Ordenan preservar un árbol

Un juez porteño ordenó que se preserve un árbol de la tala, no es parte del mobiliario urbano, argumentó. Es un ser vivo protegible

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Al parecer querían talar un árbol de la comuna. pero un juez lo impidió. Un vecino interpuso acción de amparo y el juez ponderó que el ejemplar arbóreo presenta un buen estado sanitario y un crecimiento acorde a las condiciones de cultivo”.

Sobre los ahuecamientos que presenta, los profesionales consultados destacaron que “la tarea de sellado de los cancros con cemento –tal el caso de la especie en cuestión– fue utilizada en el mantenimiento de los árboles históricos, por eso se ha tomado en este caso como práctica para salvaguardar el estado sanitario de la especie”.

Por lo tanto, los expertos concluyeron que «vistas las condiciones externas del paraíso, no consideramos adecuada su remoción, y sí deberá considerarse la ejecución de una poda de limpieza y aclareo, a los efectos de conservar en buen estado su estructura”, valoró el magistrado, tras analizar las pericias. El fallo fue publicado en iJudicial.

El mencionado trabajo subraya además la importancia del arbolado en las ciudades, «la existencia de árboles en veredas, particularmente en grandes urbes, cumple con un rol fundamental del punto de vista ambiental”, motivo que tuvo en cuenta también para señalar la obligación de «la Administración a protegerlos y extremar los recaudos en todo lo que hace a las intervenciones que los afectan«.

El juez agregó que «un árbol no es un integrante más del mobiliario urbano, fácilmente reemplazable, fungible en sus funcionalidades, como un farol o una parada de colectivos. Se trata de seres vivos que nos acompañan y ayudan en el, muchas veces, difícil tránsito de habitar las grandes ciudades”.

No sé que les parece a ustedes, de mi lado, aplausos.

Anexo con sentencia completa sobre protección de arbolado, publicada en iJudicial

 

 

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 24 SECRETARÍA
N°48
C. R. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL
Número: EXP 35750/2017-0
CUIJ: EXPJ-01-00065282-9/2017-0
Actuación Nro: 12149684/2018
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2019.-
VISTAS las actuaciones del epígrafe que se encuentran en estado de dictar sentencia
definitiva, de cuyas constancias;
RESULTA:
1. Que a fs. 1/4 se presentó el Sr. R.C. por derecho propio y con el
patrocinio letrado de la Dra. L.H.G.T (T°21 F°478 CPACF) e inició la presente acción
de amparo contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES –en adelante GCBA–
a fin de que se revoquen las resoluciones RS- 2015-21692981 y RS-2015-28718630 por
las que el Presidente de la Junta Comunal N° 11 resolvió confirmar “la orden de
extracción de las especies arbóreas ‘paraíso’ y ‘morera’ existentes en la plantera de la
vereda correspondiente a [su] domicilio” sito en la calle Chivilcoy N° 2868, de esta
Ciudad.
Ello, por considerar que se encuentran afectados derechos
constitucionales mediante la vulneración de normas ambientales y de preservación de
las especies.
En consecuencia, solicitó que se ordenara al GCBA extraer solamente la
especie botánica “Mora” y, en caso de corresponder, “efectuar únicamente la poda del
“paraíso” cumpliendo los requisitos correspondientes a la época del año y
mantenimiento de la especie” (v. fs. 2 vta.).
A su vez, peticionó que se ordenara cautelarmente al GCBA que “no
proceda a la extracción de la especie “paraíso” (v. fs. 1 vta.).
Como fundamento de su pretensión, señaló que la decisión administrativa
por la que se ordenaba la extracción de los árboles le causaba un gravamen irreparable,
tanto para sí como para el ecosistema. En este sentido, citó el informe de inspección
ordenado por la propia Comuna N° 11, realizado el 15 de enero de 2014 –Informe
técnico N° 8136252– luego ratificado, así como también al informe elaborado por la
Escuela de Floricultura y Jardinería “JUAN O. HALL” dependiente de la FACULTAD DE
AGRONOMÍA (UBA) que oportunamente había ofrecido como prueba en el expediente
administrativo (cfme. surge del disco compacto acompañado por el GCBA en virtud del
requerimiento del Juzgado de las actuaciones administrativas –v. fs. 22–).
De tal modo, concluyó en la falta de fundamento de la resolución
administrativa que cuestiona, por cuanto atenta contra las normas básicas relativas a la
preservación del medio ambiente, ya que la extracción de los ejemplares eliminaría la
provisión de oxígeno que aportan, siendo además que su conservación contribuiría a
disminuir el efecto invernadero que impacta sobre la estabilidad ambiental, sumado ello
al innecesario costo económico que debería soportar el GCBA al sustituir, con un nuevo
ejemplar, los árboles removidos (v. fs. 2).
Cabe decir que los informes supra referidos se encuentran glosados a fs.
7/8 vta. –informe técnico N° 8136252– y 27/28 – informe elaborado por la Escuela de
Floricultura y Jardinería “JUAN O. HALL” dependiente de la FACULTAD DE AGRONOMÍA
(UBA)– de los autos caratulados “C.R. contra GCBA sobre Amparo” (Expte.: A3293-
2016/0) –reservado bajo sobre nro. 417 (cfr. fs. 22) concluido por caducidad de la
instancia; informes que han de valorarse a la luz de lo normado por el artículo 268 del
CCAyT.
