Corte obliga al supermercado chino a cerrar el domingo

Convalidó la constitucionalidad de una norma municipal, por mayoría. Ahora los supermercados dicen que peligran fuentes de trabajo

En aras de permitir el descanso de los trabajadores el día domingo, la Municipalidad de Arroyito dictó una ordenanza que obligó a cerrar a todo comercio.

La única excepción son los comercios atendidos por sus dueños. Es decir, solo estos podrían permanecer abierto un domingo.

Un comerciante de origen chino cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza. Dijo que están en juego su derecho a comerciar, su derecho de ejercer industria lícita e incluso la libertad religiosa porque, según sus creencias, el domingo se puede trabajar.

También hay en cuestión un tema de federalismo, quién puede regular los horarios del comercio. Las municipalidades y provincias o solo el Congreso nacional.

La decisión de la corte sobre el trabajo el domingo y sus efectos

Finalmente, la corte convalidó la medida y dijo que los supermercados de ciertas superficies deberían permanecer cerrados los domingos.

Para la mayoría, se debe considerar “el mayor grado posible de atribuciones municipales”, dado el federalismo de la Constitución.

Además, el voto en mayoría entendió que “el trabajador necesita contar con el descanso dominical que favorece el equilibrio laboral-familiar y respeta la tradición de los días domingos [sic], la posibilidad de mantener y sostener el vínculo familiar”.

Hubo voto en disidencia para la cual la ordenanza es inconstitucional porque la regulación del descanso dominical corresponde únicamente al Congreso.

 

Impacto de la sentencia

La decisión de la corte es a favor del federalismo, de que el municipio decida horarios y días en que comercio puede abrir u obligarles a cerrar.

Del otro lado, se argumenta libertad de comercio, libertad religiosa, y puestos de trabajo. El consumidor tampoco podrá comprar ese día, si necesita algo.

La mayoría de las cadenas cuentan con personal que trabaja exclusivamente los fines de semana y por eso dicen que con esta sentencia peligran unas 10 mil fuentes de trabajo, reportó Alfredo Sainz para La Nación.

 

 

Obligan a comercios a cerrar el domingo

Sentencia completa – Cierre de comercios en el día domingo – ordenanza municipal

CSJ 1751/2018/RH1
Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2021

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la
demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad
de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, para
decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el actor, propietario del establecimiento
comercial denominado “Supermercado Arroyito” dedujo acción
declarativa de inconstitucionalidad, con arreglo al art. 165,
inc. 1°, ap. a, de la Constitución de la Provincia de Córdoba,
contra la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, a fin de que
se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2°, inc. a,
de la ordenanza 1660, sancionada por el Concejo Deliberante de
dicha comuna el 25 de agosto de 2014 y promulgada por Decreto
443-W14 el día 26 de ese mes y año.

Adujo que tal ordenanza, denominada “Descanso
Dominical del Trabajador”, prohíbe a los supermercados de la
ciudad de Arroyito abrir los días domingo y sanciona las
infracciones a esa prohibición con multas de montos progresivos
ante la reiteración y con clausuras en días hábiles, previendo,
incluso, la clausura definitiva. Destacó que, a los efectos de
su aplicación, la norma considera “supermercado” a “todo
establecimiento comercial que tiene por finalidad vender bienes
de consumo de uso habitual en un hogar, cuyo lugar de venta y
atención al público tenga una superficie igual o superior a los
100m2”. Sostuvo que el Supermercado Arroyito comercializa

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artículos de consumo masivo (alimentos, bebidas de todo tipo,
productos de limpieza, perfumería, etc.; y los que se venden en
la carnicería y verdulería instaladas en el interior del
supermercado, espacios que se encuentran concesionados y
atendidos por sus concesionarios). Destacó, entre otros puntos,
que en virtud del contenido de la ordenanza impugnada, a los
supermercados que alcanza –como el suyo- se los obliga a cerrar
sus puertas al público los días domingo, en forma
discriminatoria, con lo que se lesionan sus derechos adquiridos
de ejercer el comercio y de propiedad (arts. 14 y 17 de la
Constitución Nacional) sin que la Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito tenga competencia para ello, por ser materia de derecho
común, que está delegada al gobierno federal y que, por ser
poder delegado, no puede volver a ser ejercido por las
provincias, siguiendo igual limitación la autonomía municipal
(fs. 25/35 de los autos principales a cuya foliatura se aludirá
en lo sucesivo).

2°) Que la Municipalidad de Arroyito, al contestar
demanda (fs. 77/82), alegó que: a) la totalidad de los
propietarios de supermercados de la ciudad junto con el
Municipio, el Centro de Comercio local, el Sindicato de
Empleados de Comercio y el Agregado Parroquial, firmaron un Acta
Acuerdo en forma voluntaria mediante la cual a partir del 3 de
octubre de 2004 no abrirían los comercios los días domingo; b)
el actor inició su actividad en 2013 y, en oportunidad de su
inscripción municipal, fue informado sobre la modalidad de

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cierre de los locales producto del acuerdo celebrado; c) el no
acatamiento de la medida produjo malestar entre los propietarios
de supermercados locales; d) el 6 de junio de 2014 se
instrumentó otra Acta Acuerdo, ratificando básicamente la de
2004, que el actor no suscribió si bien participó de las
reuniones previas; e) desde el 29 de agosto de 2014, ante la
renuencia de Shi Jinchui y otra comerciante de origen chino a
cerrar los días domingo, sumado a la preocupación del resto de
los titulares de supermercados y de sus trabajadores, se
iniciaron gestiones para invitarlos nuevamente a suscribir el
acuerdo y continuar con la conducta de la mayoría, sin
resultado; f) ante la situación planteada, el Concejo
Deliberante sancionó la ordenanza impugnada en el caso. Tras
aludir a los fundamentos y disposiciones de la norma en
cuestión, con apoyo en precedentes jurisprudenciales, invocó que
su dictado se sustentó en el ejercicio de las potestades
normativas originarias que reconocen su fuente en la
consagración constitucional de la autonomía municipal y el
despliegue del poder de policía. Postuló que “el procedimiento
adoptado tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como por
los legisladores municipales intentó dirimir un conflicto social
entre empleados y propietarios de supermercados locales que solo
las autoridades municipales pueden valorar, y lo logró”.

3°) Que el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba hizo lugar a la demanda y, en consecuencia,

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declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza 1660 (fs.
160/171). Al efecto consideró que:

a) la norma tiene como objeto establecer la
obligatoriedad del descanso dominical para un sector de
trabajadores de la ciudad de Arroyito (personal que se desempeña
en comercios de venta de artículos masivos, definidos como
supermercados) para lo cual ordena el cierre de los locales de
dichos comercios durante todo el día domingo de cada semana del
año calendario. Asimismo, el art. 2 establece expresamente
cuáles son los establecimientos que quedan comprendidos dentro
de la prohibición de abrir al público durante ese día (los
supermercados) y cuáles son los que quedan fuera de la
interdicción (los minimercados);

b) como lo señaló en un precedente similar, todo lo
concerniente a esta importante materia -descanso semanal- está
contemplado por un plexo normativo que tiene como base el art.
14 bis de la Constitución Nacional conforme al cual las leyes
que protejan el trabajo, en sus diversas formas, deben asegurar
al trabajador “descanso y vacaciones pagados”. En la misma línea
se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que también garantiza “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas
de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la
remuneración de los días festivos” (art. 7, inc. d). El régimen
de descanso semanal se encuentra reglado de manera uniforme para
toda la Nación por la ley 18.204 (art. 1°) y por el art. 204 de

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la LCT, preceptos que prohíben la ocupación del trabajador desde
la hora 13 del sábado hasta las 24 del domingo existiendo la
posibilidad de que la reglamentación establezca excepciones que,
en rigor, no lo son al descanso semanal sino al momento en el
cual puede llevarse a cabo;

c) la ley provincial 8350, en consonancia con la
desregulación comercial dispuesta por el decreto 2284/91,
estableció que “los propietarios o encargados de todo tipo de
establecimientos comerciales o de servicios, mayoristas o
minoristas, con o sin venta al público, con o sin empleados en
relación de dependencia, podrán determinar libremente los días y
horarios de apertura y cierre. Podrán asimismo desarrollar sus
actividades los días domingos y feriados”. No obstante “la
libertad que pregona el art. 1°, está ajustada, enmarcada y
acotada al cumplimiento de la normativa que rige en la materia”
pues su art. 2° prescribe que “el régimen de trabajo para el
personal en relación de dependencia de la actividad comercial o
de servicio, se ajustará en todos los casos a las disposiciones
de la legislación laboral vigente”; como consecuencia, la ley
posibilita la libertad de horario entre los comercios, pero
siempre que se respete la legislación laboral por ser materia de
fondo que, en virtud del esquema de distribución de competencias
(art. 75, inc. 12), es atribución exclusiva del Congreso de la
Nación. La misma ley designa como autoridad de aplicación al
Ministerio de Trabajo al que, en ejercicio de la policía del
trabajo, se le reconoce la posibilidad de efectuar el contralor

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de las planillas de horario y descanso del personal; al mismo
tiempo, se especifica que la Subsecretaría de Comercio ejercerá
el contralor del horario de atención al público;

d) conforme al régimen vigente, tanto el poder de
policía en materia laboral como el control del cumplimiento de
las normas laborales –manifestación de la facultad
administrativa denominada “policía del trabajo” o “inspección
del trabajo”- corresponden al estado provincial y no han sido
delegadas a los municipios. Así lo determina el art. 54 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba que establece: “El
Estado Provincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito
personal y territorial, sin perjuicio de las facultades del
Gobierno Federal en la materia”. Por su parte, el art. 144, al
enumerar las atribuciones del Gobernador prescribe, en el inciso
17 “Tiene a su cargo, conforme a las leyes, la policía del
trabajo”. La ley 25.212, sancionada bajo la forma de “Pacto
Federal”, establece el régimen general de sanciones a las
infracciones laborales aplicable a todas las jurisdicciones
(calificando como infracción grave la violación de normas en
materia de duración del trabajo, descanso semanal, vacaciones,
licencias, feriados, días no laborables y en general, tiempo de
trabajo, art. 3, inc. c). Por su parte, la ley 25.877 crea el
Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad
Social -compuesto por las autoridades provinciales, la de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la autoridad nacional- cuyo
fin es el control y la fiscalización del cumplimiento de las

