TSJ le pone un freno a intereses altos en juicios laborales

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires revocó una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que indexaba una indemnización por inflación (IPC) y estableció cómo deben calcularse los intereses en los juicios de riesgos del trabajo que atraviesan diferentes vigencias normativas.

En un fallo con fecha del 3 de diciembre de 2025, el máximo tribunal porteño puso límites a los mecanismos de actualización que venía aplicando la Justicia Nacional del Trabajo, alineándose con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) respecto a la prohibición de indexar, pero introduciendo una fórmula específica para el cálculo de intereses basada en el DNU 669/2019.

1. El Caso: Indexación vs. Ley de Convertibilidad

El conflicto se originó en la causa “Valdez, Carlos Alberto c/ Asociart SA ART”. El trabajador había sufrido una enfermedad profesional con primera manifestación invalidante en julio de 2015.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) había declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar (Art. 7, Ley 23.928) y ordenó actualizar el capital histórico mediante el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual.

La ART interpuso un recurso de inconstitucionalidad, alegando que este mecanismo violaba la doctrina de la Corte Suprema (fallos “Oliva” y “Lacuadra”) y generaba un enriquecimiento sin causa.

2. La Decisión del TSJ: No a la indexación, sí a la ley especial

El TSJ, con los votos de los jueces Lozano, Weinberg, Otamendi y De Langhe, hizo lugar a la queja de la aseguradora y revocó la sentencia de la Cámara.

Los puntos centrales del fallo son:

• Vigencia de la prohibición de indexar: El Tribunal ratificó que la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios o repotenciación de deudas (Ley de Convertibilidad) sigue vigente y es constitucional, siguiendo los precedentes de la Corte Suprema.

• Aplicación de la Ley Especial: Contrario a lo que sostuvo la Cámara (que aplicó el IPC por considerar insuficiente la tasa legal), el TSJ determinó que existe una normativa específica para calcular los intereses en el sistema de riesgos del trabajo: el artículo 12 de la Ley 24.557, modificado por el DNU 669/2019.

3. La Fórmula del Cálculo: Un sistema “Mixto”

Lo más relevante del fallo es la interpretación sobre cómo aplicar el DNU 669/2019 (que establece la actualización por RIPTE) a un accidente ocurrido en 2015, es decir, antes de la vigencia de dicho decreto.

El voto del juez Lozano (al que adhiere la mayoría en la solución) establece un criterio de no retroactividad para proteger el derecho de propiedad, resultando en un cálculo dividido en dos etapas:

1. Desde el accidente (Julio 2015) hasta la vigencia del DNU 669 (8 de Octubre de 2019): Se debe aplicar la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación (TABN). Fundamento: No se puede aplicar el RIPTE retroactivamente porque modificaría intereses ya devengados bajo la ley anterior.

2. Desde el 9 de Octubre de 2019 en adelante: Se aplica la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) conforme lo ordena el DNU 669/19.

4. ¿Qué significa esto en la práctica?

Este fallo es un golpe al criterio de actualización por IPC + 3% que utilizaban varias salas de la Cámara del Trabajo para proteger el crédito laboral de la inflación.

El TSJ ordena volver a la tasa de interés bancaria (Tasa Activa) para los períodos viejos y usar el RIPTE para los períodos nuevos. Esto generalmente resulta en montos de condena inferiores a los calculados por inflación (IPC), lo que representa un alivio financiero para las ART y empleadores, pero es criticado por sectores que consideran que el RIPTE o la Tasa Activa no alcanzan a cubrir la inflación real en ciertos períodos.

El Dato: La jueza Alicia Ruiz votó en disidencia, argumentando que el DNU 669/2019 no debería aplicarse en absoluto al caso porque la primera manifestación fue en 2015, y la aplicación retroactiva de ese decreto (incluso parcial) perjudica al trabajador, violando el principio de progresividad.

 

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Sentencia completa

Fuente: TSJ CABA, “Asociart S.A. ART s/ Queja… en Valdez”, Expte. n° TSJ 42326/2025-0, Sentencia del 03/12/2025.

 

 

Expte. n° TSJ 42326/2025-0

“ASOCIART S.A ART s/ QUEJA POR

RECURSO DE

INCONSTITUCIONALIDAD

DENEGADO (LABORAL) en VALDEZ

CARLOS ALBERTO C/ ASOCIART SA

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL

TRABAJO S/ ACCIDENTE – LEY

ESPECIAL (EXPTE N° 49351/2017)”

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1. Asociart ART SA interpuso ante el Tribunal una queja por recurso de

inconstitucionalidad denegado.

2. El recurso que la queja intenta sostener se dirigió contra la decisión de

la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dispuso,

previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23928

(modificado por el art. 4° de la ley 25561), actualizar el capital de condena

desde la fecha de exigibilidad del crédito —julio de 2015, por ser la fecha de la

primera manifestación invalidante— hasta la de su efectivo pago, de acuerdo

con el índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC —

utilizándose el índice de Remuneración Imponible Promedio de los

Trabajadores Estables (RIPTE) para el período que corre entre el 01-11-2015 y

el 01-05-2016, atento a la inexistencia de datos oficiales del mencionado IPC

durante dicho lapso—, con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual

período.

3. En su recurso de inconstitucionalidad la ART alegó que la Sala IV se

apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida

en los precedentes “Oliva”, “Lacuadra”, “Bonet” y “Espósito”, lesionando sus

derechos de propiedad, a ejercer toda industria lícita y al debido proceso.

4. La Sala IV desestimó el recurso, sin sustanciar, con el argumento de

que no se encontraba previsto en el ordenamiento procesal que estimó

aplicable. Ello motivó la queja ante el Tribunal referida en el punto 1.

5. En atención a lo dispuesto por Acordada n° 22/2025, se habilitó a la

recurrente a notificar el traslado del recurso de inconstitucionalidad ordenado

por el Tribunal mediante el sistema Lex 100, librando cédula electrónica a la

contraria en el expediente principal.

1La parte actora contestó el traslado; alegó que el recurso de su contraria

no cumplía con el requisito de fundamentación autónoma y que no existía una

cuestión federal ni arbitrariedad y rechazó los agravios de la recurrente en

relación con el método de actualización del capital de condena y la tasa de

interés fijados por la instancia anterior.

6. El Fiscal General emitió el dictamen de su competencia.

Fundamentos:

1. La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma y demuestra la

existencia de una genuina cuestión constitucional vinculada a los derechos de

propiedad, de defensa en juicio y a la prohibición de arbitrariedad que a este

Tribunal corresponde decidir.

2. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso

la actualización del capital de una indemnización por enfermedad profesional

calculada conforme el régimen legal de riesgos del trabajo —ley 24557 y sus

modificatorias—, cuya primera manifestación invalidante ocurrió en el mes de

julio de 2015, mediante el índice de Precios al Consumidor (IPC) —o el índice

de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)

para el período en que no existen datos oficiales de aquél— desde su

exigibilidad y hasta el efectivo pago, con más un interés puro del 3% anual por

igual lapso. Para así decidir, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7° de la

ley 23928 (modificado por el art. 4° de la ley 25561).

La ART condenada se agravió por considerar que la decisión de indexar

el capital de la sentencia fue descalificada por arbitraria por la Corte Suprema

de Justicia de la Nación en el precedente “Lacuadra” (Fallos: 347:947) y que la

aplicación de un interés puro sobre el capital indexado implicaba anatocismo,

también descartado —por la misma razón— por el máximo tribunal en el

precedente “Oliva” (Fallos: 347:100), a partir de lo dispuesto en el artículo 770

del CCyCN.

Solicitó, en consecuencia, que el capital de condena “se debe actualizar

a la tasa de interés prevista en la Ley Especial (27.348), o en su caso, se

confirme la aplicación del art. 771 del CCyCN”.

3. En el supuesto de autos, contrariamente a lo considerado por las

instancias de mérito, la tasa de interés aplicable se encuentra establecida en

una ley especial.

En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 669/2019 modificó el

artículo 12, inciso 2 de la ley 24557 y consagró el siguiente texto: “2. Desde la

fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba

realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la

2incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto

del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las

Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)

en el período considerado”.

Asimismo, el artículo 3° del citado DNU estableció: “Las modificaciones

dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos,

independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante”.

De esta norma se debe colegir que a partir de la entrada en vigencia del

DNU 669/2019 todos los casos pendientes de contingencias y situaciones

previstas en el régimen legal de riesgos del trabajo regulado en la ley 24557 y

sus modificatorias deben resolverse aplicando el nuevo texto normativo, aun

cuando la primera manifestación invalidante fuera anterior a aquella —a

diferencia de lo ocurrido con la modificación del artículo 12 de la ley 24557 por

el artículo 11 de la ley 27348, que conforme su artículo 20 sólo tenía efectos

respecto a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resultara

posterior—.