2. Que a fs. 26/29 la Sra. Fiscal propició en su dictamen el rechazo in
limine o, en su caso, la reconducción de la acción incoada.
3. Que a fs. 32/35 vta., el Juzgado, tras admitir la vía procesal intentada
por el amparista, hizo lugar a la medida cautelar por él solicitada y ordenó al GCBA –
Junta Comunal N° 11– que se abstuviera de cualquier actividad de tala o extracción del
ejemplar “paraíso” de la plantera ubicada frente al domicilio del actor, hasta tanto se
dictara sentencia definitiva. Todo ello, siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitieran demora alguna para proceder en contrario; razones
que, de existir, debían ser puestas en conocimiento del tribunal. La resolución se
encuentra firme (cfr. cédulas de fs. 37/37 vta. y 39/39 vta. y ss.).
4. Que a fs. 40/44 vta. el GCBA se presentó y contestó demanda. En
síntesis, invocando el art. 7 del CCAyT, manifestó que la acción debe ser rechazada por
cuanto el actor se presentó dos años después del dictado de la resolución de la Junta
Comunal N° 11 que resolvió el recurso que agotó la instancia administrativa.
A su vez, indicó que la alegada arbitrariedad de la resolución por la que
se ordenó la extracción de los árboles en cuestión no era tal por cuanto el actor había
omitido considerar que la legislación vigente no permite la convivencia de dos especies
en una misma plantera, más aún cuando una de ellas, la “morera”, está expresamente
prohibida, y la otra, el “paraíso”, tiene grandes cavidades en sus fustes.
Además, calificó de “fundamental e incontestable”, el hecho de que se
han realizado diversas inspecciones por personal de la Comuna 11 y los resultados de
todas ellas habían sido contestes en que ambas especies debían ser removidas.
A fs. 49 la causa se abrió a prueba y a fs. 53/56 el Director de la Escuela
de Floricultura y Jardinería de la Facultad de Agronomía de la U.B.A. confirmó que el
informe oportunamente acompañado por el actor al expediente administrativo resulta
auténtico.
A fs. 61 quedaron las presentes en condiciones de resolver.
CONSIDERANDO:
5. Que toda vez que la demandada ha considerado que la vía del amparo
no resulta procedente en el caso, he de recordar que el marco normativo de la acción de
amparo ha sido establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo
14 de la Constitución de la Ciudad y reglado, en sus aspectos procesales, por la ley de
amparo Nº 2145 (BOCABA Nº 2603 del 12/01/2007, texto consolidado por Ley Nº
6.017 al 28 de febrero de 2018).
De este modo, en su parte pertinente, la Constitución de la Ciudad
establece que este remedio judicial, de carácter rápido y expedito, permite cuestionar
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“todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o
inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, lostratados
internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en
su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”.
Esta es la norma que fija los requisitos de procedencia de la acción de amparo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la
“arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” requiere que la lesión de los derechos o
garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e
inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio
debate o prueba (Fallos 306:1253; y 307:747).
Luego, resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna
prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión,
restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. A
su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la
tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que
conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que
remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales
ordinarios puede ocasionar un daño grave e irreparable al titular del derecho
presuntamente lesionado.
Precisamente por esta última consecuencia la acción de amparo ha sido
erigida como garantía constitucional, prevista para tutelar de modo rápido y eficaz los
derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal.
No se trata de una acción excepcional o heroica, sino que tal
“excepcionalidad” sólo puede entenderse “como una especificación del principio de
que, en un Estado de Derecho, también son o deberían ser ‘excepcionales’ las
amenazas, restricciones, alteraciones o lesiones de derechos y garantías
constitucionales por actos emanados de las autoridades públicas. La calificación de vía
excepcional no puede provocar, en cambio, restricciones injustificadas para la
admisión de la acción” (voto de la Dra. ALICIA RUIZ, en autos “Vera, Miguel Ángel”,
TSJ, resueltos el 4 de mayo de 2001).
La existencia de una actuación que se considera irregular, por afectar
derechos de raigambre constitucional, torna admisible esta vía cuando lo hace en forma
manifiesta.
En el caso, el amparista endilga a la Administración privarlo de sus
derechos a un ambiente sano y a la salud. La cuestión se vincula entonces con los
derechos reconocidos en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 26 de la
Constitución de la Ciudad, por lo que, invocada la lesión, la pertinencia de la vía elegida
surge evidente.
Es, en este orden de ideas, que nuestro máximo Tribunal sostuvo que los
jueces “deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las
formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden
constitucional[…]” (CSJN in re “Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados”, Fallos 329: 4918, LL 2007-A, 62, DJ 2006-3,
1239, IMP 2007-A, 87 del dictamen de la Procuración General que la Corte hace suyo y
“Koch, Lilian Mercedes c/ PEN – Ley Nº 25.561 – Dtos. Nros. 1.570/01 214/02 (Boston –
Citi) s/ amparo sobre Ley Nº 25.561”, del 14 de febrero de 2012, Fallos 335: 4).
En el sub lite, toda vez que el actor alegó, a partir de un accionar
arbitrario que atribuye a la Administración, la afectación de su derecho a gozar de un
ambiente sano, la vía procesal escogida resulta adecuada para canalizar su pretensión.