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normas laborales en todo el territorio de la Nación. Hay pues un
único régimen en materia de sanciones por infracciones laborales
para todo el país pero la autoridad encargada de ejercer el
control y de aplicar las sanciones, es la provincial o local;

e) en el esquema de organización del estado federal,
sobre las provincias pesa la obligación de asegurar la autonomía
municipal (arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional). Como
consecuencia, los municipios integran la estructura federal, en
lo que algunos autores han denominado “trinidad constitucional:
municipio-provincia-estado federal”, a la que hay que sumar –en
cuarto nivel estadual- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto, a su vez, importa el reconocimiento de niveles
diferenciados de gobierno, que se traduce en un sistema jurídico
“plurilegislativo”. El ámbito de actuación de cada uno de esos
órdenes debe ser analizado en función de la dimensión espacial
(principio de territorialidad) y de la dimensión jerárquica
(principio de supremacía). En ese entramado, las ordenanzas
municipales tienen el mismo valor y fuerza normativa que las
leyes provinciales y nacionales siempre que hayan sido dictadas
en el ámbito de su competencia territorial y material;

f) de la exégesis gramatical del título segundo de la
segunda parte de la Constitución Provincial surge de manera
explícita e indubitable que el constituyente de 1987 confirió a
los municipios autonomía, carácter que la Constitución Nacional
reconoció a partir de 1994. Los municipios cuentan con facultad
para dictar normas generales pero coordinadas necesariamente con

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un orden jurídico superior que establece límites a esa facultad;
de allí que poseen potestad legislativa para reglamentar las
materias que les han sido atribuidas por la constitución de cada
provincia;

g) los municipios, dentro de la esfera de su
competencia, son titulares del poder de policía municipal; en
cuanto a su contenido, dicho poder se encuentra limitado a las
materias constitucionalmente autorizadas; en el caso de Córdoba,
el art. 186, inc. 7 de la Constitución de la Provincia atribuye
a los municipios atender las siguientes materias: “salubridad;
salud y centros asistenciales; higiene y moralidad públicas;
ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios
fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles,
plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y
transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la
construcción; protección del medio ambiente, paisaje,
equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de
animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de
productos en las mejores condiciones de calidad y precio;
elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de
instituciones de cultura intelectual y física y establecimiento
de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes
en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia
social y bancarios”; no se encuentra entre las potestades
conferidas la “policía del trabajo” que ha sido reservada por la
misma constitución a la Provincia; cualquier restricción al

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ejercicio de los derechos operada a través del poder de policía
debe superar el test de legalidad; a su vez, el desenvolvimiento
del poder de policía tiene otro límite, derivado de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad;

h) en el caso, la ordenanza 1660, desde su
denominación misma (de “descanso dominical del trabajador”),
pone de manifiesto la extralimitación insalvable en la que ha
incurrido al haber establecido la obligación de respetar el
descanso dominical en forma absoluta; de ese modo ha invadido la
esfera de competencias reservada al Congreso de la Nación (art.
75, inc. 12, de la Constitución Nacional;

i) el sistema de sanciones que instituye la norma
invade la esfera de competencias de la provincia; y, finalmente,

j) si bien el municipio puede establecer
restricciones al horario comercial, en ejercicio del poder de
policía, ello está supeditado a que dichas limitaciones estén
vinculadas con lo que son atribuciones municipales y dicho
ejercicio debe ser “razonable”; en este caso la razón que
fundamenta la restricción resulta inconstitucional porque el
municipio no tiene competencia para regular la materia abordada
y, al hacerlo, ha invadido la esfera de atribuciones de otros
órdenes de gobierno.

4°) Que contra tal pronunciamiento el municipio
demandado interpuso el recurso extraordinario de fs. 181/196
-cuya denegación (fs. 222/229) origina la queja en examen- en el

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que plantea la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y
gravedad institucional.

Afirma que la construcción del fallo del a quo parte
de una premisa equivocada “como fue considerar que la normativa
cuestionada tiene naturaleza de derecho laboral” cuando su
objetivo ha sido proteger a pequeños y medianos comerciantes y a
los trabajadores en relación de dependencia dándose fuerza
normativa a una costumbre local, “una modalidad social que se
había impuesto desde el año 2004”. Insiste en que –como lo
habría “confesado” el propio actor, según aduce- no tiene
naturaleza laboral una norma que regula relaciones en las cuales
no interviene ningún empleado y cita, al respecto precedentes
jurisprudenciales. Sostiene, asimismo, que no existe
contradicción entre la ordenanza 1660 y la ley provincial 8350,
ya que esta última es una norma general y anterior a la
ordenanza “dictada por la Municipalidad de Arroyito en el ámbito
de su competencia, destinada a regir en el ámbito territorial
del ente público aludido, respecto de una particular situación
como lo es la de los horarios de apertura de los supermercados
de dicha ciudad, para el mantenimiento y preservación de una
MODALIDAD SOCIAL de vida allí arraigad(a), vivid(a) y
consentid(a) por todos los actores sociales”.

Arguye que “el municipio puede establecer
restricciones al horario comercial en el ejercicio del poder de
policía”, con lo cual la desregulación que fija la ley 8350 y la
facultad que otorga a los propietarios de determinar libremente

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los días de apertura y cierre, en ningún caso puede entenderse
como absolutas y exceptuadas de toda regulación municipal sobre
dicha temática. Reivindica la facultad de la Municipalidad de la
Ciudad de Arroyito para el dictado de la norma en cuestión con
apoyo en las propias argumentaciones del fallo recurrido
(referentes a que los municipios poseen “potestades normativas
originarias en el ámbito de actuación territorial y material
propia de cada uno de los municipios; incluso esto supone
atribuciones implícitas, es decir, el ejercicio de cualquier
función o atribución de interés municipal que no esté prohibida
por la constitución y no sea incompatible con las funciones de
los poderes del Estado…”).

Destaca que la ordenanza no afecta los derechos de
propiedad, de ejercer el comercio y de trabajar del actor ya que
solo veda abrir su comercio los días domingo. Enfatiza que lo
que está realmente en juego “es el derecho de la comunidad local
a preservar su modo de vida, su idiosincrasia, una modalidad
social particular y local”; la costumbre de respetar el domingo,
mantenida durante trece años, no es una mera enunciación de
intenciones u objetivos a trazar: es una modalidad social
firmemente arraigada y querida, cara al sentimiento local. Forma
parte del patrimonio cultural, del ambiente cultural de la
ciudad.

5°) Que, con arreglo a lo establecido en la acordada
30/2007, el Tribunal llamó a audiencia pública de carácter
informativo, la que tuvo lugar el 3 de julio de 2019. En tal

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acto, tras las exposiciones efectuadas por diversos amigos del
tribunal, los representantes letrados de cada una de las partes
formularon sus informes y fueron interrogados sobre varios
aspectos de la controversia, conforme da cuenta el acta y los
instrumentos incorporados al expediente (fs. 114/136 de la
queja).

6°) Que los agravios del apelante suscitan la
cuestión federal que habilita la instancia de excepción, pues el
examen de la controversia exige la interpretación de normas de
esa naturaleza (arts. 5°, 123 y 75 inciso 12 de la Constitución
Nacional) y la decisión apelada ha sido contraria al derecho
fundado en ellas (art. 14 de la ley 48).

Conviene recordar que a los fines de resolver la
controversia esta Corte no se encuentra limitada por los
argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe
realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos:
331:735 y 341:1106, voto del juez Rosatti, entre muchos otros).

Con relación a los agravios vinculados con la
arbitrariedad de la decisión recurrida, ellos se encuentran
inescindiblemente unidos a la cuestión federal antedicha, por lo
que corresponde que se examinen en forma conjunta con la
amplitud que exige la garantía de defensa en juicio (Fallos:
329:4206; 330:1195 y 341:1106, voto del juez Rosatti y sus
citas).

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7°) Que la reforma de 1994 remarcó la trascendencia
del municipio en el diseño institucional argentino en tanto
orden de gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía (Fallos:
342:1061, in re “Telefónica”, disidencia conjunta de los jueces
Maqueda y Rosatti, considerando 8°). En esa inteligencia, el
constituyente dispuso reconocer a los municipios de provincia,
sujetos necesarios del federalismo argentino conforme al art. 5
de la Constitución Nacional, el status de derecho público de la
“autonomía” (Fallos: 342:509), diferenciando sus contenidos y
sus alcances. Respecto de los contenidos, ellos son taxativos y
comprenden los ámbitos institucional, político, administrativo,
económico y financiero; respecto de los alcances, que conforman
el variable perímetro que corresponde a cada contenido, el
constituyente los deriva a la regulación propia del derecho
público provincial.

De modo que la determinación de los “contenidos”
evita que la autonomía quede “reducida a una simple fórmula
literaria grandilocuente pero, en la práctica, vacía de
contenido, porque no puede haber municipio autónomo verdadero si
no le reconocemos explícitamente entidad política o le
retaceamos la capacidad de organizar su administración y
realizar los actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones o los privamos del sustento
económico-financiero indispensable para que preste aquellos
servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su
existencia o le impedimos ejercer su “autonomía institucional”

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(Convención Constituyente Nacional, sesión del 8 de agosto de
1994, intervención del Convencional Merlo) (Fallos: 341:939,
considerando 6° y 343:1389, voto de los jueces Maqueda,
Lorenzetti y Rosatti).

En cuanto a los “alcances” de cada contenido
autonómico, ellos deben reflejar la heterogeneidad ínsita en
todo régimen federal y por tanto ser fijados por cada provincia,
atendiendo a las diferencias observables en la escala de vida
vecinal a lo largo y ancho del territorio nacional, con el
debido respeto de lo dispuesto por los arts. 5 y 123 de la
Constitución Nacional. En tal sentido, resultaría ilógico e
irrazonable que desde la norma constitucional federal se
impusiera a las provincias un determinado y uniforme alcance del
régimen municipal que iguale a municipios urbanos o rurales,
densamente poblados o con pocos vecinos, longevos o nuevos, con
perfil sociocultural dominantemente cosmopolita o tradicional,
etc. Esto explica que el constituyente reformador haya diferido
a cada provincia la específica delimitación de los alcances de
cada contenido autonómico, para que en ejercicio del respectivo
“margen de apreciación local” sea cada jurisdicción la que
defina el standard jurídico conforme su específica e
intransferible realidad (arg. Fallos: 343:580, voto de los
jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9°).

