La responsabilidad por difamación en redes sociales

Tras perder un juicio, la ex suegra publicó frases agraviantes en su Facebook e Instagram. El ex yerno le inició juicio de responsabilidad civil por injurias y ahora tendrá que indemnizarlo. Qué dice el nuevo código civil sobre las injurias y calumnias, como casos de difamación. Los detalles.

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Una clásica pelea familiar se trasladó al terreno online y de las redes sociales. Esto que en una reunión no hubiese pasado a mayores, generó consecuencias jurídicas y responsabilidad civil por injurias.

Al parecer la pareja se separó. Frente a lo cual él le inició juicio a ella, su ex pareja, par reivindicar y recuperar ciertos bienes que no se sabe si eran de él o de ambos o de ella. La mujer perdió el juicio de reivindicación y ella se vio obligada a reintegrarle a su ex pareja diversos bienes muebles.

Frente a esto, la ex suegra escribió distintos posteos en las redes sociales. Según se relata en la sentencia, en un descontrol emocional profirió injurias a su yerno en el Facebook, escribiendo que era una “persona hija de p… Quitarle a su hijito de 8 años los bienes que compró con su mamá? Y los de … qué cago… Nunca les pago ni a su suegro ni cuñado sólo a las putitas que se acostaban con él… h. de mil puta…”.

Ese mismo día ella también publicó algo similar por la red social Instagram. De lo cual el yerno hizo capturas de pantallas, y probablemente haya mandado a certificar con un escribano/a. Este labra un acta y deja constancia, como prueba.

Para los jueces, más allá de si ella tenía o no razón y de su queja por la aparente injusticia, cometió un delito civil por la difamación, que para el derecho argentino son injurias.

Según los jueces, hubo una “actuación dolosa” por parte de la demandada a la luz del artículo 1724 ultima parte del Código Civil y Comercial (CCC) que dice:

Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

 

Para llegar a esa conclusión entendieron que de las constancias de autos, se desprende que la utilización de las redes sociales por parte de la demandada para insultar al actor constituye una representación de la posibilidad cierta que se produjera un resultado dañoso.

Argumentaron que la cuñada tuvo “una total indiferencia y despreocupación por las consecuencias que causaría la injuria que se cometía a través de un medio que multiplica la velocidad con que los demás personas puedan conocer de esta clase de lesión. Se advierte que la demandada primero insultó al actor por medio de Facebook y luego, no conteste con esa red social, escribió similares palabras en Instagram”.

Ahora ordenaron indemnizar a su ex yerno con la suma de $30.000 por el delito civil de injurias por Facebook e Instagram. Además, los jueces ordenaron que la sentencia se publique en la página web del Poder Judicial de Córdoba como un modo de reparar los daños al honor y dignidad de su yerno.

Más allá de que es una red social más picante, la solución no hubiese variado si era por Twitter, Youtube, ICQ o alguna otra red social.

 

Las injurias y calumnias en el nuevo código civil argentino, cómo defenderse

El primer paso en general es hacer capturas de pantallas, para resguardar la prueba. Luego se pueden certificar por escribano. En general con abogado se envía carta documento a quien emite la injuria, para que se retracte y en su caso indemnice los daños causados.

En primer lugar el nuevo código civil regula la “Protección de la vida privada” de este modo: “El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.

Pero no regula específicamente las injurias, aunque si hay un daño al honor causado con dolo, como en este caso, debe ser indemnizado. Luego sí se refiere expresamente a las calumnias en estos términos:

“Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.” (artículo 1771 del nuevo código civil y comercial).

Es decir, implica la acusación falsa de un delito con conocimiento de su falsedad. Y con el dolo de causar daño. Se entendió que estos casos (jurisprudencia recopilada por Jalil, Julián y Leontina, Guillermina, LL), NO son calumnias:

-Si no se aprecia en la denuncia formulada un obrar que evidencia culpa grave, que implique una imprudencia o ligereza inexcusable o de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos
(Conf. art. 1724 del Cód. Civil).

-Cuando el denunciante no formuló acusación dirigida directamente en contra de quien se considera
damnificado

-Cuando el denunciante efectúa la acusación lo hizo en ejercicio de los deberes y derechos que emanan de su
condición de padre o madre

-Cuando no se configuró un ilícito civil por haberse formulado la denuncia con sustento en los elementos de
prueba que fueron incorporados en la causa

-Cuando el accionante omite el ofrecimiento de la causa penal a efectos de meritar la conducta atribuida al demandado.

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Anexo con sentencia completa sobre injurias por Facebook e Instagram