Así, si bien la instancia administrativa fue agotada con la desestimación
del recurso de alzada interpuesto por el actor contra los actos administrativos que
ordenaron la extracción de las especies arbóreas de la plantera frente a su domicilio, lo
cierto es que la inacción de la autoridad comunal en ejecutar la tala de los árboles en
cuestión, mantuvo vigente la amenaza de vulnerar los derechos que el amparista
pretende preservar.
En tal sentido, teniendo a la vista el disco compacto que contiene los
expedientes electrónicos formados a partir del reclamo del aquí amparista, que obra en
sobre cerrado Nº 417 (reservado en Secretaría) se advierte que en virtud de la
inejecución de la Resolución RS-2016-01799361-COMUNA 11 por la que el Presidente
de la Junta Comunal N° 11 resolvió autorizar “las extracciones de los ejemplares
ubicados en la calle Chivilcoy N° 2868, especie botánica ‘Mora’ por tratarse de una
especie no permitida y especie botánica ‘Paraíso’ debido a las grandes cavidades que
presenta los fustes”, persistía, al momento de iniciar la presente acción, una situación
que el amparista considera que afecta de modo manifiestamente ilegítimo y arbitrario
derechos constitucionalmente tutelados.
En el mismo sentido, no puede soslayarse que el propio texto
constitucional escinde la viabilidad procesal del amparo del trámite ordinario de
agotamiento de la instancia administrativa, a la vez que puntualiza que “el
procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad”
(art. 14, CCABA). Vale recordar que tal precepto ha sido reafirmado y puesto en valor
de modo categórico por el Tribunal Superior de Justicia al declarar la
inconstitucionalidad de la norma que fijó un plazo de caducidad para interponer la
acción de amparo (Expte. Nº 5296 “Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad”, resuelto el 27 de diciembre de 2007).
Es así que teniendo en cuenta la plataforma constitucional y legal
involucrada en el caso, el señalado contexto fáctico admite su discusión y análisis a
través de este tipo de proceso, sin que se advierta la necesidad de un debate más amplio
o de desplegar una profusa actividad probatoria, que pueda poner en riesgo el derecho
de defensa de la demandada.
Lo expuesto permite concluir que la vía del amparo es claramente idónea
en las circunstancias del caso y, desde el punto de vista formal, resulta admisible.
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6. Que, despejada la cuestión adjetiva planteada por el demandado, a los
fines de adentrarse en el tratamiento de la cuestión de fondo es necesario, previamente,
efectuar un somero relevamiento general del marco normativo aplicable al caso.
6.1. En primer lugar, resulta necesario señalar que el medio ambiente que
la presente acción pretende resguardar se encuentra protegido en la Constitución
Nacional.
En efecto, el derecho a un ambiente sano se encuentra expresamente
postulado y reconocido en el artículo 41 de nuestra ley suprema, el que, luego de la
reforma constitucional, y en un todo de acuerdo con los principios reconocidos por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano de Estocolmo en 1972 y
por la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de
Janeiro en 1992, ha consagrado el derecho a un ambiente sano y el correlativo deber de
preservarlo.
De la normativa señalada no cabe más que concluir que el derecho a un
medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto del
disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el
nivel de vida en general y, en ese orden de ideas, mencionar que, entre ambiente y salud,
existe una estrecha relación. Así, se ha dicho que el derecho a la tutela del ambiente o
derecho al ambiente salubre puede considerarse una expresión del derecho a la salud.
Sobre ello puede agregarse que la doctrina ha señalado “el valor y
relevancia del arbolado público en el ámbito urbano como uno de los medios para
satisfacer el derecho constitucional al ambiente sano de sus habitantes” (OLVEIRA
RIAL, ALBERTO; “Ambiente, comunas y descentralización: Competencias y gestión del
arbolado público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; en AA.VV., Cuestiones de
Derecho Urbano, Buenos Aires, ADA Ciudad – LEP, 2016, p. 351 y ss.,
www.adaciudad.org.ar).
6.2. Además, respecto de la protección del patrimonio natural, en el orden
local, el vértice normativo se encuentra también en la Constitución de la CABA que, en
su artículo 26, dispone que “[e]l ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en
provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma
actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva
prioritariamente la obligación de recomponer”.
Por su parte, en el artículo 27 se señala que “[l]a Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su
inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial
y ambiental participativo y permanente que promueve: 1. La preservación y
restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son
de su dominio. 2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico,
arquitectónico y de la calidad visual y sonora (…) 4. La preservación e incremento de
los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de
reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica…”.
En este contexto, la legislatura porteña ha sancionado la ley 3263 de
Arbolado Público Urbano que reemplazó a la ley 1556. Su objeto está dado en
“[p]roteger e incrementar el Arbolado Público Urbano [especies arbóreas, palmeras y
arbustivas manejadas como árboles que conforman el arbolado de alineación y de los
espacios verdes, así como los implantados en los bienes del dominio público del GCBA;
art. 2º], implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustarán
las tareas de intervención sobre los mismos” (art. 1º).