8°) Que para precisar las reglas que deben guiar el
balance entre el orden nacional, provincial y el local en esta
materia, ha dicho este Tribunal que si bien el poder de

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autodeterminación municipal se inscribe en el de las provincias,
que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los
poderes no delegados a la Nación, sin más limitaciones que las
enumeradas en el artículo 126 de la Constitución Nacional, ellas
deben coordinar el ejercicio de los poderes que conservan de
forma tal que se garantice “el mayor grado posible de
atribuciones municipales” en los ámbitos analizados con
anterioridad (Fallos: 327:4103 “Cadegua” y 342:1061,
“Telefónica” disidencia conjunta de los jueces Maqueda y
Rosatti, considerando 10).

En ese sentido, este Tribunal ha advertido que la
necesaria existencia de un régimen municipal “determina que las
leyes provinciales no sólo deben imperativamente establecer los
municipios”, sino que “no pueden privarlos de las atribuciones
mínimas necesarias para desempeñar su cometido. Si los
municipios se encontrasen sujetos en esos aspectos a las
decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la
provincial- ésta podría llegar a impedirles desarrollar su
acción específica, mediante diversas restricciones o
imposiciones, capaces de desarticular las bases de su
organización funcional” (confr. Fallos: 312:326; 314:495 y
341:939, considerando 5°).

9º) Que la Constitución de la Provincia de Córdoba de
1987 regula específicamente el régimen municipal en el artículo
180 al reconocer “la existencia del Municipio como una comunidad
natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal

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basado en su autonomía política, administrativa, económica,
financiera e institucional. Los Municipios son independientes de
todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a
esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten”
(énfasis agregado).

Al definir al municipio como “una comunidad natural
basada en la convivencia” el constituyente cordobés asume una
posición contundente en lo referido al tipo de asociación que
institucionaliza las relaciones de vecindad.

En ese sentido se sostuvo en la convención provincial
constituyente que del “reconocimiento del municipio como
comunidad natural fundada en la convivencia (…) sigue
necesariamente la facultad de usar los medios requeridos para la
consecución de sus fines. Es decir, tener gobierno con
suficiencia de medios dentro de su esfera de acción, lo que
supone, por un lado, la libertad de elección de sus autoridades
y administrarse con independencia del poder central y no ser
meros ejecutores, y por otro, afirmar su naturaleza política
económica, administrativa financiera e institucional, lo que ha
sido reclamado por la concepción del municipio que sea
reconocido y para el bien común de la sociedad” (intervención
del constituyente Soria, sesión n° 10, sobre “Título Segundo:
municipalidades y comunas”, 2 a 3 de abril de 1987; Diario de
sesiones de la Convención provincial constituyente de la
Provincia de Córdoba, p. 944).

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Se apuntó entonces a establecer “como competencia
material de las municipalidades, una amplia gama de atribuciones
que comprenden las actividades necesarias para atender todo lo
atinente al bienestar de las comunidades locales. Entre estos
contenidos merece destacarse el que se refiere al poder de
policía, que comprende no sólo las clásicas materias de la
moralidad, seguridad y salubridad, sino que también comprende la
policía de la prosperidad, es decir que abarca lo atinente a la
regulación económica, dentro de lo que implica la función
municipal” (intervención del constituyente Scoles, miembro
informante del despacho de la comisión sobre “Título Segundo:
Municipalidades y comunas” en la sesión citada, p. 920).

Es así que desde la reforma de 1987 la Constitución
de la Provincia de Córdoba reconoce a los municipios facultades
propias de legislar en las materias que define y que le son
exclusivas “en la búsqueda de un municipio ampliamente
participativo y eficaz” (intervención del constituyente
Hernández en la sesión citada, p. 962).

En particular, el inciso 7° del artículo 186
establece entre las funciones, atribuciones y finalidades
inherentes a la competencia municipal la de atender -entre otras
materias- a “mercados, abastecimiento de productos en las
mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de
alimentos”. Estas funciones municipales ya se encontraban
previstas en la Constitución de 1923 –vigente hasta la reforma
señalada- que preveía entre las atribuciones y deberes del

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gobierno municipal la de “asegurar el expendio de los artículos
alimenticios, en las mejores condiciones de precio y calidad,
organizando si fuere menester, la elaboración y venta municipal
de los mismos” (art. 157, inciso 6°). A la luz de este
antecedente se sostuvo en la convención que “estas funciones de
las municipalidades no son nuevas, sino que se encuentran
previstas ya en la Constitución vigente, por lo que no se podrá
adjudicar a las reformas introducidas ser la causa de la
superposición de funciones y servicios entre las municipalidades
y la Provincia” (intervención del constituyente Scoles en la
sesión citada, p. 921).

Finalmente, para calibrar el alcance de esta
autonomía cabe agregar que los constituyentes provinciales
atribuyeron además la posibilidad a los municipios del ejercicio
de cualquier función o atribución de interés municipal que no
esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las
funciones de los poderes del Estado (art. 186, inc. 14).

De tal manera, una exegesis literal y teleológica de
la norma provincial citada permite concluir que ella se
corresponde, de manera palmaria, con los principios exigidos por
el constituyente nacional en lo que se refiere a la autonomía
municipal, y que han sido recreados en los considerandos 7° y
8°.

10) Que conforme explica Max Weber, las relaciones
sociales pueden fundarse “en el sentimiento subjetivo (afectivo

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o tradicional) de los partícipes de constituir un todo” o “en
una compensación de intereses por motivos racionales o también
en una unión de intereses con igual motivación”. En el primer
caso, el autor en cita denomina a la relación social
“comunidad”, en el segundo, la rotula como “sociedad” (Weber,
Max, “Economía y sociedad”, ed. Fondo de Cultura Económica,
México, 1980, trad. José Medina Echavarría, Juan Roura Parella,
Eugenio Imaz, Eduardo García Máynez y José Ferrater Mora, pág.
33 y ss).

En la “comunidad” (como es el caso de una familia)
los miembros se vinculan por una relación personalísima y por
ende no son intercambiables, en tanto que en una “sociedad”
(piénsese en una sociedad anónima) sus miembros pueden
vincularse sin siquiera conocerse y por tanto son –desde la
perspectiva asociativa- fungibles e intercambiables.

En las ciudades demográficamente grandes, la
creciente despersonalización de las relaciones humanas las aleja
del tipo asociativo “comunitario” y las acerca al tipo
asociativo “societario”. Pero en los municipios demográficamente
pequeños, con más razón si tienen una tradición históricamente
consolidada -como es el caso de Arroyito en la Provincia de
Córdoba-, las relaciones de vecindad son intensas, constituyendo
ejemplos de una convivencia social en la que prevalece el tipo
asociativo “comunitario”.

– 19 –
El reconocimiento de tales aspectos no supone negar
las diferencias observables en su población (basadas en la edad,
la capacidad económica, el nivel educativo, las preferencias
culturales, etc.), y menos aun intentar sofocarlas, sino que
equivale a reconocer que estas diferencias no impiden proyectar
un destino común en un horizonte espacial y temporal compartido,
basado en un amplio consenso democrático expresado en los
procedimientos representativos típicamente políticos (Concejo
Deliberante) cuanto sectoriales y sociales (asambleas) con
inclusión de los mandatarios electos por el pueblo.

11) Que el tipo asociativo “comunitario”,
predominante en la trama de relaciones sociales del municipio
demandado, ha permitido desarrollar un sistema participativo con
miras a la consecución de fines con arreglo a valores (valores
que no están exentos de una construcción cooperativa
permanente), con aptitud para comprender y procesar la
complejidad de los problemas sociales y lograr las soluciones
adecuadas, construyendo una relación directa entre la
participación política y el mejoramiento de la calidad de vida
(arg. Fallos: 342:1061, disidencia conjunta de los jueces
Maqueda y Rosatti, considerando 8°).

Las peculiares características del municipio de
Arroyito y la gimnasia participativa de sus vecinos permitieron
elaborar los antecedentes que culminaron en la sanción de la
Ordenanza en estudio, que dan cabal testimonio de la existencia
de acuerdos sociales horizontales de idéntico contenido al de la

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norma adoptada, promovidos y facilitados por las autoridades
locales. De las Actas Acuerdo que la precedieron, suscriptas la
primera por la totalidad de los propietarios de supermercados de
la ciudad junto con el Municipio, el Centro de Comercio local,
el Sindicato de Empleados de Comercio y el Agregado Parroquial,
y la segunda por los mismos con excepción de dos comercios
(entre ellos el del actor) -quienes sí participaron de la
deliberación previa-, se puede concluir que en el debate y la
deliberación pública desarrollados en la escala local se
consolidó la idea fundamental de participación y decisión
democrática, afianzándose de este modo el valor epistemológico
de la democracia deliberativa (cfr. arg. “Barrick Exploraciones
Argentinas S.A. y otro”, Fallos 342:917, voto de los jueces
Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, considerando 4°).

El hecho de que se hayan producido no una sino dos
asambleas públicas, separadas por diez años en el tiempo pero
concordantes en el resultado, supone la permanencia de los
valores socialmente compartidos por la comunidad vecinal en la
materia debatida.

Despejada la legitimidad democrática de la decisión
–conformada en la Ordenanza 1660 del Concejo Deliberante de
Arroyito e integrada por sus antecedentes- es necesario
considerar su validez, la que se encuentra supeditada a la
inexistencia de un interés superior o a la prevalencia de una
disposición normativa constitucional (provincial o nacional),

– 21 –
que obligue a invalidar el producto jurídico del consenso
vecinal obtenido en la materia.

12) Que, desde la perspectiva provincial, el art. 186
de la Constitución de la Provincia de Córdoba regula las
“funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la
competencia municipal” de manera amplia, al referir expresamente
a “gobernar y administrar los intereses públicos locales
dirigidos al bien común” (inciso 1°) y reconocer la potestad de
atender un amplio espectro de materias, entre las que se
menciona expresamente la regulación del mercado (inciso 7° del
artículo en cita).

Más allá de la interpretación que quepa asignar a
dicho precepto constitucional, sostener que la regulación
adoptada por la Ordenanza en estudio, en cuanto tiene como
objeto proteger un estilo de vida comunitario asumido por los
vecinos y decidido por un amplio consenso, resulta ajena a las
facultades del municipio por afectar el comercio, es
irrazonable. Por el contrario, tal argumento supondría
desconocer los aspectos inherentes a la vida cotidiana de una
comunidad pequeña, e intentar imponerle una lógica que le es
ajena, si bien tal vez propia de las grandes ciudades. En
efecto, el desarrollo de los acuerdos sociales y los debates
celebrados desde hace varios años, y de los que dan cuenta las
Actas-Acuerdo ya mencionadas, permiten concluir de modo
indubitable que los vecinos de Arroyito han ponderado que cinco
días y medio por semana son suficientes para abastecerse en los

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supermercados grandes y que si tienen alguna necesidad el día y
medio restante se abastecen en otro tipo de mercados.

