El derecho de los hijos de ser mantenidos por los padres.

Ahora, tribunal de España decide que el hijo que se fue de casa no puede luego pedir alimentos o una pensión.

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Un joven de 24 años había decidido, en su momento y cuando era más chico, dejar el hogar de sus padres y mudarse solo. Se fue a vivir por su cuenta, trabajar y demás.

Sus padres se separaron cuando era menor de edad. Por eso convivió con ambos progenitores en sus respectivos domicilios. Al cumplir 18 años, el chico no estudiaba a pesar de estar matriculado en un curso de formación.

Pero tampoco trabajaba y el dinero que recibió de una beca para seguir estudiando se la gastó en un tatuaje. Discutía con su padre, quen le reclamaba más dedicación en los estudios o que se pusiera a trabajar. Así que decidió trasladarse con sus abuelos paternos que le consentían un poco más.

Pero un día quiso volver estudiar. Y a esa edad de 24 años, les reclamó a sus padres una suma fija mensual en concepto de alimentos a sus padres divorciados, con los que apenas tenía relación.

Sus padres, claro, se lo negaron. Le dijeron que si ya se había ido no puede reclamarles, más allá de tener la edad legal. Y el joven los demandó por la pensión alimenticia.

Ahora, por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona le rechazaron la petición y deberá mantenerse por su cuenta. La sentencia argumenta que

 el joven debe asumir las responsabilidades de sus decisiones porque, al superar la mayoría de edad y emanciparse, ya no se encuentra bajo la protección incondicional de sus progenitores que sí tienen los menores.

Los jueces expresaron que la decisión del hijo de volver a estudiar implica la puesta en marcha de un “nuevo proyecto”  solo será posible en tanto pueda procurarse el sustento, porque es él quien lleva las riendas de su vida y quien debe valorar qué posibilidades tiene de compatibilizar el estudio con el trabajo necesario para su mantenimiento.

 

Hasta qué edad deben los padres mantener a los hijos

Los padres deben proveerle alimentos a los hijos mayores de edad que estudien, pero hasta un tope de edad. Esta oblgación solo alcanza lo indispensable para el mantenimiento básico, vivienda, vestimenta y asistencia médica (artículo 237 del Código Civil de Cataluña.

Según el artículo 142 del código civil de España, los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Es decir, a diferencia del argentino, no establece un límite expreso de edad.

La sentencia de primera instancia también había rechazado que sus padres deban pagarle una pensión alimenticia para su manutención. Es que pocos días antes del juicio, el joven se había inscrito, por primera vez, como demandante de empleo y estaba matriculado en un ciclo superior de administración y finanzas por el que realizaba prácticas en empresas.

En Argentina, el código civil y comercial extiende la obligación de los progenitores de pasar alimentos hasta los 25 años de edad del hijo. En efecto, la norma dispone:

ARTICULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

 

Otros precedentes y jurisprudencia sobre el derecho de alimentos del hijo que estudia

En otro precedente español, se retiró el deber de un padre la obligación de mantener a una hija de 31 años por estar en condiciones de trabajar.

En Argentina, los jueces le negaron alimentos a un chico que no demostró que el salaro que percibía le resultaba  insuficiente para atender sus gastos personales mínimos e indispensables y, sobre todo, que por el horario de estudio se encuentra imposibilitado de ejercer otra actividad remunerativa.

Es decir, el joven debe acreditar que cursa estudios, cursos o carreras de formación profesional o técnica, o de oficios o de artes; que realiza su formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso; y que dicha capacitación sea de una intensidad tal que no le permita proveer a su sostenimiento.

Finalmente, en otro caso, los jueces redujeron la cuota que pasaba un padre alimentante a su hijo estudiante de medicina. Ello porque también se encontraría abonando una cuota alimentaria del 20% de su salario en favor de su otro hijo de 9 años. Por ello, el Tribunal consideró “equitativo” establecer en un 25% el porcentaje de la cuota a favor de la joven.

 

Anexo con sentencia completa sobre derecho de alimentos de hijo mayor de edad que estudia

 

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12ª, Sentencia 307/2019 de 9 May. 2019, Rec. 651/2018
Ponente: AA.