A dichos efectos, el art. 3 de la ley impone a la Autoridad de Aplicación
determinadas obligaciones, a saber: a) elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en la ley, b) controlar y
supervisar el cumplimiento del Plan, c) precisar tareas de conservación, adoptando
medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes
y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía, d) intervenir en el cultivo, selección y
adquisición de ejemplares destinados a las nuevas forestaciones o reposiciones,
asegurando la provisión de plantas de calidad y buen estado sanitario, como así también
de todos aquellos productos, elementos, herramientas y tecnologías necesarias para el
correcto manejo y, e) establecer campañas dirigidas a crear conductas conservacionistas,
destacando la función del árbol en el ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la
salud física y psíquica de la comunidad.
En cuanto a los contenidos mínimos del Plan Maestro de Arbolado
Público, detallados en su art. 4, conviene resaltar la exigencia de: a) un diagnóstico
sobre el estado de situación del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires –a cuyo
fin debe confeccionarse un censo arbóreo informatizado como herramienta esencial para
la obtención de un inventario cualitativo y cuantitativo, que incluya imágenes de los
ejemplares; previendo los mecanismos para su actualización permanente–; b) una
planificación diferenciada de la replantación del arbolado de alineación y espacios
verdes en función de aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, el dictado de
normas técnicas para la consolidación y revalorización del arbolado público existente,
incluyendo las tareas de manejo y conducción necesarias para lograr un adecuado
mantenimiento de los árboles, y; g) la implementación de un sistema informático de
acceso libre, gratuito y público que contemple las acciones correspondientes a la gestión
del arbolado público, y permita seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares.
Por otro lado, en el capítulo III de la ley (“Intervenciones en el
arbolado”) puntualmente regula y estipula que previo a cada intervención en el arbolado
público, la Autoridad de Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los
ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para su
resolución (art. 10).
A su turno, el art. 13 establece que la Autoridad de Aplicación podrá
efectuar tareas de poda en ramas o raíces cuando sea necesario: (i) garantizar la
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seguridad de personas y/o bienes, (ii) por el trazado o mantenimiento de un servicio
público y, (iii) mantener y conservar el arbolado público.
7. Que corresponde a continuación analizar si la pretensión del actor, esto
es, la revocación de las resoluciones RS-2015-21692981 y RS-2015-28718630 por las
que el Presidente de la Junta Comunal N° 11 resolvió rechazar y desestimar,
respectivamente, los recursos jerárquico y de alzada interpuestos contra la RS-2014-
03574447 del 18 de marzo de 2014, resulta ajustada a derecho.
En tal sentido, es dable recordar que por la RS-2014-03574447 del 18 de
marzo de 2014, se dispuso “la extracción de los ejemplares ubicados en la calle
Chivilcoy n° 2868 […] especie botánica “Mora” por tratarse de una especie no
permitida y especie botánica “paraíso” debido las grandes cavidades que presentan los
fustes, pertenecientes a la Comuna 11 conforme las planillas de Inspección […]”.
En primer lugar, debe puntualizarse que los recaudos constitucionales de
transparencia en el accionar de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires y el
derecho de acceso a la información pública de los y las ciudadano/as (arts. 1º, 12, 105
inciso “1”, entre otros) gozan de una extendida protección a nivel legal y
jurisprudencial. En efecto, la ley 104 (modificada por ley 5784) de la Ciudad garantiza
la posibilidad de “solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna”
(art. 1º) y establece determinados supuestos excepcionales en que ello no procede (art.
6º).
Este nuevo paradigma de transparencia y accesibilidad de la información
pública en manos del Estado ha sido ratificado asimismo por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a partir de una serie de pronunciamientos dictados en recordados
casos diversos a partir del año 2012 (“ADC”, “CIPPEC”, “Giustiniani”, “Garrido”,
etc.).
Si bien podríamos afirmar que se trata ya de un verdadero estándar
mínimo en lo que hace al desempeño de la Administración, cabe señalar que esa misma
exigencia de publicidad y transparencia se exige de un modo aún más estricto en todo lo
que hace a cuestiones ambientales (art. 41 de la Constitución Nacional y articulo 26 de
la Constitución de la Ciudad).
Así, la Ley General del Ambiente (25.675) de presupuestos mínimos en
materia de política ambiental contiene numerosas previsiones tendientes a garantizar el
acceso a la información ambiental (arts. 2º, 8º, 16, 17, 18, etc.) e incluso el Congreso
Nacional ha dictado una ley de presupuestos mínimos en materia de Acceso a la
Información Ambiental (25.831), ambas establecen un estándar mínimo de protección
que no puede ser desconocido por las jurisdicciones locales.
En el ámbito porteño, el legislador ha considerado necesario también
dictar una ley específica sobre Acceso a la Información Ambiental (303) a fin de
garantizar a “toda persona [su] derecho a solicitar y recibir información sobre el estado
y la gestión del ambiente y de los recursos naturales” (sobre el particular, ver
AMMIRATO, AURELIO L., “Acceso a la información ambiental”, en Revista [áDA Ciudad
Nº1, Septiembre 2007, p. 107; disponible también en www.adaciudad.org.ar).
Incluso en la normativa más específica que rige la situación traída a
conocimiento de este tribunal, la cuestión de la publicidad, transparencia y acceso a la
información no se encuentra ajena. Por el contrario, precisamente el artículo de la Ley
de Arbolado Urbano (3263) que rige las “talas o extracciones” establece que “se deberá
fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado en el plazo de diez (10) días
corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente” (art. 15). Se
advierte así, que no sólo se trata de suministrar la información que algún particular
pueda solicitar, sino que ésta debe ser expuesta de modo visible ante la ciudadanía en
general.