En definitiva, en la escala de una ciudad como la que
es objeto de este análisis, asumir que la libertad de comercio
-afectada globalmente por factores tales como la presión
impositiva, los costos de la energía, la deficiencia de
infraestructura, la política desigual de los Estados en materia
proteccionista, la intermediación evitable, la publicidad
engañosa y otros factores relevantes- sufre una intolerable
restricción porque se prohíbe a los supermercados de ciertas
características atender los sábados a la tarde y los domingos,
frustrando las condiciones de la competencia y -con ello-
impidiendo la baja de los precios de las mercaderías, equivale a
subestimar la inteligencia media de los vecinos en tanto
consumidores.

13) Que la libertad de comercio es reconocida en el
art. 14 de la Constitución Nacional, “conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio”, de lo que se desprende de manera
palmaria su carácter no absoluto. Ha señalado reiteradamente
este Tribunal que los derechos de raigambre constitucional, así
como los principios y garantías consagrados en la Constitución
Nacional, no son absolutos sino que deben ser desplegados con
arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma y
extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo
estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (arts.
14 y 28 de la Constitución Nacional), con la única condición de

– 23 –
no ser alterados en su substancia (Fallos: 328:690; 330:4988,
entre muchos otros).

De las disposiciones adoptadas en el ámbito
municipal, en particular de los acuerdos celebrados en el plano
horizontal, surge de manera evidente y con claridad que los
vecinos de Arroyito han consensuado diversas soluciones para
supuestos distintos, ya que en su entendimiento ciertas
actividades pueden discontinuarse en los días domingos, mientras
que otras no. Así, han considerado aceptable que una fábrica
continúe funcionando, mientras han confluido en considerar que
los supermercados grandes no lo hagan, o incluso que haya
horarios discontinuados que modifiquen el ritmo de trabajo-
descanso de ciertos empleados.

Dicho tratamiento diferenciado no conlleva per se la
contradicción de normas de jerarquía superior como la
Constitución Nacional (art. 14 bis sobre “jornada limitada de
trabajo”), tratados internacionales con jerarquía constitucional
(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, art. 7°, inciso d), leyes nacionales (Ley de
Contrato de Trabajo y normas complementarias) y convenios
internacionales con jerarquía supra legal (Convenio I de la
Organización Internacional del Trabajo).

En efecto, si bien la Constitución Nacional, en su
art. 14 bis, consagra los derechos de los trabajadores, y, en lo
que específicamente refiere a los temas debatidos en la presente

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causa dispone la “jornada limitada” de trabajo y “descanso y
vacaciones pagados”, no especifica los aspectos concretos de
estas garantías, ya que no estipula un tope horario respecto a
la limitación temporal de la jornada laboral, ni refiere
expresamente al trabajo dominical, dejando el criterio a la
reglamentación legal.

14) Que la Constitución Nacional prevé en su art. 75
inciso 12 la facultad expresamente delegada por las provincias
al gobierno federal de dictar el Código de Trabajo. No habiendo
hasta el presente una sistematización codificada en la materia,
la relación entre empleado y empleador está regulada por un
plexo de normas mínimas y básicas sobre las que se asienta la
relación jurídica entre ambos. Conviene, por tanto, efectuar un
breve repaso del derrotero seguido por nuestra legislación
laboral en la materia propia del presente caso.

En 1905 el Congreso Nacional dictó la ley 4661 sobre
descanso dominical de los trabajadores, que fue complementada en
1932 por la ley 11.640 estableciendo la pausa sabática. Estas
normas tenían un alcance local; ceñían su ámbito de aplicación a
la Capital Federal y a los territorios nacionales. Al tiempo de
su sanción, se impuso entre los legisladores la tesis de que el
parlamento nacional no tenía facultades para dictar normas de
ese tipo con vigencia en todo el país por tratarse de una
cuestión de policía local que involucraba poderes no delegados
por las provincias a la Nación; y con ese argumento las
provincias dictaron distintas leyes sobre el mismo tema. Tanto

– 25 –
las leyes nacionales como las provinciales previeron que la
regla de la pausa sabática y del descanso dominical tuviera
excepciones para ciertas tareas o actividades.

En 1969 la ley 18.204 estableció de modo uniforme
para todo el territorio nacional la prohibición del trabajo por
cuenta ajena desde las 13 horas del día sábado hasta las 24
horas del día domingo siguiente (art. 1°), pero dejó abierta la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorizara excepciones a
esa regla mediante reglamentaciones de carácter nacional o
regional, por actividad o tipo de explotación (art. 3°). El art.
8° de esta ley declaró derogadas a las leyes nacionales 4661 y
11.640 y tuvo por sustituidas a las leyes provinciales sobre
descanso de los trabajadores durante el sábado por la tarde y el
domingo; pero el art. 9° estableció que, hasta tanto el Poder
Ejecutivo dictara las reglamentaciones previstas en el art. 3°,
seguirían rigiendo los regímenes de excepción a la prohibición
de trabajar los sábados por la tarde y los domingos que estaban
vigentes en el orden nacional y en el orden provincial, dictados
al amparo de la policía del trabajo.

Esa situación no fue alterada por la ley 20.744 (Ley
de Contrato de Trabajo) dictada por el Congreso Nacional en
1974, ni por sus modificatorias. En ejercicio de la atribución
de dictar normas comunes en materia laboral (ex art. 67, inciso
11, actual art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional), el
Congreso reguló mediante esta ley el descanso semanal de los
trabajadores estableciendo reglas generales de alcance nacional;

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mas ello no afectó la vigencia de las disposiciones locales que
contemplan excepciones a la regla general de descanso sabático y
dominical.

En efecto, la Ley de Contrato de Trabajo diseña en su
art. 204 un régimen diferenciado donde la regla general es el
descanso sabático y dominical al establecer que “[q]ueda
prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas
del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día
siguiente…”, salvo en los casos de excepción contemplados en la
misma ley para supuestos específicos (vgr. art. 203 -obligación
de prestar servicios en horas suplementarias- y art. 202
–trabajo por equipos-), y “los que las leyes o reglamentaciones
prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso
compensatorio de la misma duración, en la forma y oportunidad
que fijen esas disposiciones atendiendo a la estacionalidad de
la producción u otras características especiales”. Es decir que,
en materia de excepciones, el art. 204 de la LCT remite a leyes
y reglamentaciones vigentes, sin precisar su origen ni
distinguir entre las normas locales que eran admitidas al
momento de la sanción de la ley 20.744 o las establecidas con
posterioridad.

Consagrando una excepción de este tipo, el art. 18
del decreto nacional 2284/1991 de desregulación económica,
propia de la policía del trabajo, ratificado por la ley de
presupuesto 24.307 (art. 29), suprimió “toda restricción de
horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de

– 27 –
venta, empaque, expedición, administración y otras actividades
comerciales afines, sin perjuicio de los derechos individuales
del trabajador” (énfasis agregado), o sea, sin perjuicio del
derecho a gozar de un descanso compensatorio para los
trabajadores que tuvieran que realizar tareas los sábados a la
tarde y los domingos.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 119 del
decreto 2284/91, la excepción fue establecida para regir en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se invitó a las
provincias a adherirse al régimen de desregulación.

La Provincia de Córdoba mediante la ley 8350, dictada
en 1993, que autorizó a los propietarios o encargados de todo
tipo de establecimientos comerciales o de servicios con
empleados en relación de dependencia para determinar libremente
los días y horarios de apertura y cierre, permitiéndoles
desarrollar sus actividades también durante los días domingo y
los feriados (art. 1°). La ley provincial dejó expresamente en
claro que el trabajo del personal en relación de dependencia de
la actividad comercial o de servicio debía ajustarse en todos
los casos a las disposiciones de la legislación laboral en
materia de descanso compensatorio (cfr. art. 2°).

15) Que, al resolver como lo hizo, la Corte
provincial ha perdido de vista que, más allá de la normativa
laboral precedentemente reseñada, que consagra como regla
general la prohibición de que los trabajadores presten servicios

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los días domingo pero permite establecer excepciones a esa
regla, la imposición de un descanso dominical también puede
provenir de las disposiciones locales dictadas en ejercicio del
poder de policía que regulan los días y horarios de apertura y
cierre de los comercios.

Este tipo de disposiciones no suponen en modo alguno
una regulación del contrato de trabajo, materia que compete a la
legislación nacional. La Ordenanza 1660, al regular la apertura
y cierre de negocios dentro del ámbito de la Municipalidad de
Arroyito ha sido dictada por el municipio en ejercicio del poder
de policía que le reconoce la Constitución de la Provincia de
Córdoba, el cual, según lo admite el propio fallo aquí
recurrido, abarca la facultad de establecer restricciones al
horario comercial.

Las normas adoptadas por el legislador nacional en
torno al descanso dominical no se encuentran desvirtuadas por la
ordenanza municipal citada, sino que ambas coinciden en la
protección del bien jurídico definido en el art. 14 bis de la
Constitución Nacional. Tanto las previsiones nacionales como
municipales en estudio confluyen teleológicamente en la misma
finalidad relativa a permitir que los vecinos canalicen y
desarrollen durante el fin de semana aspectos propios de la vida
en familia y en comunidad, por lo que -en definitiva- no existe
colisión normativa alguna ni se verifica agravio ni lesión al
art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

– 29 –
16) Que, una vez arribada a la conclusión de que la
reglamentación adoptada por el Concejo Deliberante de Arroyito
no afecta normas ni principios constitucionales nacionales o
provinciales, resta analizar la razonabilidad de la medida
adoptada, a la luz de los derechos invocados por la actora. En
ese marco, cabe considerar inicialmente si la medida resulta
razonable en cuanto formula una distinción entre “mini
mercados”, “establecimientos de menor envergadura” y
“supermercados”, en base a la superficie de cada uno de ellos,
así como en el hecho de que sean atendidos por sus propietarios.

En esta orientación, cabe recordar que esta Corte ha
sostenido que el principio de igualdad consagrado por el art. 16
de la Constitución Nacional requiere que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se
concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que
la legislación contemple en forma diferente situaciones que
considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria
ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados
individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o
privilegio, personal o de grupo (Fallos: 182:355; 258:36 y
340:1581 entre muchos otros).

