El derecho a la información pública y las pruebas Aprender

Un juez salteño ordenó difundir el resultado de las evaluaciones tomadas en Salta. El ministerio de educación se había negado, basado en la ley de educación pero un juez privilegia el acceso a esos datos.

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Un ciudadano salteño pidió formalmente al ministerio de educación los resultados de las pruebas aprender de esa provincia. En estos exámenes se evalúa el desempeño académico de los alumnos en el sistema educativo.

Estas evaluaciones Aprender y Enseñar se hacen para medir anuales del desempeño de las escuelas públicas y privadas, y de los establecimientos de formación docente de todo el país.

Escudados en el artículo 97 de la ley de educación, el ministerio de educación nacional se negó a dar esa información, asimilable a un censo. Esta normativa, vigente, dice así:

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación
educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las
evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e
instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el
marco de la legislación vigente en la materia.

Como se ve, es clara en torno de los objetivos, pero difusa en torno de los límites precisos a la hora de definir cuánta información debe darse. Desde ya no se puede conocer el examen de un alumno o alumna, pero qué pasa con una escuela entera? Parece que en este caso un padre la pidió para conocer el rendimiento de cada institución.

 

El fallo salteño ordena entregar la información de los exámenes Aprender

Ahora la cámara federal de Salta le  ordenó al ministerio de educación de la nación que entregue a ese ciudadano salteño los resultados de cada uno de los establecimientos educativos de la provincia que participaron en las pruebas Aprender y Enseñar de 2016 y 2017.

En su momento un juez había rechazado la acción de amparo, y le había dado la razón al ministerio considerando que es una excepción a la ley de información pública. Pero ahora la cámara revirtió esa decisión.

La sentencia remarca que siendo la educación un derecho esencial de la población, y encontrándose el Estado obligado a garantizar que aquella sea integral, permanente y de calidad no es suficiente  que la divulgación de los resultados pueda dar lugar a situaciones de estigmatización o discriminación.

Los jueces consideraron que “los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información referida al funcionamiento y desempeño de las instituciones educativas” (publicado por El Tribuno).

¿Hay entonces derecho a conocer cómo anda cada escuela? Para los jueces sí.

Argumentaron que el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas.

 

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