Padre retiró a su hija de visita pero no la llevó de vuelta, lo procesaron

El caso llegó a la cámara de apelaciones, por obstruir el contacto del hijo con su madre

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Se llevó a su hija en la cuarentena pero no la llevó de vuelta al hogar adonde vivía con su madre. El juez de primera instancia lo procesó por el delito de impedimento de contacto. Según esta ley:

será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial.

Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo.

La nena regresó con su madre

Para los jueces, la circunstancia de que la menor hubiese retornado a vivir con la denunciante luego de aquella intervención judicial resulta demostrativa de que la niña convive habitualmente con su madre en el lugar a donde fue conducida luego del allanamiento.

“La ley 24.270 tiene por objeto proteger y preservar la relación del progenitor con su hijo no conviviente. Su objetivo es que ese vínculo se mantenga intacto aun cuando aquellos no convivan bajo el mismo techo (D´Alessio Andrés José, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, 2° Edición Actualizada y Ampliada, La Ley, Tomo III, Leyes Especiales Comentadas, pág. 1212, donde cita Manonellas, Graciela N., “La responsabilidad penal del padre obstaculizador, Ley 24.270, Síndrome de alienación parental (SAP)”, Ed. Ad Hoc, pág. 28).”

“(…) el precepto es claro en cuanto a que sólo puede ser sujeto pasivo de la figura analizada el padre que no convive con el menor y, de adverso, se infiere que sólo puede ser su autor el progenitor que sí lo hace, circunstancia esta última que no se da en el caso bajo análisis, pues es la denunciante quien detenta la calidad de “padre conviviente” respecto de la niña …”.

Es decir, en el caso, no se dan los requisitos para procesar al padre pues la norma protege al progenitor que no convive con los hijos, cuando en este caso es la madre que sí lo hace.

“(…) la condición de “padre o madre conviviente”, debido a la especialidad de la figura analizada, resulta dirimente para revestir el carácter de sujeto activo de los delitos tipificados por la ley 24.270, pues es éste quien abusando de aquella posición priva al padre o madre no conviviente del contacto con el menor.”

Para los jueces de cámara, el hecho investigado no encuentra adecuación típica en la figura de impedimento de contacto prevista en la ley 24.270, dado que no se verifica en el sujeto activo la calidad de padre conviviente que el tipo objetivo de aquella norma exige para su configuración.

Esto por la circunstancia de que la menor regresó  a vivir con la denunciante luego de aquella intervención judicial, lo que prueba que la niña convive habitualmente con su madre en el lugar a donde fue conducida luego del allanamiento.

Para la cámara, la ley 24.270 tiene por objeto proteger y preservar la relación del progenitor con su hijo no conviviente. Su objetivo es que ese vínculo se mantenga intacto aun cuando aquellos no convivan bajo el mismo techo.

La ley es clara en cuanto a que sólo puede ser sujeto pasivo de la figura analizada el padre que no convive con el menor y, de adverso, se infiere que sólo puede ser su autor el progenitor que sí lo hace, circunstancia esta última que no se da en el caso bajo análisis, pues es la denunciante quien detenta la calidad de “padre conviviente” respecto de la niña, dijeron los jueces.

 