Reseñado sintéticamente el calificado y contundente marco jurídico
aplicable al caso, resta confrontarlo con lo actuado por la Administración en el
procedimiento administrativo que culminó con el dictado de los actos que el actor
cuestiona.
En primer lugar, puede advertirse que el acto originario que autorizó la
extracción del paraíso sito frente a Chivilcoy 2868 (RS-2013-07261409-COMUNA11)
dispone expresamente que se “exceptúe” la obligación de la colocación del cartel
informativo que prevé el último párrafo del artículo 15 de la ley 3263.
Sobre el punto, ha de señalarse que, en efecto, la norma en cuestión prevé
que ante “situaciones excepcionales que no admitan demora” puede obviarse el
cumplimiento de la medida de publicidad e información. Ahora bien, la mentada
resolución autoriza la extracción de unos treinta y cinco (35) árboles situados frente a
diversos domicilios. El hecho de que la real situación del “paraíso” que nos ocupa —
descripta por tres profesionales de la U.B.A. como de “buen estado sanitario”—
claramente no constituya uno de los supuestos en que la ley autoriza a obviar el
requisito de la publicidad de la decisión, nos permite concluir que ha mediado en el caso
un claro apartamiento del modo reglado en que debe proceder la Administración y que
este tipo de “genérica invocación” a una “situación que no admite demora” ha
constituido el medio a través el cual se ha eludido la previsión legal de publicidad para
nuestro “paraíso” y los demás treinta y cuatro (34) árboles incluidos en la resolución.
Sin embargo, no se detiene aquí el afán ocultista de quien se
desempeñaba como Presidente de la Junta Comunal Nº11 a la fecha de los hechos —
CARLOS ALBERTO GUZZINI— , pues tal como surge de las actuaciones administrativas
ante el pedido puntual del actor de que se le suministre el número de expediente y copia
de la resolución que ordena la extracción cuestionada, le fue denegada tal solicitud “en
virtud de lo establecido en la Ley Nº1845” (ver IF-2014-03743117-COMUNA11 a fs.
11 del Expte. A3293-2016, que corre por cuerda).
Una vez más una alegación genérica para vulnerar las obligaciones de
transparencia y publicidad. En esta ocasión se invoca la Ley 1845 de Protección de
Datos Personales para negar el simple y elemental pedido de un vecino de que se le
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suministre un número de expediente (¡¡¡!!!) y copia de un acto administrativo de
naturaleza ambiental que, incluso debió haber sido fijado en lugar público (art. 15, ley
3263). Resulta difícil imaginar cuales serían los datos personales o sensibles
involucrados en el caso que permitieran encuadrarlo en algunas de las excepciones a la
obligación de suministrar información pública que prevén las leyes 104 y 303. Si bien
es frecuente que la Administración pretenda evadir sus obligaciones en la materia por
vía de la alegación de la presencia de “datos personales o sensibles” —tal el caso en los
autos “CIPPEC c/EN – Mº Desarrollo Social – dto. 1172/03 s/amparo ley 16.986”,
resueltos por la CSJN el 26 de marzo de 2014—la pretensión de utilizar esa excusa en
este caso supera lo absurdo y raya lo ridículo.
En la materia cabe recordar que la regla es la divulgación y el acceso a la
información y que la denegatoria por considerar que media alguna de las excepciones
previstas por la ley, debe basarse en consideraciones de hecho y derecho debidamente
fundadas. Asimismo, es imprescindible recordar que la ley considera que el funcionario
público responsable que “en forma arbitraria obstruya el acceso del/la solicitante a la
información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier
modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder” (artículo 14, ley
104; similar disposición en artículo 6º de la ley 303).
8. Que, sentado lo expuesto, resulta relevante señalar que en uso del
derecho del actor a ofrecer y producir prueba en el marco del procedimiento
administrativo (art. 22, inc. “f”, apartado “2”, del decreto 1510-GCBA-1997) el Sr. C.
adjuntó —al momento de solicitar la revocatoria del acto que ordenó la tala de los
árboles— el 4 de septiembre de 2014 un informe técnico elaborado por la FACULTAD DE
AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES suscripto por tres profesionales de
la ingeniería agronómica cuyos nombre y apellidos allí se consignan (ver fs. 26/28 del
expediente 3293/2016 que corre por cuerda).
El informe detalla la situación de “los árboles de Chivilcoy 2868
CABA”, describe pormenorizadamente su estado y concluye respecto del paraíso que
“presenta un buen estado sanitario y un crecimiento acorde a las condiciones de
cultivo”. Asimismo, expresa que presenta “dos ahuecamientos en el tronco (…) [que]
han sido cubiertos con cemento rápido por el frentista [por lo cual su] profundidad no se
puede cuantificar”. Agrega al respecto que el sellado con cemento de los cancros “se ha
tomado en este caso como práctica para salvaguardar el estado sanitario de la especie”.
Finalmente concluye en que “vistas las condiciones externas del paraíso,
no consideramos adecuada su remoción, y sí deberá considerarse la ejecución de una
poda de limpieza y aclareo, a los efectos de conservar en buen estado su estructura”.