EXPEDIENTE: 6355956 – – S, DANIEL ALBERTO C/ C, BBB – ORDINARIO –
DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL
SENTENCIA NUMERO: 64.
En la Ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las diez horas y treinta minutos, se reunieron en Audiencia Pública
los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación, Dres. Julio C. Sánchez Torres y Guillermo P. B. Tinti a los fines
de dictar Sentencia en los autos caratulados: “S Daniel Alberto c. C
BBB – Ordinario – Daños y Perj. – Otras formas de respons.
Extracontractual – Recurso de apelación”, expte. nº 6355956, venidos a la Alzada
con fecha 12.02.19, procedentes del Juzgado de Primera Instancia y Décimo Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Capital, por haberse deducido recurso de
apelación en contra de la sentencia número 408 dictada el tres de diciembre de dos mil
dieciocho (fs. 397/411) por la Sra. Jueza Dra. Laura Mariela González de Robledo que
resolvía: “… 1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. S
AAA en contra de la Sra. C BBB. En consecuencia condenar a
la demandada a abonar al actor la suma de pesos veinte mil ($20.000) con más los
intereses fijados y publicar el párrafo en el modo señalado en el considerando
respectivo, todo en el plazo de diez días de quedar firme el resolutorio. 2°) Imponer las
costas en un 85% a la demandada y en un 15% al actor. 3°) Regular definitivamente los
CAMARA APEL CIV. Y COM 1a
Protocolo de Sentencias
Nº Resolución: 64
Año: 2019 Tomo: 2 Folio: 547-556
honorarios del Dr. …Marcos E. en la suma de pesos dieciséis mil
cuatrocientos cinco con ochenta ctvos ($16.405,80) con más la suma de pesos dos mil
cuatrocientos sesenta con ochenta y siete ctvos ($2.460,87) en concepto del art. 104 inc
5to del CA. Regular definitivamente los honorarios de la Dra. ….. Sandra E en la
suma de pesos tres mil doscientos ochenta y uno con dieciséis ctvos ($ 3.281,16).
Regular definitivamente los honorarios del perito oficial Ingeniero en Sistemas
Dalmasso Luis A, en la suma de pesos ocho mil doscientos dos con noventa ctvos
($8.202,90). Protocolícese…”.-
El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Efectuado el sorteo de ley resultó que los Sres. Vocales emitirán sus votos en el
siguiente orden: Dres. Julio C. Sánchez Torres y Guillermo P. B. Tinti.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C.
SÁNCHEZ TORRES, dijo:
1. Llegan los presentes autos a este Tribunal de Grado en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que luce a fs. 397/411, siendo
concedido a fs. 413.
2. Radicados en esta sede e impreso el trámite de rigor, el apelante expresa agravios a
fs. 426/439 quejándose por los siguientes motivos, a saber: a) por el monto de la
condena fijada en concepto de daño moral. El recurrente afirma en este punto que en el
caso sub judice, el factor de atribución es el dolo, y no la culpa como sostuvo la Juez a
quo en el decisorio que se apela. Entiende esta parte que la demanda tuvo intención en
el acto que realizó en contra del actor, ya que quiso producir un mal en el demandante,
insultándolo y buscar reivindicar la imagen de su hija derrotada en un juicio anterior.
Destaca que la dirección de causación es típicamente intención, por el hecho de que el
resultado en el mundo ha sido accedido por la acción intencional de la accionada, bajo
una relación de idoneidad de la acción, regularidad de eventos y previsibilidad en el
resultado para esta acción. Sigue diciendo que la prueba de la acción intencional se
desprende de relacionar la publicidad de la injuria como medio idóneo para producir un
daño al honor, y este perjuicio permite inferir la finalidad que integra la intención
previa, destacando que la publicidad de la injuria no tiene otra finalidad que dañar, dado
que no se sigue otro resultado que el daño en el honor del afectado. Añade en este
aspecto que el deseo de causar un mal al actor fue lo que produjo la acción intencional,
por lo que dicha acción, a juicio del actor, fue motivada por el deseo de adecuar el
mundo a su finalidad o intencionalidad (mente). Pone de resalto que debe sumarse actos
característicos de la acción intencional, tales como premeditación, la reiteración en dos
redes sociales de las injurias, tanto Facebook y twiter, el intervalo racional de tiempo
entre la noticia de la sentencia que ordena la restitución de bienes y la publicación de la
injuria, la selección del medio más gravoso que permite mayor publicidad, destacando
que la demandada hizo que el daño en el honor del actor fuere real. Entiende que la
condena debe ser mayor, ya que en el caso sub lite no rige la atenuante del art. 1742 del
C.C.C.N. Dentro de este agravio, el apelante cuestiona el monto de la condena otorgado
por la Juez a quo en concepto de daño moral, expresando que se trata de culpa y no de
dolo en el presente caso. Manifiesta el quejoso que el arrepentimiento que existió por
parte de la demandada, no es un indicador que permita justificar la calificación legal de
la culpa o atenuante de la condena, agregando que el arrepentimiento no es atinente para
la configuración de la culpa en la medida que el estado intencional o culpable no
dependen de ello, sino de condiciones de satisfacción de la acción. En este sentido, dice
que si la accionada no hubiera previsto las consecuencias de su acción, no habría
cambiado la regularidad del mundo seleccionando un medio específico de satisfacción
de la acción intencional, estimando que el dolo sí ha sido acreditado; b) por la
imposición de costas. Dice el recurrente que han procedido todos los rubros presentados
en litigio y que si existió derrota en la cuantificación, sin que fueran atribuibles a la
