Llegaron las críticas internacionales
En una nota publicada por el diario El País, el jurista José Cossio, ministro de la corte mexicana, criticó la decisión de la corte argentina. También hizo lo propio el relator Lanza, de la Comision IDH. Se reproducen.
Un mal día para el Sistema Interamericano
Los políticos hablan de la gravedad de los tiempos para justificar desconciertos y parálisis
Por JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Toda columna tiene ciclos, caracterizados por insistencias. Se vuelve a una tesis de diversas maneras. Una de las reiteraciones de ésta es la preocupación por la disolución institucional a la que asistimos. No se trata de que lo existente quede intocado. Se trata de conservar lo que de bueno tengan los mecanismos que generan civilidad y convivencia, y de rectificar lo que deja de ser útil. En los Estados nacionales, en las relaciones interestatales, en los quehaceres económico-financieros, se buscan reducir los mecanismos de control, los acuerdos, las reglas de operación. Es un momento centrífugo. Las incertidumbres y las amenazas provienen de reacomodos en la política, la economía y los modos de ser sociales. Se ha generado la idea de que cada cual conoce sus soluciones vitales. Los mercados buscan menor regulación, pretextando la sabiduría de ese sector del mercado. Los Estados echan mano de pobres justificaciones soberanistas para cerrarse a críticas y escrutinios. Los colectivos exigen universalidades que niegan a otros. Los políticos de todos lados, incapaces de procesar las demandas que simultáneamente se les plantean, hablan de la gravedad de los tiempos para justificar desconciertos y parálisis. Todos demandan menos institucionalidad.
Los ejemplos de la diáspora son numerosos. Todos los días los medios dan cuenta de ellos. Para qué repetir lo cotidiano. Más allá de peculiaridades y morbos, hay una constante erosión de los modos como tratamos de ordenarnos. No todos los casos tienen igual dimensión ni generan los mismos efectos. A lo que pasa en los Estados Unidos se le da más atención que a lo sucedido en otras tierras. Por ello, dejamos de ver deterioros serios, suponiéndolos menos graves.
La semana anterior, este diario informó de la decisión de la Corte Suprema argentina de no acatar lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resumo los antecedentes. El 25 de septiembre de 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil que condenó a la Editorial Perfil y dos particulares por los daños y perjuicios provocados al expresidente Carlos Menem al difundir la presunta existencia de un hijo no reconocido por éste. Los demandados acataron la condena y demandaron al Estado argentino ante el Sistema Interamericano. En noviembre de 2011 la Corte Interamericana determinó la violación a los derechos de libertad de pensamiento y expresión, determinó la responsabilidad internacional de Argentina y ordenó dejar sin efecto la condena civil.
La Corte Suprema asumió que, en principio, el cumplimiento obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana estaba fuera de discusión. Luego agregó que dejar sin efectos la sentencia dictada por ella implicaría transformar a la Corte Interamericana en una instancia capaz de revisar lo decidido internamente, y romper la continuidad del proceso iniciado nacionalmente. Concluyó diciendo que en caso de aceptar la anulación ordenada, la Corte le daría preeminencia a un tratado internacional y violaría la Constitución Nacional.
Las razones jurídicas que se opondrán a estos argumentos pronto ocuparán muchas páginas. Me limito a indicar dos. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos comparece la Argentina como sujeto unitario de relaciones internacionales, y no mediante sus órganos por separado; a tal sistema se acude para constatar el cumplimiento de los derechos humanos de fuente internacional, y no el cumplimiento de las formalidades propias del orden nacional. Sin embargo, lo triste del caso no son estas razones. Lo es que el órgano de un Estado determinante para las relaciones interamericanas haya tomado tal curso de acción. Nunca es bueno dejar de cumplir las obligaciones, pero lo es menos cuando la región requiere de esfuerzos comunes articulados en una institucionalidad que debiera estarse apuntalando.
José Ramón Cossío es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. @JRCossio
Cuestionan un fallo de la Corte Suprema que compromete la libertad de expresión
Entrevista a Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por Mariano Confalonieri, fuente: Diario Perfil.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó, en diálogo con PERFIL, el fallo de la Corte Suprema argentina que decidió no acatar una resolución de ese organismo internacional vinculada a la violación de los derechos de libertad de expresión, en un caso que afectó a Editorial Perfil.
El fallo de los jueces argentinos estableció que la Corte Interamericana no puede obligar a la Argentina a anular una sentencia judicial de la Corte Suprema, lo que abrió una polémica porque los especialistas aseguran que las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio, dado que nuestro país suscribe a la Convención de los Derechos Humanos.
La condena que la CIDH pidió que se revoque es la que obligó a Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Noticias, y a Héctor D’Amico, en ese entonces su director, a pagar una indemnización por una publicación, en 1995, de dos noticias vinculadas a la familia extramatrimonial del ex presidente Carlos Menem. La Corte Suprema condenó a Fontevecchia y D’Amico en 1997, con la “mayoría automática” que respondía a Menem. La CIDH consideró que violaba el derecho a la libertad de expresión. El caso puede sentar precedente para otros expedientes que analiza la Corte Interamericana, como la situación de Milagro Sala.
—¿Cómo tomó el fallo de la corte Suprema argentina?
—Con sorpresa y con algo de decepción. El fallo parecería regresar sobre la jurisprudencia anterior argentina, porque las resoluciones de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio. Argentina es uno de los países pilares de la convención, que ha seguido las recomendaciones, que ha implementado mejor este tipo de decisiones, con avances importantes, y en el plano de la libertad de expresión, ni hablar.
—¿Qué impacto puede tener este fallo?
—Se abre un escenario que no estaba previsto. Ahora entran en juego las normas de la propia convención, que incluyen la obligatoriedad de
los fallos de la Corte Interamericana. Pero la discusión va a seguir, acerca de si Argentina abandona la idea del bloque constitucional y de incorporación de las convenciones y las obligaciones que emanan de la Corte Interamericana. Hay que ver si este fallo se afianza como jurisprudencia.
—¿Qué camino seguirá este conflicto en la CIDH?
—Se trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas de este caso. Seguramente la Corte Interamericana tomará una decisión. Si la Corte argentina insiste en su postura estará en falta frente al derecho internacional.
—¿Hay antecedentes?
—Hay uno reciente en un caso de República Dominicana respecto a una sentencia sobre la situación de haitianos de nacionalidad dominicana, que establecía que no iban a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, aunque luego se arbitraron soluciones de política migratoria desde el Poder Ejecutivo. Y en Uruguay hubo un fallo contrario en el caso Gelman, que tenía que ver con el rechazo a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Pero el gobierno se ocupó de cumplir con el fallo internacional.
—¿Esto abre la puerta a que argentina salga de la convención?
—Tiene que ser explicitada mediante la denuncia del tratado, y no creo que estemos en ese punto. Sí puede poner en tela de juicio la efectividad de los casos que vayan a la Corte Interamericana.
—¿Es posible que el gobierno argentino se apoye en él para desconocer un eventual dictamen que pida la libertad de Milagro Sala?
—Me abstendría de hablar de situaciones hipotéticas. Me remito a lo que dijo el ex secretario ejecutivo Santiago Cantón, acerca de que los fallos de la Corte Interamericana deben cumplirse de buena fe por el Estado. Esa es la situación ante cualquier caso.
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