Sentencia completa – impedimiento de contacto

Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL – SALA 5
CCC 20973/2020/CA1
///nos Aires, 4 de noviembre de 2020.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. La defensa de T apeló los puntos I, II y III de la
decisión adoptada el 22 de septiembre pasado, mediante los cuales se
dispuso el procesamiento del nombrado en orden al delito de
impedimento de contacto (hecho A); se trabó embargo sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos ($ 100.000) y se ordenó
la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto respecto de M.
L. L..
Vale aclarar que el recurso contra la medida cautelar
ordenada fue declarado inadmisible debido a la ausencia de
fundamentación.
II. El recurrente planteó la nulidad del temperamento
discernido por considerar que lo resuelto escapa a la órbita de la
competencia material del a quo.
Por otro lado, en torno al fondo del asunto, alegó que la
interpretación efectuada por el juez fue errada, pues -según expuso del análisis de la secuencia de los mensajes que intercambiaron su
defendido y la denunciante M vía “Telegram”, no surge que T.
hubiese exteriorizado su voluntad de impedir el contacto de su hija XXXX
con la nombrada.
Finalmente, invocó que la decisión de prohibirle todo tipo
de contacto con L. luce arbitraria por no existir motivo alguno que
justifique la medida, máxime cuando ese tipo de cuestiones se están
dilucidando en sede civil.
En atención a lo ordenado en el legajo, la parte recurrente
efectuó una presentación en el Sistema de Gestión “Lex 100”
mediante la cual volvió a fundamentar su recurso de apelación. Así, la
causa quedó en condiciones de ser resuelta.
III.
De la nulidad planteada:
Conforme se adelantó al comienzo, el recurrente
solicitó se descalifique todo lo actuado por el juez de grado, en razón
de la falta de competencia material.
En tal sentido, sostuvo que no obstante la claridad
del objeto procesal de la causa, el juez avanzó sobre una materia que
le excedía y que por ello debe decretarse la nulidad de todo lo actuado
ante esta jurisdicción.
De adverso a lo sostenido por la defensa, el
Tribunal no advierte inobservancia alguna a las reglas de la
competencia en razón de la materia que justifique la sanción
pretendida por el apelante.
En efecto, cabe recordar que la jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
n° 4, dispuso la incompetencia de ese fuero por entender que los
hechos denunciados por L . serian constitutivos de los delitos de
impedimento de contacto (ley 24.270) y amenazas coactivas (artículo
149 bis, segundo párrafo, del Código Penal).
Luego de recibir las actuaciones, y en función de lo
dictaminado por la fiscalía en los términos del artículo 180 del Código
Procesal Penal de la Nación, el juez de la instancia anterior realizó las
medidas de prueba mencionadas en aquella pieza procesal, citó a J. P.
T. a prestar declaración indagatoria (artículo 294, ibídem) y dictó el
procesamiento del nombrado en orden al delito regulado por la ley
24.270.
En tales condiciones, no caben dudas que el juez
nacional intervino ante la eventual comisión de un delito que se halla
bajo su ámbito material y la circunstancia de haber dictado el auto de
mérito cuestionado, luego de descartar la materialidad de los hechos
que lo configurarían (artículo 149 bis, del código de fondo), fue
acertada para estabilizar la imputación.
Más allá de lo expuesto, respecto de este agravio
sólo resta señalar que al no advertirse la existencia de un perjuicio
concreto que deba ser reparado, la declaración de nulidad peticionada,

