaba a
conceder una vacante en peIjuicio de otra/o alumna/o. Sin embargo, no puede dejar de
observarse que ello no surge de los términos del resolutorio. En síntesis, ningún menor
escolarizado, por imperio del fallo que se recurre ni por la presente sentencia, quedará
afectado por 10 decidido en este expediente.
En relación con el peligro en la demora, la demandada sostuvo que el
menor, cuya vacante se solicita, tiene 2 años de edad (v. fs. 9); y su escolarización no
resulta obligatoria, no encontrándose -en consecuencia- acreditado el grave daño que le
puede causar la circunstancia de no contar con una vacante. Por ello, al producirse
eventualmente movimientos de matricula durante todo el ciclo lectivo, ello puede
generar nuevas vacantes (v. fs. 151 vta.).
Tales circunstancias, por ende, evidencian que los agravios deben ser
rechazados.

VII. No obstante lo anterior, esta Sala considera que existen medidas
alternativas que resultan razonables para resguardar preventivamente los derechos de la
parte actora en términos semejantes a los concedidos por la magistrada de primera
instancia; tal como lo prevé el arto 184, al disponer que “El tribunal, para evitar
perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede
disponer una medida precautoria distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en
cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger”.
Partiendo de lo anterior, es razonable modificar el alcance de la medida
cautelar reconocida a favor de la actora y, consecuentemente, ordenar a la demandada
que -en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de esta resolución-,
siguiendo el orden de prelación que a continuación se establecerá, conceda:
(i) La vacante en el centro educativo elegido por la demandante como
primera opción. ~–,—- –
(ii) Alguna de las vacantes alternativas resultantes de la preinscripción N°
24772769 (v. fs. 8 y 22), respetando el orden allí establecido posterior a la primera
opción.
(iii) Otras opciones de gestión estatal dentro del radio de diez (lO) cuadras
de su domicilio.
(iv) En caso de imposibilidad, alguna alternativa fuera de dicho radio,
quedando a cargo de la demandada garantizar el traslado del menor y un acompañante,
mediante el sistema que determine la señora jueza de la instancia de grado, previa
conformidad de los responsables del niño sobre ambas cuestiones, a saber: la vacante
asignada y el sistema de traslado.
(v) Por último, si todavía persistiera la imposibilidad de brindar una vacante
en los términos indicados precedentemente, corresponderá que el GCBA afronte el pago
del costo de las cuotas mensuales de un establecimiento de gestión privada, previo
acuerdo de los padres.
Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Tutelar

VIII. En cuanto a si la condena puede incluir la provisión de una vacante en
un CPI, es preciso advertir que el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública
dependiente del Ministerio de Educación del GCBA (res. na 4776/MEGC/06) abarca
“…a todos los establecimientos educativos de gestión pública dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pertenecientes a las Áreas de Educación Inicial” (énfasis añadido), es decir que, en
principio, los CPI no estarían incluidos toda vez que dependen del Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Humano (cfr. dec. na 306/09).

En consecuencia, toda vez que la pretensión de la actora se limitó al
otorgamiento de una vacante dentro del sistema educativo del Ministerio de Educación
y, por 10 tanto, excluyó los CPI, que -como se dijera precedentemente- dependerían de
otra área del Gobierno, cabe hacer lugar al agravio planteado.
Por 10 demás, cabe agregar que los CPI tendrían un mecamsmo de
inscripción diferente al que rige en las instituciones que conforman el sistema educativo
de gestión pública (anotación personal en el CPI de interés del solicitante y entrevista
con personal especializado del centro que evalúa la situación de vulnerabilidad) y que se ~ -~~——- —
trataría de dos ámbitos diferentes destinados al desarrollo de los menores, que
focalizarían su atención en aspectos distintos. En efecto, conforme surge de las normas
involucradas en el caso (v. dec. na 306/09 y res. n° 407/MDSGC/13), el universo cuya
protección se propiciaría por intermedio de los CPI no abarcaría a cualquier niño en la
franja etaria de N.A.Y.T., sino que específicamente resguardaría a aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social.
IX. En síntesis, 10 argumentos expuestos conducen a admitir el recurso de
apelación del Ministerio Público Tutelar ante la instancia de grado y, en consecuencia,
revocar la resolución apelada en cuanto incluyó la posibilidad de que la demandada
cumpla con la medida cautelar otorgando una vacante a la parte actora en un CPI, con
costas a la vencida (arts.62, CCAyT; y 28, ley n0
2145 -texto consolidado por la ley
6017-).

X. En atención a que la medida cautelar reconocida a favor de la parte
actora, ha sido concedida por la a quo, cabe readecuar los alcances de la tutelar
preventiva a lo aquí resuelto.
– —-.~I. Con-respecto al agravlOreferido a la ausenCIa de plazo para el
cumplimiento de la manda judicial, en atención al allí previsto -cinco (5) días hábiles
(cfr. pta. VII de la presente)- deviene insustancial su tratamiento.
Por ello, oídos los representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y Tutelar
ante la Cámara, el Tribunal RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación deducido
por el GCBA; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio Público Tutelar, y modificar el alcance de la medida cautelar concedida por la
a quo a fs. 130/133 vta., en los términos aquí expuestos (puntos VII y VIII); 3) Declarar
inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido por el Ministerio Público
Tutelar, en relación a la omisión del plazo para el cumplimiento de la medida cautelar; 4)
Imponer las costas a la vencida (arts. 62, CCAyT; y 26, ley n° 2145, -texto consolidado
por la ley nO6017-).
Regístrese ynotifiquese -a las partes por Secretaría y alas titulares del — – ..
Ministerio Público Tutelar y Fiscal ante la Cámara en sus respectivos despachos-o
Oportunamente, devuélvase.
Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fabiana H. SCHAFRlK de NUÑEZ
Jueza de Cámara
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carlos F. BALBÍN
Juez de Cámara
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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