Es que el artículo 3° del DNU 669/2019 ordenó que lo allí dispuesto no

sólo debe aplicarse “a las consecuencias de las relaciones y situaciones

jurídicas existentes” y a las relaciones y situaciones jurídicas que nazcan

después de su entrada en vigencia —esto es, hacia el futuro, conforme la regla

general contenida en el primer párrafo del artículo 7° del CCyCN, y que por lo

tanto no requería previsión normativa expresa—, sino también hacia el pasado

en los términos del segundo párrafo de dicho artículo que establece que “Las

leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto

disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar

derechos amparados por garantías constitucionales”.

En este caso, la aplicación del criterio establecido en el DNU 669/2019

para cuantificar los intereses correspondientes a un período anterior a su

emisión no trasunta, prima facie, un agravio al derecho de propiedad de las

partes. Efectivamente, en el sub examine los accesorios no estaban

determinados al momento del dictado de la norma, ya que no fueron acordados

por las partes ni se encontraban previstos en la ley especial vigente al

momento de la primera manifestación invalidante. En consecuencia, su fijación

estaba deferida a la decisión judicial expresada a través de una sentencia

firme. En ese contexto, el DNU sólo ha hecho explícito el criterio que deben

aplicar los magistrados para cuantificar los accesorios, garantizando la igualdad

ante la ley de todos los beneficiarios y aseguradoras del régimen especial de

riesgos del trabajo y evitando eventuales desigualdades derivadas del

transcurso del tiempo o de la disparidad de criterios judiciales en la materia.

4. Este Tribunal se ha pronunciado respecto a cómo debe aplicarse lo

dispuesto en el inciso 2 del artículo 12 de la ley 24557 (texto modificado por el

DNU 669/2019) en el precedente “PROVINCIA ART S.A. s/ QUEJA POR

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en

3BOULANGER ROBERTO EDUARDO C/ PROVINCIA ART S.A. S/ RECURSO

LEY 27348 (EXPTE. N° 31433/2023)” , expte. n° 87079/2025, sentencia del 01-

10-2025, a cuyos fundamentos corresponde remitir en lo pertinente en razón de

brevedad.

Allí el Tribunal indicó que la tasa de variación de las RIPTE contemplada

en el artículo 12, inciso 2 de la ley 24557 debe ser computada conforme el

siguiente método: “Índice RIPTE correspondiente a la fecha en la que debe

ponerse a disposición la indemnización” dividido “Índice RIPTE

correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante” menos “1”

multiplicado por “100”.

5. De lo expuesto cabe concluir que la sentencia recurrida se apartó del

marco jurídico vigente aplicable al caso, motivo por el cual corresponde hacer

lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de la demandada, revocar

la decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y

ordenar que el cálculo del interés de la indemnización debida a la actora se

efectúe de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 24557 (texto

conforme el DNU 669/2019).

Costas por su orden atento la índole de la cuestión debatida.

El juez Luis Francisco Lozano, por su voto, dijo:

1. La queja procede, pues ha sido deducida en tiempo y forma, muestra

que el recurso de inconstitucionalidad que intenta sostener está dirigido contra

una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa y presenta

un caso que suscita la competencia del Tribunal en el marco del art. 113,

párrafo 3º de la CCABA, en tanto se agravia por la declaración de

inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4° de

la ley 25.561, por oposición a la Constitución Nacional, declaración que abrió el

camino al a quo para potenciar la suma condenada por el índice de precios del

consumidor, más una tasa pura del 3% anual.

2. Por las razones que paso a exponer, también el recurso de

inconstitucionalidad debe prosperar.

Cuestiona, como dije, la declaración de inconstitucionalidad de la

prohibición de indexar prevista en el artículo 7 de la ley 23.928 y la

consecuente aplicación de un índice de precios para el ajuste del capital de

condena. A ese respecto, in re “Massolo”1 y, más recientemente en Fallos:

1 Fallos: 333:447 13) Que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa mantenimiento de la

prohibición de toda clase de actualización monetaria escapa al control de constitucionalidad pues la

conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (conf. Fallos: 290:245;

306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre muchos

otros), y la Corte Suprema ha sostenido que los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 constituyen una decisión

clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10

4347:12232 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez

constitucional de la prohibición de indexar, la cual destacó además como una

de orden público, sin que el a quo haya ofrecido razones no tratadas para

apartarse de dichos precedentes. Cabe precisar que esta afirmación toma en

consideración que, conforme se explica seguidamente, existen en la ley

aplicable remedios aptos para mantener la integridad del crédito cuyo pago se

ordenó, sin necesidad de recurrir a la declaración de inconstitucionalidad

dispuesta.

En función de lo expuesto, corresponde (i) hacer lugar al recurso de

inconstitucionalidad, y (ii) revocar la sentencia impugnada en cuanto dispuso la

declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar (cf. artículo 7

de la ley 23.928) e indexó el capital de condena de acuerdo con la evolución

del IPC.

3. En función de la competencia que asiste a este Tribunal en los

términos del artículo 31 de la ley 402, revocada la sentencia en ese punto,

corresponde establecer la medida de la reparación que debe concederse al

actor a causa de la mora en el pago de su crédito.

A dicho respecto, considero que la aplicación del DNU 669/2019, con el

alcance dispuesto por este Tribunal en “PROVINCIA ART S.A. s/ QUEJA POR

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en

BOULANGER ROBERTO EDUARDO C/ PROVINCIA ART S.A. S/ RECURSO

LEY 27348 (EXPTE. N°31433/2023)”, expediente 87079/2025, sentencia del

01-10-2025, sólo es suficiente para resolver la cuestión relativa a la reparación

por la mora en aquellos casos en los que la primera manifestación invalidante

(hoy art. 75, inc. 11), de la Constitución Nacional de “Hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las

extranjeras…” (conf. causa “YPF” en Fallos: 315:158, criterio reiterado en causas 315:992 y 1209;

319:3241 y 328:2567). […] 15) Que aun cuando el derecho de propiedad pudo tener en la actualización

por depreciación monetaria una defensa eficaz de los derechos patrimoniales en determinados períodos,

su perduración sine die no sólo postergaría disposiciones constitucionales expresas, como las del art. 67,

inc. 10, de la Constitución Nacional (hoy art. 75, inc. 11), sino que causaría un daño profundo en la esfera

de los derechos patrimoniales todos, al alimentar esa grave patología que tanto los afecta: la inflación. No

puede admitirse que lo que fue solución de especie frente a un problema acotado temporalmente y en su

configuración, en la que no incidieron normas como las que recientemente dictó el Congreso Nacional

para procurar una moneda nacional apta, se trueque en vínculo estable, alterando así su naturaleza

esencial (conf. Fallos: 315:158, 992 y 1209). 16) Que no obstante fundarse la constitucionalidad del

régimen nominalista adoptado en el principio de la “soberanía monetaria”, conforme lo indica conocida

regla de interpretación, corresponde que los jueces interpreten las disposiciones de las autoridades

políticas de modo de dar pleno efecto a la intención del legislador (conf. Fallos: 296:22; 297:142; 299:93;

301:460; 315:158 y 1209; 326:704; 327:5345 y 330:4713, entre otros). Permitir la vigencia y aplicación de

una cláusula de estabilización como la establecida en autos, significaría desconocer el objetivo

antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición

genérica de la “indexación”, medida de política económica que procura evitar que el alza de los precios

relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata

en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de

cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de

precios (conf. Fallos: 329:385) y a crear desconfianza en la moneda nacional.

2 Allí se sostuvo que “las disposiciones de las leyes 23.928 y 25.561 son de orden público (cons. 10) y

que el art. 4° de la ley 25.561, al sustituir el texto de los arts. 7° y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la

prohibición de indexar que establecían dichas normas”.

5es posterior al 9 de octubre de 2019, fecha de entrada en vigencia del DNU

669/2019 allí aplicado.

En cambio, no es suficiente para resolver la cuestión en casos donde la

primera manifestación invalidante es previa a la entrada en vigencia del DNU

669/2019. En efecto, si bien el mencionado decreto es aplicable “a todos los

casos con independencia de la fecha de la primera manifestación invalidante”

(cf. artículo 3 del DNU 669/20193), entiendo que ello debe ser interpretado con

el siguiente alcance: (i) la modificación normativa es aplicable inclusive a los

casos de manifestaciones invalidantes previas a la entrada en vigencia del

DNU, pero sólo para la determinación del ajuste del ingreso base a devengarse

por los períodos posteriores a la mencionada entrada en vigencia, mientras que

(ii) la medida del incremento de dicho ingreso base devengada durante el

período previo a dicha entrada en vigencia deberá mantenerse fijada en función

de la normativa entonces vigente —que, por ejemplo, a partir de la ley 27.348

refirió al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a

treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina—.