acción del abogado de la demandada, manifestando que no hay causalidad eficiente
entre la derrota parcial y la acción del polo pasivo. Añade que no existe razón alguna
para imponer sobre la actora los costos del proceso que resultaron 100% útiles para la
procedencia de todos los rubros cuya cuantificación fue sujeta a lo que en más o en
menos resulte de la prueba a rendirse, constituyendo montos provisorios los solicitados
en la demanda. Cita jurisprudencia en su apoyo. Señala asimismo, que la actuación
profesional de la contraria no incidió en la supuesta “derrota parcial”; c) por la forma en
que se ordena la publicación de la sentencia. Afirma el apelante que la Juzgadora
ordenó que se publicara la sentencia en el anonimato del agente y que contenga un
párrafo aleatorio y abstracto elegido arbitrariamente por la Juez a quo. Respecto del
lugar de la publicación, la actora lo estima razonable, pero no en lo atinente a la forma,
pues impide una reparación plena dado que se omite la omisión de la identificación del
agente que más que con sus iniciales. Estima que el desagravio lo es condiciones
desigualitarias, ya que se ordena la publicación de un párrafo desligado del caso
concreto, y sin identificación de la persona que ha causado el acto ilícito, otorgando un
trato más benigno a quien incumple la ley, resguardando su identidad. Sigue expresando
que la sociedad debe saber de la injuria que vio hecha pública en redes sociales por la
demandada, que ha fue inmoral e ilegítima. Para el actor debe poder desagraviarse
mostrando a sus seres queridos la razón de acudir a la justicia, el hecho de que un juez
en uso de la legitimidad dijo que la demandada insultó injustamente al actor. Sostiene
que el desagravio es en cierta forma un dolor para el agente, ya que es la aceptación del
yerro y la vergüenza que ello supone. Remarca también que la demandada no ha pedido
disculpas espontáneamente y retiro las injurias de manera coactiva, es decir, sólo por
orden judicial. Hace reserva del caso federal. Pide en definitiva se haga lugar al recurso
entablado.
3. A fs. 440 se corre el traslado de rigor, el que no es contestado por la contraria,
dándosele por decaído el derecho dejado de usar a fs. 443. Dictado el decreto de autos,
firme, la causa queda en condiciones de ser resuelta.
4. Ingresando a la cuestión traída a decisión de este Tribunal de Grado, toca aludir al
agravio reseñado en la letra a) del presente que refiere al factor de atribución subjetivo
para la reparación ordenada en el caso sub examine. En efecto, el actor entiende que se
trata de un supuesto de dolo, y no de culpa como así lo resolviera la Juez a quo.
5. El caso que aquí nos ocupa, el demandante impetra un reclamo de daños y perjuicios
persiguiendo se la condene a la demandada a indemnizar la suma de pesos ciento
sesenta mil, con más la supresión de la injuria en las publicaciones de Facebook e
Instagram, además de la publicación de la sentencia, según lo autoriza el art. 1740 del
ordenamiento sustancial. Expone en su libelo (fs. 42/47 vta.) que la demandada en un
descontrol emocional, con fecha 16/3/2017, profirió injurias al actor, mediante la
utilización de la red social de Facebook, escribiendo: “BBBC (demandada) con
A y 8 personas más. S (actor) la persona
más hija de puta… Quitarle a su hijito de 8 años los bienes que compró con su mamá? Y
los de … qué cago… Nunca les pago ni a su suegro ni cuñado sólo a las putitas que
se acostaban con él….… h. de mil puta…”. Ese
mismo día también publicó algo similar por la red social Instagram”, (ver también fs.
9/41), todo lo cual afecta de manera ilícita la autoestima y reputación del actor,
conculcando la vida privada y honor del reclamante, afirmando que el factor de
atribución subjetivo es el dolo.
6. El pronunciamiento en crisis recibe parcialmente el reclamo, estimando la Sra. Juez a
quo que en el sub judice existe culpa y no dolo, lo cual motiva el agravio que se relata
en el punto a) del presente.
7. En el caso sub judice, teniendo en cuenta la fecha de la publicación (16-3-2017) que
realiza la demandada en las redes sociales recién mencionadas, corresponde se aplique
el Código Civil y Comercial de la Nación, que en la parte final del art. 1724 define al
dolo por la “producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia
por los intereses ajenos”, definición que resulta parcialmente distinta a la consagrada en
el art. 1072 del C. Civil de Vélez. Por intención de dañar o causación de daño
intencional ha de entenderse que el autor se representó las consecuencias que su acto
puede causar, como también que quiso realizar ese acto. En este sentido se dice más
categóricamente que para que se configure el dolo “no basta que el culpable haya
previsto las consecuencias antijurídicas del acto, por ejemplo, la muerte o lesión de una
persona, sino que ha de proponerse el conseguir precisamente ese resultado” (conf. Von
Thur, A. “Tratado de las Obligaciones” trad. Madrid. Reus. 1934. T. I, p. 275, num. 46).
8. Lo transcripto en el párrafo precedente muestra que el agente que efectúa el acto
prevé un resultado dañoso, y con la realización de ese acto persigue de manera
deliberada que se produzca. La previsibilidad en el factor subjetivo de atribución dolo es
distinta que en la culpa. En el primero, el autor ha previsto el resultado perjudicial,
mientras que en la culpa lo hubiera podido prever, demostrando que en la negligencia el
autor no busca ningún resultado dañoso o daño intencional. (Colmo, A. “De las
Obligaciones” Bs.As. Kraft. 1944, p. 79, num. 103).
9. En autos, se resolvió que la demandada se vio abatida como dan cuenta la lectura de
los diferentes chats que surgen del acta notarial, sin medir las consecuencias, estado de