Nº de Sentencia: 307/2019

Nº de Recurso: 651/2018

Jurisdicción: CIVIL

Diario La Ley, Nº 9444, Sección La Sentencia del día, 26 de Junio de 2019, Wolters Kluwer

ECLI: ES:APB:2019:4789

El hecho de que el hijo mayor de edad decida retomar los estudios no hace surgir el derecho a recibir alimentos de los padres

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES. El hecho de que siendo ya mayor de edad el hijo decida retomar los estudios no hace surgir el derecho a recibir alimentos de los padres.

El hijo, tras haber optado por tener una vida independiente, no ha agotado todas las posibilidades para ser responsable de dicha decisión de vida independiente. No cabe pretender que los parientes, por más cercanos que sean, sostengan las ilusiones o expectativas de sus más cercanos allegados adultos.

La AP Barcelona confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de reclamación de alimentos.

TEXTO

Sección nº 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68, planta baixa – Barcelona – C.P.: 08013

TEL.: 938294443

FAX: 938294450

EMAIL:aps12.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120170015532

Recurso de apelación 651/2018 -R1

Materia: Juicio verbal alimentos

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona (Familia)

Procedimiento de origen:Juicio verbal (Alimentos art. 250.1.8) 70/2017

Parte recurrente/Solicitante: Juan …

Procurador/a: Anna Blancafort Camprodon

Abogado/a: Maite…

Parte recurrida: Matilde ,…

Procurador/a: Carmen Miralles Ferrer, Jose Manuel Luque Toro

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 307/2019

Magistrados:

Dª María Pilar Martín Coscolla

D Vicente Ballesta Bernal

Dª Raquel Alastruey Gracia

Barcelona, 9 de mayo de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 11 de junio de 2018 se han recibido los autos de Juicio verbal (Alimentos art. 250.1.8) 70/2017 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Anna Blancafort Camprodon, en nombre y representación de Juan … contra la Sentencia de fecha 13/02/2018 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Carmen Miralles Ferrer y Jose Manuel Luque Toro, en nombre y representación de Matilde y Abelardo respectivamente.

SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:”Que desestimo totalmente la demanda formulada por D. Juan contra Dña. M y A, con expresa condena en costas al actor.”.

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente a la Ilstma. Sra. Magistrada Dª Raquel Alastruey Gracia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten los de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que deniega la petición de alimentos que efectúa el Sr. Juan frente a sus progenitores, recurre el demandante insistiendo en que sus progenitores deben asistirle pues actualmente está estudiando y no corresponde a los abuelos paternos, con quienes convive, cubrir sus necesidades.

Al recurso se han opuesto los demandados.

SEGUNDO.- La obligación de alimentos que recoge el art. 237.1 del Código Civil de Catalunya sólo alcanza a lo indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, pero no en relación con un determinado nivel de vida, sino sólo lo imprescindible para el mantenimiento de lo básico.

Esta obligación, basada en un principio de solidaridad familiar, tiene derecho a reclamarlos quien los necesita, siempre y cuando la necesidad no se derive de una causa que le sea imputable, mientras la causa subsista ( art. 237.4 CCCat ). La necesidad es por lo tanto la causa jurídica de su atribución.

Estos alimentos, tratándose de mayores de edad, tienen un carácter restringido, de mera atención a la subsistencia, y así la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de Febrero de 2.000 (LA LEY 5702/2000), afirma que “la figura doctrinalmente conocida como “deuda alimentaria”, … puede definirse como la que afecta a una persona, llamada alimentante, que resulta obligada a prestar a otra, llamada asimismo alimentista, lo indispensable para cubrir todas sus necesidades perentorias, o dicho con palabras legales, las necesidades mínimas para subsistir.”

Añadiendo “La deuda de alimentos se deriva del deber impuesto jurídicamente a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otras; y también definida doctrinalmente como la deuda surgida entre parientes, basada en lazos de solidaridad familiar, y que tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad, a cuya conservación tiende esta figura que tutela, pues, un interés jurídico privado e individual”.

Por tanto no se trata de una deuda general y amplia como sucede en supuestos de menores de edad sino que la deuda alimenticia entre parientes, tiene como característica principal su limitación a lo necesario para subsistir.