Considero que dicha interpretación de lo dispuesto en el artículo 3 del

DNU 669/2019 —y sus resoluciones reglamentarias— es consistente con su

letra, que no se anuncia como retroactiva, aunque sí como dirigida a mitigar los

intereses (ver considerandos del decreto en general y el 8vo. especialmente).

Ciertamente, no basta con establecer que la ley es aplicable a las

consecuencias de infortunios anteriores, porque de ello lo único que se

desprende es su aplicación inmediata a las consecuencias, de esos infortunios,

aún no ocurridas; no la sustitución de intereses ya devengados por un sistema

de actualización. Tengo presente que estamos ante un sistema que, por ser de

seguro, tiene que observar los necesarios equilibrios para mantener las

prestaciones dentro del campo de riesgo asegurado, pero justamente esa

circunstancia sugiere una lectura según la cual los cálculos actuariales

practicados para definir el valor de las primas correspondientes a los

respectivos períodos debieron contemplar, entre los riesgos a afrontar, la tasa

de interés vigente. En ese mismo orden de ideas, la circunstancia de que la

reforma del sistema se haya dispuesto por DNU indica además que la solución

a un eventual desequilibrio no estuvo sujeta a las dilaciones propias del trámite

legislativo, que pudieran haber demorado la respuesta al cambio de costos.

Considero también que la mencionada interpretación es también la más

armoniosa con el artículo 17 de la Constitución Nacional, tal como ha sido

interpretado tradicionalmente por la CSJN. En ese sentido, cabe destacar la

doctrina del precedente “Avico c. de la Pesa” (Fallos 172:21), en el que la

CSJN no consideró que la ley de moratoria hipotecaria fuera inconstitucional,

entre otras razones, porque sus efectos en cuanto limitaban los intereses

aplicables regían sólo para el futuro; es decir, no avanzaba sobre los ya

devengados y, por ello, adquiridos como derecho. Así lo expuso en Fallos

3 ARTÍCULO 3°- Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos,

independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.

6176:22, donde con la misma integración, refiriéndose a su pronunciamiento en

“Avico c. de la Pesa”, afirmó que “los intereses que ya se habían percibido por

el acreedor, o que se le estuviese adeudando por cualquier lapso de tiempo

anterior a la vigencia de la ley, no fueron modificados por ésta, ni habrían

podido serlo constitucionalmente” (el destacado me pertenece), y sobre dicha

base se negó a agravar las condiciones de obligaciones devengadas con

anterioridad a un cambio normativo con pretendido efecto retroactivo.4

Similarmente, en Fallos 333:1433, la CSJN rechazó la aplicación

retroactiva de la modificación del régimen de riesgos del trabajo (cf. DNU

1278/2000), con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación,

destacando que el decreto “no estaba vigente al momento de ocurridos los

hechos que dieron motivo al reclamo”, y en que “el fallo judicial que impone el

pago de una indemnización por un infortunio laboral solo declara la existencia

del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello, la

compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando

ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el

presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con

independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el

reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos :

314: 481; 315 :885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva

de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían

producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 314:481; 321:45)”.

Si bien es cierto que la CSJN ha admitido en ocasiones la aplicación

propiamente retroactiva de la legislación en cuestiones relativas al derecho de

los trabajadores y/o beneficiarios de regímenes de la seguridad social5

,

encuentro que lo hizo siempre en beneficio de la parte de la relación

considerada más débil (el trabajador y/o el pensionado) ya sea en el

entendimiento de que ello era conducente y/o necesario para la conservación

del valor económico de las prestaciones involucradas (tal el caso de Fallos

294:434), o con invocación del principio de progresividad (tal el caso de Fallos

332:2454). Y en el citado precedente “Calderón” hizo ostensibles esfuerzos por

establecer que la interpretación que defendía allí la parte recurrente no

importaba una aplicación retroactiva de la ley, sino que se limitaba a conceptos

sólo devengados con posterioridad a su entrada en vigencia, y sobre dicha

base revocó la decisión que había negado la aplicación de las nuevas

prestaciones a las consecuencias de un accidente ocurrido con anterioridad.

La ausencia de una manifestación clara que redujere los intereses ya

devengados, aunque ilíquidos, —manifestación que no aparece en el texto del

DNU ni en su reglamentación—, así como las consideraciones realizadas en

torno a la interpretación del artículo 17 de la Constitución Nacional que

4 Cabe señalar que la cita se circunscribe a la interpretación del precedente Avico por la propia Corte, sin

que la materia a que la aplica constituya premisa para la motivación de este voto.

5 Tal los casos de Fallos 294:434, Fallos: 332:2454, y el precedente “Calderón Celia Marta c. Asociart

ART S.A.” de fecha 29 de abril de 2014.

7tradicionalmente ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación me llevan

a interpretar que el artículo 3 del DNU 669/2019 se circunscribe al cálculo del

incremento del ingreso base, en la medida correspondiente a los períodos

posteriores a su entrada en vigencia, aun cuando es aplicable a los supuestos

de una primera manifestación invalidante previa.

4. Establecido lo anterior, corresponde entonces referirme a la

determinación de los intereses aplicables entre la fecha de la primera

manifestación invalidante y la fecha de entrada en vigencia del DNU 669/2019

(9 de octubre de 2019), adelantando en este punto mi opinión en el sentido de

que corresponde la aplicación de la tasa activa cartera general nominal anual

vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, capitalizable

anualmente, la cual encuentro adecuada en función de las variables

económicas registradas durante dicho período, así como consistente con las

reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina (cf. artículo 768

inciso “c” del CCC), conforme explico a continuación.

4.1. El art. 768 CCC remite a las tasas que se fijen en el mercado

financiero regulado por el BCRA, mas no delega en el BCRA la

determinación de las tasas específicas que deben ser aplicadas por los

tribunales. Al remitir a “las tasas que se fijen según las reglamentaciones del

Banco Central de la República Argentina”, el art. 768 inc. c CCC establece que

la mora en las obligaciones dinerarias se repara con intereses cuyas tasas son

las del mercado financiero regulado por el BCRA. Habida cuenta de que dicho

mercado comprende un número variado de operaciones, ello implica que,

utilizando su razonable discreción, reconocida en Fallos 347:100 (considerando

4 in fine), el juez de la causa debe buscar una tasa de interés adecuada a las

características de duración del litigio y las de la materia objeto de él (arg. Art

1726 CCC), entre las diversas aplicadas por las entidades financieras, siempre

dentro del ámbito reglamentado por el BCRA. Este ámbito es el mercado de la

oferta pública a recibir dinero, remunerándolo o resguardándolo, y prestarlo a

intereses y plazos convenidos por los contratantes.

En cambio, no parece sostenible interpretar dicha regla como una

delegación para que el Banco Central fije los valores de las tasas propiamente

dichas6. En la obra que dirige el Ministro Lorenzetti, como académico, se relata

que la doctrina mayoritaria, aunque con matices, sostiene que: “… lo

6 La referencia a “tasas que se fijen” contenida en la norma utiliza una voz pasiva que equivale a decir

“tasas que sean fijadas” por un sujeto agente que permanece tácito, y que no debe confundirse con el

autor de las reglamentaciones que regulan la mencionada acción de “fijar”. La forma pronominal “se” en la

norma no cumple una función reflexiva (pronombre reflexivo) ―en virtud de la cual el sujeto realiza y

recibe a la vez la acción― pues no forma parte, con su antecedente ―”tasas”― de un mismo predicado.

Dicho de otra forma, las “tasas” no son el agente, no se fijan a sí mismas, ni son fijadas por el autor de la

regulación, sino que son fijadas por el sujeto tácito impersonalmente referido como operador de la acción

de fijar, y que debe obrar dentro de las regulaciones del BCRA (v. Nueva gramática de la lengua española

y Glosario de términos gramaticales, Real Academia Española, en https://www.rae.es/gtg/ y

https://www.rae.es/gram%c3%a1tica/).

8establecido en la norma sólo constituye un elemento a tener en cuenta por los

jueces, quienes conservan la facultad de establecer [la tasa]”. Destacando en

ese sentido que “[t]al ha sido una de las conclusiones en las XX Jornadas de

Derecho Civil de Bahía Blanca en 2015, donde la mayoría entendió que: ‘La

previsión del artículo 768, inciso c, no implica la delegación al Banco Central de

la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las

tasas fijadas por el Banco Central [sic] servirán como pauta que podrá ser

utilizada por el juez en esta tarea’”7

.