En otro orden, respecto de la morera, al no encontrarse permitido por ley
la coexistencia de dos ejemplares en la misma plantera, el informe sugiere que “al ser
más joven y con relativo menor grado de ramificación, puede ser removida”.
Va de suyo que el derecho procedimental a ofrecer y producir prueba
guarda estrecha relación con el derecho a obtener una decisión fundada (art. 22, inc. “f”,
apartado “3”, del decreto 1510-GCBA-1997) que haga expresa consideración de los
principales argumentos y de las cuestiones propuestas. A tal efecto, resulta fundamental
una expresa valoración de los elementos de prueba obrantes en el expediente por parte
del órgano de la Administración llamado a decidir en el caso. Tal valoración debe
basarse en las constancias del expediente y no puede consistir en una mera reiteración
de opiniones anteriores, sino que debe individualizar los razonamientos que conducen a
adoptar un determinado curso de acción. Lo expuesto cobra mayor dimensión en el caso
concreto al tratarse de un informe elaborado por la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, pues la Administración no puede soslayar que la propia
Constitución de la Ciudad prevé que “[l]a Universidad de Buenos Aires y demás
universidades nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad Autónoma” (art.
58, CCABA).
Adviértase que la resolución RS-2015-21692981-COMUNA11 —del 19
de agosto de 2015— que rechazó el recurso jerárquico del actor, consideró que el
informe elaborado por tres ingenieros agrónomos de la Facultad de Agronomía de la
U.B.A. que considera no aconsejable la remoción del paraíso, “se trata de una opinión
sin mucho fundamento técnico” (ver fs. 22, del expediente 3293-2016, que corre por
cuerda). Por lo tanto, decide inclinarse por lo que aconsejan los “informes de inspección
oportunamente realizados” por personal de la demandada.
Resulta ilustrativo detenerse un momento en estos “informes de
inspección” en los que la Administración opta por basar su decisión.
A fs. 7 y fs. 8 del expediente 3293-2016 se encuentran agregadas copias
de los informes referidos al ejemplar de “paraíso” y al de “morera”, respectivamente. Se
advierte que se trata de un formulario pre impreso en el cual el/la inspector/a puede
“marcar con una X” las diversas características del ejemplar y finalmente completar de
puño y letra sus “observaciones”.
Respecto del “paraíso” el informe consigna su altura y circunferencia, y
sólo marca entre sus características la presencia de cavidades “grandes” a nivel “basal”,
“medio” y “alto” en su fuste, por lo que escuetamente “aconseja urgente extracción”.
Consta en el formulario que ha mediado una “ratificación” del informe original. Por
último, el formulario posee un espacio destinado a los “datos del inspector”, donde
deben detallarse “nombre y apellido”, “firma” y “FM [ficha municipal] o DNI”. Se
observa allí sólo una firma, sin aclaración y sin ningún otro dato que pueda dar cuenta
de la identidad del firmante, ni si posee algún título, cargo o experiencia que acredite su
idoneidad en la materia.
En este punto, conviene recordar que la Ley de Arbolado Público (3263)
prevé que previo a cualquier intervención en el arbolado público se deberá realizar una
evaluación técnica de los ejemplares a afectar, que el personal afectado a tales tareas de
evaluación debe estar “habilitado para [su] realización mediante capacitaciones y
evaluaciones” y que la Autoridad de Aplicación debe instrumentar “las medidas a fin de
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CUIJ: EXPJ-01-00065282-9/2017-0
Actuación Nro: 12149684/2018
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
certificar la capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles” (arts. 10,
11 y 12).
Va de suyo que la apuntada falencia en el “informe de inspección”,
impide tener ningún tipo de certeza respecto del cumplimiento de estos recaudos
previstos expresamente por el legislador para garantizar el adecuado tratamiento del
arbolado urbano.
De este modo, al momento de resolver en el procedimiento
administrativo en cuestión, la Administración se encontraba frente a la tarea de valorar
la prueba obrante en el expediente administrativo. Por un lado, el ratificado “informe de
inspección” y, por el otro, el informe aportado por el actor, suscripto por tres ingenieros
agrónomos de la FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
ratificado en su autenticidad en el marco de este proceso.
Sobre el punto, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sostenido que los jueces poseen la potestad de revocar o anular la decisión
administrativa sobre hechos controvertido si fuere suficientemente irrazonable o
implicara denegación del derecho de defensa en juicio (Fallos, 244:548).
Asimismo, reconocida doctrina ha precisado que, si bien la
administración no está sometida a reglas prefijadas para apreciar el valor de la prueba,
es claro que ello no significa que pueda hacerlo de un modo totalmente discrecional, ni
menos aún irrevisable. Es que, la valoración administrativa de los hechos debe a todo
evento ser razonable, sin que pueda desconocer arbitrariamente las pruebas aportadas al
expediente. Por tal motivo, puede ser controlada, como elemento de la legitimidad del
acto y revocarse o anularse éste si se reputa errónea a aquélla (GORDILLO, AGUSTÍN;
Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas – Tomo 4 El procedimiento
administrativo, Buenos Aires, FDA, 2016, p. 375).
9. Que a fin de “proteger e incrementar el arbolado público urbano” la
Autoridad de Aplicación de la Ley de Arbolado Público Urbano debe “elaborar el Plan
Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires”, “controlar y supervisar el
cumplimiento del Plan”, “precisar tareas de conservación (…) en salvaguarda de
plantaciones existentes”, “crear conductas conservacionistas”, etc. (artículo 3º, ley
3263).
