Derivación de Aportes a Entidades de Salud: Nueva Regulación y sus Implicancias

El Ministerio de Salud ha dictado la Resolución 1/2025, estableciendo la derivación directa de aportes y contribuciones de trabajadores y pequeños contribuyentes hacia las entidades de salud contratadas por los beneficiarios.

Solo podrán recibir estos aportes aquellas entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (R.N.A.S.), garantizando mayor transparencia en el sistema.

Esta medida responde a la necesidad de fortalecer el acceso equitativo a la salud y evitar distorsiones en la distribución de los recursos. También busca respetar la libre elección de los beneficiarios, permitiendo que quienes deseen permanecer en su obra social puedan manifestarlo a través del Trámite a Distancia (TAD) denominado “Voluntad de Permanencia en Obra Social”.

¿Cómo impacta esta medida en los trabajadores y afiliados?

La resolución se basa en la garantía del derecho a la información clara y verídica, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Esto se traduce en la obligación de brindar transparencia en el destino de los aportes y evitar cambios arbitrarios en la cobertura de salud.

Los beneficiarios podrán elegir entre dos opciones:

-Permitir la derivación automática de sus aportes y contribuciones a la entidad que han contratado, sin necesidad de trámites adicionales.
-Ejercer su derecho de permanencia en su obra social actual, para lo cual deberán manifestarlo expresamente dentro de los 60 días de entrada en vigencia de la resolución.

Esta medida no modifica los derechos adquiridos por los afiliados, asegurando que la relación contractual con su prestador de salud permanezca inalterada.

Al respecto, la abogada especialista Elizabeth Orrico expresó: ” SE ELIMINAN INTERMEDIARIOS EN LOS APORTES A PREPAGAS

Esta nueva medida de la Superintendencia de Servicios de Salud promete mayor transparencia y eficiencia. ¿Qué significa para los beneficiarios y el mercado de salud? 🧵👇1️⃣ Hasta ahora, los aportes y contribuciones que los empleadores destinaban a la seguridad social pasaban por una obra social puente, una intermediación innecesaria entre el trabajador y la prepaga que solo aumentaba los costos.

Estas obras sociales, muchas veces, eran “sellos de goma” que no ofrecían ningún servicio real, pero cobraban comisiones por hacerlo.

2️⃣ Con la nueva resolución, los aportes irán directamente de los empleadores a las entidades elegidas, sin la necesidad de esta triangulación.Se busca mayor transparencia en el proceso y evitar gastos innecesarios que solo perjudicaban a los usuarios.

3️⃣ Esta medida no solo busca optimizar el sistema de salud, sino también limpiar el mercado de prácticas que incrementan costos sin aportar valor.

Al eliminar intermediarios, se promueve un sistema más competitivo y transparente para todos.”

Supervisión y control: la intervención de la ARCA

Para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa, la resolución encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la supervisión de la correcta derivación de fondos. También exige la implementación de un sistema de información coordinado con la Superintendencia de Servicios de Salud, asegurando trazabilidad en los pagos.
El impacto en el sistema de salud puede ser significativo. Se busca evitar la triangulación de fondos que muchas veces entorpece el acceso a la salud y asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente.

Si bien la medida promueve transparencia y eficiencia en la asignación de fondos, queda por ver cómo se implementará en la práctica. Un punto crítico será la capacidad operativa del sistema TAD y si los beneficiarios estarán correctamente informados sobre su derecho a permanecer en su obra social actual.
A lo largo de la historia, el sistema de salud en Argentina ha tenido múltiples reformas con el objetivo de mejorar la equidad y el acceso. Esta resolución se suma a ese proceso, buscando reducir desigualdades y reforzar la supervisión estatal sobre los fondos de la seguridad social.
Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto de esta normativa. ¿Será un paso hacia un sistema más justo y eficiente o un nuevo desafío burocrático para los trabajadores y beneficiarios? El tiempo y la implementación dirán la última palabra.