Esta lectura se ve reflejada en el art. 552 CCC8 que dejó establecido que

las referencias a las reglamentaciones del Banco Central deben leerse como

efectuadas al mercado que regula, aun aclarando que en ese caso deberá

optarse por la tasa más alta de ese mercado. No hay razones para leer el art.

768 CCC aislado del art. 552 CCC. Similarmente, el artículo 1381 CCC9

demuestra que cuando el legislador tuvo la voluntad de que los tribunales

aplicasen una tasa de interés específica, publicada por el BCRA, así lo

manifestó de modo claro, sin una referencia genérica a sus regulaciones. Ni

siquiera en dicha hipótesis puede reconocerse una delegación al BCRA con el

alcance limitado a dicho artículo, sino que la norma remite a la autoridad

técnica del BCRA para determinar la tasa promedio del mercado que regula y

darla a conocer al público. En efecto, el BCRA no determina ni fija las tasas

promedio a las que se refiere el artículo comentado, sino que su rol está

limitado a recabar el dato de las tasas que efectivamente aplican las entidades

reguladas en la plaza financiera, y publicar el promedio resultante de dicha

información.

En el mismo sentido, conviene subrayar que la Carta Orgánica del

Banco Central no incluye semejante potestad10, es decir, no cabe sostener que

la fijación de intereses sea una de las facultades reglamentarias a que me

refiero en “La facultad del Congreso de crear funciones administrativas

regulatorias”11, ni una delegación que, en esas condiciones, sería difícil de

conciliar con el art. 76 de la Constitución Nacional, considerando la materia

involucrada, así como la falta de bases y límites temporales para ejercerla12

.

Tampoco lo ha interpretado en ese sentido el Banco Central, que mantuvo el

7 Código Civil y Comercial explicado, Doctrina – Jurisprudencia, Ricardo Luis Lorenzetti Director General,

Rubinzal – Culzoni Editores, 2021, página 102.

8 Dicho artículo establece que las deudas por alimentos devengan: “… una tasa de interés equivalente a

la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central…”.

9 ARTICULO 1381.- Contenido. El contrato debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto,

comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Si no determina la tasa de interés, es

aplicable la nominal mínima y máxima, respectivamente, para las operaciones activas y pasivas promedio

del sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina a la fecha del desembolso o de la

imposición.

10 Vale señalar que, cualquiera sea el alcance que se dé a la facultad de regular tasas de interés del art.

4 de la Carta Orgánica, parece imposible suponer que sea la de imponer tasas para uso en pleitos, ámbito

indisputablemente ajeno a sus reglamentaciones. En cambio, es indudable que el art. 768 inc. c remite a

las que sean fijadas en el sistema bancario, ámbito propio de las regulaciones del BCRA.

11 “La facultad del Congreso de crear funciones administrativas regulatorias”, Luis F. Lozano, LA LEY

2009-E, 1119.

9Comunicado nº 14290 del 5 de agosto de 1991 en donde, con lenguaje

inequívoco dice que “[e]l Banco Central […] informa que […] se ha resuelto

difundir una nueva serie estadística de tasas de interés pasivas que podrá ser

utilizada por los Jueces a los fines previstos en el artículo 622 del Código Civil”.

Es decir, no asumió que el CCC introdujera un incremento de sus atribuciones.

Por lo tanto, al referirse a “las tasas que se fijen según las

reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina”, el art. 768 inc.

“c” CCC libra a la discreción judicial la elección, entre las tasas fijadas en el

mercado de conformidad con las regulaciones del BCRA, de la más apropiada

para la clase de obligación morosa de que se trate.

En ese punto, el BCRA puede jugar un rol muy importante como

productor y facilitador de índices y/o herramientas de información que permitan

a los operadores jurídicos navegar la información relativa a las tasas del

mercado y su aplicación en los diferentes intervalos de tiempo que pudieran ser

pertinentes, lo cual resulta esencial para la operación eficaz del sistema. Se

trata de la autoridad pública por excelencia con acceso a dicha información y

cuenta una experiencia y capacitación especializada superior al resto de los

agentes públicos y operadores del sistema en promedio.

Naturalmente, ello debe hacerse de modo consistente con el art. 1747

CCC según el cual “[e]l resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del

daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su caso, a la cláusula

penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad de morigerar del juez cuando

esa acumulación resulte abusiva.”

4.2. El art. 768 CCC en contexto. Como concepción general

comprensiva de todo el régimen reparatorio, el art.174013del CCC adopta el

principio de la reparación plena como un concepto “paraguas” que,

naturalmente, debe orientar también la búsqueda judicial en el señalado campo

del art. 768 inc. “c” CCC. Ese art. 768 CCC ha sido sancionado en el contexto

de ese cuerpo normativo presentado como un sistema cuyo propósito es

abarcar de un modo completo y coherente el campo de conductas que define.

Consecuentemente, debe ser leído como fruto de una misma voluntad

legislativa, consagratorio de los mismos principios que el cuerpo, y no como

una excepción a sus reglas. Ello es así, en tanto no indica el propósito de

apartarse de otros de sus contenidos.

Se trata de la reglamentación legislativa del derecho de propiedad

tutelado por la Constitución Nacional, en supuestos alcanzados por el recibido

12 Aun vista como creación de una competencia administrativa regulatoria, poco natural por cierto, no

sería válida si el Poder Legislativo nacional no indicara el objetivo con que el ejercicio de la delegación

debiera cumplir (cf. “Prattico c/Basso”, Fallos 246:345).

13 Dicho artículo dispone que “[l]a reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la

situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La

víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible,

excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados

de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la

publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”.

10principio romano alterum non laedere, “… cuyo norte es procurar la justa

reparación de todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte

en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio o en sus derechos o

facultades” (cf. Fallos: 340:1038 y sus citas), y en función del cual la CSJN ha

establecido también que “… dicha reparación integral no se logra si el

resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se

concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del

daño que pretende resarcirse” (conf. Fallos 314:729, cons. 4 y 316:1949, cons.

4, entre otros).

¿Cómo poner a quien una sentencia reconoce como damnificado en el

estado anterior al hecho dañoso, en un contexto de alta inflación, cuando ello

sólo puede ser atendido por medio del dinero? Es decir ¿cómo justipreciar en

un momento posterior, usualmente muy posterior, la pérdida sufrida por el

damnificado, cuando además del daño originario tenemos el daño que

provocan la demora y la imposibilidad de dar, a la moneda del tiempo en que se

repara, el valor que habría tenido en el escenario de precios existente al tiempo

de la mora?

De lege ferenda, a la hora de velar por la plenitud en la reparación,

pueden elaborarse dos soluciones posibles cuya adopción tiene una clara

incidencia en el criterio aplicable en materia de resarcimiento por la mora.

i. Una solución consiste en acordar a la prestación el valor (antes que el

monto) que tiene al tiempo de su conversión en dinero. Se trata del régimen de

las obligaciones de valor y/o de las obligaciones cuyo monto está indexado por

ley. No se trata aquí de ingresar en el terreno de cuáles son deudas de valor y

cuáles de dinero; sino de establecer cómo se repara la mora cuando el importe

que opera como base de liquidación del interés está fijado en moneda de un

momento posterior a dicha mora, y consecuentemente la tasa se devenga

sobre un monto que ya corrige la depreciación. Dicho de modo general, cuando

se potencia una suma de dinero fijada a determinada fecha en un monto que se

estima equiparable a otra fecha, presente o más próxima al presente, aplicando

a la primera índices de precios. Esta apreciación, quizás conceptualmente

atractiva, tiene serias dificultades para ser concretada, ya que los índices de

precios sufren las imprecisiones ―desvíos del propósito― propios de la

adquisición de los datos, de la composición de las canastas de bienes

contemplados en su formulación, de alteraciones estacionales compensadas

por medios cuyo impacto es opinable, etcétera. No se trata de errores en la

información de la que parten, ni de errores en los cálculos, sino simplemente de

que el concepto depreciación es, por así decirlo, inasible.

Si bien este sistema fue ampliamente usado a partir del pronunciamiento

“Camusso Vda. De Marino c/Perkins SA” de la CSJN, de fecha 1º de octubre

de 1976 (Fallos 294:434) y ha sido adoptado expresamente por el legislador

para algunas hipótesis específicas vigentes —obligaciones de valor en general,

indemnización por accidentes de trabajo (ley 24.557), Coeficiente de

Estabilización de Referencia (ley 25.827); Unidad de Vivienda actualizable (ley

1127.271); etcétera—, su aplicación no constituye una regla general.