TERCERO.- En la sentencia de instancia se valoró que desde la separación de sus progenitores, el hijo, nacido el NUM000 de 1995, inicialmente estuvo viviendo con la madre en Barcelona, trasladándose después a vivir con su padre primero a DIRECCION000 , después a DIRECCION001 y finalmente a DIRECCION002 (Tarragona). Que cuando alcanzó la mayoría de edad, estando con su padre, no estudiaba a pesar de estar matriculado en un curso de formación, que tampoco trabajaba y que el dinero de una beca para seguir estudiando se lo gastó en un tatuaje. Que por las diferencias con su padre, quien le exigía una mayor dedicación al estudio o en su caso que se pusiera a trabajar, finalmente se trasladó a vivir con sus abuelos paternos en DIRECCION003 .

En la instancia se acreditó que pocos días antes del juicio, en enero de 2018, se inscribió por primera vez como demandante de empleo y también se demostró que en el curso 2017- 2018 estaba matriculado en un ciclo superior de administración y finanzas en el Instituto DIRECCION004 de DIRECCION001 y que realizaba prácticas en empresas,

Además en el Juzgado también se tuvo en consideración que el demandante no había acreditado que fuera él quien soportara los gastos que dice tener, pues son cubiertos por sus abuelos, y que tampoco acreditó el demandante la diligencia empleada en la búsqueda de empleo, por lo que se consideró que no se había acreditado la necesidad, que es la causa jurídica que sustenta la obligación alimenticia entre parientes; sin que se llegara a entrar a valorar la condición económica de los demandados, ni si la ausencia de relación del demandante con su padre y con su madre era debida a la propia actitud del hijo.

Estas conclusiones son compartidas por la Sala. Las personas cuando alcanzan la mayoría de edad gozan ya de sus plenos derechos para decidir qué quieren hacer y cómo quieren vivir, qué tipo de relaciones quieren seguir manteniendo con sus familiares más próximos, pero también deben asumir las responsabilidades de sus decisiones pues ya no están bajo la protección incondicional que se debe a los menores mientras lo son, precisamente porque ya están en la vida adulta.

Siendo adulto, el solicitante de alimentos debe poder demostrar que ha tratado de adecuar su sistema de vida a sus posibilidades y únicamente en caso de no poder obtener cobertura de lo más básico tiene derecho a pretender de sus parientes más próximos, en este caso sus progenitores, antes que sus abuelos conforme a lo dispuesto en el art. 237.6 CCCat , aquello que sea absolutamente indispensable. Por otra parte debe estar en condiciones de demostrar que la situación de necesidad en que se encuentra no se deriva de una causa que le sea imputable y que dicha causa subsiste ( art. 237.4 CCCat );

y en cuanto a los estudios, pueden solicitarse alimentos para continuar la formación que de forma ininterrumpida ha venido siguiendo desde la menor edad, pero cuando el mayor de edad decide no seguir estudiando, o mantiene una situación de acceso a la formación meramente formal pero sin aprovechamiento, como ocurrió en este caso, se rompe ese continuismo, y la formación del adulto ya no se considera una necesidad básica.

El hecho de que siendo ya mayor de edad decida retomar los estudios no hace surgir el derecho de alimentos entre parientes, pues ello supone la puesta en marcha de un nuevo proyecto que pretende realizar, estudiar en lugar de procurarse el sustento, lo que sólo será posible en tanto pueda procurárselo.

De otra forma y siendo quien lleva las riendas de su vida debe valorar qué posibilidades de compatibilizar el estudio con el trabajo necesario para su mantenimiento. Lo que no cabe pretender es que los parientes, por más cercanos que sean, sostengan las ilusiones o expectativas de sus más cercanos allegados adultos.

La norma jurídica, sobre una base ética, únicamente tiende a proteger la vida, aquello indispensable para seguir viviendo, pero una vez el adulto tiene lo mínimo para tener cobijo, salud y alimento, ya es cuestión de cada uno como la pueda y la quiera vivir con sus propios medios.

El debate pues no puede centrarse en si los padres, con quienes no mantiene relación si no es a través de los Tribunales, pueden contribuir a que su hijo tenga una vida mejor y haya deseado volver a estudiar en lugar de obtener los medios para su sustento, sino si el hijo tras haber optado por tener una vida independiente ha agotado todas las posibilidades para ser responsable de dicha decisión de vida independiente.

Y en el presente caso el propio demandante no supo explicar con claridad si había iniciado una búsqueda activa de empleo, ni consta si trabaja los fines de semana o en horarios no lectivos, ni si cobra por las prácticas que realiza en empresas. Es decir, no consta que él hubiera realizado todo lo posible para cubrir sus propias necesidades, como persona adulta que es, y por ello mismo debe estimarse que la hipotética situación de necesidad le es imputable, por lo que ya no concurre la causa jurídica del derecho a alimentos entre parientes.