Asimismo, la ley detalla que el Plan Maestro de Arbolado Público debe
contener “normas técnicas para la consolidación y revalorización del arbolado existente,
incluyendo tareas de manejo y conducción necesarias para lograr un adecuado
mantenimiento de los árboles” (artículo 4º, ley 3263).
Por su parte, el artículo 15 de la Ley puntualiza en qué situaciones
concretas la Autoridad de Aplicación se encuentra autorizada a efectuar tareas de “tala”
o “extracción”, a saber: a) si el árbol está seco; b) si su estado sanitario, fisiológico o si
por sus condiciones físicas no es posible su recuperación; c) para garantizar la seguridad
de las personas y/o bienes; d) cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de
obras públicas; e) por el trazado o mantenimiento de un servicio público; f) cuando se
encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda
constituyendo un obstáculo y g) cuando por su localización resulte imposible ubicar las
entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano
para el uso correspondiente.
De la lectura conjunta de las normas contenidas en la ley 3263 resulta
que se privilegia la conservación de los árboles existentes y que la “tala” o “extracción”
es una opción residual ante determinados supuestos específicos, debidamente
acreditados por personal idóneo. Se advierte entonces que las facultades de la
Administración para proceder a la tala o extracción de un árbol público se encuentran
expresamente regladas por el legislador.
Si bien el “paraíso” fue la primera especie utilizada para arbolado lineal
de la Ciudad –en 1863 se plantaron 185 paraísos en las veredas de la calle Belgrano,
entre Sarandí y Entre Ríos– en la actualidad está considerada una especia “crítica”,
discontinuada en su uso y en proceso de “recambio”. El motivo radica en su alta
vulnerabilidad al ataque de hongos descomponedores de madera que penetran en el
ejemplar por las heridas que pueden producírsele naturalmente o por las intervenciones
de poda (Plan Maestro de Arbolado Urbano del GCBA, páginas 37 y 68).
Sin embargo, incluso a pesar de ello el propio Plan Maestro especifica
que “en los casos de paraísos en buenas condiciones, de ser necesario se deberá podar lo
mínimo e indispensable, procurando evitar cortes en ramas mayores a los 0,10 m de
diámetro, debido a su limitada posibilidad de cicatrización y compartimentalización”, es
decir que se procura su conservación en tanto los ejemplares se mantengan en buenas
condiciones sanitarias (Plan Maestro de Arbolado Urbano del GCBA, página 109).
Frente a tales exigencias legales, puede observarse que los actos
administrativos que dispusieron la extracción del “paraíso” sito en Chivilcoy 2868 no
refieren concretamente en qué supuesto de los autorizados por la ley basan su decisión,
sino que realizan una enumeración de los previstos en los incisos “a”, “b”, “c” y “f” sin
precisar las características de la situación puntual de los ejemplares objeto de este
litigio.
En función de la prueba obrante en el expediente, resulta evidente que en
el caso de autos no se presentan los supuestos “a”, “b”, “d”, “e”, “f” ni “g” del artículo
15, de la Ley.
Resta por tanto el “c”, “para garantizar la seguridad de las personas y/o
bienes”. Se trata claramente de una disposición legal tendiente a prevenir aquellas
situaciones de riesgo que pueda presentar el arbolado público para la seguridad de
personas o bienes.
Va de suyo que tampoco existe aquí una posibilidad de un accionar de la
Administración exento de pautas regladas, en este caso de carácter técnico. En efecto, el
Plan Maestro de Arbolado Urbano elaborado en cumplimiento de la manda legal
(artículos 3º y 4º de la ley 3263) prevé una serie de “lineamientos técnicos”
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Número: EXP 35750/2017-0
CUIJ: EXPJ-01-00065282-9/2017-0
Actuación Nro: 12149684/2018
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
relacionados con el modo en que debe llevarse a cabo la “evaluación y reducción de
riegos” (Capítulo 7, p. 77, Plan Maestro de Arbolado Urbano del GCBA).
Se explicita allí “la necesidad de contar con profesionales capacitados y
experimentados”, pues de otro modo “los árboles siempre quedan etiquetados como
‘sospechosamente peligrosos”. Asimismo se precisa que “árboles peligrosos o de riesgo:
son aquellos que tienen defectos estructurales en raíces, tallo o ramas que pueden causar
daños a la propiedad o lesiones a las personas” y que debe establecerse un “programa de
categorización de riesgos (…) y definir un sistema integrado de riesgos [que debe] tener
en cuenta una serie de parámetros que deben interrelacionarse al momento de la toma de
decisiones sobre el ejemplar: a. Categorías de defectos que ocasionan riesgo b.
Estimación del grado de riesgo c. Guía para la Evaluación de Riesgos. Códigos d.
Gestión zonas según riesgo e. Medidas a adoptar” (Capítulo 7, p. 77, Plan Maestro de
Arbolado Urbano del GCBA).
Ahora bien, de la lectura de las actuaciones administrativas no surge que
las decisiones del Presidente de la Junta Comunal se condigan con algún sistema de
evaluación de riesgos. Las primeras que dispusieron la extracción no identifican siquiera
en qué supuesto de los autorizados se fundan, y las que desestiman las presentaciones
recursivas del actor fundan el carácter de “riesgoso” del árbol en la incertidumbre sobre
la profundidad del ahuecamiento (cubierto con cemento rápido) que presentan. Es decir,
el decisor no posee información certera o una evaluación del riesgo que puede generar
el árbol, lo considera “riesgoso”, por las dudas. En palabras del Plan Maestro de
Arbolado Urbano “sospechosamente riesgoso”.
Adviértase que el mismo “Plan Maestro” prevé que en lo que respecta a
la categorización de riesgos “es muy importante incluir a la comunidad, informándoles
acerca del sistema utilizado, cuál sería su participación en el mismo y sobre sus
responsabilidades en cuanto a los trabajos clandestinos que pueda incrementar el riesgo
del árbol en la vía pública” (Capítulo 7, p. 78, Plan Maestro de Arbolado Urbano del
GCBA).
En este sentido, no cabe más que concluir que lo actuado por el
Presidente de la Junta Comunal se aparta del protocolo de actuación contenido en las
regulaciones técnicas obligatorias estipuladas en el Plan Maestro de Arbolado Urbano
del GCBA.
Así, el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la U.B.A.
(ratificado en autos y no desconocido por el GCBA) afirma que el paraíso “presenta
un buen estado sanitario y un crecimiento acorde a las condiciones de cultivo”; sobre
los ahuecamientos que presenta, los profesionales destacaron que “[l]a tarea de sellado
de los cancros con cemento –tal el caso de la especie en cuestión– fue utilizada en el
mantenimiento de los árboles históricos, por eso se ha tomado en este caso como
práctica para salvaguardar el estado sanitario de la especie”.
Agregan los idóneos que dadas las condiciones físicas externas del
“paraíso”, no consideran adecuada su remoción, aunque sí debería ser evaluada por las
autoridades la ejecución de una poda de limpieza y “aclareo”, para conservar en buen
estado su estructura.
Frente a este contundente elemento de juicio obrante en el expediente
administrativo, no se advierte la presencia de estudios que puedan desvirtuarlo ni una
ponderación de riesgos en los términos que establece el Plan Maestro de Arbolado
Urbano del GCBA.
10. Que las consideraciones vertidas en los apartados precedentes ponen
de resalto la presencia de numerosos y graves vicios que aquejan a los actos
administrativos impugnados y que acarrean su nulidad.
En efecto, en el procedimiento administrativo se vedó arbitrariamente
todo tipo de acceso a las actuaciones o información sobre lo decidido, en lo que respecta
a la motivación del acto y la valoración de los elementos de prueba y, finalmente, en su
objeto, que se aparta de lo reglado por las normas técnicas y jurídicas aplicables al caso.
Tal como destaca el informe elaborado por los profesionales de la
Facultad de Agronomía de la U.B.A. (obrante a fs. 26/28, del expediente 3293 que corre
por cuerda) “la existencia de árboles en veredas, particularmente en grandes urbes,
cumple con un rol fundamental del punto de vista ambiental” ya que son grandes
agentes proveedores de oxígeno y al incorporar dióxido de carbono disminuyen el
impacto del efecto invernadero –uno de los fines perseguidos por la ley porteña 3871–,
retienen particulado atmosférico, poseen efecto humidificador, funcionan como
paraguas antirruido en arterias con circulación de vehículos y, especialmente en verano,
como islas con un efecto atemperador por la sombra que proveen.
Tales beneficios, a los que podrían agregarse muchos más –belleza,
hábitat de fauna y flora, etc.– obligan a la Administración a protegerlos y extremar los
recaudos en todo lo que hace a las intervenciones que los afectan.
Un árbol no es un integrante más del mobiliario urbano, fácilmente
reemplazable, fungible en sus funcionalidades, como un farol o una parada de
colectivos. Se trata de seres vivos que nos acompañan y ayudan en el, muchas veces,
difícil tránsito de habitar las grandes ciudades.
Alcanzar su porte majestuoso les irroga décadas de crecimiento y
cuidados, por lo que la decisión de talar o extraer un árbol no puede ni debe tomarse a
escondidas de la comunidad, a la ligera y sin los recaudos que la ley y el Plan Maestro
elaborado por el GCBA imponen.
11. Que atento el modo en que se resuelve, y por no encontrar motivos
que me permitan apartarme del principio objetivo de la derrota, las costas serán
impuestas a la demandada vencida.
Por todo lo expuesto, RESUELVO:
I. HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta y, en
consecuencia, declarar la nulidad de los actos administrativos del Presidente de la Junta
Comunal Nº11 por los que se dispuso la tala o extracción del ejemplar Melia azedarach
(“paraíso”) de la plantera ubicada frente al domicilio de la calle Chivilcoy N° 2868 de
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 24 SECRETARÍA
N°48
C. R. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL
Número: EXP 35750/2017-0
CUIJ: EXPJ-01-00065282-9/2017-0
Actuación Nro: 12149684/2018
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
esta Ciudad y asimismo de aquellos que rechazaron los recursos administrativos
interpuestos por el actor.
II. Costas a la demandada vencida (artículo 62 del CCAyT y 28 de la ley
2145).
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, a la Sra. Fiscal en
su público despacho y, oportunamente, archívese.
Guillermo Scheibler
Juez.

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