Una tuitera deberá resarcir por difamación en redes sociales

Las vícitimas iniciaron una acción preventiva del daño para que borre sus posteos. Ahora deberá pagar $ 100 mil de honorarios de abogados. El derecho a la libre expresión en juego. Denuncian que fueron contra la tuitera para amedrentar a que denuncien.

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Desde su cuenta de Twitter, una joven de 20 años posteó denuncias de abuso por parte de jóvenes mendocinos de clase alta y media alta. Los catalogó como “abusadores sexuales”, publicó el diario Los Andes.

Abro hilo con machos abusadores de Mendoza”, escribió en Twitter en diciembre pasado. En ese hilo de la red social esta persona publicó el escrache con nombre, apellido y foto. Sin embargo, no se había radicado una denunca por los delitos que les atribuían públicamente. Dos de los jóvenes son menores de edad, publicó La Voz.

La joven tuitera logró generar apoyos y críticas a partes iguales sobre alumnos de colegios secundarios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, y se generó un escándalo por la gravedad de las denuncias, publicó el diario Los Andes.

La demanda judicial o tardó en llegar y ahora deberá pagar los honorarios. La abogada de la tuitera se refirió a la situación en forma crítica:

“Fueron contra ella para que sea aleccionador. Ella es una referente feminista en el ámbito de la universidad. Detrás de estos chicos hay familias que buscan limpiar el ‘buen nombre’ de estos alumnos. Esto es para asustar a las chicas, para que no denuncien”, expresó al diario Clarín.

 

La causa civil por escraches y difamación, acción preventiva del daño

Estas personas se sintieron agraviadas e iniciar una acción civil, una “acción preventiva de daños”, una figura incorporada en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Pedían que se borre ese tuit y una retractación.

Los jueces definieron a ese hilo de escraches como “una serie de tweets conectados de una misma persona, en el que los hilos permiten conectar varios tweets entre sí para proporcionar más contexto, una actualización o para ampliar una opinión”.

Al contestar la demanda, esta persona se defendió: “Lo hice en el marco de la lucha contra la violencia de género. Para ayudar a que las chicas denunciaran”, publicó Clarín.

Según publicó ese diario, la tuitera no conocía a las alumnas que realizaron las denuncias. Tampoco a los denunciados. La única relación es que ella es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, institución de la que dependen los secundarios a los que asistían estos alumnos.

“Ella nunca puso en duda la veracidad de esas denuncias. Sólo dijo que no las conocía a ellas ni a ellos. Sí conoce víctimas de cuatro de estos chicos que no se animan a denunciar. Y nosotras no vamos a obligarlas”, dijo a Clarín la abogada de la tuitera.

El caso presenta un problema porque puede estar en juego el derecho a la información de la sociedad si fuese un caso verídico. Mínimanente, debe iniciarse la denuncia (si la particular damnificada así lo quiere). Por otro lado, está en juego el derecho al honor si la denuncia fuese falsa, pero cómo saberlo de antemano.

En este caso, si bien la cámara civil consideró “abstracto” el pedido de borrar esos tuits, porque la demandada había borrado el material, sí le hicieron pagar los honorarios de los abogados por un valor de $ 100 mil.

De hecho, la tuitera declaró que borró los posteos debido a que habría recibido amenazas para hacerlo, lo que fue objeto, dijo, de una denuncia penal, publicó el portal ABC Diario.  (No se aclara si son amenazas prohibidas o de iniciar acciones legales).

Uno de los cinco chicos que demandaron dijo haber sido escrachado “por error”, porque acusaron a una persona homónima de él y subieron la foto de la persona equivocada, publicó Clarín.

En su momento, los posteos con las acusaciones graves de abuso sexual fueron replicadas por algunos portales de esa provincia:

 

 

La joven tuitera borró los tuits una vez que se inició la acción legal. El problema es que ahora deberá pagar los honorarios de las abogadas intervinientes de los citados en ellos, que se sintieron damnificados por la suma de $ 100 mil.

“La Cámara estimó que no se retracte públicamente porque eso sería considerado una forma de resarcimiento, cuando en realidad el asunto fue declarado ‘abstracto, publicó el diario Clarín.

 

 

 

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