En efecto, fuera de tales hipótesis específicas, como regla general rige la

prohibición de indexar establecida, como de orden público, en el artículo 10 de

la Ley 23.928, la cual ha sido declarada constitucional y vigente por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades (cf. Fallos:

333:447 in re “Massolo”14 y, más recientemente en Fallos: 347:122315)

En este modelo, la tasa de interés aplicable durante la mora deberá ser

de las denominadas “puras”, tendente a compensar exclusivamente el tiempo

durante el cual el acreedor fue privado del uso del dinero, pero no su

desvalorización (cf. doctrina de Fallos 347:1446 in re “Barrientos”).

ii. La alternativa es fijar nominalmente el importe del resarcimiento a

la fecha en que se concretó el perjuicio, como sucede en todas las hipótesis de

responsabilidad en general respecto de las cuales no está habilitada la

indexación del capital en los términos descriptos en el párrafo previo. Es el

caso de las obligaciones de dar sumas de dinero, previstas en el artículo 765 y

concordantes del CCC, así como el de la indemnización por despido prevista

en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, entre muchos otros

ejemplos.

En estos supuestos, los intereses que se apliquen para resarcir el

perjuicio derivado de la mora en el pago deben considerar, además de la

privación de su capital, la depreciación de la moneda en la que está

denominada la obligación como un elemento incorporado a la tasa de interés.

Caso contrario, el criterio aplicado no sería consistente con el ya citado

principio de reparación integral (plena del artículo 1740 CCC), ni con la doctrina

de la CSJN según la cual “… dicha reparación integral no se logra si el

resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se

concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del

daño que pretende resarcirse” (cf. Fallos 314:729, cons. 4 y 316:1949, cons. 4,

entre otros).

A tales fines, al menos en un contexto económico como el registrado en

la República Argentina en los últimos 15 años, no puede recurrirse simple y

exclusivamente a tasas pasivas —inconsistentes con cualquier idea posible de

14 “16) Que no obstante fundarse la constitucionalidad del régimen nominalista adoptado en el principio

de la “soberanía monetaria”, conforme lo indica conocida regla de interpretación, corresponde que los

jueces interpreten las disposiciones de las autoridades políticas de modo de dar pleno efecto a la

intención del legislador (conf. Fallos: 296:22; 297:142; 299:93; 301:460; 315:158 y 1209; 326:704;

327:5345 y 330:4713, entre otros). Permitir la vigencia y aplicación de una cláusula de estabilización

como la establecida en autos, significaría desconocer el objetivo antiinflacionario que se proponen

alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la “indexación”, medida de

política económica que procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de

los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo

tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores,

contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (conf. Fallos: 329:385) y a

crear desconfianza en la moneda nacional”.

15 Allí se sostuvo que “las disposiciones de las leyes 23.928 y 25.561 son de orden público (cons. 10) y

que el art. 4° de la ley 25.561, al sustituir el texto de los arts. 7° y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la

prohibición de indexar que establecían dichas normas”.

12reparación plena en el mencionado contexto— sino que el perjuicio debe

medirse utilizando en cierta medida alguna variante de tasas activas, que sea

representativa del costo real de una financiación posible16. Expuesto

coloquialmente, ello equivale a suponer que el damnificado tomó un crédito en

el mercado por el importe del perjuicio al inicio de la mora y que la condena le

da el necesario para devolverlo con sus intereses. Si bien esta suposición

constituye una ficción, entiendo que es la que mejor ilustra la voluntad del

legislador al (i) establecer la prohibición de indexar sumas de dinero (cf. artículo

10 de la ley 23.928) y (ii) sancionar el artículo 768 inciso “c” del CCC.

En verdad, las tasas de interés activas, sin distinguir conceptos

expresamente, toman en consideración la compensación de la privación del

uso del dinero, la depreciación prevista de la moneda y la evaluación del riesgo

de que el deber de devolver no sea atendido en el tiempo y forma pactados.

En ausencia de un cuestionamiento constitucional apropiado, no cabe

apartarse de tales reglas (cf. doctrina de Fallos 335:2333 in re “Rodriguez

Pereyra”). En todo caso, deben ser interpretadas del modo más armonioso con

la Constitución, y dicha armonía se obtiene, en buena medida, procurando

resultados en los que la reparación que depare cada uno de los escenarios

(deudas de valor vs. obligaciones de dar sumas de dinero con interés) sean

similares o cercanas, aproximándose así a la idea de reparación integral

adoptada por el Poder Legislativo como reglamentación del derecho de

propiedad garantizado por el art. 17 de la CN.

Así lo entendió la CSJN en el precedente de Fallos 316:3131 en el que

consideró inaceptable un sistema de capitalización de intereses sobre la base

de que “… supera significativamente el monto que resultaría de aplicar, en el

período correspondiente, los índices de aumento de precios por los que se

persigue mantener la intangibilidad del crédito”.

En esa comparación conviene tener presentes las limitaciones o desvíos

de uno y otro modelo, corrigiendo en función de la realidad que posibilite

constatar todo elemento útil de conocimiento, especialmente la estadística. En

definitiva, la atribución de coherencia al legislador constituye un principio de

interpretación insoslayable (cf. Fallos 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189 y

329:4007, entre otros).

Con ello sentado, se puede establecer que, así como (a) no cabe

admitir que el distinto ámbito en el que se produjeron los daños pueda

constituir un elemento que autorice una cuantificación notoriamente

disímil respecto de la misma lesión (arg. Fallos 344:2256, cons. 5), (b)

16 La referencia a los últimos quince años no es ilustrativa de todas las situaciones que hemos

experimentado como país, aunque si del período que abarca el sublite. En la década del 90, y también en

los últimos meses, las tasas reales activas han sido fuertemente positivas. Llegados a esos niveles

pierden significado pues a nuestros fines son representativas en tanto correspondan a operaciones

generalizadas. Cuando son fuertemente positivas, suele ocurrir que quien toma crédito es el estado, y lo

hace ejecutando una herramienta de política económica. Ello aleja esas tasas de ser una guía para la

cuantificación de perjuicios que reconozcan la causalidad adecuada del art. 1726 del CCC. En esas

condiciones, puede ocurrir que sea justificado acudir a tasas pasivas, y aún morigerarlas en función de

otros parámetros fundadamente escogidos.

13tampoco cabe suponer que cuando la mora recae sobre una obligación de

dar una suma de dinero —por oposición a una deuda de valor— el criterio

para reparar el daño moratorio arroje resultados notoriamente diferentes.

Además de no ser el que mejor armoniza con el artículo 16 de la Constitución

Nacional, dicho abordaje se contrapone al principio de reparación integral.

Como ya dije, tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero,

especialmente en tiempos de alta inflación, la reparación plena puede verse

decisivamente frustrada según la tasa de interés moratorio que se adopte. Ello

puede ocurrir tanto por exceso como por defecto. Según sea la tasa, el

damnificado por la destrucción de un bien podrá volver a la situación anterior al

hecho dañoso, a una peor o a una mejor, es decir, la tasa puede convertir el

pleito en un despojo o en una ganga o sinecura.

La CSJN tuvo muy en cuenta esta circunstancia cuando ordenó hacer

lugar a un pedido de corrección de la depreciación de la moneda introducido

después de la demanda y aun después de pasada la sentencia en autoridad de

cosa juzgada, a condición de que hubiera ocasión de contestarlo (“Camusso

Vda. De Marino c/Perkins SA” y “Vieytes de Fernández c/ Provincia de Buenos

Aires” ―Fallos 295:973―, entre muchos otros). De hecho, en contextos de alta

inflación en los que las tasas bancarias no resultaron suficientes para cubrir la

depreciación de la moneda experimentada, la CSJN ha derivado del artículo 17

de la Constitución Nacional el derecho a repotenciar el capital adeudado,

expresando que “… corresponde actualizar los créditos cuyo valor real se ve

disminuido por efecto de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha

demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor, en

salvaguarda del artículo 17 de la Constitución Nacional” (cf. Fallos 397:309;

298:501 y 304:792).

Asimismo, a la hora de considerar los resultados potencialmente

diversos de los dos modelos, debe tenerse presente que (i) mientras la tasa de

interés ―fijada antes de que ocurran los hechos que inciden en sus

componentes riesgo y depreciación de la moneda— siempre se basa en un

pronóstico, (ii) lo opuesto sucede con los índices de precios, que recogen datos

del pasado, aunque no por eso quedan exentos de resultados que la

jurisprudencia ha considerado irrazonables y/o desproporcionados (cf. Fallos

347:947).