Consecuentemente la sentencia debe confirmarse por sus propios y acertados fundamentos.

CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición de costas a la recurrente de conformidad con lo previsto en el art. 398.1 en relación con el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) .

En virtud de lo expuesto,

FALLAMOS
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Juan…, contra la sentencia 13 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona , dictada en autos nº 70/17, sobre alimentos entre parientes, en el que han sido parte demandada y recurrida Matilde y Abelardo y, en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia impugnada en todos y cada uno de sus extremos.

Se imponen al recurrente las costas de la alzada.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC (LA LEY 58/2000) y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC (LA LEY 58/2000) ) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC (LA LEY 58/2000) ) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març (LA LEY 3942/2012), del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009).

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

 

 

 

NEUQUEN, 10 de octubre del año 2017.
Y VISTOS:
En acuerdo estos autos caratulados: “I. S. G. C/ V. M. E. S/ ALIMENTOS PARA LOS
HIJOS”, (JNQFA3 EXP Nº 77642/2016), venidos a esta Sala II integrada por los
Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la
Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y,
CONSIDERANDO:
I.- La parte demandada apeló la sentencia de alimentos de fs. 94/96 mediante el
que se fija a favor de su hija una cuota equivalente al 30% de sus ingresos,
con costas del proceso.
En su memorial de fs. 107/118 expresó, como primer agravio, que no se consideró
adecuadamente la existencia de otro menor a su cargo por el que se abona una
cuota del 20%, tal como surge de sus recibos de haberes, y que por ende, pasará
a destinar un 50% de sus ingresos al pago de alimentos a su progenie.
Citó normativa del CCyC, doctrina especializada y jurisprudencia, y peticionó
reducir la pensión al 22%.
En segundo lugar, resaltó la mala fe procesal de la actora al manifestar que no
poseía trabajo ni ingresos, cuando su parte tomó conocimiento de que se
encuentra laborando para la empresa C. SA desde febrero de 2017, cuando también
tiene la obligación de aportar alimentariamente; y ofreció prueba de informes
para acreditar sus dichos.
En tercer lugar, afirmó que la a quo no hizo una debida valoración de la prueba
dado que su hija posee garantizada una vivienda a raíz de que vive junto con su
madre y abuelos maternos, por lo que no se abona alquiler, su educación es y ha
sido privada y es su parte la que abona inglés, sus gastos médicos, de
esparcimiento y cubre sus aquellos eventuales.
Insistió en que ambos progenitores tienen la obligación de prestar alimentos y
que la progenitora se encuentra en mejor posición económica, considerando que
su parte posee importantes gastos de traslado para realizar su trabajo, como
así también, una cuota alimentaria a favor de su otro hijo.
En cuarto lugar, reitera el estado de indefensión que le ocasiona abonar cuotas
alimentarias equivalentes al 50% de sus ingresos.
En quinto lugar, manifestó que no corresponde computar en la base de cálculo
los rubros vianda, viático, reintegro de gastos y similares.
En sexto término, consideró que la sentenciante efectuó una absurda valoración
de la prueba en relación a las necesidades de la alimentada dado que la simple
constancia de inscripción a la universidad implica una expresión de deseos y no
un gasto concreto y que del contrato de locación acompañado no surge que sea su
hija quien vaya a habitar en tal inmueble.
En séptimo lugar, apuntó a que la jueza efectuó una valoración parcial de la
prueba informativa de la AFIP, dado que de acuerdo a la documentación que
adjuntó, surge que no tuvo facturación desde 2014 a la fecha dado su trabajo en
relación de dependencia.
Finalmente, ofreció y solicitó la producción de prueba e hizo reserva del caso
federal.
Corrido el pertinente traslado, a fs. 124/125 lo replicó la progenitora, en
sentido adverso al recurso.
II.- Tal como ha quedado trabada la cuestión, pasamos a su tratamiento.
1. Preliminarmente, y en punto al pedido de deserción del recurso que solicita
la progenitora, teniendo presente lo dispuesto por el art. 265 del Ritual y
analizados los términos del escrito recursivo, se concluye que exterioriza un
