Llegar a la guardia sin DNI argentino: qué cambia con el nuevo cobro a personas extranjeras en hospitales nacionales

Una persona llega a la guardia de un hospital nacional con un dolor fuerte en el pecho. No tiene DNI argentino, no tiene obra social ni prepaga, y su residencia en el país todavía está en trámite. ¿La atienden o primero pasa por la caja?

Desde este martes esa pregunta tiene una respuesta oficial, escrita paso por paso. El Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1066/2026, que aprueba el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”. Rige desde el 12 de agosto de 2026.

 La resolución reglamenta el DNU 366/2025, que en mayo del año pasado modificó el artículo 8° de la Ley de Migraciones 25.871. Ese artículo, en su versión original de 2004, garantizaba el acceso a la salud a toda persona extranjera, cualquiera fuera su situación migratoria. Tras la reforma, la garantía incondicional quedó acotada a las emergencias: para el resto de las prestaciones, quienes no tengan residencia permanente deben pagar o presentar un seguro.

Algunas provincias ya venían aplicando esquemas de cobro propios en sus hospitales, con Salta como caso pionero desde 2024. Lo nuevo es que ahora existe un procedimiento uniforme y detallado para los establecimientos que administra el Estado nacional.

A quiénes alcanza (y a quiénes no)

El procedimiento se aplica a las personas extranjeras que no tengan residencia permanente en la Argentina y concurran a un hospital nacional.

Quien sí tiene residencia permanente accede al sistema público en igualdad de condiciones con la ciudadanía argentina. Para acreditarlo debe exhibir el DNI para extranjeros vigente donde figure expresamente la categoría “residente permanente”. Si el documento se extravió o está en renovación, se admite temporalmente la constancia de residencia permanente en trámite que emite la Dirección Nacional de Migraciones por el sistema Radex, junto con el pasaporte o documento del país de origen.

¿Y si la persona no acredita residencia permanente? El hospital debe verificar una de dos cosas: que presente un seguro de salud válido que cubra la prestación, o que pague antes el arancel correspondiente. Los valores no son inventados en el momento: salen del nomenclador de prestaciones vigente de cada institución.

La gran excepción: las emergencias

Acá está el corazón de la norma, y conviene leerlo con lupa.

Toda prestación destinada a evaluar, diagnosticar, estabilizar y tratar de inmediato una condición que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función queda fuera del procedimiento. Nadie puede exigir papeles ni pagos previos frente a una emergencia.

La resolución enumera situaciones concretas: paro cardiorrespiratorio, obstrucción de la vía aérea, shock en cualquiera de sus formas, infarto, ACV, convulsiones persistentes, politraumatismos, hemorragias masivas, quemaduras graves, sepsis, intoxicaciones agudas, abdomen agudo quirúrgico, emergencias obstétricas —incluido el parto inminente, la eclampsia y el embarazo ectópico complicado— y emergencias pediátricas o neonatales, entre otras.

Y agrega una cláusula de cierre: cualquier otra condición que, según el criterio fundado del profesional a cargo, implique riesgo inminente para la vida o para una función vital.

En caso de duda, se atiende

La norma incorpora dos reglas de garantía que definen todo el circuito.

Primera: si hay dudas sobre la condición clínica al momento del ingreso, prevalece la atención inmediata, hasta que un profesional determine si se trata o no de una emergencia. Los trámites administrativos no pueden demorar ni condicionar esa evaluación.

Segunda: decidir si una prestación es una emergencia o una atención habitual es competencia exclusiva del profesional de la salud responsable. No lo decide la ventanilla de admisión, ni la oficina de facturación, ni ninguna autoridad administrativa.

Cómo cobra el hospital cuando hay seguro

Si la persona tiene asistencia al viajero o un seguro internacional, el hospital arma un legajo de facturación: copia del pasaporte, de la póliza o voucher, una declaración jurada de cobertura firmada por el o la paciente (o quien lo acompañe) y los datos de contacto de la aseguradora.

Después arranca un circuito con plazos concretos. Dentro de las primeras 24 horas del ingreso, el área de facturación notifica a la aseguradora y pide el número de caso. Al alta, la auditoría médica valoriza las prácticas según el nomenclador. El hospital emite una factura electrónica de exportación de servicios en pesos, y la aseguradora tiene 45 días corridos para transferir. ¿No paga? Se inician acciones judiciales de cobro.

Para consultas, estudios o intervenciones programadas, el esquema es tajante: presupuesto previo según nomenclador, pago del cien por ciento en las cajas del hospital y comprobante de tesorería. Ese comprobante es el único documento que el personal médico puede exigir para brindar la prestación programada.

La norma también prevé auditorías internas para controlar que la clasificación asistencial sea correcta y que los aranceles efectivamente se perciban, además de capacitación obligatoria para el personal de admisión, facturación y asistencia. Cada hospital puede dictar instructivos propios, siempre que no alteren lo que dispone el artículo 8° de la ley migratoria.

La persona del dolor de pecho

Volvamos a la guardia del principio. A esa persona nadie puede pedirle nada: un dolor de pecho con sospecha de infarto entra de lleno en la excepción de emergencia, y ante la duda se atiende primero y se pregunta después.

Pero acá viene el detalle que guardamos. La emergencia está exceptuada de requisitos previos, no de cobro posterior. La resolución prevé que, una vez estabilizado el cuadro y cesada la emergencia, el área de facturación consolida todos los gastos generados desde ese momento hasta el alta. Al egreso, se notifica formalmente la deuda a la persona o a su apoderado legal y se le otorga una instancia de pago inmediata en el hospital.

En otras palabras: la atención de urgencia no se niega ni se demora jamás, pero tampoco es gratuita para quien no tiene residencia permanente. La factura llega después.

Un debate que sigue abierto

La medida formaliza a nivel nacional un cambio de paradigma que ya generó controversia desde el DNU 366/2025: el derecho a la salud de las personas migrantes está reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional, y la tensión entre ese piso de derechos y el arancelamiento de la atención no urgente seguramente terminará discutiéndose en los tribunales.

Por ahora, lo concreto es esto: desde el 12 de agosto de 2026, en los hospitales nacionales rige un manual de procedimiento que distingue dos mundos. El de la emergencia, donde la única prioridad es la vida. Y el del turno programado, donde antes del consultorio está la caja.