ánimo que resultó como consecuencia de la sentencia dictada en el juicio de
reivindicación que condenara a la hija de la demandada, ex pareja del actor, a
reintegrarle diversas cosas muebles (ver fs. 405), lo cual demostraría culpa y no dolo, ya
que este último requiere de su prueba, lo cual no ha sucedido en el sub examine, además
que la accionada se arrepintió de haber realizado esa publicación, según testimonial de
fs. 302.
10. Sin embargo, estimo que asiste razón al quejoso en lo relativo al factor de
atribución en el caso sub lite. Se trata en mi opinión de una actuación dolosa por parte
de la demandada, ya que a la luz del art. 1724 in fine del ordenamiento sustancial
vigente, hubo una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, esto es, una
despreocupación por el resultado que se pudiera causar en el damnificado debido a la
conducta seguida por la accionada. Se configura aquí lo que se conoce como dolo
eventual que con la redacción actual del dispositivo legal recién citado, se lo abarca, ya
que si bien en principio el dolo eventual no tiene por finalidad primera provocar un
perjuicio, sí se representa la posibilidad de un resultado dañoso, sin que lo descarte el
agente (López Mesa, M.J. “Presupuestos de la Responsabilidad Civil”. Bs.As. Astrea.
2013, p.508/10; Nuñez, R. “Derecho Penal Argentino. Parte General”, T.I, Bs.As.
Bibliográfica Argentina. 1959, p 129).
11. De las constancias de autos, se desprende que la utilización de las redes sociales por
parte de la demandada para insultar al actor constituye una representación de la
posibilidad cierta que se produjera un resultado dañoso; hubo una total indiferencia y
despreocupación por parte de la accionada por las consecuencias que causaría la injuria
que se cometía a través de un medio que multiplica la velocidad con que los demás
personas puedan conocer de esta clase de lesión. Se advierte que la demandada primero
insultó al actor por medio de Facebook y luego, no conteste con esa red social, escribió
similares palabras en Instagram, siempre el mismo día. Sin hesitación, la demandada
quiso la realización el acto y el medio elegido que propaga los efectos del insulto,
muestran claramente que bien pudo representarse el resultado dañoso que se seguía por
su actuación.
12. De tal modo, el arrepentimiento de la demandada que se alude en el decisorio en
crisis, según testimonial de fs. 302 no tiene virtualidad para mudar el factor de
atribución. Al momento de elegir las redes sociales para escribir un insulto al actor, la
demandada tuvo la seria posibilidad de representarse como ciertamente probable el daño
que ocasionaba. Esto acredita una manifestación indiferente por el interés ajeno que a la
postre fue dañado, configurando el dolo eventual que sí queda atrapado por la redacción
actual del art. 1724 del C. C. y C.N.
13. Reitero, las piezas probatorias arrimadas a la litis, antes referidas, demuestran
claramente que la demandada con su actuación tuvo un menosprecio por el bien jurídico
ajeno, dignidad de la persona del actor (art. 51 del C.C.yC.N.) Es más, el
arrepentimiento por las consecuencias que ocasionó su actuación, indica que la
demandada conocía como probable en gran medida del resultado perjudicial para el
actor y, no obstante, no realizó ningún esfuerzo para evitar el perjuicio. Recuérdese que
el día que la demandada publica esas expresiones injuriantes para el demandante por
Facebook, eligió otra red social para seguir por ese camino. Entonces, la demandada
¿quiso evitar el resultado dañoso que traía su actuación o, por el contrario, lo quiso
intensificar? La respuesta a este interrogante muestra que la actuación de la accionada sí
tuvo una representación del posible resultado dañoso, sin importarle el bien jurídico que
lesionaba (manifiestamente indiferente por el interés ajeno).
14. En síntesis, en el caso de autos, el factor de atribución subjetivo es el dolo y no la
culpa, por lo que asiste razón al recurrente en este aspecto. Dicho esto, no juega en el
caso sub judice lo dispuesto por el art. 1742 del C. C. y C.N.
15. Dentro de este agravio el apelante estima que la condena por daño moral en la
cantidad de pesos dieciocho mil ($ 18.000) resulta exigua. No se discute que el medio
utilizado por la demandada tuvo un efecto de propagar la lesión que se infería al actor,
reaccionando 25 personas, y fue compartido 13 veces y lo comentaron 36 veces
personas que pueden o no conocer al actor.
16. Ahora bien, de la trascripción parcial que el apelante realiza a fs. 432 vta. se advierte
que asiste razón a la actora en cuanto denuncia que el tribunal de primera instancia no
ponderó adecuadamente que la lesión inferida al accionante.
17. Aunque no los seguidores de las redes no conozcan al actor, o que su número no es
numeroso, dado el medio utilizado y lo expresado en el texto, estimo que debe atenderse
a la entidad objetiva del menoscabo espiritual.
18. No desconozco que el criterio de los placeres compensatorios se encuentra
receptado en el art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prescribe que
el monto de la indemnización de las “consecuencias no patrimoniales” debe fijarse
“ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las
sumas reconocidas”.
19. La aplicación de dicha pauta ha sido defendida arguyéndose que “…lo más
adecuado es utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el
sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida;
encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable
en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa (Ghersi, Carlos
Alberto; ‘Daño moral y psicológico’, 2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2002, pág.
179/181); hallar causas externas que produzcan placeres y alegrías que logren