mínimo de queja suficiente como para sustentar la apelación, razón por la cual,
se procederá al análisis de los agravios.
2. Ingresando, ahora, al tratamiento del fondo del recurso, señalamos que la
cuestión gira en torno al porcentaje establecido por la a quo en concepto de
pensión alimentaria a favor de M..
Como ha quedado probado en la causa, y sobre lo que no hubo desacuerdo, se
trata de una joven de 18 años de edad, que actualmente reside en la ciudad de
Buenos Aires a raíz de encontrarse cursando los estudios de la carrera de
Medicina en la UBA.
Asimismo, la postura inicial de la parte actora radicó en la fijación de una
cuota equivalente al 20% de los ingresos del alimentante, contra una novel
propuesta del 22% por parte del progenitor.
A lo largo de su escrito recursivo, el alimentante manifestó que también se
encontraría abonando una cuota alimentaria por su hijo F., de 9 años de edad,
igual al 20% de su salario como dependiente de la C. T. L. d. l. L..
Al efecto, si bien resulta cierto que el recurrente no logró acreditar la
entidad de esa pensión, de los recibos remitidos en copia por la empleadora
surge la detracción de alrededor de $5.000 por cuota alimentaria, teniéndose
presente que los alimentos de M. se venían efectuando por depósito bancario en
la cuenta judicial asignada a la causa n° 39837/2009, tramitada por el Juzgado
de Familia n° 2, y así se observa del registro informático Dextra. Por lo cual,
resulta presumible la existencia de aquella, a diferencia de lo que entendió la
jueza de familia.
Sin embargo, y sin dejar de subrayar la improcedencia de receptar la prueba que
intenta introducir con sus agravios el apelante en punto a la situación laboral
de la Sra. I. y su supuesta mala fe procesal, señalamos que aunque la
obligación de prestar alimentos a los hijos pesa sobre ambos progenitores, se
interpreta que recae en mayor medida sobre el padre, en tanto que la madre, si
ejerce la tenencia, compensa con el mayor cuidado y dedicación que a sus hijos
les brinda.
En ese sentido, resulta evidente el aporte cotidiano que la actora realiza en
especie, no sólo en el ejercicio de la guarda de su hija, sino también en todo
lo relativo a la nueva situación universitaria de la joven en otra ciudad y los
gastos que implican un traslado de esas características, y que el padre, ahora,
también desconoce.
En este último aspecto, resaltamos que los reparos que ahora efectúa en cuanto
a no constarle si su hija realmente se encuentra estudiando o instalada en la
ciudad de Buenos Aires debió acreditarlos en la oportunidad correspondiente,
por ante el órgano judicial correspondiente, no pudiendo resultar objeto de
revisión en la Alzada (art. 277, CPCyC).
La misma suerte correrá la documentación que también arrima, por idénticos
motivos a los ya expresados.
Respecto a la quinta queja, no advertimos el agravio manifestado por el
recurrente, en virtud de que la sentencia de grado dispone la deducción de los
descuentos obligatorios de ley, quedando por tanto fuera de la base de cálculo
los rubros indicados en el memorial.
3. Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta los ingresos del apelante, los
descuentos que presumiblemente se le descuentan por su hijo F. y los gastos que
hacen a su propio subsistir, sumado a las necesidades de M. en lo relativo al
sostenimiento de su formación profesional que también deben cubrirse,
consideramos equitativo establecer en un 25% el porcentaje de la cuota a favor
de ella.
Las costas de esta instancia se impondrán al alimentante, en función del
principio rector que al efecto rige en materia alimentaria.
Los honorarios profesionales se regularán en el 30% de la suma que, por igual
concepto y por su actuación en la instancia de grado, se fijó por igual
concepto (art. 15, ley 1594).
Por ello, esta Sala II
RESUELVE:
I.- Modificar la sentencia de alimentos de fs. 94/96, estableciendo la cuota
alimentaria a favor de M. V. I. en el 25% de los ingresos de su progenitor.
II.- Imponer las costas de Alzada al alimentante.
III.- Regular los honorarios profesionales en el 30% de la suma que, por igual
concepto y por su actuación en la instancia de grado, se fijó por igual
concepto (art. 15, ley 1594).
IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los
autos a origen.
Dr. Federico Gigena Basombrío – Dra. Patricia M. Clerici
Dra. Micaela S. Rosales – SECRETARIA

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