Posible impacto legal del coronavirus en tus relaciones comerciales con clientes y proveedores

Cómo juega el coronavirus con el derecho de los contratos, la fuerza mayor y otras cláusulas

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Por Sebastián Ferreyra Romea

Introducción

El coronavirus representa una crisis humanitaria a nivel global cuyos efectos no se agotan en el ámbito sanitario, sino que potencialmente puede incidir en muchos otros, como ser el plano legal. El impacto económico que el virus produce en la economía global se empieza a sentir y traduce en el posible deterioro de la situación económica-financiera de los agentes económicos, poniendo presión sobre el cumplimiento de las relaciones contractuales.

A continuación, analizaré brevemente el panorama actual de los contratos bajo ley Argentina, y el impacto del coronavirus sobre las relaciones comerciales y sobre la capacidad de cumplimiento contractual.

Finalmente brindaré una serie de sugerencias y advertencias en caso de que, legalmente, se pretenda terminar el contrato con nuestra contraparte fundado en el coronavirus como un caso fortuito global o un acontecimiento de carácter extraordinario que afecta la finalidad o la ecuación económico-financiera del contrato.

 

Obligatoriedad de cumplir los contratos: ¿siempre?

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) prevé que las partes involucradas en un contrato (sea este verbal o escrito) tienen libertad para establecer de buena fe (art. 9, 961 CCC) y obrando con cuidado y previsión (art. 729 CCC), los términos y alcances que le pretendan dar a sus obligaciones, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, caso contrario el mismo será nulo y carente de efectos jurídicos (art. 1014 CCCN).

El contrato será obligatorio y vinculante para las partes (art. 4, 959, CCCN) salvo que convencionalmente se lo modifique o rescinda, o bien se verifique alguna excepción legalmente establecida, en cuyo caso el juez podrá modificar los términos contractuales. En este contexto es importante recordar que las normas legales relativas a los contratos (es decir, el CCCN y normativa complementaria) son supletorias de la voluntad de las partes salvo que por su modo, expresión, contenido o contexto no puedan ser dejadas de lado (art. 962 CCCN).

 

Pandemia global COVID-19: impacto sobre nuestras relaciones comerciales

Resulta de público y notorio conocimiento que el coronavirus COVID-19 genera un sinnúmero de preocupaciones en la salud pública a nivel global. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 su carácter pandémico global, y junto con ello los gobiernos de todo el mundo comenzaron a adoptar drásticas medidas para enfrentar la crisis en sus respectivos países.

Con fecha 13 de marzo de 2020 el Gobierno Argentino publicó el Decreto 260/2020 que amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el art. 1 Ley 27.541 atento a la pandemia global COVID-19, y adoptó numerosas medidas tendientes a paliar la crisis en el territorio nacional.

Los efectos de esta crisis sanitaria global son múltiples y a la fecha son difíciles de determinar con exactitud. En el terreno económico hay quienes sostienen que la pandemia puede derivar en una recesión económica global, lo que inevitablemente impactaría negativamente sobre las cuentas públicas nacionales y los negocios empresarios en Argentina. 

En el contexto antes citado, e incluso considerando la situación económica Argentina previa al coronavirus, sería cuanto menos plausible que en el corto o mediano plazo las empresas presenten serias dificultades para cumplir con sus obligaciones contractuales, o bien que su intento por cumplir las posicione en una situación financiera indeseable o de extrema fragilidad.

En un escenario como este, legalmente existirían escenarios donde la empresa afectada podría, en principio, optar por alegar circunstancias extraordinarias tendiente a limitar la fuerza obligatoria del contrato, a saber:

(i) que se verificó un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, entendido este como aquel hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado (art 1730 CCCN), lo cual (en principio y sujeto a condiciones) extinguiría su obligación contractual, sin responsabilidad (art. 955 CCCN);

(ii) que la finalidad del contrato se ha frustrado debido a una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración (art. 1090 CCCN), lo cual la habilita a terminar el contrato (Frustration of Contract o Change of circumstances bajo el common law);

(iii) que la prestación a su cargo se volvió excesivamente onerosa debido a una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, lo cual le permite terminar total o parcialmente el contrato, o pedir su modificación (art. 1091 CCCN) (doctrina de imprévision bajo el Derecho Francés).

Alegada alguna de estas circunstancias por una de las partes en el contrato, resulta altamente probable que las partes comiencen una serie de discusiones o planteos legales recurriendo a herramientas jurídicas que el sistema normativo argentino prevé. Sin embargo, no voy a profundizar aquí sobre dicho potencial desenvolvimiento legal por no ser el objetivo de la presente guía.

 

¿Alego o no alego la situación extraordinaria? Advertencias legales preliminares

Previo a realizar un planteo de esta envergadura a nuestra contraparte comercial, el mismo requiere ser analizado con precaución, tomando especial cuidado de múltiples factores en juego (descontando desde ya el impacto comercial) y atendiendo con especial atención a las pautas de interpretación de los contratos establecidas en el CCCN.

En otras palabras, quien intente terminar el contrato alegando un acontecimiento extraordinario debe considerar que se podría exponer a sufrir un revés legal si la pretendida terminación resulta infundada y, por ende, pasible de tener que abonar los daños y perjuicios que su conducta genera.

La estrategia legal de quien alega la limitación de los efectos del contrato, dependerá del caso en concreto. Sin embargo, en primer lugar resulta interesante notar la importancia de lo que diga el contrato que vincula a las partes. 