En definitiva, se exige que los supuestos de hecho
iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias
jurídicas, de modo que para introducir diferencias entre ellos
deba existir una suficiente justificación que aparezca objetiva,
fundada y razonable. En ese contexto, el control de

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razonabilidad en materia de igualdad exige determinar si a todas
las personas o situaciones incluidas en una categoría se les
reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas. Se
trata, en definitiva, de examinar los elementos de clasificación
que la componen y observar si se excluye a alguien que debería
recibir igual atención jurídica (Fallos: 338:1455). Finalmente,
se exige que sus consecuencias no resulten desproporcionadas
respecto de la finalidad perseguida, de manera de evitar
resultados excesivamente gravosos (Fallos: 340:1154, disidencias
de los jueces Maqueda y Rosatti).

En el caso, la Ordenanza en estudio regula
particularmente un universo específico de comercios, el
“establecimiento comercial que tiene por finalidad vender bienes
de consumo de uso habitual en un hogar”, y formula distinciones
dentro de dicha categoría en base a dos parámetros: en primer
lugar, a partir de valores objetivos de extensión espacial de la
superficie del establecimiento y, en segundo término, a partir
de quienes realizan la atención al público, en concreto, si son
atendidos por sus dueños.

Así, la Ordenanza bajo examen distingue entre tres
categorías de establecimientos comerciales: (i) “supermercados”
(aquellos cuyo lugar de venta y atención al público tiene una
superficie igual o superior a los 100 mts2), (ii) “minimercados”
(aquellos cuyo lugar de venta y atención al público tiene una
superficie entre los 30 y 100 mts2), y (iii) “establecimiento de
menor envergadura” (aquellos cuya superficie se extiende hasta

– 31 –
30 mts2). A su vez, el legislador local optó por introducir otro
elemento de distinción dentro de aquellos establecimientos
comprendidos en las categorías (ii) y (iii), relativo a la
atención personalizada por sus propietarios. En ese marco,
mediante la articulación conjunta de ambos elementos
distintivos, se concluye que solo pueden permanecer abiertos los
domingos los “minimercados” y “establecimientos de menor
envergadura”, “siempre que fueren atendidos únicamente por sus
propietarios”.

El fundamento de las dos pautas de distinción
formuladas, conforme expresa la Ordenanza, es la protección de
pequeños y medianos comerciantes sin afectar negativamente los
márgenes de ganancias de los supermercados. De modo que la norma
establece una distinción normativa basada en causas objetivas
(superficie y modalidad de atención) para brindar tratamiento
diverso a supuestos de hecho que se consideran diferentes. En su
génesis se hallará el propósito de tutela y fomento de los
establecimientos de menor porte, habiendo optado el Concejo
Deliberante por la determinación de un valor objetivo y general
de 100 mts2.

A su vez, los parámetros de distinción se aplican
independientemente del origen nacional de los titulares de las
respectivas explotaciones comerciales, de forma que la condición
de extranjero del actor no es considerada en la reglamentación
dictada, sin que tampoco se verifique una práctica
discriminatoria orientada en tal sentido.

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La ponderación de tales distinciones elaboradas por
el legislador, de acuerdo a los principios constitucionales en
materia de igualdad a que se ha hecho referencia, permite
concluir que no surge de las mismas un espíritu persecutorio o
una discriminación arbitraria, aun cuando el camino elegido por
el órgano legislativo municipal pudiera ser opinable.

Por último, la referencia a la exigencia de atención
por sus dueños resulta razonable bajo la óptica de los
principios de protección de la vida familiar, tradición cultural
y consenso comunitario, sostenidos por el municipio en el
dictado de la norma en estudio y analizados con anterioridad en
el presente pronunciamiento.

17) Que corresponde ahora analizar si la
reglamentación adoptada por la municipalidad constituye una
regulación razonable del derecho a la libertad de comercio.

En el presente caso, no se verifican elementos que
permitan concluir que la ordenanza en estudio incurra en una
reglamentación irrazonable o desproporcionada. Ello por cuanto
se encuentra orientada a la consecución de fines
constitucionalmente válidos y de competencia material del
municipio (tales como el fortalecimiento del vínculo familiar,
la protección de pequeños y medianos comerciantes sin afectar
negativamente los márgenes de ganancias de los supermercados, y
los intereses de los consumidores) y la medida adoptada guarda
proporcionalidad con tales fines, sin que se encuentre afectado

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el contenido esencial de la libertad de comercio, al habilitarse
su ejercicio pleno en los restantes horarios disponibles.

Más allá de la denominación formal de la Ordenanza
(“Descanso dominical del trabajador”), cabe recordar que es
criterio de este Tribunal que los textos legales no deben ser
considerados aisladamente sino correlacionándolos con los que
disciplinan la misma materia, como un todo coherente y armónico,
como partes de una estructura sistemática considerada en su
conjunto y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por
aquellos (Fallos: 241:227; 244:129; 262:283 -voto del juez
Zavala Rodríguez-; 315:2157; 330:3426; 331:2550; 338:962;
338:1156, entre muchos otros). En ese sentido, al interpretarse
una disposición “debe indagarse el verdadero alcance de la norma
mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad,
no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad
de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia y
atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción”
(Fallos: 339:323).

En este marco, resulta relevante atender a los
fundamentos expuestos por el Concejo Deliberante para justificar
la sanción de la ordenanza bajo análisis. Ello pues, más allá
del título dado a la norma aprobada, la motivación explicitada
refiere a diversos aspectos que exceden ostensiblemente cierta
interpretación de la libertad de comercio o los derechos de los
trabajadores y atañen, directamente, al desarrollo de la vida
cotidiana de la comunidad. En efecto, formó parte de la

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inconstitucionalidad.

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motivación de la disposición municipal el consenso arribado por
los miembros de la comunidad alcanzados por la ordenanza, en el
espacio de diálogo que las autoridades municipales promovieron,
la necesidad y el interés público en mantener y fortalecer el
vínculo familiar, la protección de pequeños y medianos
comerciantes compatible con el resguardo de los márgenes de
ganancias de los supermercados y los intereses de los
consumidores, entre otros fines no menos relevantes.

No debe olvidarse que la protección integral de la
familia ha sido consagrada en el art. 14 bis de la Constitución
Nacional y se proyecta, en singular correspondencia, en el
ámbito municipal al establecer el art. 34 de la Carta Orgánica
local a la familia como la célula social básica. Luego, la
estipulación de normas tendientes a su protección, alentada por
los propios vecinos, no solo no podría ser objetable sino que se
presenta en línea con una manda constitucional expresada en los
tres niveles de gobierno.

18) Que, en mérito a lo expuesto, en la medida en que
parece haberse sustentado en una exégesis descontextualizada de
la ordenanza local, solo basada en el título de la norma
(“Descanso dominical del trabajador”), que expresó uno de los
varios objetivos que motivaron su dictado sin hacer mérito de
los restantes, el pronunciamiento en crisis debe considerarse
arbitrario. Pues, como se ha dicho, la disposición municipal
bajo examen resulta -en una recta interpretación del plexo
jurídico en su conjunto- una reglamentación razonable, orientada

– 35 –
a la consecución de fines constitucionalmente válidos para el
gobierno local. De modo que la conclusión sostenida por el
Superior Tribunal de Provincia, en cuanto a que la ordenanza
1660 ha invadido la esfera de competencia reservada al Congreso
de la Nación, y lesionado el art. 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional, aparece como irrazonable y debe ser
descalificada.

En atención a los fundamentos desarrollados en los
considerandos precedentes corresponde también descalificar el
argumento del decisorio en revisión relativo a que, en la medida
en que la ordenanza regula un sistema de sanciones por
inobservancia del descanso dominical, invade la esfera de
competencia de la provincia en materia de policía del trabajo.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario
interpuestos, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la
demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas (art. 68
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese
el depósito efectuado. Notifíquese, acumúlese la queja al
principal y, oportunamente, remítase.

VO-//-

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inconstitucionalidad.

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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Que el infrascripto remite a los considerandos 1° a
6° del voto de los jueces Maqueda y Rosatti.

7°) Que las partes plantean el conflicto que debe
resolver esta Corte Suprema como una antinomia de reglas
dictadas por la Nación, la provincia y el municipio.

Ambas posiciones se refieren a la contradicción entre
la ordenanza 1660 dictada por la Municipalidad de Arroyito bajo
el amparo del art 123 de la Constitución Nacional por un lado y
por el otro la potestad de la Nación de regular lo atinente al
descanso dominical (art. 75, inciso 12, Constitución Nacional).

La calificación jurídica del supuesto de hecho
planteado implica decidir sobre el alcance de las competencias
de la Nación, provincias y municipios.

El federalismo que adopta la Constitución (art. 1°)
se ha visto disminuido por la legislación infraconstitucional en
numerosos aspectos. Por esta razón, resulta relevante que esta
Corte cumpla con su función de interpretar de modo coherente la
legislación para hacerla compatible con el modelo federal que la
Constitución Nacional consagra. En esta tarea, es necesario
integrar la cláusula general de la Constitución con criterios
legales generales que ordenen las conductas hacia la concreción
de su específica aplicación.

– 37 –
En este sentido, los precedentes de esta Corte
establecen un marco general del diseño institucional del país,
que es el principio de la descentralización institucional,
inspirado en el objetivo de lograr una sociedad más abierta y
participativa (Fallos: 342:1061, “Telefónica Móviles Argentina
S.A Telefónica Argentina S.A”, voto del juez Lorenzetti),
compatible con los presupuestos mínimos para el funcionamiento
del sistema federal.

Además de la competencia corresponde calificar el
tipo de conflicto normativo.

En el caso no se trata de una antinomia de reglas,
sino de una colisión de principios. La diferencia es relevante a
la hora de argumentar y resolver un conflicto, porque el primer
supuesto conduce a aplicar una de ellas y excluir a la otra ya
que sus efectos son incompatibles, mientras que la aplicación de
un principio no desplaza al otro, sino que lo precede conforme
al juicio de ponderación en el caso concreto encontrando un
punto de equilibrio (arg. de Fallos: 337:205, voto del juez
Lorenzetti, considerando 13). Los principios son normas que
establecen juicios de deber ser que receptan valores
aspiracionales, de modo que su configuración normativa es, prima
facie, inacabada y susceptible, por lo tanto, de ser completada.

Un principio jurídico es un mandato destinado a
lograr su máxima satisfacción de un modo compatible con otros

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principios competitivos que resulten aplicables en el mismo
campo de argumentación.

