¿Eliminar el femicidio del Código Penal mejora la igualdad ante la ley como dicen?

Por Adrián Genesir

En forma reciente, se propuso la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal argentino. Según sus palabras, esta figura vulnera el principio de igualdad ante la ley al establecer penas distintas dependiendo del género del victimario.

El punto no tardó en generar reacciones divididas y ha reavivado un debate profundo sobre el papel del sistema penal en una sociedad marcada por desigualdades estructurales.

La figura del femicidio, incorporada en 2012 mediante la Ley 26.791, estipula prisión perpetua para quienes asesinen a una mujer “cuando el acto sea perpetrado por un hombre y medie violencia de género”. Su inclusión buscó visibilizar un patrón de violencia estructural y ofrecer una herramienta para combatirlo. Sin embargo, este objetivo legal se encuentra hoy en el centro de una controversia sobre justicia e igualdad.

En este contexto, surge la pregunta: ¿qué hace al femicidio diferente de un homicidio simple? La diferencia, en gran parte, radica en la motivación y las circunstancias del crimen. Un homicidio simple podría incluir, por ejemplo, un robo en el que la víctima resulta asesinada sin que su género sea un factor determinante. En contraste, el femicidio se aplica cuando el agresor asesina específicamente a una mujer por su condición de género, reflejando patrones de violencia que perpetúan desigualdades sociales.

La convivencia, o cohabitación, también ofrece un terreno donde esta figura legal cobra relevancia. Cuando el agresor es una pareja o expareja de la víctima, el crimen suele enmarcarse en dinámicas de poder y control, lo que agrava su dimensión social. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema, en 2022, el 80% de los femicidios en Argentina fueron cometidos por parejas o exparejas. Aunque estos datos subrayan la magnitud del problema, también plantean interrogantes: ¿qué ocurre cuando el victimario no es un hombre? ¿Debe aplicarse esta figura a mujeres que cometan crímenes similares? Estas preguntas, aunque excepcionales, desafían la coherencia y los límites de la legislación.

El argumento de que el femicidio asigna un valor mayor a la vida de las mujeres también genera debate. Aquí es esencial distinguir entre los objetivos del Código Civil y el Código Penal. Mientras que el Código Civil calcula indemnizaciones basándose en factores como la edad o los ingresos de la víctima, el Código Penal se centra en la gravedad del crimen y su impacto social. La figura del femicidio no busca jerarquizar vidas, sino atacar un problema social específico que afecta desproporcionadamente a un grupo poblacional. Sin embargo, el alcance de este enfoque continúa siendo cuestionado.

Este tipo de violencia trasciende las fronteras nacionales. En México, ONU Mujeres reporta un promedio de 10 feminicidios diarios. En Brasil, la Ley Maria da Penha, promulgada en 2006, ha sido fundamental en la lucha contra la violencia de género, aunque los índices de feminicidio permanecen altos, con 1,3 casos diarios según el Atlas de Violencia 2021.

España, con su Ley Orgánica 1/2004, ha logrado reducir significativamente la incidencia, registrando 0,4 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2022. Estas comparaciones internacionales muestran cómo cada país adapta sus herramientas legales para abordar este problema estructural, pero también ilustran sus limitaciones y desafíos.

La igualdad ante la ley, un principio fundamental, a menudo requiere un trato diferenciado para abordar desigualdades preexistentes. Las leyes laborales, por ejemplo, brindan protecciones adicionales a personas con discapacidades, no como privilegios, sino para garantizar su participación en igualdad de condiciones.

Este mismo principio subyace en la figura del femicidio, que no penaliza más la muerte de una mujer por su género, sino que busca desincentivar crímenes motivados por desigualdades estructurales. No obstante, la implementación plantea interrogantes complejas: ¿cómo garantizar un tratamiento igualitario en casos donde el agresor no es un hombre? ¿Qué sucede con los crímenes dentro de parejas del mismo género?

A medida que este debate avanza en Argentina, se abre una reflexión más amplia: ¿es la eliminación del femicidio un paso hacia una igualdad más equitativa o un riesgo de retroceso en la lucha contra la violencia de género? La respuesta no es sencilla, pero será crucial para definir el futuro del enfoque legal en un país que busca equilibrar justicia e igualdad.