Aplicadas estas observaciones a los dos modelos de reparación

referenciados, la diferencia entre uno y otro debe ser tenida en consideración a

la hora de fijar una reparación plena del daño. Ello así, porque los pronósticos

sobre cuya base se pactan intereses pueden divergir de la realidad en definitiva

verificada, al tiempo que los índices de precios pueden ser construidos sobre la

base de “canastas” inadecuadas o depender de precios por momentos

erráticos, como el del petróleo o el oro, no necesariamente vinculados con la

idea de reparación plena o con el perjuicio sufrido por el damnificado.

Consecuentemente, instado por parte legitimada, el juez debe considerar

las divergencias y evaluar sus causas hasta encontrar el equilibrio que mejor se

14adecue al contenido del orden jurídico.

4.3. El juego de los artículos 770 inciso “d” y 768 inciso “c” del

Código Civil y Comercial prohíbe al juez decidir una capitalización de

intereses inconsistente con las reglamentaciones del BCRA, pero no

prohíbe utilizar tasas bancarias con capitalización —como se verá, las

tasas efectivas bancarias, por definición, implican capitalización de

intereses—, de modo consistente con tales reglamentaciones. La

razonable discreción con la que cuentan los jueces de la causa para fijar la tasa

de interés aplicable al capital de condena (cf. Fallos 347:100) debe estar

entonces guiada por la búsqueda de la reparación integral de conformidad con

los modelos arriba comentados, y ser consistente con las previsiones legales

aplicables, entre las que se destacan los artículos 768 inciso c y 770 inciso d

del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo sentido debe ser precisado.

Lo explicado más arriba en cuanto al alcance de la remisión que hace el

artículo 768 inc. “c” CCC tiene consecuencias sobre el de la regulación relativa

a la capitalización de intereses prevista en el art. 770. En tanto (i) el inciso “d”

del artículo 770 CCC admite las capitalizaciones previstas en disposiciones

legales, (ii) el artículo 768 “c” CCC remite a tasas del ámbito regulado por el

BCRA y (iii) en dicho ámbito existen tasas efectivas ―–con capitalización por

definición, puesto que todas son a plazo—, puede concluirse que las tasas

efectivas con capitalización existentes bajo las regulaciones del BCRA son

tasas previstas en disposiciones legales.

Es que todas las tasas tienen explícita o implícitamente previsto un

momento de potencial capitalización puesto que están pensadas para un plazo

cierto de vencimiento. En última instancia, toda tasa pactada con capitalización

a plazo cierto puede ser matemáticamente convertida en otra con capitalización

a distinto plazo, o sin ella, de modo que ambas lleven a igual suma de

intereses. Claro está, a condición de establecer cuál es el plazo de pago de los

intereses, lo que, en el supuesto de las liquidaciones judiciales coincide con el

momento de pago del capital.

De hecho, frente a diversas ocasiones en las que el bloque de legalidad

le encomienda al BCRA la elaboración de series estadísticas que reflejen tasas

del ámbito que regula, aquél lo hizo capitalizando intereses sin excepción, aun

cuando los encargos no hacen referencia explícita al fenómeno. Ello revela que

la interpretación que hace el BCRA es coincidente con la que aquí se propone.

En efecto, frente al artículo 552 CCC que remite a “la tasa […] que

cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones”, y al artículo

1381 CCC que remite a la tasa “nominal” (sin hacer referencia explícita a

capitalización alguna en ambos casos) el BCRA elaboró sendas series

estadísticas en las que expresamente aplica capitalización de intereses (cf.

Comunicación “A” 7847). Idéntico fenómeno se verifica con la serie estadística

denominada “tasas de interés para uso de la justicia” (Comunicado 14290)

generada en respuesta al mandato contenido en el artículo 8 del Decreto

15529/91, para que el BCRA publique “la tasa de interés pasiva promedio”.

Las notas metodológicas publicabas por el BCRA en todos estos casos

explicitan que se trata de intereses que se capitalizan, lo cual tiene además

correlato con las correspondientes fórmulas matemáticas empleadas en cada

caso17

.

Lo expuesto muestra que cuando el CCC remite a las tasas del ámbito

regulado por el BCRA lo hace en su modalidad efectiva (es decir, con

capitalización de intereses), tal y como ha sido interpretado por el BCRA en

todos los casos.

En tales condiciones, la capitalización que veda el art. 770 no es la

necesariamente contenida en las tasas del ámbito regulado por el BCRA ―en

las denominadas “tasas efectivas”—, sino aquélla que, de modo superpuesto,

pudiera resultar de una decisión judicial.

No constituyen un obstáculo en este análisis los precedentes de la

década de 1990 en los que la CSJN revocó sentencias de las diversas cámaras

nacionales que habían dispuesto la aplicación de intereses capitalizados (cf.

Fallos 316:3131 y 325:1652, entre muchos otros), por cuanto tales precedentes

fueron decididos (i) sobre la base de que el resultado de la liquidación era

desproporcionado comparado con los índices de inflación registrados —lo cual

es consistente y resulta atendido con la articulación de los dos modelos arriba

presentados— y/o (ii) sobre la base del artículo 623 del Código Civil que

contenía la prohibición de aplicar anatocismo en el ámbito civil —el cual fue

derogado a partir de agosto de 2015—.

Cabe destacar que el mencionado artículo 623 del Código Civil resultó

reemplazado por las disposiciones más arriba referidas que, en buena medida,

vinieron a consagrar con alcance general la remisión a las tasas bancarias, que

hasta entonces estaba prevista únicamente para los contratos de préstamo

comerciales (cf. artículo 565 del Código de Comercio). El mencionado

reemplazo es relevante a los fines de la argumentación, ya que, durante la

vigencia del artículo 565 del Código de Comercio, numerosas opiniones

consideraban que la remisión que en él se hacía a las “tasas que cobren los

bancos” importaba la incorporación del anatocismo al cálculo de los intereses

en la medida en que dicho instituto era en rigor aplicado por los bancos,

siempre regulados en su actuación por el Banco Central18. Lo mismo cabe decir

respecto de la experiencia de la determinación de tasas de interés por parte de

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el precedente “Oliva”

resultante de ellas. Durante años, de acuerdo con las condiciones fijadas en el

Acta 2658/2017 de esa Cámara, el fuero del trabajo aplicó a los créditos

laborales la “Tasa Efectiva Anual” que publica el Banco de la Nación Argentina.

17 Tanto la Comunicación “A” 7847” como el Comunicado 14290 expresamente afirman que “la serie

estadística reflejará diariamente la capitalización de la tasa”, en sus diferentes alternativas y escenarios.

18 En ese sentido pueden verse los desarrollos realizados en los fallos plenarios “Uzal SA c/ Moreno,

Enrique s/ ejecutivo” (CNCOM – 2/10/91) y en “Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de

Plenario” (CNCOM – 25/08/2003).

16Dicha tasa, en tanto efectiva, está calculada contemplando la capitalización de

los intereses mensuales establecidos en función de la correspondiente tasa

nominal anual, de conformidad con lo requerido por el Banco Central en el

punto 3.3 de la Comunicación “A” 6541. Las tasas efectivas así calculadas

―con la capitalización de intereses correspondiente— no fueron invalidadas

por arbitrarias o inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación19, sino cuando, en el caso “Oliva”, consideró arbitraria la resultante del

criterio por el cual la Cámara de Apelaciones del Trabajo sumó a la efectiva del

Banco Nación ―que implica intereses capitalizados mensualmente— una

capitalización anual extra (cf. Acta Nro. 2764/2022)20. La Corte ordenó su

reemplazo por otra consistente con las reglamentaciones del BCRA, lo que

implica admitir la mencionada capitalización mensual.

Analizado en su contexto, lo decidido en “Oliva” por la CSJN no debe ni

puede ser leído como una descalificación de tasas efectivas ―por definición,

con capitalización de intereses con una periodicidad determinada— sino como

una decisión que consideró vedado que los jueces superpongan una

capitalización a la ya contenida en las tasas efectivas del ámbito regulado por

el BCRA.

Esa es la medida del criterio allí aplicado por la CSJN que, como explico

más adelante, deja margen para que los jueces de la causa indaguen cuál es la

tasa efectiva (considerando el efecto de la capitalización de los intereses)

correspondiente a todo el período de la mora, siempre de conformidad con las

vigentes en la plaza de acuerdo con las regulaciones del BCRA, y tomando

como base los datos estadísticos publicados por dicha entidad regularmente.

