La realidad de los hogares monomarentales y la responsabilidad parental en la Argentina

Más de 1.6 millones de mujeres están al frente de hogares monomarentales en Argentina, lo que representa el 11,7% del total de viviendas, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2022. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad económica de muchas madres que, en muchos casos, no reciben la cuota alimentaria que el otro progenitor está legalmente obligado a aportar. Según un estudio de CIPPEC, solo una de cada cuatro madres en esta situación recibe ingresos de la cuota alimentaria.

La falta de cumplimiento en las obligaciones alimentarias es un tema recurrente en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), donde casi el 8% de las consultas entre enero de 2022 y febrero de 2023 estuvieron relacionadas con el incumplimiento de estas responsabilidades, sumando unos 7,100 casos.

Los adolescentes y el derecho a reclamar la cuota alimentaria

Aunque en general son los padres quienes inician las acciones legales para exigir la cuota alimentaria, existe una vía alternativa: los propios adolescentes pueden realizar el reclamo cuando ven vulnerado su derecho a la alimentación.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Tutelar (MPT) brinda patrocinio legal a jóvenes de entre 13 y 17 años a través de su Equipo Público de Abogados de la Niña y el Niño (EPA), entendiendo que los alimentos son un derecho fundamental, más allá de su carácter patrimonial, como un elemento esencial para el desarrollo de la niñez y adolescencia.

Hasta la fecha, el MPT ha representado a adolescentes en 29 casos relacionados con la cuota alimentaria, de los cuales 25 involucraban a varones y 4 a mujeres, con edades que oscilan entre los 13 y los 17 años.

Casos destacados de adolescentes que solicitaron alimentos

1. El caso de María, de 17 años (nombre ficticio): María, quien vive en Buenos Aires, buscó ayuda del MPT para solicitar alimentos a su padre, ya que su madre, quien trabajaba como maestra en dos empleos, no podía iniciar el trámite. La joven, que cursaba la secundaria y trabajaba en una cadena de comidas rápidas, narró que su padre, con ingresos altos, había cortado el contacto hace años y ejercido violencia psicológica y económica hacia ella y su familia.

   Ante su situación, el abogado del niño solicitó una medida de alimentos provisorios bajo la Ley 24.417 de Protección Contra la Violencia Familiar. Tras obtener una sentencia favorable, el MPT notificó al padre mediante datos obtenidos de la Cámara Nacional Electoral, logrando que se depositen los alimentos en una cuenta a nombre de la joven.

2. El caso de Agustín, de 15 años (nombre ficticio): Agustín acudió al MPT con el acompañamiento de una Trabajadora Social de un Hogar Convivencial. Tras una guarda preadoptiva fallida, Agustín expresó su deseo de continuar en la escuela privada y recibir la misma terapia psicológica que había iniciado. Para garantizar sus derechos, el abogado solicitó una medida autosatisfactiva que se mantendría hasta que la Defensoría Zonal y los organismos involucrados definieran una estrategia de egreso para el adolescente, contemplando la posibilidad de adopción o salida autónoma.
3. El caso de Julieta, de 16 años (nombre ficticio): Julieta había decidido abandonar el Hogar Convivencial donde residía y manifestado su deseo de iniciar un proyecto de vida autónomo junto a su novio. En su audiencia en el Juzgado Nacional Civil, solicitó que su padre dejara de percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que esta se transfiriera a su nombre o al de su madre. El abogado logró que el juzgado ordenara la apertura de una cuenta y el cambio de titularidad para que Julieta pudiera administrar su AUH. Además, se gestionó para ella la Beca Progresar, ampliando sus recursos económicos.

La ley y la defensa del derecho alimentario

Estos casos reflejan cómo la Ley 24.417 y otros recursos legales permiten la solicitud de alimentos cuando existe una situación de violencia o vulnerabilidad. La intervención del MPT es crucial para asegurar que estos jóvenes no solo reciban la cuota alimentaria, sino que se les respete el derecho a una vida digna y a un desarrollo integral.