Impugnaciones de multas y otros datos para evitar explotar

Por Federico Furlan *

Me llegó la notificación de una fotomulta… ¿Son válidas las actas? ¿Hice la transferencia del vehículo, y me enteré en el registro de una serie de infracciones que desconocía… ¿Me corresponde pagarlas si no fui notificado? ¿Se puede hacer algo para reducirlas?

Estas y muchas otras consultas son las que solemos recibir aquellos profesionales que nos dedicamos al mundo del derecho administrativo sancionador. Esta área específica del derecho, es aquella que se dedica a regular todos los procedimientos administrativos tendientes a la imposición de sanciones y faltas, contra toda conducta que implique la violación de una norma administrativa. No se trata de delitos, pero la lógica de su mundo es bastante parecida.

Por lo tanto, cuando hablamos de sanciones administrativas, tales como las multas de tránsito, es importante considerar que dicho ámbito no se encuentra exento de regulación jurídica; como tal, se encuentra alcanzada por todas las garantías procesales que la Constitución Nacional le confiere a todo ciudadano que se encuentra sometido a un proceso de investigación (así es, las multas de tránsito resultan ser actos administrativos tendientes a investigar la presunta comisión de una infracción de tránsito, y como tales, responde a la lógica jurídica de acusación – defensa – resolución).

Entonces, cuando nos enfrentamos a una multa de tránsito, es imperioso saber que todo acto relacionado con ella debe cumplir con estándares mínimos para resultar legales.

Ahora bien, las preguntas que se impone resulta ser:

¿Son las multas legales?

En principio, como cualquier acto administrativo de gobierno, goza de un principio de veracidad que implica que para demostrar que un acto es ilegal, debe probárselo. No alcanza con decir “es mi palabra contra la del agente de tránsito”. El acto es válido hasta que se demuestre lo contrario.

¿Tienen un fin legal las multas?

Si nos atenemos a los fines de la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449) como así también a las diferentes normas de tránsito provinciales (hay que considerar acá que las provincias tienen su propia normativa, y la Ley Nacional de Tránsito no fue adherida por todas las jurisdicciones; por lo tanto no resulta aplicable a todo el país) hay que considerar que el fin de la norma es sumamente razonable: proteger el bien jurídico de seguridad vialidad, generando conciencia mediante la aplicación de sanciones, a los efectos de prevenir todo tipo de siniestro vial.

 El fin, a todas luces, resulta más que loable. No obstante, cuando se empieza a analizar la forma en que dicho fin busca ser alcanzado, nos encontramos con que las más de las veces

la Administración, a través de las multas, busca recaudar y robustecer las arcas del Estado, antes que prevenir los siniestros viales.

Ello podría derivarse de un hecho más que sencillo: en algunas jurisdicciones no se permite renovar la licencia de conducir por registrar presuntas infracciones de tránsito. En principio dicho requisito resultaría razonable, es decir: quien registra una infracción, no reúne las cualidades para conducir responsablemente. No obstante, cuando dicha infracción se abona, el ciudadano recupera su aptitud para renovar la licencia. Entonces: ¿pagando se recupera la aptitud de manejo? O pagando nadie se preocupa por la habilidad del conductor…

Párrafo aparte merece la presunta afectación de la libertad constitucional de tránsito que se afecta con este tipo de actos.

 

¿Qué tipo de irregularidades puede tener una multa?

Tal como se indicó más arriba, la aplicación de multas suele utilizarse para fines recaudatorios antes que preventivos. Por lo tanto, teniendo como Norte tal circunstancia, hay que tener en cuenta que la Administración, de oficio, no va a procurar dar de baja las multas que resulten irregulares. En el mejor de los casos (para los Juzgados) si la multa se paga (por más que sea ilegal) se robustecen las arcas del Estado. De lo contrario, será el ciudadano quien tenga que presentarse a hacer valer sus derechos.

 

¿Qué podemos hacer entonces?