En consecuencia, la determinación de la tasa de interés aplicable a la

condena a pagar una suma de dinero queda sometida a la razonable discreción

de los jueces de la causa (cf. Fallos 347:100), quienes deberán determinarla

considerando (i) las tasas de mercado consistentes con las regulaciones del

Banco Central de la República Argentina, en las condiciones en que son

pactadas ―que contienen capitalización de intereses en su formulación como

tasas efectivas (cf. Comunicación “A” 6541 punto 3.3—; y (ii) el principio de

reparación plena bajo los modelos presentados en el apartado anterior (art.

1740, reparando las consecuencias que guardan una relación de causalidad

adecuada con el hecho dañoso, conforme art. 1726,21 ambos del CCC). Ello

impone la aplicación en principio de tasas activas efectivas, para préstamos

19 De hecho, reiteramos, la llamada “tasa de usos judiciales” (cf. Comunicado nº 14290 del BCRA y la

Comunicación “A” 1845) está expresa y manifiestamente calculada sobre la base de capitalizaciones de

frecuencia diaria, sin que ello haya sido objeto de cuestionamientos tampoco.

20 Y esta referencia no debe ser leída como una crítica o reproche al proceder de la mencionada Cámara

de Apelaciones que, ante la evidencia de que la aplicación sucesiva de tasas efectivas anuales era

insuficiente para que las indemnizaciones fueran consistentes con el principio de reparación integral,

intentó resolver dicha problemática –lo cual era necesario— aplicando una capitalización anual de dichas

tasas efectivas.

21 ARTICULO 1726.- Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo

adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se

indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

17con una duración acorde con la de los procesos en los que en definitiva es

aplicada, siguiendo las variaciones diarias (cosa bien distinta a capitalizadas

diariamente), registradas conforme las cambiantes condiciones de mercado.

Las características, fácticas y normativas, de las relaciones jurídicas, en

cuyo marco opere la mora o la fijación de intereses por distintas razones,

pueden justificar la elección de tasas distintas a la generalmente adoptada,

siempre dentro del universo regulado por el BCRA y fundando las razones que

lleven a ello, pero, la sola diversidad de competencias materiales de los jueces

no debe ser causal de diferencias entre tasas. Por lo demás, los jueces no

deben establecer capitalizaciones adicionales a las que fijan los mercados

regulados por el BCRA, salvo las excepciones específicamente previstas en el

artículo 770 del CCC.

4.4. Determinación de la tasa de interés aplicable en concreto.

Expuesto el marco normativo y conceptual que gobierna la facultad de los

jueces para determinar las tasas de interés correspondiente a la mora en el

cumplimiento de una obligación, en lo que sigue expresaré el criterio específico

que considero debe determinar la elección de la tasa de interés en un caso

concreto, lo que impone trabajar de modo diferenciado sobre dos hipótesis: los

efectos de la mora respecto del pago de obligaciones de dar sumas de dinero

nominadas en pesos (sin ningún tipo de ajuste de valor ni indexación) desde el

momento en el que comienza a devengar intereses, y la mora respecto del

pago de deudas cuyo monto se determina en valor actualizado a fecha

posterior a la de la mora, es decir, que devengan intereses sobre una suma que

ya computa la depreciación de la moneda.

Según se recordó más arriba, las tasas de interés reflejan

indiscriminadamente la compensación por la privación del uso del dinero, la

depreciación del circulante en que esté expresado y el riesgo de no recuperarlo

oportunamente. La incidencia relativa, de estos conceptos, en la determinación

del nivel de la tasa puede variar enormemente. Por ejemplo, en la medida en

que la moneda se deprecie significativamente, el componente respectivo puede

predominar hasta casi absorber la mayor parte de la tasa y, si en cambio, el

dinero mantiene absolutamente su valor, y despreciamos el factor riesgo de

incobrabilidad, la tasa será “pura”, retribuyendo solamente la privación del uso

del dinero. Naturalmente, en épocas de inflación la tasa pura y la efectiva del

ámbito bancario divergirán, mientras que en épocas de moneda estable serán

convergentes, asumiendo que el factor riesgo se mantiene estable.

Las condenas judiciales expresadas en moneda no siempre responden a

obligaciones que han nacido como dinerarias. Mientras en las que nacen

dinerarias la mora puede ser atendida con una tasa de las que regula el BCRA

para intereses sobre deudas no susceptibles de actualización monetaria,

aquellas cuyo monto viene fijado en moneda de una época posterior a la mora

—caso típico de la reparación de daños derivados de hechos ilícitos o del

justiprecio de un bien expropiado—, no pueden devengar un interés que

18contenga el componente que restaure la depreciación, porque aplicarlo

supondría doble compensación por un mismo concepto (cf. Doctrina de la

CSJN in re “Barrientos”).

Es por ese motivo que la aplicación de las reglas aquí expuestas para

determinar la tasa de interés aplicable a un caso concreto deberá contemplar si

la mora precede, sucede o es coetánea con el momento en que se liquida el

importe de la deuda. Cuando los valores están actualizados a un tiempo

posterior a la mora, los intereses devengados durante el período que precede a

la actualización no podrían compensar una depreciación que ya ha quedado

corregida por otra vía, consecuentemente la tasa sólo atenderá a la privación

del uso del dinero22. Cuando la mora es coetánea o sucede a la fijación del

valor, la tasa debe contemplar tanto la privación del uso del dinero como su

depreciación.

En el contexto normativo ya descripto corresponde determinar la tasa de

interés aplicable tal que preserve el valor del crédito en mora lo cual, vale

reiterar, la CSJN ha considerado un imperativo constitucional derivado del

artículo 17 de la Constitución Nacional (cf. Fallos 397:309; 298:501 y

304:792)23

.

Similares consideraciones imponen también descartar, al menos en el

presente contexto, la aplicación de una tasa nominal activa a secas, ya no

solamente porque no es la que se fija en esos mercados24, sino también por

marcadamente insuficiente para neutralizar de un modo mínimamente

aceptable el efecto de la depreciación de la moneda durante el período en

cuestión, arrojando inclusive un resultado inferior a que muestra la evaluación

de índice RIPTE.

No existiendo series estadísticas alternativas disponibles a las que

remitir —tal que los operadores del sistema puedan aplicar estas reglas de

modo simple25—, este Tribunal debe definir la tasa de interés aplicable al caso,

a cuyo fin considero que debe aplicarse la tasa activa cartera general nominal

anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, con una

frecuencia de capitalización anual, que específicamente para dicho período

permite articular ambos modelos de reparación de modo razonable y

equilibrado, procurando un resultado pasible de ser considerado plenamente

reparador de los perjuicios provocados por la mora, pero sin incurrir en

excesos.

22 Dejamos de lado el factor riesgo, porque, en el escenario de los cobros judiciales, el riesgo ya se ha

corrido.

23 Allí sostuvo la CSJN que “corresponde actualizar los créditos cuyo valor real se ve disminuido por

efecto de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de

quien ha permanecido deudor, en salvaguarda del artículo 17 de la Constitución Nacional”.

24 Ya expliqué por qué las tasas de los mercados reglamentados por el BCRA deben computar la

capitalización de intereses conforme viene contemplada en ellos.

25 Eventualmente, de aplicarse una frecuencia de capitalización diaria o similar -como la utilizada por el

BCRA en la Comunicación P14290—un interés resultante de ponderar en simultáneo tasas pasivas y

activas podría ser consistente con los modelos de reparación aquí delineados, y con el principio de

reparación plena.

19Esa tasa era la escogida por el texto del art. 12 de la ley 24.557

sustituido por el DNU 669/19. No indicaba capitalización, pero, naturalmente

esto remite a la anual, porque no es posible identificar una tasa sin referirla a

un vencimiento para el pago de los intereses, y no hay vencimiento usual, en la

información del BCRA, a plazo más prolongado que el anual. A su turno, el

párrafo 3ro. del texto introducido por el DNU 669/19 comentado escoge la

misma tasa, pero, capitalizable semestralmente, lo cual arroja un monto mayor.

Cierto es que lo establece para situaciones en que la ART es remisa en cumplir

con la sentencia.

No se trata de aplicar una capitalización anual a la mencionada tasa

efectiva que la CSJN descalificó in re “Oliva”, ya que ello implica una nueva

capitalización de los intereses ya capitalizados mensualmente —implícitos en la

tasa efectiva anual—, llevando a resultados desproporcionados, muy por sobre

lo que se requiere para neutralizar el efecto de la depreciación de la moneda,

tal como lo dejó en evidencia la CSJN en el citado precedente26

.

Consecuentemente, no arroja la desproporción que motivó la descalificación.

