Legítima defensa en caso de violencia de género

Investigación penal y violencia de género

0

Por Eli Koloditzky

La Corte federal dejó sin efecto una sentencia de la Suprema Corte Bonaerense que condenaba a una mujer a dos años por el delito de lesiones graves.

Se trata de un juicio en el que la imputada era víctima de violencia de género y actuó en legítima defensa para proteger su vida.

Lo Corte dejó asentado que la legítima defensa en caso de violencia de género debe ser tratada de una forma especial.

La reacción de las víctimas no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos, en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial.

L  Corte estableció que la ratificación de la condena de dos años impuesta en la causa “R., C. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley en causa n° 63.006” era arbitraria pues no respetaba la legislación de protección de la mujer.

 

Análisis de la violencia de género

La víctima sufría violencia de género por parte del padre de sus tres hijos y con quien convivía a pesar de la disolución de su vínculo de pareja.

Explica que el día del hecho, como consecuencia de no haberlo saludado, le pegó un empujón y piñas en el estómago y la cabeza, llevándola así hasta la cocina.

Allí ella tomó un cuchillo y se lo asestó en el abdomen, luego salió corriendo y fue a la casa de su hermano, que la acompañó a la policía.  Dijo que no quiso lastimarlo, pero fue su única forma de defenderse de los golpes.

El procurador Eduardo Ezequiel Casal afirmó que el tribunal Bonaerense no sólo descreyó arbitrariamente su versión sino que también omitió considerar prueba determinante que la avalaba.

Estableció además que la violencia de género, incluso la física, no siempre deja marcas visibles, aunque en el caso se constataron lesiones y la victima manifestó dolor en todas las zonas donde dijo que recibió golpes.

El dictamen del procurador Casal hizo referencia al documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (MESECVI o CEVI).

Y recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos.

Ello en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Se expuso allí que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género, podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento.

El artículo 34, inciso 6° y su tratamiento específico

En el dictamen se evaluó el inciso 6 del art.34 que establece los requisitos para que se configure la legítima defensa. Para la procedencia de la legítima defensa, el artículo 34, inciso 6°, del Código Penal exige la concurrencia de:

  1. Agresión ilegítima, entendida como la amenaza de lesión o puesta en peligro de bienes protegidos, que está en curso o es inminente y es emprendida sin derecho.
    El Procurador estableció que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima y que la inminencia debe ser considerada desde una perspectiva de género.
    La violencia de género no debe concebirse como hechos aislados sino en su intrínseco carácter continuo, porque en forma permanente se merman derechos como la integridad física o psíquica. La inminencia permanente de la agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por la continuidad de la violencia -puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia–, y su carácter cíclico -si fue maltratada, posiblemente vuelva a serlo.
  2. Necesidad racional del medio empleado, en donde se exige que se verifique una situación de necesidad de defensa y que el medio empleado sea racionalmente adecuado (necesario) para impedir o repeler la agresión y conlleva una cierta proporción entre la agresión y el medio empleado y entre el daño que se evita y causa.
    Casal señaló que este requisito también se debe evaluar desde la perspectiva de género, que implica considerar el contexto en que se da la agresión y la respuesta. Establece que no se requiere la proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia.
    La aparente desproporción entre la agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz. Se estableció que no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión.
  3. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. El magistrado entendió que es suficiente la que resulta idónea para provocar la agresión y, en ese sentido la falta de saludo y posterior discusión, no son causas idóneas para provocar la golpiza.

A partir de la exposición de cada inciso junto con su fundamento el Procurador general interino Eduardo Casal estableció que se configuraron los 3 requisitos y que hay legítima defensa por parte de la víctima de violencia de género.

En esta se muestra como el magistrado le dio un tratamiento específico con perspectiva de género, apartándose de una interpretación general.

De esta forma la víctima obtuvo una protección especial evitando una interpretación arbitraria sin tener en cuenta el caso en concreto.

 

Deja una respuesta

Enviar comentarios sobre la nota. Su dirección de correo electrónico no será publicada. Esta sección no es para realizar consultas ni asesoramiento legal, que debe procurarse abogado/a.