Pues, uno puede considerar los siguientes factores:

  • Falta de notificación: es uno de los clásicos con las fotomultas, por lo general. Cada jurisdicción tiene su normativa. Si bien la Ley Nacional establece que un oficial tiene que detener al vehículo e informarle el tipo de infracción que está cometiendo, lo cierto es que cuando se trata de fotomultas, la mayoría de las provincias tiene disposiciones a través de las cuales habilita las notificaciones remotas, que importan que no se notifique en el acto. La Provincia de Buenos Aires, antes establecía que si la notificación no se cursaba dentro de determinado plazo, la multa caducaba. No obstante, dicha disposición se derogó, y a partir de ahora, la Ley 13.924 nada dice al respecto (siga, siga…. Que el ciudadano pague igual)

 

  • Cinemómetros no verificados: cierto es que hoy día la mayoría de los instrumentos con los cuales se verifican los excesos de velocidad (cinemómetros) cuentan con habilitación. No obstante, la Ley de Metrología Legal de la Nación, establece que deben ser verificados anualmente por el INTI y este no es un dato menor: la garantía que tiene el ciudadano respecto al buen funcionamiento del instrumento depende de dicha verificación. Sin ella no hay certeza que el equipo esté calibrado. Y si no hay certeza de ello, opera el principio pro homine: ¿Cómo sé que la velocidad captada es la correcta? En caso de duda, hay que estar a favor del ciudadano.

 

  • Multas Prescriptas: la Ley Nacional establece que las multas prescriben a los 5 años (las graves) y las leves a los 2 años. La Administración (por lo general) cumplido este plazo no elimina las multas. Aquellos que las paguen estando prescritas, nada podrán reclamar luego. Por lo tanto, hay que hacer una presentación FUNDANDO EN DERECHO (digo esto, porque la Administración invocará todo argumento para rechazar la prescripción, tales como que dicho plazo fue interrumpido por la notificación).

 

  • Error en el vehículo: siempre hay casos en donde los equipos cinemómetros (como así también los oficiales de tránsito) captan erróneamente la patente del vehículo, y luego imputan a quien no corresponde, la presunta infracción de una norma de tránsito. Una vez más, hay que presentarse en el Juzgado y realizar el descargo.

 

¿Qué se aconseja entonces al recibirse una infracción de tránsito?

Primero, actuar. Y esto es fundamental porque el factor de tiempo es esencial en estos casos. En Provincia de Buenos Aires (por solo mencionar un ejemplo) resolver un expediente administrativo de multa puede demandar por ley dos (2) meses. Y a ello hay que sumarle un plus de atraso que arrastran la mayoría de los Juzgados. Entonces, si tengo que vender el auto, o dar la baja en el Registro porque se sufrió un siniestro… esperar dos meses a que te quiten las multas prescritas, puede que no sea una buena opción. Ergo, primera recomendación: tomá nota de la multa, y actuá.

Luego: consultá a un abogado. Muchas veces los ciudadanos hacen presentaciones por derecho propio (lo cual es loable y entendible). Pero lo que sucede las más de las veces, es que la Administración busca recaudar (insisto una vez más, en este tópico). Por lo tanto, invocará cual argumento o pretexto disponga para rechazar los planteos que se hagan (aún cuando sean razonables).

Y aquí reside el quid de la cuestión: cuando se hace un planteo huérfano de fundamentos legales, y se obtiene una resolución adversa, luego resulta difícil revertir la situación, puesto que cualquier impugnación que se procure ensayar con posterioridad, va a estar limitada a lo que escribió el ciudadano en su primera defensa. Es decir, no se puede ampliar los argumentos. Por lo tanto, es esencial que el primer acto de defensa sea robusto, esté bien argumentado, y sobre todo FUNDADO EN DERECHO. Solo así se podrá garantizar recurrir a las instancias ulteriores judiciales con buenos argumentos y derechos constitucionales que lo funden. Y el único profesional que está preparado para ello, es el abogado.

Por último: responsabilidad. Si te llegó una multa, más allá de actuar y evaluar si corresponde abonarla, tomá nota de la misma y actuá con conciencia ciudadana. La próxima vez, procurá descender la velocidad de marcha, respetar el semáforo que no fue tenido en cuenta, o hacé la inspección de la VTV si te hicieron la multa por ello. Cualquier vehículo, en su condición de tal, es un instrumento de riesgo. Por lo tanto, es esencial para una convivencia ciudadana, conducirla con responsabilidad.

Por ello, tomá nota, asesorate con un profesional y asumí conciencia ciudadana. Si es justo, pagá. Si hay irregularidades, impugná. Pero siempre, procurá hacer las cosas diferentes para asumir responsabilidad social.


*Abogado especialista en derecho penal y derecho administrativo sancionador. Podes contactarme a través de
Instagram: Impugna_tu_multa

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