Tampoco asciende al 90% anual al que se refieren los considerandos del

DNU 669/19 como exageradamente gravosos para el sistema27

.

Se trata de adoptar las capitalizaciones del mercado regulado por el

BCRA, en el que los intereses tienen fecha de pago y, si no son abonados en la

fecha pactada, se debe atender a la mora en hacerlo aplicando la misma tasa

de interés.

En suma, en el mercado bancario las tasas se capitalizan —tal como ha

sido reconocido tradicionalmente por la doctrina y jurisprudencia en torno al

antiguo artículo 565 del Código Comercial (antecedente directo del actual 768

inciso “c”) y surge de modo claro también de la normativa del BCRA28— por lo

que la aplicación de una tasa que no reconociera dicha circunstancia no estaría

respetando el ámbito al que refiere el mencionado artículo 768 inciso “c” CCC.

5. En función de lo expuesto, voto por incrementar el ingreso base al que

hace referencia el artículo 12 inciso “b” de la ley 24.557 del siguiente modo: (i)

hasta el día 8 de octubre de 2019, inclusive, deberá aplicarse la tasa activa

cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la

Nación Argentina, capitalizable anualmente y (ii) a partir del día 9 de octubre de

2019 inclusive —fecha de entrada en vigencia del DNU 699/2019—, sobre el

total de la suma acumulada hasta entonces, deberá aplicarse la “tasa” de

variación del RIPTE (cf. inciso 2 del art.12 de la ley 24.557) calculada conforme

26 Esa es la experiencia del Acta Nro. Acta Nro. 2764/2022 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

27 El calculador del colegio público de la abogacía muestra niveles de tasas anuales del 59.40% para

2019, 40,99% para 2018, 24,55% para 2017 y 30,85% para 2016, las cuales aún capitalizadas

anualmente tampoco equivalen a un 90% anual.

28 Ver por ejemplo el punto 3.3. de la Comunicación “A” 6541 en donde ordena a los bancos expresar las

tasas nominales ofrecidas al público en forma de tasas efectivas, con una fórmula matemática que, en

rigor, implica la capitalización de los intereses nominales en la frecuencia que se hubiera acordado para

su pago.

20lo establecido en el expediente n° 87079/2025-0, caratulado “Provincia ART

S.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (Laboral) en

Boulanger, Roberto Eduardo c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso Ley 27.348

(EXPTE. N° 31433/2023)”, sentencia de fecha 1º de octubre de 2025.

A fin de practicar la liquidación resultante de este voto, ante la falta de

publicación de un índice RIPTE diario, deberá tomarse 5268,85 como índice

RIPTE base correspondiente al día 8 de octubre de 2019. Dicho índice base es

el resultado de aplicar al índice RIPTE correspondiente a septiembre de 2019

(5.199,08) la tasa de variación correspondiente a los primeros 8 días del mes

de octubre de 2019 (1.34%) calculada del siguiente modo: (i) tasa de variación

del RIPTE correspondiente a octubre de 2019 (5,2%), (ii) dividida por la

cantidad de días de dicho mes (31) y (iii) multiplicada por la cantidad de días

del mes previos a la entrada en vigencia del DNU 669/2019 (8). Así: 5199,08 +

5199,08 x 1.34/100 = 5268,85, equivalente al índice RIPTE correspondiente al

día 8 de octubre de 2019.

La jueza Alicia E. C. Ruiz, en disidencia, dijo:

1. La queja de la demandada, interpuesta en tiempo y forma, satisface la

carga de fundamentación y debe ser admitida. Ahora bien, la procedencia

formal de la queja no conlleva la admisibilidad del recurso que aquella viene

a sostener.

2. El recurso de inconstitucionalidad traído a conocimiento del

Tribunal luce insuficiente en tanto no expone una crítica concreta y razonada de

los argumentos desplegados en la resolución de la Sala IV, lo que priva a los

agravios bajo estudio de la fundamentación requerida por ley para habilitar su

revisión en esta instancia.

En su presentación la recurrente solo disiente con la sentencia de

Cámara en tanto le resulta desfavorable, sin demostrar que la misma —más

allá de su acierto o error— resulte arbitraria o contraria a disposiciones

constitucionales o legales.

En efecto, no basta la cita de doctrina de la CSJN —o la transcripción de

párrafos de los referidos pronunciamientos— para dar sustento al recurso,

puesto que, a fin de dotar de eficacia argumentativa a las referencias

jurisprudenciales, se requiere la articulación de los argumentos allí exhibidos

con los términos de la resolución atacada.

No corresponde, entonces, que en mi carácter de jueza supla

oficiosamente la carga de una de las partes, lo que sella la suerte adversa del

recurso en análisis.

3. Este Tribunal ya ha sostenido, en numerosas ocasiones, que la

discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no

21significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria

(“Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de

inconstitucionalidad”, expte. n° 49/99, resolución del 25-08-1999, entre muchos

otros).

4. Por último, estimo necesario efectuar algunas consideraciones

relativas al Decreto de Necesidad y Urgencia n° 669/2019, que modificó el

artículo 12 de la ley n° 24557 y sus modificatorias exclusivamente en lo

referente a la forma de cálculo del Ingreso Base Mensual (IBM en adelante)

para la determinación de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva

o muerte del trabajador.

En lo que aquí interesa, si bien el artículo 3° del DNU 669/2019 intenta

establecer su aplicación a “todas las contingencias producidas antes y después

de la sanción de ese decreto”, esta disposición debe ser examinada bajo el

prisma de la jerarquía normativa y el principio de irretroactividad de la ley.

En tal sentido, no debe soslayarse que una norma de inferior jerarquía,

como un decreto de necesidad y urgencia, no puede modificar sustancialmente

la finalidad ni el sistema de la ley especial que regula las contingencias

laborales, en particular, lo referido a la determinación de la norma aplicable al

momento del evento dañoso. Las modificaciones del citado decreto tienen un

alcance meramente instrumental (forma de cálculo del IBM), y no pueden

retrotraerse en desmedro de los derechos indemnizatorios que se consolidaron

al momento del accidente o de la primera manifestación invalidante, según la

normativa vigente en ese entonces.

Aun cuando el artículo 3º dispone que sus modificaciones se aplican “en

todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación

invalidante”, dicha pauta de ultraactividad rige únicamente para los supuestos

alcanzados por la ley n° 27348, norma que sustituyó los parámetros de cálculo

del IBM.

En efecto, las disposiciones del decreto se ciñen, conforme sus propios

considerandos, a rectificar “la fórmula de actualización del Ingreso Base”

incorporada por la ley n° 27348, y, por ende, no alcanza al presente caso, cuya

fecha de primera manifestación invalidante fue en julio de 2015.

En este punto, el propio artículo 20 de la ley n° 27348 establece que: “[l]a

modificación prevista al artículo 12 de la ley n° 24.557 y sus modificatorias, se

aplicará a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte

posterior a la entrada en vigencia de la presente ley”.

También es oportuno recordar que la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo 43 que “[e]l tratamiento y la

interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios

del derecho del trabajo”. Dentro de estos principios se encuentra el de

progresividad de los derechos laborales, que actúa como un límite a cualquier

reforma legislativa o reglamentaria que pretenda disminuir, suprimir o

desmejorar el contenido esencial de los derechos ya reconocidos.

22En este contexto, el DNU n° 669/2019 no es aplicable de forma

retroactiva al caso de autos, toda vez que generaría un menoscabo de la

indemnización que le hubiera correspondido al trabajador bajo la ley anterior.

5. En virtud de lo expuesto, corresponde: 1) admitir la queja interpuesta;

2) rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada; 3)

con costas a la parte vencida.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General, por mayoría,

el Tribunal Superior de Justicia

resuelve:

1. Admitir el recurso de queja deducido por Asociart ART SA y hacer

lugar a su recurso de inconstitucionalidad, con costas por su orden.

2. Revocar la sentencia dictada el 20-02-2025 por la Sala IV de la

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto declaró la

inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23928 (modificado por el art. 4° de

la ley 25561) y fijó un método de actualización del capital de condena y una

tasa de interés pura.

3. Disponer que el interés de la indemnización debida a la actora se

calcule de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 24557 (texto

conforme el DNU 669/2019).

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

23TSJ|EXP:42326/2025-0 CUIJ J-01-00042326-9/2025-0|ACT 2465376/2025

REGISTRO NRO. : 1957/2025

FIRMADO DIGITALMENTE 03/12/2025 11:31

Luis Francisco LOZANO

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Ines Monica WEINBERG

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Alicia Enriqueta Carmen

RUIZ

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Santiago OTAMENDI

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Marcela Vivian DE

LANGHE

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA