Ordenaron a una prepaga abstenerse de aumentar la cuota en razón de la edad
La Cámara de Apelaciones en lo Civil impidió que una obra social prepaga aumentase las cuotas por ser muy excesivas.
Una prepaga se deberá abstener de aumentar sus cuotas, que sean excesivas, que obedezcan simplemente a razones de edad y no respeten el deber de información que surge del derecho de los consumidores y usuarios, se decidió en una sentencia.
Hace ya 16 años que está afiliada a la entidad de medicina prepaga. Cuando cumplió 36 años, la entidad dispuso un aumento del 75%, sin previo aviso y sin autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, sin poder afrontarlo.
La afiliada interpuso entonces una acción de amparo judicial para que la prepaga se abstenga en forma inmediata de aplicar esos aumentos no autorizados, y que se le facture la cobertura básica, sin aumentos en razón de la edad.
Al responder la demanda, la prepaga argumentó que en razón que los jóvenes de 18 a 35 años gozan de una bonificación en la cuota, y que la afiliada tenía conocimiento de ello. Manifiestó, además, que obró según lo normado en la Ley de Medicina Prepaga (26.682).
La decisión sobre el aumento por edad
El juez de primera instancia entendió que si bien la prepaga tenía autorización para comercializar el plan aplicado por la actora, las cláusulas que la facultan a imponer aranceles adicionales por edad, son abusivas en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).
La Cámara de apelaciones confirmó esa decisión que le impide a la entidad de salud el aumento por edad. El tribunal consideró vulnerado el derecho a la información del usuario, ya que la empresa debió informar a la afiliada con la debida diligencia, según lo dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor.
Del contrato de adhesión suscripto, entendieron los jueces, no se desprende que la cuota debida es la que corresponde a una persona de 36 años bonificada, ni que tiene una bonificación por ser joven ni tampoco el motivo del aumento.
“El deber de información constituye una obligación que no sólo se impone al proveedor en la etapa precontractual y al momento de concretar la celebración del acto de consumo sino que debe ser cumplida asimismo durante todo el íter contractual”.
Además, afirmaron que el proveedor debe suministrar al consumidor la información relacionada con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, así como también, lo relativo a las condiciones de su comercialización”.
Además, según surge de la Ley de Medicina Prepaga, una vez ingresado al sistema, la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción de quienes alcancen los 65 años de edad y no cuenten con 10 años de antigüedad continua. También se establece que “la relación de precio entre la primera franja etaria y la última no puede presentar una variación de más de tres veces”.
La sentencia completa
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL – SALA F
5355/2018
B, TAMARA c/ OSDE s/AMPARO
Buenos Aires, de mayo de 2020.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 121 por la demanda OSDE contra la sentencia de fs.
113/117. El memorial luce a fs.124/132 sustanciado a fs. 134/135. El Sr. Fiscal de Cámara se expidió a fs. 143/145.
I) Mediante la sentencia apelada se hizo lugar a la demanda y en consecuencia se condenó a la demandada a abstenerse de incrementar la cuota con fundamento en la edad de la actora.
De las constancias de autos se desprende que a fs. 11 por intermedio de apoderados la Sra. Tamara B inicio la presente acción de amparo contra Organización de Servicios Directos Empresarios (O.S.D.E.) para que la prepaga de forma inmediata se abstenga de aplicar aumentos no autorizados por la Autoridad de Aplicación y se le facture la cobertura básica sin aumentos por edad, como lo hiciera hasta enero de 2018.
Relata que se encuentra afiliada a OSDE con el N° 61441597601 desde al año 2004. Que al haber cumplido 36 años de
edad la demandada arbitrariamente le aumentó ilegítimamente sin aviso y sin autorización de la Superintendencia de servicios de Salud.
Aclara que es monotributista, categoría C con un ingreso mensual que no supera los $ 18.000 con lo que le resulta imposible afrontar el aumento del 75%.
Sostiene que la demandada justificó el aumento en que cumplió 36 años y los jóvenes de 18 a 35 años gozan de una
bonificación con un menor nivel de cuota en el plan Binario por ellos elegidos, de modo que puedan gozar de una cobertura eficiente a un costo razonable en función del uso ponderado de los servicios de salud que realizan.
A su turno se presenta OSDE reconoce que la actora es afiliada a un plan Binario 2-210 desde el mes de enero de 2008 ya que decidió voluntariamente adherirse a un plan superador de OSDE en el que claramente se establece que el valor de la cuota se modificaría en razón de la edad a los 21, 26 y 36 años.
Por ello, sostiene que la actora mediante sus actos propios decidió contratar el plan binario 210 y abonar de manera
ininterrumpida todos los pagos a su cargo.
En la sentencia cuestionada que hace lugar al reclamo de la demandante, el Sr. juez de grado señala que si bien existe
autorización por parte de la autoridad de aplicación para comercializar el plan al que aplicó la actora al contratar con OSDE en virtud de las características del contrato de medicina prepaga, tratándose de cláusulas predispuestas del contrato que lo facultan a imponer aranceles adicionales por edad, resultan abusivas en los términos de los arts. 37 y 38 de la ley 24.240 colisionando además con el art. 42 de la Constitución Nacional.
II) En primer término debe señalarse que la cuestión corresponde ser analizada bajo la órbita de la ley 24.240 ya que entre las partes suscribieron un contrato de consumo de medicina prepaga. (ver fs. 55).
De la pericia contable (ver fs. 98/99) se desprende que de la solicitud de afiliación de la actora consta, entre las previsiones legales que se encuentran al dorso que “a) La entidad podrá modificar los valores de las cuotas de los Planes asistenciales, sin afectar el equilibrio en la relación entre las partes: previo requerir autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 23.660 y de acuerdo a sus
resoluciones 490/90 y 240/01, cuando tal modificación obedezca a causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías, (prestadores o prestaciones, incrementos de costos o servicios (medicamentos, prácticas, insumos, mantenimiento, impuestos, tasas y servicios, costas laborales, honorarios profesionales, seguridad social, devaluación monetaria, inflación y causas similares)….
Sin perjuicio de lo anterior, los valores de cuotas de los Planes se modificarían en función de la cantidad de integrantes del grupo y de edad de los mismos, incrementándose a los 21, 26 y 36 años.”
A su vez la Superintendencia de Servicio de Salud informó (a fs.103) “que los Planes 210,310,410, 450 y 510 de OSDE
presentados en la Superintendencia, fueron evaluados y observados por esta Gerencia de Control Prestacional. Las prestaciones fueron debidamente notificadas a OSDE.”
De conformidad al artículo 17 de la ley 26.682 de Medicina Prepaga La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD implementará la estructura de costos que deberán presentar las entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y las entidades comprendidas en la presente reglamentación, consideren que incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD elevará, previo dictamen vinculante de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el pedido de autorización de incrementos de las cuotas de los planes aprobados al Ministro de Salud para su aprobación.
La diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema. Una vez ingresado al sistema, la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los SESENTA Y CINCO (65) años de edad y que no cuenten con DIEZ (10) años de antigüedad continua en la misma entidad comprendida en los alcances de esta
reglamentación.
La relación de precio entre la primer franja etaria y la última no puede presentar una variación de más de TRES (3) veces, siendo que la primera franja será la menos onerosa y la última la más onerosa.
III) El art. 4 de la ley de Defensa del Consumidor prescribe que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
En este sentido “Se puede definir la obligación de informar como el deber jurídicamente impuesto al sujeto poseedor de la misma, en virtud del cual está constreñido a transmitir a la otra parte de la relación la información respecto de aquello que resulte necesario y útil para la toma de decisión respecto del acto de consumo, para evaluar los riesgos propios de la contratación, para optimizar el aprovechamiento de los intereses en juego, y para evitar los daños que, eventualmente, deriven del intercambio de bienes y servicios.
En términos generales, la imposición legal de este deber de información persigue una concreta finalidad, cual es, acortar las distancias, nivelar las desigualdades estructurales que existen entre los extremos de la relación de consumo, atender a las asimetrías del mercado. En particular podemos decir que, según la etapa por la que
atraviesa el vínculo, dicho deber satisface finalidades específicas: en la etapa precontractual, procura un consentimiento reflexivo del consumidor y la previsión de los riesgos que involucra la contratación; y, durante la ejecución del contrato –y aún luego de la conclusión del mismo- tiende a asegurar la satisfacción del interés
involucrado en el acto de consumo, optimizando los beneficios perseguidos por el consumidor o usuario. En todos los casos, tiende a evitar la afectación del interés de indemnidad” ((conf. Belén Japaze, en Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, Picasso – Vázquez Ferreyra, Tomo II, pág. 145).
El deber de información constituye una obligación que no sólo se impone al proveedor en la etapa precontractual y al
momento de concretar la celebración del acto de consumo sino que debe ser cumplida asimismo durante todo el íter contractual.
La empresa organizadora de las prestaciones debe informar; y ello supone desplegar una conducta o actividad concreta: ejecutar el acto de comunicación esperado, suministrar la información legalmente indicada.
Asimismo el art. 4° de la ley 24.230 sienta una directiva general: impone al proveedor el deber de suministrar al consumidor la información relacionada con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, así como también, lo relativo a las condiciones de su comercialización. Se trata de una fórmula amplia, congruente con la finalidad perseguida.
La ley establece que la información a suministrar debe ser cierta, clara y detallada.
Al decir que la información debe ser cierta, la norma impone al deber de suministrar información veraz, exacta, seria, objetiva, ajustada a la realidad. La veracidad de la información ofrecida por el proveedor es una cualidad que viene impuesta por el texto constitucional que, en el art. 42, expresamente destaca este requisito.
Se exige, asimismo, que la información sea clara. Esta exigencia legal supone que el caudal informativo sea comprensible para su destinatario. Satisfacer este recaudo importa la adopción de diligencias particulares por parte del proveedor, y de allí que se hayan impartido directivas concretas para asegurar la concurrencia del mencionado requisito: en determinados supuestos se ha impuesto que la información sea proporcionada por escrito y en idioma nacional que resulte fácilmente legible, de acceso sencillo (proporcionada en un acto único o evitando remisiones, folletos anexos o complementarios, etc.) que se exprese en un lenguaje adecuado para el público al que está dirigido el producto o servicio y por un medio o canal de comunicación apropiado. (conf. aut. y ob. cit. pág. 145).
IV) En el caso la demandada señala que actuó en el marco de la ley 26.682 y sus decretos reglamentarios ya que ideó un esquema de variadas categorías en sus respectivos planes con el propósito de fijar valores promocionales para personas jóvenes, encontrándose de esa forma en cada uno de los diferentes planes, las categorías NEO y/o JOVEN.
Por ello esgrime que los jóvenes de 18 a 35 años gozan de una bonificación con un menor nivel de cuota, en el plan Binario por ellos elegidos, de modo que puedan gozar de una cobertura eficiente a un costo razonable en función del uso ponderado de los servicios de salud que realizan. En este sentido sostiene que la Salud emitió la
Resolución N° 341/04 en el expte N° 68.700/04 (ver fs. 60).
En sus agravios señala concretamente que “queda claro que el valor de la cuota de OSDE es la que se fija a partir de los 36 años, previo a esa edad, el socio que ingresa con anterioridad recibe bonificaciones las cuales son enominadas, NEO y/o JOVEN…
Conforme se desprende la cláusula aquí cuestionada, los socios de OSDE que ingresen con 18 años, perderán una porción de la bonificación a los 21, otra a los 26 y luego a los 36 años en donde pagarán a partir de ese momento el valor completo de la cuota.”
Lo cierto es que del formulario adjuntado por la demandada y que se encuentra suscripto por la demandante no se
desprende que la cuota debida es la que corresponde a una persona de 36 años bonificada, ni que tiene una bonificación por ser joven ni tampoco el motivo del aumento.
Esta cuestión resulta trascendental para la dilucidar el caso, ya que más allá de la alegada razonabilidad en la que se ampara OSDE, debió informarla con la debida diligencia de conformidad a lo dispuesto por el citado art. 4 de la ley de Defensa del Consumidor, motivo por el cual los agravios no tendrán favorable acogida.
En virtud de lo expuesto SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de fs. 113/117 las costas por el principio objetivo de la
derrota se imponen a la demandada (conf. art. 68 del C.P.C.C.). Regístrese. Notifíquese y al Sr. Fiscal en su despacho
oportunamente devuélvase.
16. José Luis Galamarini
17. Eduardo A. Zannoni
18. Fernando Posse Saguier
Sentencia de primera instancia, aumento de la prepaga por edad
#32117369#244059440#20190912084614352
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CIVIL 43
5355/2018
B, TAMARA c/ OSDE s/AMPARO
Buenos Aires, de septiembre de 2019.-
Y VISTOS:
Estos autos caratulados
“B,
TAMARA c/ OSDE s/AMPARO” Expe. Nro. 5355/2018
, en estado
de dictar sentencia definitiva, de los cuales,
RESULTA:
I.- A fs.11/14 se presenta Tamara B, mediante
apoderado, promoviendo formal demanda contra Organización de
Servicios Directos Empresarios (OSDE) al efecto de que la Prepaga se
abstenga de aplicar aumentos no autorizados por la Autoridad de
Aplicación y facture la cobertura básica sin aumentos por edad, como
hiciera hasta enero de 2018.
Relata que se encuentra afiliada a OSDE con el
n°61441597601 desde el año 2004, que al cumplir 36 años (el
29/1/18) OSDE pasó arbitrariamente de cobrarle $2.658,19 a cobrarle
$4.655,74 (casi $2.000 más de lo que venía abonando, es decir un
75% más). Alega que es un aumento ilegítimo, sin aviso y no
autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Aclara que es monotributista, categoría C, y que el aumento
le representa una erogación muy importante, ubicándola en una
situación imposible de afrontar por sus propios medios, por lo que
para no perder la cobertura la han ayudado unos meses los padres.
Indica que, ante esta situación, se dirigió a la prepaga, la
que sostuvo que el aumento fue porque había cumplido 36 años; que
remitió carta documento con fecha 29/5/18, requiriendo a la accionada
que se abstenga de aplicar aumentos no autorizados. Esta misiva fue
contestada por OSDE el 4/6/18 reconociendo el aumento y
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
justificándolo en la bonificación que tienen los jóvenes de hasta 35
años.
Ataca el aumento del 75%que la prepaga pretende legitimar
en razón de la edad e insiste en su prohibición dado que no se
encuentra autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a
la demanda.
II.- Que
impuesto a las actuaciones el trámite del proceso
sumarísimo y corrido el traslado de rigor, a fs.
61/79 se presenta
OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, mediante
apoderado, y contesta demandada.
Alega que la propia accionante mediante sus actos propios
decidió contratar el plan binario 210 y abonar de manera interrumpida
todos los pagos a su cargo.
Relata que la Sra. B
decidió voluntariamente
adherirse a un plan superador de OSDE, contratando en 30/8/08 el
plan binario 2-310, teniendo actualmente contratado un plan binario
2-210. Indica que los planes binarios de cobertura de salud revisten la
calidad de plan superadores del PMO.
Asevera que en la oportunidad que la actora suscribió el
contrato, estaba claramente establecido que el valor de la cuota se
modificaría en razón de la edad a los 21,26 y36 años, y que la
reclamante sabe de las distintas categorías de afiliación, toda vez que
suscribió a puño y letra la referida solicitud.
Agrega que el valor de la cuota de OSDE es la que se fija a
partir de los 36 años, previo a esa edad, el socio que ingrese con
anterioridad recibe bonificaciones las cuales son denominadas NEO
y/o JOVEN y que por ello OSDE entendió que tal situación debería
ser llevada a cabo y –previa autorización-se procedió a ofrecer esos
planes con el valor normal de cuota establecido. Que así fue aprobado
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CIVIL 43
por la autoridad de aplicación (expte 68.700/04 a través de resolución
n° 341/04).
Indica que la actora a partir del periodo de enero de 2018
migró a la categoría INDIVIDUAL en un plan Binario 2-210, que la
valorización es propia de esa categoría de afiliación y que el
Ministerio de Salud ratifica los planes binarios de OSDE en su
conjunto, entre ellos el de la actora, en cada ocasión en que se autoriza
un incremento de tarifas de conformidad con lo dispuesto por el
decreto reglamentario 1993/11 MS.
Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la
demanda, con costas.
IV.- Que a fs. 91 se celebró la audiencia preliminar y se
dispuso abrir las actuaciones a prueba. Se produjo aquella que en este
acto tengo a la vista.
V.- Que a fs. 108 se declaró clausurado el período
probatorio.
VI.- Que a fs. 110/111 se dio vista al Sr. Fiscal.
VII.- Que a fs.112, al hallarse las actuaciones en
condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo, se
llamó “Autos para dictar sentencia”.
Y CONSIDERANDO
:
I.-
Vienen estas actuaciones a decisión judicial a fin de que
se ordene a la demandada OSDE,
se abstenga de aplicar aumentos no
autorizados por la Autoridad de Aplicación y facture la cobertura
básica sin aumentos por edad, como hiciera hasta enero de 2018.
Los hechos narrados por la actora en su escrito de inicio
son reconocidos parcialmente por la demandada en su contestación.
Es decir, reconoce la relación jurídica existente entre las
partes y la existencia de reajuste de la cuota que debió abonar la
actora, pero disiente sobre la legitimidad del aumento.
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
Por ello, primero determinaré la normativa aplicable al
caso, luego la prueba producida y finalmente, las diferentes cuestiones
planteadas y sus soluciones.
II.- Encuadre jurídico.
La ley 26.682 (publicada el 17 de mayo de 2011 en el
Boletín Oficial) establece el Marco Regulatorio de la Medicina
Prepaga. En su artículo 28 establece que sus disposiciones son de
orden público y que rigen en todo el territorio nacional a partir de su
publicación, lo que la torna plenamente aplicable a la relación que
regula los derechos entre la actora y la persona jurídica demandada.
Esta ley conceptualiza las empresas de medicina prepaga
como toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura
jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación
de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de
asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en
efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al
efecto, sea por contratación individual o corporativa.
Corresponde destacar que el contrato que liga a las partes
en las presentes actuaciones es un contrato de adhesión, por tiempo
indeterminado, y de carácter aleatorio.-
En este tipo de contratos, el asociado o beneficiario del
sistema se adhiere al servicio ofrecido sin tener la mínima posibilidad
de discutir las cláusulas contractuales. Muchas veces el beneficiario
suscribe lo que se denomina una solicitud de ingreso donde también
manifiesta conocer y aceptar un reglamento de la empresa
organizadora, y es en dicho reglamento, donde se establece el
verdadero contrato con los derechos y obligaciones de las partes, los
términos contractuales, las responsabilidades, las coberturas, las
carencias, etc., y en la mayoría de los casos ni siquiera se entrega al
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CIVIL 43
asociado o se lo hace con posterioridad a su incorporación al sistema
(Ghersi, Carlos Albert, Weingarten, Celia e Hipohto, Silvia C,
Contrato de medicina prepaga, Pág. 131 y ss).
El aspecto económico de la relación en el contrato de
medicina prepaga, implica asegurar cobertura al asociado frente a la
enfermedad, que prevé que será otro quien afrontará los gastos y
honorarios que en general suelen ser altos; y de su lado, por parte de
la empresa, saber que no todos los asociados han de utilizar el servicio
en la medida de las cuotas que sufragan. En otros términos, en la base
del contrato está la seguridad de contar con asistencia médica y
servicios médicos en los casos de enfermedad, de manera que una
parte -la empresa- se obliga a brindar esa prestación, y la otra -el
asociado- contrata en función de esa obligación y abona la cuota.-
Como ya fuera señalado, el vínculo que se establece
entre la empresa médica y el asociado es de larga duración; por
consiguiente, en líneas generales, la curva de utilidad marginal de las
partes es inversa. La empresa gana más dinero al principio de la
relación porque el paciente paga con un bajo nivel de consumo de
prestaciones, lo que se garantiza con la exclusión de las enfermedades
previas y los períodos de carencia, y con el transcurso de los años el
paciente comienza a gastar cada vez más por su envejecimiento
natural y las enfermedades; de manera que el paciente ‘disfruta’ más
del vínculo luego de varios años mientras que a la empresa le sucede
exactamente lo contrario (cf. Excma. CNCyCF, Sala II, “
R., S. M. c.
CEMIC”, del 31/08/2010, Publicado en: LA LEY
14/10/2010
,
6
con
nota de Oscar Ernesto Garay • LA LEY
2010-E
,
564
con nota de
Oscar Ernesto Garay • IMP
2010-13
,
285
• LLP
2011 (febrero)
Cita
online: AR/JUR/47088/2010).-
Asimismo, estamos en presencia de un contrato de tipo
aleatorio, pues los contratantes no saben si los servicios médicos han
de ser requeridos, lo cual depende de un acontecimiento que es la
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
enfermedad. En consecuencia con ello, las partes no pueden preveer
las ventajas y desventajas la aleatoriedad es para ambas partes y no es
admitida una cláusula que neutralice el riesgo, lo excluya o lo limite;
si el álea queda a cargo de una sola de las partes y la otra tiene una
certeza de ganar, la cláusula es nula (cf. Excma. CNCyCF, Sala II,
“
R., S. M. c. CEMIC”, del 31/08/2010, Publicado en: LA
LEY
14/10/2010
,
6
con nota de Oscar Ernesto Garay • LA
LEY
2010-E
,
564
con nota de Oscar Ernesto Garay • IMP
2010-
13
,
285
• LLP
2011 (febrero)
Cita online: AR/JUR/47088/2010).-
III.-
Dada las postura asumida por las partes en sus escritos
constitutivos, la cuestión debatida en autos radica en dilucidar si es
válida las cláusula que faculta a la accionada al incremento de la
cuota, por razones etarias.-
A fin de determinar la procedencia o no de la acción,
analizaré la prueba ofrecida, poniendo especial énfasis en aquélla o
aquéllas que sean decisivas para la dilucidación del pleito.-
En primer término, recuerdo que los jueces no tienen del
deber de hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos
expuestos por las partes, ni referir sobre la totalidad de las pruebas
producidas, sino tan solo de aquellas que sean conducentes y
pertinentes para la correcta decisión del caso. (arg. art. 386 Cód.
Procesal).-
Para resolver, recuerdo, el proceso civil no puede ser
conducido en términos estrictamente formales, ni permitir que “se
desarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional
de los litigantes” (conf. Exposición de Motivos Ley 17.454), siendo
incompatible -con el adecuado servicio de la justicia- una renuncia
consciente a la verdad (conf. CSJN, Fallos 287:153; 254:11; 262:459;
279:239; 283:88; 284:375; 290:93; 294:392; etc). Además, es de
recordar que, los jueces deben valorar que hacer justicia no importa
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CIVIL 43
otra cosa que la recta determinación de los justo in concreto para lo
cual es menester procurar la efectiva realización del derecho en las
situaciones reales que se le presentan, lo cual exige conjugar los
principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso
(conf. CSJN, Fallo: 302:1611).
De la prueba pericial contable, la cual no fue objetada, se
desprende que en el dorso de la solicitud de afiliación de la actora
(cuya copia se adjunta a fs.98), bajo el título de “previsiones legales”,
hay una cláusula que dispone que “los valores de las cuotas de los
Planes se modificarán en función de la cantidad de integrantes del
grupo y de la edad de los mismos, incrementándose a los 21,26 y 36
años”.
La actora por su lado afirma que el aumento fue
efectuado sin aviso previo, mientras que la demandada entiende que
los mismos fueron informados, de conformidad con las normas
contractuales y legales aplicables a las entidades que brindan servicios
de medicina prepaga, al momento en que la accionada suscribió el
contrato con puño y letra, donde expresamente preveía que su cuota se
vería modificada en razón de edad.
Cuento también con el informe expedido por la
Superintendencia de Servicios de Salud, del que surge que OSDE se
encuentra autorizada a comercializar planes 210, 310, 410,450 y 510
(entre ellos el que se encuentra la actora).-
En base a las pruebas rendidas, me encuentro con la
autorización emitida por la Autoridad de Aplicación para
comercializar el plan al que aplicó la actora al contratar con OSDE,
sin embargo, no puedo pasar por alto la afectación a los derechos que
importa tal aumento en la cuota que venía pagando la accionante. Ello
así, teniendo en cuenta las características del contrato de medicina
prepaga, tratándose de cláusulas predispuestas las que surgen del
contrato precitado, resulta forzoso concluir que las cláusulas
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
contractuales que facultan a la empresa médica a imponer aranceles
adicionales por edad resultan abusivas, en los términos de los art. 37 y
38 de la ley 24.240, colisionando asimismo con el art. 42 de la
Constitución Nacional, en cuanto garantiza a los consumidores el
derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
así como de trato equitativo y digno.-
A mayor abundamiento, en casos similares al presente la
jurisprudencia ha señalado que, cláusulas como la que nos ocupa,
deben tenerse por no escritas, toda vez que afectan el derecho a la
salud del involucrado, desnaturalizando el contrato, al permitir que, si
éste último no pudiera absorber el incremento que se le aplica, su
contraparte adquiera, correlativamente, el derecho a liberase de la
obligación de asistirlo.
De modo tal que, el aumento debe considerarse alcanzado
por lo dispuesto por el art. 37 de la ley de Defensa del Consumidor, en
cuanto manda a tener por no escritas las cláusulas que importen
renuncia o restricción de los derechos de los consumidores, o amplíen
los derechos de la otra parte (Cf. CNComercial, Sala “C”, “B.A.E c/
Omint SA s/ Ordinarioto” del 9/5/2013, CNACAF, Sala II, “Medicus
SA c/ Secretaría de Comercio” del 8/10/1996).
No es ocioso recordar que en tanto las empresas de
medicina prepaga tienden a proteger las garantías constitucionales a la
vida, salud, seguridad e integridad de las personas (v. arts. 3,
Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 y 5, Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 42 y 75, inc. 22, de la Ley
Fundamental), también adquieren un compromiso social con sus
usuarios (Fallos: 324: 677; 330: 3725).
Que, por otra parte, si alguna duda pudiera caber sobre el
tema, se debe optar por la interpretación más favorable para el
consumidor o usuario (art. 3 de la ley 24.240); pauta que alcanza tanto
a la interpretación de la ley como del contrato (conf. Alterini, Atilio A.
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CIVIL 43
y López Cabana, Roberto M., “Regulación aplicable a los contratos
atípicos”, punto 7, primer párrafo, DJ 1996-2-685).Para ello, la
protección comprende la duda en la apreciación de los hechos como
del derecho, puesto que ante la ausencia de certeza debe formularse el
encuadre normativo que favorece al más vulnerable (cf. Excma.
CNCyCF, Sala II, “
R., S. M. c. CEMIC”, del 31/08/2010, Publicado
en: LA LEY
14/10/2010
,
6
con nota de Oscar Ernesto Garay • LA
LEY
2010-E
,
564
con nota de Oscar Ernesto Garay • IMP
2010-
13
,
285
• LLP
2011 (febrero)
Cita online: AR/JUR/47088/2010).-
En efecto, la defensa del consumidor se abre en dos
campos: el de los derechos patrimoniales -la seguridad de no sufrir
daño; los intereses económicos; la libertad de elección; el trato
equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de
consumo se constituya en la parte más débil – y el de los derechos
personales, plasmado en la protección de la salud y la seguridad de no
sufrir menoscabo en aquella o en la vida. (cf. CCyC., Sala “J”, Expte.
n° 5010/2007 – “Amandola José María c/Swiss Medical S.A. s/art.250
C.P.C- Incidente Civil”, del 12/06/2007)
En consecuencia, por los motivos expuestos, habré de
hacer lugar a la demanda, ordenando que la accionada cese el aumento
de la cuota de la actora Tamara B por razón de edad.
IV.-Costas.
Las costas serán soportadas por la vencida (art. 68 del
Cód. Procesal).
Por tales consideraciones,
FALLO
:
I.-
Acogiendo la
pretensión contenida en el escrito inicial. En consecuencia, deberá la
requerida abstenerse de incrementar la cuota con fundamento en la
edad de la actora.
II.-
Con costas a la demandada.
III.-
Diferir la
regulación de los honorarios para la oportunidad de contar con una
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
#32117369#244059440#20190912084614352
liquidación definitiva que determine la base regulatoria.
VII.-
Regístrese. Notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal en su despacho.
VIII.-
Consentida o ejecutoriada, cúmplase y oportunamente,
archívese.-
Fecha de firma: 16/09/2019
Firmado por: JULIO FERNANDO RIOS BECKER, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA