DNI argentino para inscribirse en UBA, dice la corte

En una nueva sentencia el tribunal confirmó la normativa de la universidad. El pasaporte extranjero no es válido para anotarse en la Universidad de Buenos Aires

Se necesitará DNI argentino para inscribirse en la UBA. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había aceptado un recurso de amparo de una persona peruana, pero la corte revocó el fallo.

El ciudadano de Perú carecía de documento argentino y quiso anotarse en la carrera de Sociología. El argumento de la corte se basó en la Ley 17.671, que establece que “la presentación del DNI expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad”.

La Corte consideró que el requisito impuesto por la UBA “no parece desproporcionado, ni un recaudo injustificado, si se tiene en cuenta que lo que se halla en disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse y obtener el título que los habilite para ejercer una profesión”.

El tribunal sostuvo que no supone ningún tipo de afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tanto aquel como el resto de los aspirantes se encuentran obligados a satisfacerla, cualquiera sea su nacionalidad y sea que estén privados o no de su libertad ambulatoria.

Máxime cuando en la misma disposición que se ataca se establece un plazo para el cumplimiento de aquel requisito para quienes no hubieran nacido en el país, dijo.

La UBA tiene una guía para estudiantes extranjeros en la cual especifica los requisitos para ingresar y cursar en la Universidad.

Sentencia sobre admisión de extranjeros UBA

 

CAF 31235/2016/CA1-CS1
Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo
ley 16.986.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Vistos los autos: “Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/
amparo ley 16.986”.
Considerando:
1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la
sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, hizo
lugar a la acción de amparo deducida por el actor, de
nacionalidad peruana -representado por la defensa pública
oficial- contra la Universidad de Buenos Aires para que se
ordenara su inscripción en el primer año de la carrera de
Sociología, pese a no contar con el documento nacional de
identidad argentino (en lo sucesivo, DNI) exigido al efecto en
función de lo establecido en el art. 19 de la resolución 7349/13
y en el art. 6°, Anexo I, de la resolución 3836/11 dictadas por
el Consejo Superior de dicha casa de estudios. Asimismo, el
peticionario solicitó que se declarara la inconstitucionalidad
de la primera de esas resoluciones.
2°) Que para así decidir, el tribunal de alzada, con
remisión a los fundamentos expuestos por el Fiscal General
interviniente, expresó que la vía del amparo resultaba admisible
pues, al negar al actor la inscripción pretendida, la conducta
de la demandada constituía un supuesto de arbitrariedad
manifiesta, en los términos del art. 43 de la Constitución
Nacional y de la ley 16.986, en tanto privaba a aquel de su
derecho a la educación.
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Buenos Aires, 28 de Octubre de 2021
A su vez, aseveró que el requerimiento del DNI para
la inscripción en una carrera de grado constituía una exigencia
formal excesiva e injustificada, pues en el art. 7° de la Ley de
Migraciones se establece que en ningún supuesto la irregularidad
migratoria de un extranjero puede impedir su admisión como
alumno en un establecimiento educativo, a la par que se dispone
que las autoridades deben brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes para subsanar tal
irregularidad.
Asimismo destacó que, en el caso, la necesidad de
asegurar la verdadera identidad de quienes pretenden formar
parte de la comunidad universitaria debía tenerse por satisfecha
mediante la presentación del pasaporte del actor, toda vez que
este había sido el documento que las autoridades consideraron
idóneo para tener por demostrada fehacientemente su identidad en
el marco del proceso penal seguido en su contra. En relación con
ello, consideró que una interpretación diversa del art. 6° de la
resolución 3836/11 –en la que se instituye el Régimen de
Admisión de Estudiantes Extranjeros e Internacionalesfrustraría el derecho a la educación del peticionario y, por
ello, tornaría inconstitucional la remisión a este dispuesta por
el art. 19 de la resolución 7349/13.
Por otra parte, señaló que la sentencia de primera
instancia había interpretado restrictivamente la resolución
cuestionada al sostener que el pasaporte expedido por el país de
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Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo
ley 16.986.
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origen del actor no podía ser considerado como un documento útil
para demostrar la identidad de aquel.
Finalmente concluyó en que, con ello, se había
restringido de manera irrazonable el derecho fundamental
analizado; motivo por el cual el pronunciamiento debía ser
revocado, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de
la norma peticionada por el actor.
3°) Que contra ese fallo, el representante de la
Universidad de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario que
fue concedido, en el que afirma que al regular el ingreso a las
carreras de grado que se imparten en dicha casa de estudios
mediante las resoluciones 7349/13 y 3836/11 no se vulneran los
derechos a la educación y a la igualdad y no discriminación. En
ese sentido, considera que el tribunal a quo interpretó
erróneamente la primera de esas resoluciones, que fue dictada
por el Consejo Superior del claustro universitario de
conformidad con lo normado en el art. 13 de la ley 17.671, en el
que se establece que la presentación del DNI es obligatoria en
todas las circunstancias en que sea necesario probar la
identidad, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento.
Indica que dicha disposición no fue declarada inconstitucional
por el tribunal de alzada, extremo que demostraría que el
requisito atacado por el peticionario no resulta
discriminatorio. En relación con ello, cuestiona puntualmente
que la sentencia haya tenido por probada la identidad de aquel
mediante el pasaporte expedido por su país de origen,
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apartándose de la citada norma de orden público. Asimismo,
señala que, según lo reglado en el art. 6° del Anexo I de la
resolución 3836/11, para obtener el alta definitiva como
estudiante de la referida universidad, aquellos que no hubieren
presentado el DNI al momento de su ingreso, deben hacerlo en la
unidad académica correspondiente antes de transcurridos dos
cuatrimestres a partir del ciclo en el que se ingresa, de
acuerdo con lo establecido en el art. 7° de la ley 25.871.
4°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente
admisible, pues los agravios de la recurrente ponen en tela de
juicio la inteligencia que corresponde atribuir a las leyes
17.671 y 25.871, de carácter federal, y la decisión de la cámara
ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas
(art. 14, incs. 1° y 3° de la ley 48).
Al respecto, corresponde recordar que en la tarea de
determinar la interpretación y alcances de normas de tal
naturaleza, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos
de las partes ni por los aportados por el tribunal, sino que le
incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado según
la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 307:1457;
314:529; 324:803; 329:201; 331:735; 336:1774, entre otros).
5°) Que, en primer término, cabe señalar que en el
art. 19 de la resolución 7349/13 del Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires, mediante la que se aprobó el
Reglamento del Programa de Estudios de la referida universidad
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en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (Programa
UBA XXII), se exige a las personas extranjeras aspirantes a
dicho programa el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la resolución 3836/11 del mencionado Consejo, entre los que se
incluye, para obtener el alta definitiva como estudiante en
dicha casa de estudios, la presentación del DNI, antes de
transcurridos dos cuatrimestres, contados a partir del ciclo
lectivo en el que se ingresa (Anexo I, art. 6°, de la última de
las normas citadas).
Dicha resolución concuerda con lo establecido en la
ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del
Potencial Humano Nacional -cuya constitucionalidad no ha sido
cuestionada en el sub lite- en cuyo art. 13 se establece que la
presentación del DNI expedido por el Registro Nacional de las
Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea
necesario probar la identidad de las personas, sin que pueda ser
suplido por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuera
su naturaleza y origen.
6°) Que cabe destacar que esta Corte ha sostenido que
la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se
concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que
la legislación contemple en forma diferente situaciones que
considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria,
ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados
individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o
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privilegio, personal o de grupo (Fallos: 182:355 y sus citas;
258:36; 312:826; 321:3481 y 340:1581).
En el presente caso, la decisión de exigir la
presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de
grado dictadas en la Universidad de Buenos Aires -sean estos
nacionales o extranjeros, se encuentren, o no, cumpliendo una
pena privativa de la libertad- no constituye un indebido
privilegio otorgado a una persona o a un grupo sino,
simplemente, la fijación de un requisito uniforme para demostrar
la identidad de las personas, conforme el régimen vigente.
En función de ello, la exigencia cuestionada por el
actor no supone ningún tipo de afectación al derecho a la
igualdad y a la no discriminación, pues tanto aquel como el
resto de los aspirantes se encuentran obligados a satisfacerla,
cualquiera sea su nacionalidad y sea que estén privados o no de
su libertad ambulatoria. Máxime cuando en la misma disposición
que se ataca se establece un plazo para el cumplimiento de aquel
requisito para quienes no hubieran nacido en el país.
7°) Que el hecho de que, en este caso, el
peticionario no pueda regularizar su situación migratoria por la
particular situación penal en la que se encuentra y, por ende,
se vea impedido de tramitar el documento nacional de identidad
argentino requerido por la demandada, no torna arbitraria o
irrazonable una reglamentación que se muestra homogénea en sus
exigencias para todas las personas que procuran acceder al
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programa implementado por la universidad en establecimientos del
Servicio Penitenciario Federal.
Al respecto, es preciso observar que el único
obstáculo para que el actor pueda obtener el documento nacional
de identidad argentino que se le exige está dado por la condena
a una pena privativa de la libertad que se encuentra cumpliendo
en la Argentina la que, conforme con lo dispuesto en el art. 29,
inc. c, de la ley 25.871, es causa impediente de su permanencia
en el país.
8°) Que no obsta a la conclusión antedicha lo
establecido en el art. 7° de esa misma ley, en el que el
tribunal de alzada apoyó su decisión, en cuanto dispone que la
irregularidad migratoria de un extranjero no impedirá su
admisión como alumno en un establecimiento educativo; pues a la
par establece el deber para las autoridades de dichos
establecimientos de brindar orientación y asesoramiento respecto
de los trámites para subsanar la irregularidad migratoria
aludida.
9º) Que, para concluir, tal como lo manifiesta la
señora Procuradora Fiscal y es jurisprudencia de esta Corte, el
derecho de aprender que la Constitución y los pactos
internacionales amparan no sufre privación alguna por el hecho
de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la
observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el
titular de aquel debe someterse. Específicamente en lo que al
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caso interesa, se debe tener en consideración que el requisito
impuesto por las autoridades universitarias en función del marco
normativo vinculado a la acreditación de la identidad –y que
implica un cierto grado de arraigo- no parece desproporcionado
ni un recaudo injustificado si se tiene en cuenta que lo que se
halla en disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan
a los aspirantes formarse, capacitarse y obtener el título
universitario que los habilite para ejercer una profesión.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso
extraordinario, se revoca la decisión apelada y se rechaza la
demanda (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Con costas por
su orden de todas las instancias. Notifíquese y, oportunamente,
devuélvase.
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Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo
ley 16.986.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
-//-DENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO
Considerando:
Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y,
oportunamente, devuélvase.

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