Es lo que ocurre en el caso, en el que se debe
ponderar la libertad de comercio, la protección del trabajo, el
federalismo, y la descentralización institucional de las
decisiones, en distintas fuentes de derecho. En estos supuestos,
la tarea judicial consiste en establecer un diálogo entre ellas
(arts. 1° y 2° del Código Civil y Comercial de la Nación), de
modo que la interpretación sea coherente y armónica (Fallos:
186:170; 296:432), considerando las consecuencias de la decisión
en los valores constitucionalmente protegidos (Fallos: 330:3098,
disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni).

La existencia de diferentes leyes nacionales,
provinciales y municipales obliga a una reconstrucción de la
coherencia del sistema jurídico, a posteriori de la promulgación
de cada una de ellas, lo que confiere a la sentencia el carácter
de una norma jurídica de concretización de una argumentación
razonable (art. 3 Código Civil y Comercial de la Nación).

El federalismo que la Constitución consagra y esta
Corte aplicó en numerosos precedentes significa que la
concentración de decisiones se desplaza hacia la
descentralización institucional. Pero ello importa también que,
todos los niveles -Nación, Provincias o Municipios- se ajusten a
los criterios constitucionales establecidos por esta Corte
Suprema (CSJ 567/2021, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

– 39 –
Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad”, del 4 de mayo de 2021,
voto del juez Lorenzetti, considerando 7°).

Esta observación es relevante porque existen
numerosas decisiones adoptadas por instituciones, alejadas del
Estado Federal, pero cercanas a la vida cotidiana de las
personas humanas, que tienen el poder de otorgarle o negarle los
derechos y los bienes escasos que buscan, y que por eso debe
aplicarse un escrutinio riguroso (ELSTER, Jon, “Justicia Local-
De qué modo las instituciones distribuyen bienes escasos y
cargas necesarias”, Barcelona, España, 1994).

En consecuencia corresponderá examinar primero las
competencias entre la Nación, las provincias y el municipio en
relación a la cuestión debatida en el caso, y luego ponderar la
colisión de principios invocados.

8°) Que, con relación a las competencias concurrentes
o exclusivas, corresponde precisar lo que sucede en este caso.

Al respecto, debe tenerse particularmente en cuenta
que en el art. 186 de la Constitución de la Provincia de Córdoba
se regulan las funciones, atribuciones y finalidades de la
competencia municipal, entre las que se destacan la de “gobernar
y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien
común” y la de atender a “mercados, abastecimiento de productos
en las mejores condiciones de calidad; precio, elaboración y

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CSJ 1751/2018/RH1
Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

venta de alimentos” (incs. 1° y 7°). Por lo demás, se le otorga
a los municipios el ejercicio de cualquier función o atribución
de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y
no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado
(inc. 14).

Es menester destacar que, en el sub examine, la
Ordenanza 1660 -en cuanto regula el horario de apertura y cierre
de comercios en el ámbito territorial del municipio- no puede
asimilarse en modo alguno a una regulación propia del derecho
laboral, materia que es de competencia exclusiva del Congreso de
la Nación.

Más allá de la denominación formal de la Ordenanza
(“Descanso dominical del trabajador”), cabe recordar que es
criterio de este Tribunal que los textos legales no deben ser
considerados aisladamente sino correlacionándolos con los que
disciplinan la misma materia, como un todo coherente y armónico, como
partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto y
teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos (Fallos:
241:227; 244:129; 262:283, voto del juez Zavala Rodríguez; 315:2157;
330:3426; 331:2550; 338:962, 1156, entre muchos otros). En ese
sentido, al interpretarse una disposición “debe indagarse el
verdadero alcance de la norma mediante un examen de sus términos
que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal,
sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden
debida coherencia […]y atendiendo a la finalidad que se tuvo en
miras con su sanción” (Fallos: 339:323).

– 41 –
En este marco, resulta relevante atender a los
fundamentos expuestos por el Concejo Deliberante para justificar la
sanción de la ordenanza bajo análisis. Ello pues, más allá del título
dado a la norma aprobada, la motivación explicitada refiere a
diversos aspectos que, además de la libertad de comercio y los
derechos de los trabajadores atañen, directamente, al desarrollo de
la vida cotidiana de la comunidad. En efecto, formó parte de la
motivación de la disposición municipal el consenso arribado por los
miembros de la comunidad alcanzados por la ordenanza, en el espacio de
diálogo que las autoridades municipales promovieron, la necesidad y el
interés público en mantener y fortalecer el vínculo familiar, la
protección de pequeños y medianos comerciantes compatible con el
resguardo de los márgenes de ganancias de los supermercados y los
intereses de los consumidores, entre otros fines no menos relevantes.

En consecuencia, la norma se inserta en el ejercicio
del poder de policía y no en cuestiones de derecho laboral por
lo que no parece posible sostener que la Ordenanza 1660 es ajena
a las facultades del municipio.

9°) Que, tal como se ha señalado en el considerando
7, los precedentes de esta Corte permiten identificar un
principio de interpretación sobre el diseño institucional del
país, basado en la descentralización institucional, inspirado en
el objetivo de lograr una sociedad más abierta y participativa
(Fallos 342:1061, “Telefónica Móviles Argentina S.A Telefónica
Argentina S.A”, voto del juez Lorenzetti).

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CSJ 1751/2018/RH1
Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

En este sentido, es principio consolidado en la
jurisprudencia del Tribunal que, según el art. 121 de la
Constitución Nacional, las provincias conservan su soberanía en
todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación,
principio del cual se deduce que a ellas corresponde
exclusivamente “darse leyes y ordenanzas de impuestos locales de
policía […] y, en general, todas las que juzguen conducentes a
su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las
enumeradas en el art. 108 (actual art. 126) de la Constitución
Nacional” (Fallos: 7:373; 9:277; 150:419 y 320:619, considerando
7°, entre otros) y la razonabilidad, que es requisito de todo
acto legítimo (Fallos: 288:240). Esta orientación fue promovida
por el art. 3° de la ley 24.309, que convocó a la reforma
constitucional de 1994 con el fin de fortalecer el federalismo y
se plasmó en los arts. 5° y 123 de la Constitución Nacional.

10) Que, además de lo expuesto en el considerando
anterior, existen numerosos casos en los que esta Corte ha
fijado reglas claras para fortalecer el federalismo, las
competencias de las provincias y de los municipios.

En este sentido, se estableció (Fallos: 338:1110,
“Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.”) que “…la regulación de la
publicidad y promoción de productos cuyo consumo importe un
riesgo para la salud de la población no encuadra en ninguna de
las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce
como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Tampoco
se trata de una materia expresamente vedada a las provincias.

– 43 –
Por ende, es imprescindible concluir que se trata de una
competencia de incumbencia compartida y concurrente”. Asimismo,
que “…El bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la
descentralización institucional, y la aplicación efectiva de los
derechos del consumidor constituyen una estructura de principios
suficiente para sustentar la competencia concurrente…” (voto del
juez Lorenzetti, considerando 11).

Se agregó que “…dado que ambas jurisdicciones han
regulado sobre la misma materia, solo resta analizar si existe
una incompatibilidad absoluta e inconciliable entre la norma
local y la nacional, lo que llevaría a declarar la invalidez de
la primera…”.

Al ponderar la entidad de los objetivos que persigue
la ley y la naturaleza de los derechos en juego frente al grado
de restricción de las libertades económicas de la actora, se
concluyó que la ley provincial era razonable a la luz de los
estándares fijados en la jurisprudencia del Tribunal.

En otro precedente (Fallos: 340:1695, “La Pampa,
Provincia de”), se señaló que en materia de distribución de
competencias entre el Estado Nacional y las provincias, las
previsiones constitucionales -aun las más exactas- suelen verse,
más tarde o más temprano, desafiadas por la creciente
complejidad de cuestiones originariamente previstas pero
insuficientemente reguladas, y/o por la generación de cuestiones
imprevistas en el origen del texto. Se añadió que, en el caso,

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Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

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era preciso conjugar la territorialidad ambiental, que responde
a factores predominantemente naturales (como el que demarca la
extensión de la cuenca de un río) con la territorialidad
federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y
cultural (aquella que delimita las jurisdicciones espaciales de
los sujetos partícipes del federalismo argentino). La relevancia
constitucional que la protección ambiental y el federalismo
tienen en nuestro país exige emprender una tarea de
“compatibilización”, que no es una tarea “natural” (porque ello
significaría “obligar” a la naturaleza a seguir los mandatos del
hombre) sino predominantemente “cultural”.

En Fallos: 340:1795 (“Castillo”, considerndo 15) se
afirmó que, en nuestro sistema federal, el Estado Nacional
delinea la “base de la educación” ─para retomar la expresión del
art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional─ las que deben
respetar las particularidades provinciales y locales, a la vez
que las provincias conservan la facultad de asegurar la
“educación primaria” de acuerdo al art. 5°.

En materia de competencias jurisdiccionales, esta
Corte ha señalado (Fallos: 342:509; “Bazan”), que “…el sistema
federal constitucional argentino se funda en el principio de
lealtad federal o buena fe federal, conforme al cual en el juego
armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados
abusen en el ejercicio de esas competencias, tanto si son
propias como si son compartidas o concurrentes. También se
sostuvo que “…si se parte de la presunción de que ambos Estados,

– 45 –
el nacional y el local, persiguen de buena fe el objetivo de
concretar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, resulta
claro que los gobiernos pueden acordar la transferencia de la
justicia nacional ordinaria de acuerdo a las modalidades que
prefieran y convengan, siempre que el modo elegido cumpla de
manera apropiada con el mandato de hacer establecido en la
Constitución Nacional…”.

Asimismo, en Fallos: 342:2136 se sostuvo que “Siendo
el federalismo un sistema cultural de convivencia, cuyas partes
integrantes no actúan aisladamente sino que interactúan en orden
a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento, el
ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas debe
ser ponderado como una interacción articulada”. En ese sentido
se ha pronunciado el Tribunal al sostener que el sistema federal
importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y
provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los
estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación
de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea
en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de
aquel fin; no debe verse aquí enfrentamientos de poderes, sino
unión de ellos en vista a metas comunes…”.

En otra oportunidad (Fallos: 342:1061, “Telefónica
Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A.”), se recordó
que el correcto ejercicio de las competencias de las distintas
jurisdicciones debe basarse en la coordinación, con un fin de
ayuda y no de destrucción y que, ante la alegación de un

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Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

conflicto entre ellas, deberá evaluarse si se enervan mutuamente
o si interfieren de forma tal que se obstaculicen. Se ha dicho
en tal sentido que la regulación local debe encontrar como
límite la imposibilidad de desvirtuar el objetivo que tiene la
legislación federal o la obstaculización del comercio, el
servicio o la comunicación interjurisdiccional. De ello se
deduce que, en el marco del federalismo y el reconocimiento de
la competencia local, las atribuciones nacionales y locales no
se excluyen, sino que son concurrentes, en tanto estas no
desvirtúen los objetivos federales o impidan el comercio
interjurisdiccional (voto del juez Lorenzetti, considerando 10).

Finalmente, se dijo que los precedentes de esta Corte
también establecieron que las autonomías provinciales no
significan independencia, sino que son competencias que se
ejercen dentro de un sistema federal, que admite poderes
concurrentes del Estado Nacional, necesarios para la
organización de un país. Y de allí la utilidad del diálogo
constructivo – entre Nación y provincias- al que alude el
concepto de federalismo concertado acuñado a propósito de la
defensa de derechos de incidencia colectiva [Fallos: 342:917,
“Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro”] (CSJ 567/2021,
“Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Estado
Nacional – (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad”, del 4 de mayo de 2021), voto del juez
Lorenzetti, considerando 10).

– 47 –
11) Que la descentralización institucional es un
poderoso instrumento para el desarrollo de las regiones,
ciudades y diferentes tipos de actividades.

El significado concreto del federalismo, en este
aspecto, es fortalecer ámbitos locales de decisión autónomos
compatibles con una base de presupuestos mínimos nacionales.

La riqueza cultural, económica de cada región,
provincia, o ciudad se potencia en la medida en que pueden
funcionar de acuerdo con proyectos que reflejen sus identidades.
De este modo se generan múltiples decisiones diferentes,
flexibles, que dialogan entre sí y ascienden progresivamente
hasta formar un modelo más general.

En este sentido, hay ciudades que prefieren impulsar
desarrollos de experimentación tecnológica que trabajan con el
mundo entero, y que precisan horarios de funcionamiento
extendidos. Hay otras, que son pensadas como lugares de paz,
descanso y atractivo turístico que precisan abrir sus
actividades los fines de semana. En grandes urbes, hay centros
comerciales que trabajan de modo muy distinto de los negocios
familiares en los barrios.

En ese contexto, la cercanía del municipio con su
gente hace que dicha jurisdicción cuente con los elementos
necesarios para valorar la idiosincrasia social imperante.

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Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

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Prueba de ello son los acuerdos mencionados anteriormente, que
sirvieron de base para el dictado de la Ordenanza 1660.

En esa línea, por lo tanto, no puede perderse de
vista que la autonomía municipal debe ser interpretada como
parte de un sistema institucional orientado hacia la
descentralización y fundado en un federalismo cooperativo.

Esta orientación, como ya se indicó, fue auspiciada
por el art. 3º, de la ley 24.309, que convocó a la reforma
constitucional de 1994 para fortalecer el federalismo y quedó
plasmada en los arts. 5° y 123 de la Constitución Nacional. La
norma constitucional debe ser interpretada como un compromiso
que asumieron las provincias de asegurar su régimen municipal,
lo que importa no solo el reconocimiento del estatuto municipal
autónomo sino el de las facultades mínimas y necesarias para no
desarticular sus fines y su funcionamiento.

Más aún, estas normas permiten identificar un
principio general de descentralización institucional, inspirado
en el objetivo de lograr una sociedad más abierta y
participativa. Como todo principio, constituye un mandato para
lograr su máxima satisfacción compatible con otros que resulten
aplicables al caso mediante un juicio de ponderación judicial.
(doctrina de Fallos: 328:175 voto del juez Lorenzetti).

12) Que, sin embargo, frente a estas atribuciones del
Municipio, se encuentran las del Estado Nacional para legislar

– 49 –
en virtud de la llamada “cláusula del progreso” (art. 75 inc. 18
Constitución Nacional), por lo que no se trata de facultades
excluyentes sino de un supuesto de competencias concurrentes en
la materia, en el que la interpretación de ambas debe ser
armónica y que es necesario determinar qué criterios deben ser
definitorios de los límites de cada una de ellas.

13) Que sentado lo anterior, y dado que distintas
jurisdicciones han regulado sobre la misma materia, debe
examinarse si existe una incompatibilidad absoluta e
inconciliable entre la norma local y la nacional, lo que
llevaría a declarar la invalidez de la primera.

En ese sentido, en el sub examine no se advierte una
interferencia relevante entre la norma local y la nacional.

En efecto, no se ha probado que con la decisión de
prohibir la apertura de los supermercados los días domingo se
impida el desarrollo pleno del comercio. Por lo demás, no se
trata de una restricción al comercio interprovincial sino que el
conflicto solo se materializa en el ámbito del municipio
demandado.

Cabe recordar que la libertad de comercio es
reconocida en el art. 14 de la Constitución Nacional, “conforme
a las leyes que reglamenten su ejercicio”, de lo que se desprende
de manera palmaria su carácter no absoluto. Ha señalado
reiteradamente este Tribunal que los derechos de raigambre

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inconstitucionalidad.

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constitucional, así como los principios y garantías consagrados
en la Constitución Nacional, no son absolutos sino que deben
ser desplegados con arreglo a las leyes que reglamentan su
ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus
facultades propias, lo estime conveniente a fin de asegurar el
bienestar general (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), con
la única condición de no ser alterados en su substancia (Fallos:
328:690; 330:4988, entre muchos otros).

14) Que, entonces, resta examinar la razonabilidad de
la medida adoptada, a la luz de los derechos invocados por la
actora.

Al respecto, cabe recordar que, desde el antiguo
precedente de Fallos: 31:273, la Corte ha reconocido al Poder
Legislativo la facultad de restringir el ejercicio de los
derechos establecidos en la Constitución Nacional a fin de
preservar otros bienes también ponderados en ella. Ello es así,
porque nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la existencia
de derechos absolutos sino limitados por las leyes que
reglamentan su ejercicio, con la única condición de no
alterarlos en su substancia y de respetar los límites impuestos
por las normas de jerarquía superior (arts. 14, 28 y 31 de la
Constitución Nacional y Fallos: 249:252; 257:275; 262:205;
296:372; 300:700; 310:1045; 311:1132; 316:188; entre muchos
otros).

– 51 –
Desde esta perspectiva, el Tribunal ha establecido
que el límite sustancial que la Constitución impone a todo acto
estatal, y en particular a las leyes que restringen derechos
individuales, es el de la razonabilidad (Fallos: 288:240 y
330:3098, disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni).

Esto implica, según la Corte, que las leyes deben
perseguir un fin válido a la luz de la Constitución Nacional;
que las restricciones impuestas deben estar justificadas en la
realidad que pretenden regular; y que los medios elegidos deben
ser proporcionados y adecuados para alcanzar los objetivos
proclamados (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, y
doctrina de Fallos: 243:449; 248:800; 334:516; 335:452, entre
otros).

Asimismo, cabe recordar que la proporcionalidad
supone que las restricciones que se impongan no deben valorarse
en abstracto sino en función de la entidad del bien que se
pretende proteger (doctrina de Fallos: 313:1638; 330:855 y
334:516).

15) Que, en ese marco, cabe considerar inicialmente
si la medida resulta razonable en cuanto formula una distinción
entre “micro mercados”, “establecimientos de menor envergadura”
y “supermercados”, con base en la superficie de cada uno de
ellos, así como en el hecho de que sean atendidos por sus
propietarios.

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En esta orientación, cabe recordar que esta Corte ha
sostenido que el principio de igualdad consagrado por el art. 16
de la Constitución Nacional requiere que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se
concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la
legislación contemple en forma diferente situaciones que
considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria ni
responde a un propósito de hostilidad contra determinados
individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o
privilegio, personal o de grupo (Fallos: 182:355; 258:36; 312:3481 y
340:1581 entre muchos otros).

En definitiva, se exige que los supuestos de hecho iguales
sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de
modo que para introducir diferencias entre ellos deba existir
una suficiente justificación que aparezca objetiva, fundada y
razonable. En ese contexto, el control de razonabilidad en
materia de igualdad exige determinar si a todas las personas
o situaciones incluidas en una categoría se les reconocen
iguales derechos o se les aplican similares cargas. Se trata,
en definitiva, de examinar los elementos de clasificación
que la componen y observar si se excluye a alguien que debería
recibir igual atención jurídica (Fallos: 338:1455).

En el caso, la ordenanza en estudio regula
particularmente un universo específico de comercios, todo
“establecimiento comercial que tiene como finalidad vender
bienes de consumo de uso habitual en un hogar”, y formula

– 53 –
distinciones dentro de dicha categoría sobre la base de dos
parámetros: en primer lugar, a partir de valores objetivos de
extensión espacial de la superficie del establecimiento y, en
segundo término, a partir de quienes realizan la atención al
público; en concreto, si son atendidos por sus dueños.

Así, se distinguen tres categorías de
establecimientos comerciales: 1) “supermercados” (aquellos cuyo
lugar de venta y atención al público tiene una superficie igual
o superior a los 100 mts2, 2) “micromercados” (superficie entre
30 y 100 mts2) y 3) “establecimientos de menor envergadura”
(menos de 30 mts2).

A su vez, el legislador local optó por introducir
otro elemento de distinción dentro de aquellos establecimientos
comprendidos en las categorías (ii) y (iii), relativo a la
atención personalizada por sus propietarios. En ese marco,
mediante la articulación conjunta de ambos elementos
distintivos, se concluye que solo pueden permanecer abiertos los
domingos los “minimercados” y “establecimientos de menor
envergadura”, “siempre que atendidos únicamente por sus
propietarios”.

El fundamento de las dos pautas de distinción
formuladas, conforme expresa la Ordenanza, es la protección de
pequeños y medianos comerciantes sin afectar negativamente los
márgenes de ganancia de los supermercados. De modo que la norma
establece una distinción normativa basada en causas objetivas

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CSJ 1751/2018/RH1
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(superficie y modalidad de atención) para brindar tratamiento
diverso a supuestos de hecho que se consideran diferentes. En su
génesis se hallará el propósito de tutela y fomento de los
establecimientos de menor porte, habiendo optado el Concejo
Deliberante por la determinación de un valor objetivo y general
de 100 mts2.

Por lo demás, los parámetros de distinción se
aplican independientemente del origen nacional de los titulares
de las respectivas explotaciones comerciales, de forma que la
condición de extranjero del actor no es considerada en la reglamentación
dictada, sin que tampoco se verifique una práctica discriminatoria
orientada en tal sentido.

16) Que la ponderación de las distinciones elaboradas por
el legislador, de acuerdo a los principios constitucionales en
materia de igualdad a que se ha hecho referencia, permite concluir
que no surge un espíritu persecutorio o una discriminación arbitraria,
aun cuando el camino elegido por el órgano legislativo municipal pudiera
ser opinable.

Por último, la referencia a la exigencia de atención por sus
dueños resulta razonable bajo la óptica de los principios de
protección de la vida familiar, tradición cultural y consenso
comunitario, sostenidos por el municipio en el dictado de la norma en
estudio y analizados con anterioridad.

– 55 –
17) Que corresponde ahora analizar si la reglamentación
adoptada por la municipalidad constituye una regulación razonable del
derecho a la libertad de comercio.

En el presente caso, no se verifican elementos que
permitan concluir que la ordenanza en estudio incurra en una
reglamentación irrazonable o desproporcionada. Ello por cuanto se
encuentra orientada a la consecución de fines constitucionalmente
válidos y de competencia material del Municipio (tales como el
fortalecimiento del vínculo familiar, la protección de pequeños y
medianos comerciantes sin afectar negativamente los márgenes de
ganancia de los supermercados y los intereses de los consumidores) y la
medida adoptada guarda proporcionalidad con tales fines, sin que se haya
demostrado que se encuentre afectado el contenido esencial de la
libertad de comercio, al habilitarse su ejercicio pleno en los
restantes horarios disponibles (6 días a la semana).

En resumidas cuentas, no aparece, ni lo ha demostrado el
actor, que los medios arbitrados por el municipio a través de la
ordenanza cuestionada no guarden relación con los fines que se
propusieron en defensa del interés público local ni que sean
desproporcionados con respecto a estos.

18) Que, en mérito a todo lo expuesto, en la medida en
que la sentencia apelada parece haberse sustentado en una exégesis
descontextualizada de la ordenanza local, solo basada en el título
de la norma (“Descanso dominical del trabajador”), que expresó uno
de los varios objetivos que motivaron su dictado sin hacer mérito

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inconstitucionalidad.

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de los restantes, el pronunciamiento en crisis debe considerarse
arbitrario. Pues, como se ha dicho, la disposición municipal bajo
examen resulta -en una recta interpretación del plexo jurídico en su
conjunto- una reglamentación razonable, orientada a la consecución
de fines constitucionalmente válidos para el gobierno local.

De ese modo, la conclusión sostenida por el Superior
Tribunal de Provincia, en cuanto a que la Ordenanza 1660 ha invadido la
esfera de competencia reservada al Congreso de la Nación, y
lesionado el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aparece
como irrazonable y debe ser descalificada.

19) Que, en atención a los fundamentos desarrollados
en los considerandos precedentes corresponde también
descalificar el argumento del decisorio en revisión relativo a que,
en la medida en que la ordenanza regula un sistema de sanciones por
inobservancia del descanso dominical, invade la esfera de
competencia de la provincia en materia de policía del trabajo.

Por ello, habiendo dictaminado la Señora Procuradora Fiscal,
se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario interpuestos,
se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art.
16, segunda parte, ley 48). Con costas (art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito.
Notifíquese, acumúlese la queja al principal y, oportunamente,
remítase.

DISI-//-

– 57 –
-//-DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ Y DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO

Considerando

1°) Que esta Corte comparte los fundamentos y
conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los
que corresponde remitir en razón de brevedad.

2°) Que, tal como allí se afirma, la recurrente no ha
desvirtuado lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba en el sentido de que la ordenanza 1660/2014 dictada por
el Concejo Deliberante de la Ciudad de Arroyito tiene por objeto
establecer la obligatoriedad del descanso dominical para un
sector de trabajadores de dicha ciudad y de que la regulación de
tal materia corresponde al Congreso de la Nación en los términos
del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

3°) Que respecto del objeto de la ordenanza 1660/2014
no hay dudas de que el municipio demandado pretende regular el
descanso dominical. La ordenanza referida se titula “descanso
dominical del trabajador” y establece explícitamente, con
algunas excepciones, que “los supermercados de la ciudad de
Arroyito no pueden permanecer abiertos los días Domingo”
(artículo 1). Por otra parte, dicha ordenanza menciona en sus
considerandos que reconoce como antecedente que el Departamento
Ejecutivo “logró celebrar convenios con supermercados de nuestra

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ciudad a los fines de respetar el descanso dominical”. Agrega
que dicho acuerdo “fue logrado después de arduas negociaciones
llevadas a cabo por el Intendente Municipal en virtud que [sic]
algunas firmas locales habían comenzado a reabrir sus puertas
los días domingo, conllevando esto a echar por tierra una
modalidad social que se había impuesto desde el año 2004” (fs.
12 de los autos principales, a los que se hará referencia en lo
sucesivo). En sus considerandos se aclara expresamente que la
iniciativa tiene como base “la problemática del descanso
dominical de los trabajadores en relación de dependencia con
empresas comerciales titulares de supermercados de la ciudad”
para luego sostener que “este proyecto obedece a una necesidad
de carácter humanitario. El trabajador necesita contar con el
descanso dominical que favorece el equilibrio laboral-familiar y
respeta la tradición de los días domingos [sic], la posibilidad
de mantener y sostener el vínculo familiar” (fs. 13).
Finalmente, el propio municipio sostuvo al contestar la demanda
que “tener que trabajar los días domingo hasta pasado el
mediodía impide [a los empleados] el necesario y merecido
descanso [para poder afrontar las obligaciones laborales al día]
siguiente” (fs. 78 vta.).

4°) Que con relación al deslinde de facultades es
evidente que, al regular el descanso dominical, el Municipio
demandado ha invadido una competencia que está reservada de
manera exclusiva al Congreso de la Nación, ya que todo lo que
queda comprendido en el derecho del trabajo y la seguridad

– 59 –
social es parte integrante del derecho de fondo (artículo 75
inciso 12 de la Constitución Nacional).

En efecto, en ejercicio de dicha atribución el
Congreso dictó, en lo que aquí interesa, la ley 18.204. Allí
estableció en todo el territorio nacional la prohibición del
trabajo por cuenta ajena desde las 13 horas del día sábado hasta
las 24 horas del día domingo siguiente (artículo 1), dejando
abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorizara
excepciones a esa regla. El artículo 9 de la ley dispuso, no
obstante, que “[h]asta tanto el Poder Ejecutivo nacional no
dicte las normas reglamentarias pertinentes, seguirán rigiendo
en cuanto resulten compatibles con las disposiciones de esta
ley, los regímenes de excepciones generales y especiales a la
prohibición de trabajar los días sábado por la tarde y los días
domingo, vigentes en el orden nacional y en el provincial”. Esta
regla prohibitiva de trabajar desde las 13 horas del día sábado
hasta las 24 horas del domingo no fue modificada por el Congreso
en 1974 al dictar la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 204
de la ley 20.744, en efecto, dispuso que “queda prohibida la
ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta
las 24 horas del día domingo” salvo en los casos de excepción
contemplados en la misma ley para supuestos específicos
(artículos 202 y 203) y “los que las leyes o reglamentaciones
prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso
compensatorio de la misma duración, en la forma y oportunidad
que fijen esas disposiciones atendiendo a la estacionalidad de

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Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

la producción u otras características especiales”. En otras
palabras, al sancionar la Ley de Contrato de Trabajo, el
Congreso mantuvo la prohibición y dejó abierta la posibilidad
del dictado de leyes o reglamentaciones posteriores que
establecieran excepciones. En uso de dicha atribución se dictó
el decreto 2284/1991, ratificado por la ley 24.307, que
estableció una nueva regulación. El artículo 18 de esa norma
suprimió “toda restricción de horarios y días de trabajo en la
prestación de servicios de venta, empaque, expedición,
administración y otras actividades comerciales afines, sin
perjuicio de los derechos individuales del trabajador” (artículo
18). Tal como surge de su extensísimo articulado, el decreto
resulta aplicable a todo el territorio nacional, sin perjuicio
de que algunas de sus disposiciones, en la medida en que regulan
asuntos de competencia provincial, requieren de la adhesión por
parte de las provincias. Por esa razón el artículo 119 del
decreto invitó “a las Provincias a adherir al régimen sancionado
en el presente Decreto en lo que a ellas les competa”. Pero esa
invitación no involucró la regulación del descanso dominical.

Como puede verse, en uso de facultades
constitucionales que le competen de modo exclusivo (artículo 75
inciso 12 de la Constitución Nacional ya citado) el Congreso, a
través del decreto ratificado por la ley 24.307, suprimió toda
restricción de días de trabajo, sin perjuicio de los derechos
individuales del trabajador. A la luz de ese marco normativo, el

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Municipio de Arroyito no tenía atribución alguna para dictar una
norma contraria a dichas disposiciones.

5°) Que lo expuesto no implica desconocer las
facultades que el Municipio tiene en ejercicio del poder de
policía, como es la fijación de los horarios de apertura y
cierre. El ejercicio de dichas facultades, sin embargo, no puede
desnaturalizar los aspectos del contrato de trabajo regulados
por el derecho común, como lo es el relativo al descanso
dominical, pues el poder de policía local no puede llegar al
extremo de desconocer o invadir una atribución exclusiva que la
Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, ha puesto
bajo la órbita del Gobierno Federal. En ese sentido, esta Corte
ha señalado que la facultad conferida a la Nación de dictar los
códigos y leyes comunes es de naturaleza exclusiva y, por
consiguiente, el Congreso, al ejercitarla, puede impedir que las
provincias alteren o modifiquen el contenido de las leyes
sustantivas. De lo contrario, la delegación hecha al gobierno de
la Nación para dictar los códigos comunes habría quedado
reducida a una mera fórmula, pues la mayor parte de las
instituciones comprendidas en aquellos son susceptibles de
considerables restricciones motivadas en razones de policía
(Fallos: 156:20 y 321:3108; Fallos: 308:2569).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, se declara inadmisible la queja. Dese por
perdido el depósito. Restitúyanse los autos principales.
Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel
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Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de
Arroyito s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso de queja interpuesto por la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito,
representada por el Dr. Julio Antonio Loza con el patrocinio del Dr. Juan
Manuel Freytes.

Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.

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