compensar los padecimientos sufridos: remedios para la tristeza y el dolor. Es razonable
bucear, a tal fin, entre distintos placeres posibles, a saber: el descanso, las distracciones,
las diversiones, los juegos, escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc.
(Iribarne, Héctor Pedro: ‘La cuantificación del daño moral’, en Revista de Derecho de
Daños n° 6: Daño Moral, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 185 y siguientes). El
goce concreto con que debe buscarse compensar a cada damnificado está directamente
relacionado con los placeres específicos con que acostumbra a regocijarse, los que
resultan un elemento importante a tener en cuenta a fin de acercarse a la ansiada pero
imposible objetividad a la hora de fijar una indemnización justa. Porque como dice
Ghersi, ‘la disponibilidad de recursos para satisfacer su placer o descanso vacacional,
encontrará el límite en aquellos recursos de su clase social’ (Ghersi, Carlos Alberto:
Daño moral y psicológico, 2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 197)… no solo
que la teoría de los placeres compensatorios puede usarse para ‘daños reparables’, sino
que es en el ámbito donde se desenvuelve con mayor solvencia, pues aun cuando
también resulta útil para cuantificar el daño moral ‘irreparable’, es más idónea en aquél
caso que en este, porque aquí podría haber hipótesis en que ningún placer compense
adecuadamente al damnificado, mientras en aquel supuesto lo habrá siempre… El
modelo utilizado… permite un pleno ejercicio del derecho de defensa (art. 18 de la
Constitución Nacional) ya que al explicitarse el razonamiento se puede verificar la
razonabilidad de la decisión; atacarla y defenderla mucho más eficaz y eficientemente
que si se estableciera una cifra que, como es usual en la jurisprudencia argentina (casi
un lugar común, me atrevo a decir), luego de largas y dogmáticas consideraciones
termina anidándose en lo que el juez considera ‘mesurado’, ‘prudente’ o ‘razonable’, en
misteriosas referencias que no tienen otro sustento que la libre discrecionalidad… Ese
panorama no mejora si se parte de indemnizaciones concedidas para casos análogos
(existen bases de datos específicamente destinadas a ese fin), pues, en la mejor de las
hipótesis, se llegará al ‘promedio de distintas discrecionalidades’ carentes de
fundamento objetivo, lo que no tiene más virtud que una mayor previsibilidad, mérito
que resulta insuficiente para el afianzamiento de la justicia que manda el preámbulo de
la Constitución Nacional y el pleno ejercicio del derecho de defensa que custodia su
artículo dieciocho; sobremanera cuando lleva como lastre una restricción al margen de
discreción del juzgador concreto que no tiene amparo normativo” (Cámara 1a de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala I, “P., D. A. c. Banco
Supervielle S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, 20/04/2017, RCyS 2017-VIII, 159).
20. Ahora bien, entiendo que hacer primar ese parámetro con desvinculación de la
plataforma fáctica de la litis conduce a hacer caso omiso de la manifiestamente débil –
cuando no inexistente- conexión entre el desmedro de la subjetividad del damnificado
valorado por los tribunales (v.g, por muerte o lesiones a la integridad espiritual) y el
bien o placer compensatorio que se considera para la cuantificación (v.g6., alquiler de
una cabaña u otro bien, servicio o goce), inficionando así la razonable fundamentación
de que debe ostentar la respuesta jurisdiccional.
21. Por otro lado, bien se ha dicho que pretender compensar el daño moral con placeres
materiales, cualquiera sea su índole, importa una idea equivocada de ese perjuicio y del
sentido que tiene su reparación. El daño moral no es el dolor, la pena o el sufrimiento
que una persona experimenta (y aquello que el placer que posibilita el dinero procuraría
compensar) sino una modificación disvaliosa en la subjetividad del damnificado
derivada de la lesión a un interés no patrimonial, que se traduce en un modo de estar
diferente y anímicamente perjudicial al que tenía antes del hecho. De allí que la
aplicación del criterio bajo examen implicaría negar la indemnización del daño moral
que sufre una persona que nada experimenta, física ni psíquicamente, por su estado de
coma o de vida vegetativa a raíz del hecho lesivo, dado que en ese supuesto no puede
hablarse de placeres compensatorios o de consuelo por una razón más que obvia: ningún
placer o consuelo puede experimentar quien se encuentra privado de la aptitud de sentir.
Aun así, la función satisfactoria o compensatoria del dinero subsiste, como único modo
idóneo que el Derecho encuentra de alcanzar una solución jurídica frente a este tipo de
detrimentos. Por eso contraponer en términos absolutos placer compensatorio con daño
moral importa confundir este concepto con las formas más frecuentes de exteriorización
que suele presentar, pero que en modo alguno hacen a su esencia o lo agotan (cfr.
Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G.: Tratado de Responsabilidad Civil,
Rubinzal Culzoni, 2017, t. I, p. 800).
22. Por otra parte, el método de la tarifación judicial indicativa -que propone cotejar el
monto concedido en concepto de daño moral en casos similares al que debe resolverse,
a fin de evitar pronunciamientos judiciales disímiles frente a plataformas fácticas
homogéneas- tampoco resulta decisivo o determinante en la labor de cuantificación del
daño moral, desde que no se halla exento de reparos, como ya lo ha advertido este
Tribunal en anterior oportunidad (cfr. Sent. Nº 7, 20/02/2018).
23. Nótese, además, que al cuantificar en la demanda la suma pretendida a título de
daño moral ($157.000) la actora se limitó a plantear al justificar esa cantidad en la
gravedad del hecho, demás circunstancias de comisión, publicidad, exposición a
personas conocidas o no, y a múltiples factores de personalidad (ver fs. 46). De tal
manera, la actora eludió toda justificación de la suma peticionada y tampoco sugirió
concretos “goces compensatorios” que, a su entender, resultaban adecuados para
resarcir el daño moral sufrido, lo cual se advierte claramente al momento de expresa
agravios (ver esp. fs. 432 vta./435).
24. A esta altura del razonamiento, reconocida la existencia del daño moral
indemnizable y su gravedad, admitida la dificultad que supone cuantificar un rubro de
tan especial naturaleza, pero a la luz de lo que nos permite conocer el expediente y la
relativa utilidad que los diversos métodos de cuantificación pueden brindar en el sub
lite, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso valoradas en esta
instancia, con el agregado relativo al carácter doloso del factor de atribución, la
gravedad del daño padecido, sin importar los supuestos goces compensatorios que
omitió proponer, considero equitativo y prudente -art. 335 CPCC- elevar el quantum
indemnizatorio por daño moral a la suma de pesos treinta mil ($30.000), la que
devengará intereses moratorios conforme a lo establecido en la sentencia recurrida.
25. Por ende, este tramo del recurso de apelación debe admitirse y, modificarse el fallo
impugnado en este aspecto.
26. La segunda queja esgrimida por el quejoso radica en la imposición de costas que
realiza la Juez a quo, quien dado el resultado del pleito, distribuye las costas en un 85%
a cargo de la demandada y el 15% restante al actor, lo cual, reitero, es motivo de agravio
de esta parte.
27. Sobre el particular, considero que aquí también asiste razón al recurrente. En efecto,
sabido es que por costas se entiende todos los gastos que deben afrontarse en virtud de
la sustanciación del proceso, en los que se incluyen tanto los asumidos por la parte a fin
de la tramitación de la litis y las originadas por la contraria. (cfr. REIMUNDÍN,
Ricardo, La condena en costas en el proceso civil, ed. Zavalía, Bs. As., 2000, p. 168;
GOZAÍNI, Osvaldo A., Costas Procesales, v. 1, ed. Ediar, Bs. As., 2007, p. 2/4). Así,
Podetti sostiene: “costas, en derecho procesal, es el costo del litigio; las erogaciones que
necesariamente deben hacer los sujetos del mismo para obtener la actuación de la ley,
mediante la resolución judicial que pretende” (PODETTI, J. Ramiro, Tratados de los
actos procesales, 1955, p. 111, citado en LOPEZ DEL CARRIL, Julio J., La condena en
costas, ed. Abeledo- Perrot, Bs. As, 1959, p. 99).
28. La regla directriz en materia de costas la constituye su imposición al vencido, siendo
la excepción la exoneración, sea total o parcial, de este último.
29. Siguiendo tal hermenéutica, el legislador local ha receptado, expresamente, tal
solución como principio general, al disponer en el art. 130 del Código de rito: “La parte
vencida será condenada al pago de las costas del juicio, aunque la contraria no lo haya
solicitado, a menos que el tribunal encontrare mérito para eximirla total o parcialmente,
debiendo, en este caso, fundar la resolución”.
30. Entre de los supuestos de excepción a la mentada regla se encuentra en los
vencimientos mutuos, por el que si el resultado del pleito fuese parcialmente favorable a
ambas partes, las costas se impondrán prudencialmente en relación con el éxito obtenido
por cada una de ellas, conforme prescribe el art. 132 de la Ley adjetiva.
31. Así las cosas, incumbe establecer el alcance del término vencido, sobre el cual no
se debe efectuar una conceptualización general, estableciendo arquetipos a tal fin.
Ciertamente, el exégeta debe procurar no confundir la suerte obtenida de la pretensión
material con la consecuente condena en costas.
32. Antitéticamente, las costas importan un instituto autónomo, diferenciado de la
sentencia o auto por el que se concluye la instancia, puesto que el vencido en la cuestión
de fondo puede ser exonerado de los gatos causídicos en atención a determinadas
contingencias. Así, se ha expresado: “…atendiendo una visión general del proceso, para
establecer el carácter de vencido no es admisible dividir el litigio con relación a los
distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la
controversia, derivando así la posibilidad de establecer vencimiento mutuos o
parciales.” (; GOZAÍNI, Osvaldo A., Costas Procesales, v. 1, ed. Ediar, Bs. As., 2007,
p. 63). De tal guisa, las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el
pleito, debiendo tenerse en cuenta la postura asumida por las partes en relación a la
mayor o menor medida en que prosperan las aspiraciones controvertidas, tomándolas en
conjunto y no aisladamente.
33. Lo dicho se justifica en que, la distribución proporcional del costo del proceso se
fundamenta principalmente en la equidad, lo que puede colegirse fácilmente al observar
que la norma dela art. 132 del CPCC emplea la voz “prudencialmente” para señalar la
situación excepcional que atraviesa el principio objetivo (en similar sentido. Ibídem, p.
289). La equidad como pauta de distribución de gastos causídicos ha sido afirmada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Corresponde entonces a la Corte, en
ejercicio de su poder jurisdiccional, apreciar prudentemente el alcance específico de las
costas sobre las que versa la condena, tomando en cuenta la oportuna comprobación de
las mismas, las circunstancias del caso concreto, la naturaleza de la jurisdicción de
protección de los derechos humanos y las características del respectivo procedimiento,
que poseen rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir otros procesos, tanto