basada únicamente en un mero interés formal del cumplimiento de la
ley, será rechazada.
Del procesamiento:
No compartimos la solución dada al asunto, pues
consideramos que el hecho investigado no encuentra adecuación
típica en la figura de impedimento de contacto prevista en la ley
24.270, dado que no se verifica en el sujeto activo la calidad de padre
conviviente que el tipo objetivo de aquella norma exige para su
configuración.
De las constancias del legajo surge que el pasado
20 de marzo, M. L. L. denunció ante la Comisaria Comunal …° de la
Policía de la Ciudad y las autoridades de la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el
imputado, de quien se encuentra separada de hecho, le había impedido
el contacto con su hija menor de edad, E. T. L..
Al respecto, la nombrada manifestó que T. debía
restituir a la niña al domicilio sito en la Av. ………., piso ……,
departamento “……” de esta ciudad, donde ambas residen, el 19 de
marzo último, a las 19:00, tal como lo habían convenido, en tanto
explicó que hasta ese momento no existía un régimen de parentalidad
referido al cuidado de la niña legalmente establecido.
Expuso que T. se excusó de llevar a la niña por el
aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto en virtud de la
pandemia reinante. También adujo que para que la niña regresara
junto a ella, el causante le exigió que se mudara a otro domicilio y
pagara los meses de alquiler que se deben por la locación del
inmueble de la Av. ……..
En función de ello, la jueza a cargo de Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, a
pedido de la fiscalía interviniente, allanó el domicilio de T., ubicado
en la calle …………., piso ……., departamento “…..”, de esta ciudad,
tras lo cual, el 23 de marzo de 2020, fue restituida la menor al lugar
donde residiría con su madre.
En tales condiciones, aun cuando no se trata de un
aspecto controvertido, se estima relevante destacar la circunstancia de
que la menor hubiese retornado a vivir con la denunciante luego de
aquella intervención judicial resulta demostrativa de que la niña
convive habitualmente con su madre en el lugar a donde fue
conducida luego del allanamiento.
La ley 24.270 tiene por objeto proteger y preservar la
relación del progenitor con su hijo no conviviente. Su objetivo es que
ese vínculo se mantenga intacto aun cuando aquellos no convivan
bajo el mismo techo (D´Alessio Andrés José, Código Penal de la
Nación, Comentado y Anotado, 2° Edición Actualizada y Ampliada,
La Ley, Tomo III, Leyes Especiales Comentadas, pág. 1212, donde
cita Manonellas, Graciela N., “La responsabilidad penal del padre
obstaculizador, Ley 24.270, Síndrome de alienación parental (SAP)”,
Ed. Ad Hoc, pág. 28).
Por ello, el precepto es claro en cuanto a que sólo puede
ser sujeto pasivo de la figura analizada el padre que no convive con el
menor y, de adverso, se infiere que sólo puede ser su autor el progenitor
que sí lo hace, circunstancia esta última que no se da en el caso bajo
análisis, pues es la denunciante quien detenta la calidad de “padre
conviviente” respecto de la niña E. T. L..
En esta dirección interpretativa, resulta conveniente
recordar los lineamiento trazados por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, según los cuales “para determinar la validez de una
interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis
de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe
dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las
concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos
(Fallos: 313:1149; 327:769)” (Fallo 331:858, considerando 6°).
Concretamente, la condición de “padre o madre
conviviente”, debido a la especialidad de la figura analizada, resulta
dirimente para revestir el carácter de sujeto activo de los delitos
tipificados por la ley 24.270, pues es éste quien abusando de aquella

posición priva al padre o madre no conviviente del contacto con el
menor.
En tal sentido, esta Sala, con una integración parcialmente
diferente, sostuvo que: “de acuerdo a la redacción de la ley, la
característica típica del sujeto pasivo es la no convivencia, por lo que
solo puede asumir la condición de sujeto activo el progenitor que revista
la calidad de “conviviente”, extremo que no se da en la especie. En
efecto, a la luz de lo dispuesto en los arts. 1 y 2, resulta claro que solo
puede serlo el “padre-conviviente, que tiene al hijo en su poder o un
tercero”, en esas mismas circunstancias. En tal sentido, distinta
doctrina ha sostenido que: “en el impedimento de contacto, jamás será
autor el padre no conviviente, quien, por otra parte, es el único, junto
con el menor, que puede resultar víctima de este ilícito” (Sala V, causa
n° 41.071, “C.R.H”, del 6/5/11 y sus citas).
En definitiva, al no verificarse un elemento objetivo de la
tipicidad, es que debe revocarse el auto puesto en crisis en los términos
del inciso 3° del artículo 336, del Código Procesal Penal.
Finalmente, en función de lo decidido, el tratamiento del
agravio vinculado con la prohibición de contacto ordenada en el punto
III del resolutorio apelado, devino abstracto.
En función de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
REVOCAR el procesamiento discernido el pasado 22 de
septiembre y DISPONER el sobreseimiento de J. P. T., en orden al
delito por el que fuera indagado (artículo 336, inc. 3° del CPPN).
El juez Ricardo Matías Pinto no suscribe en función de lo
previsto en el art. 24 bis último párrafo del CPPN al haberse conformado
la mayoría y en función de la situación de emergencia antes mencionada.
Notifíquese a las partes, comuníquese mediante DEO al
juzgado de origen y devuélvase mediante pase en el sistema “lex 100”,
sirviendo la presente de muy atenta nota.

Rodolfo Pociello Argerich Hernán Martín López

Ante mí:
Andrea Fabiana Raña
Secretaria Letrada de la CSJN

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