de carácter nacional como internacional. El monto razonable de las costas realizadas por
la víctima (…) será determinado sobre una base equitativa…”. (CIDDHH, in re “Loayza
Tamayo, María E.”, del 27/11/1998, LA LEY1999-F, 665 – RCyS 1999, 1329,
AR/JUR/1712/1998).
34. En esa inteligencia, es de resaltar que la estimación de la calidad de vencido, sea
total o parcialmente, a fin de determinar la imposición de las costas, debe efectuarse
ponderando la naturaleza del proceso del que se trate.
35. Siguiendo el iter argumental, tratándose de una acción de daños y perjuicios, la mera
circunstancia de no haber prosperado íntegramente la pretensión no resulta óbice para
eximir al demandado de las costas, toda vez que los gastos causídicos conforman un
daño que debe ser soportado por el responsable, aunque no procedan todos los
conceptos reclamados. Ello pues, las costas forman parte de la indemnización, aunque la
acción resarcitoria prospere en mínima proporción, por lo que los gastos causídicos
deben ser soportados por el responsable civil, salvo casos de plus petición inexcusable.
36. Tal hermenéutica resiste el test de convencionalidad, toda vez que ya la Corte
Interamericana de Derecho Humanos ha reconocido el carácter resarcitorio de los gastos
causídicos, al sostener: “Las costas deben ser incluidas dentro del concepto de
reparación al que se refiere el art. 63.1 de la convención, puesto que derivan
naturalmente de la actividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus
representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la
violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas.” (CIDDHH, in re “Loayza
Tamayo, María E.”, del 27/11/1998, LA LEY1999-F, 665 – RCyS 1999, 1329,
AR/JUR/1712/1998).
37. Luego, en las acciones por daños y perjuicios la manda del art. 132 del CPCC, que
prescribe en caso de vencimientos recíprocos la imposición de costas en función el éxito
obtenido por las partes, debe ser interpretada y aplicada a la luz de la prudencia,
equidad, y particularidades del proceso, puesto que los gastos causídicos forman parte
del fin resarcitorio pretendido por la víctima. En esa inteligencia, el acogimiento
parcialmente de la demanda no conlleva, lisa y llanamente, la imposición proporcional
de costas a cargo del accionante, debiéndose justipreciar a la luz de las constancias de
autos.
38. Dilucidado el marco normativo pertinente a la cuestión materia de recurso, incumbe
adentrarnos al juzgamiento sobre su procedencia. Como se refirió ut supra, el recurrente
se queja por la imposición de costas a su cargo, en el porcentaje del quince por ciento,
en virtud del principio objetivo de la derrota, habiéndose acogido parcialmente la
demanda.
39. En el sub examen, corresponde valorar las constancias de autos y, en ese orden de
ideas, ponderar que los actores impetran demanda de daños y perjuicios, persiguiendo la
suma de p ciento sesenta mil. Que la demanda fue acogida, parcialmente, por la suma de
pesos veinte mil. ($ 20.000). Que el monto indemnizatorio al que arriba la Juez a quo
surge de la morigeración de los rubros indemnizatorios pretendidos, en especial la
indemnización por daño moral. En efecto, el acogimiento parcial de la demanda ha sido
desde su aspecto cuantitativo y no cualitativo, siendo que la totalidad de los rubros
resarcitorios (daño emergente, daño moral) han sido recibidos, empero por montos
inferiores a los pretendidos.
40. En lo atinente a la queja, el agravio debe ser admitido, según lo expresara antes de
ahora. Ello, dado que el carácter de vencido que contiene el art. 130 del CPCC, recae
sobre el demandado, ya que de una detenida lectura del decisorio en crisis se muestra
que el reconocimiento del derecho lo obtuvo la parte actora; la responsabilidad del
evento dañoso, con todos sus elementos, fue declarada en contra del accionado. En este
sentido, puede señalarse que teniendo presente este marco normativo y jurisprudencial
señalo que la distribución de costas en primera instancia no debe mantenerse,
correspondiéndole a la demandada que soporte las costas atento que la litis resultó
necesaria para el progreso de la acción o el reconocimiento del derecho ya que la actitud
del demandado fue la de negar su responsabilidad.
41. Este aserto se justifica ya que, aun cuando prosperaron la totalidad de los rubros
reclamados, y la suma peticionada ha sido despachada por un monto menor, la calidad
de vencido recae en la parte demandada. (Cfr. ésta Excma. Cámara in re
“Casamayouret, Miguel Ángel c/ Pacheco, Marco Antonio -Ordinario- Daños y perj.-
Accidentes de tránsito- Recurso de apelación-, Expte. n° 1893418/36”, Sent. n° 28, del
13/03/2014; “Silva, Silvia Beatriz c/ Antonacci, Ebert y otros –Ordinario-Daños y perj.-
Accidentes de tránsito- Recurso de apelación-“, Sent. n° 67, del 29/05/2014; “Cuello,
Mario Benjamín y otro c/ Kabalin, Leonardo y otro – Ordinario – Daños y perj. –
Accidentes de tránsito – Recurso de apelación”.- Expte nº 809780/36, y en su
acumulado “Cuello Mario Benjamín y otro c/ Kabalin Leonardo y otros – Ordinarios –
otros – Expte. n° 1152905/36, Sent. N° 93, del 12/08/2014; “Tabares Angulo, Gonzalo
Héctor c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba y otro. Ordinario. Daños y perj.
Accidentes de tránsito. Recurso de apelación” expte n° 1907778/36, Sent. n° 36, del
25/803/2014).
42. Robustece tal aserción, la doctrina judicial que indica: “…la excepción consagrada
al principio genérico de imposición de costas, tiene por finalidad proteger al actor que
reclama por estos daños de difícil determinación inicial o que han sido librados al
prudente arbitrio judicial. En efecto, si procesalmente se lo obliga al actor a estimar un
monto en su escrito de demanda, y luego de rendida la prueba específica, éste resulta
esencialmente disminuido en la sentencia, imponerle al actor que cargue con las costas
por las sumas rechazadas, equivaldría a otorgarle una indemnización prácticamente
irrisoria, cuando no nula. Ello, sin adentrarnos a analizar los casos de plus petición
inexcusable.” (SCMendoza, Sala I, in re “Agüero Abelardo, Lucio y otro c. Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza”, del 05/08/2009, DJ10/02/2010, 273,
AR/JUR/27166/2009).
43. Por ende, a tenor de lo expresado, las costas de la instancia anterior deben ser
impuestas en su totalidad a la parte demandada, debiendo modificarse el fallo atacado
en este aspecto.
44. La tercera y última queja de la parte actora radica en la publicación de la sentencia,
según lo admite el art. 1740 del ordenamiento sustancial, ya que el recurrente no
comparte lo decidido por la Juzgadora sobre este reclamo (ver fs. 409).
45. Este agravio debe correr igual suerte que los anteriores, es decir, se debe admitir la
queja. El dispositivo legal recién citado, autoriza como modo de resarcir el perjuicio
ocasionado a la dignidad de la persona, que además de la suma mandada a pagar, se
publique total o parcialmente la sentencia a costa del responsable del hecho.
46. En el sub judice, no se discute el lugar fijado para la publicación, pero sí la forma de
la publicación. Sobre ello, la Juzgadora dijo en su pronunciamiento que debía
consignarse la parte resolutiva, más la carátula con iniciales, más un párrafo atinente
papel que cumplen las redes sociales.
47. Conforme reza el art. 1740 del ordenamiento sustancial, en el caso que nos ocupa,
resulta apropiada debido a la propagación que tuvo la ofensa, por lo que la publicación
tiende a lograr también un equilibrio con una difusión parecida o equivalente. De esta
manera, la publicación que se ordena debe ser de la sentencia, sin que se consignen las
iniciales de la carátula, sino la carátula completa a fin de lograr una adecuada reparación
(art. 1770 del C.C. y C.N.) (Zavala de González, M. “La Responsabilidad civil en el
nuevo Código” Cba. Alveroni. 2016 T. II, p.755).
48. Por lo tanto, deberá publicarse la parte dispositiva del fallo modificado, con el
nombre y apellido de los litigantes insertos en la carátula del expediente, como aquellas
partes pertinentes del decisorio que muestran cómo fue la actuación de la demandada, la
lesión que infirió al actor y el monto de la condena establecida en concepto de daño
moral.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO
P.B. TINTI, dijo:
Por considerar correctos los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante,
adhiero en un todo a los mismos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C.
SÁNCHEZ TORRES, dijo:
Por todo lo expuesto, considero que debe hacerse lugar al recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y, en su mérito, modificar el fallo apelado en todo aquello
que fue materia de agravio, disponiéndose : a) que el factor de atribución en el caso sub
lite fue dolo y no culpa; b) elevar la suma fijada en concepto de daño moral a la
cantidad de pesos treinta mil, con más los intereses establecidos por la Juez a quo; c)
imponer las costas de la sede anterior en su totalidad a la demandada por resultar
vencida; d) ordenar la publicación de la sentencia de las partes pertinentes indicadas,
referidas a la actuación de la demandada, clase de lesión inferida al actor, índole del
daño ocasionado y monto de la indemnización, parte resolutiva y la consignación de
nombres y apellidos del expediente, según la carátula. No se imponen costas en esta
instancia por no haber oposición. Se deben dejar sin efecto los honorarios fijados en la
instancia anterior, adecuándolos al sentido de este pronunciamiento. Los estipendios del
Dr. Marcos Suarez Montes se fijan provisoriamente en la cantidad de ocho jus. Así
Voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO
P.B. TINTI, dijo:
Adhiero a las conclusiones arribadas por el Sr. Vocal preopinante, votando en idéntico
sentido a la cuestión planteada.-
Atento el resultado de los votos emitidos
SE RESUELVE:
I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en su mérito,
modificar el fallo apelado en todo aquello que fue materia de agravio, disponiéndose : a)
que el factor de atribución en el caso sub lite fue dolo y no culpa; b) elevar la suma
fijada en concepto de daño moral a la cantidad de pesos treinta mil, con más los
intereses establecidos por la Juez a quo; c) imponer las costas de la sede anterior en su
totalidad a la demandada por resultar vencida; d) ordenar la publicación de la sentencia
de las partes pertinentes indicadas, referidas a la actuación de la demandada, clase de
lesión inferida al actor, índole del daño ocasionado y monto de la indemnización, la
parte resolutiva y la consignación de nombres y apellidos del expediente, según la
carátula.
II) No se imponen costas en esta instancia por no haber oposición.
III) Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia anterior, adecuándolos al
sentido de este pronunciamiento.
IV) Los estipendios del Dr. Marcos Suarez Montes se fijan provisoriamente en la
cantidad de ocho jus.
V) Protocolícese y bajen.
CERTIFICO: Que el Sr. Vocal, Dr. Leonardo C. González Zamar, no suscribe la
presente por haber sido designado miembro titular del Tribunal Electoral Provincial “Ad
Hoc” a partir del 01.02.19 (art. 9 Ley 9840), dictándose la resolución, conforme lo
prescripto por el art. 382 del C.P.C.C.- Of. 28.05.19.-
SANCHEZ, Julio Ceferino
VOCAL DE CAMARA
TINTI, Guillermo Pedro Bernardo
VOCAL DE CAMARA

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