Siempre será un elemento muy conveniente que el contrato defina con la mayor precisión posible la situación de caso fortuito/fuerza mayor o evento extraordinario (por ejemplo, cuadro epidémico, endémico o de contagio), que justifique el planteo legal.

Lo anterior será absolutamente imprescindible en jurisdicciones como EEUU. y el Reino Unido, donde bajo el sistema del common law resulta plausible que los tribunales no van a suponer ninguna circunstancia contractual (implied terms) en pos de dar una solución de equidad o justicia.

Solo van a revisar con carácter restrictivo si existe en el contrato una definición de “caso fortuito o acontecimiento extraordinario” y si existen ejemplos puntuales de dichas situaciones. En base a ello, se analizarán si los hechos del caso se encuadran dentro de la definición y de los ejemplos taxativos establecidos en el contrato.

Ahora bien, bajo el derecho continental europeo (ej. Francia) o en nuestro país, los cuerpos normativos definen al caso fortuito/fuerza mayor, y a la luz de ello los jueces podrían resolver en base a un análisis de los hechos del caso, las circunstancias que lo rodean (que son de público y notorio conocimiento), y todo otro material probatorio aportado por las partes (es decir, sin la necesidad estricta de que el caso fortuito sea previsto por las partes en el contrato).

 

La relación de causalidad en los contratos

En cualquier escenario jugará un rol preponderante la relación de causalidad entre el incumplimiento y el aludido evento de fuerza mayor. Así, se intentará determinar si el incumplimiento contractual se debe pura y exclusivamente a la fuerza mayor (y no imputable a otros motivos), y que la terminación del contrato que se intenta resulte la única vía posible (es decir, que no haya forma alternativa de cumplir con sus obligaciones).

A modo de ejemplo, dada la situación económica en Argentina, no resultaría extraño que la empresa afectada podría pretender terminar el contrato sin sanción alguna alegando la ocurrencia de un acontecimiento extraordinario, cuando en realidad la misma se debe a que la empresa no puede cumplir con sus obligaciones debido a un deterioro progresivo de la situación económica de la empresa.

También podría presentarse el caso de que las obligaciones puedan cumplirse, pero a un precio sustancialmente mayor al pensado, lo que lo convierte en inviable financieramente. Dicha situación encuadra bajo el instituto de la frustración de la finalidad del contrato (frustration o change of circumstances) o la doctrina de la imprevisión previstas en nuestro CCCN.

Sin embargo, dichas vías legales se deben analizar con sumo cuidado dado su alto grado de subjetividad: en efecto, quien alegue la extinción contractual con base en este instituto, debe tener claramente definidos los hechos del caso, respaldados por precisas y específicas cláusulas contractuales (por ej. porcentajes  o valores exactos por encima de los cuales la ecuación económico-financiera queda desvirtuada; los términos contractuales vagos o ambiguos no serán suficientes), y con abundante material probatorio a nuestro favor.

Intentar demostrar ante el juez que el contrato “va a pérdida” no será una estrategia exitosa. En otras palabras, quien lo alegue infundadamente sufrirá una fuerte responsabilidad derivada del incumplimiento de contrato y un daño reputacional de carácter comercial.

Tampoco se debe desatender el potencial impacto que se pudiera generar en las relaciones comerciales como consecuencia de la conexidad contractual prevista en nuestro CCCN.

El art. 1073 del CCCN dispone que “hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo 1074”.

Dicho entramado de contratos será interpretado de forma grupal, de acuerdo con su función económica y el resultado perseguido, por lo cual el incumplimiento de uno de ellos (por ej., con base en acontecimientos extraordinarios como los aquí analizados) podría tener un impacto directo y multiplicador en otros contratos que se encuentran directa o indirectamente relacionados a él.

 

Posibles conclusiones sobre el impacto del coronavirus en los contratos vigentes

El coronavirus tiene la potencialidad de afectar los contratos y las relaciones comerciales de diferentes maneras. La ampliación de la emergencia sanitaria establecida por el gobierno argentino según el Decreto 260/2020, resulta la plataforma legal a partir de la cual el Poder Ejecutivo podrá comenzar a adoptar una serie de medidas de mayor profundidad, con potencialidad de impactar por completo en todas las esferas de la actividad económica.

Dependiendo de las circunstancias del caso en particular y del contenido del contrato, los “hechos del príncipe” podrán o no configurar un caso fortuito/fuerza mayor, una frustración de la finalidad del contrato o una situación pasible de imprevisión.

En este contexto será esencial cumplir con exactitud no solo con los aspectos de fondo antes analizados, sino con las formalidades contractuales (ej. notificar el evento extraordinario en el tiempo y la forma pactado), ya que de lo contrario podrían tornar ineficaz la estrategia legal por defectos de procedimiento.

Adicionalmente, en atención a las posibles diferencias interpretativas bajo los distintos regímenes legales aplicables (common law, civil law), las cláusulas arbitrales o de jurisdicción local deben ser analizadas y redactadas con cuidado de forma tal de alinear el contenido de los contratos conforme las exigencias interpretativas de los tribunales.

Para finalizar, resulta importante que los equipos de legales revisen los contratos ya suscriptos y aquellos en preparación, identifiquen los derechos y las obligaciones emergentes de sus relaciones con proveedores, clientes y otras contrapartes, y con base en un criterio “a medida” analicen el alcance y contenido de las cláusulas analizadas en este artículo, que podrían limitar la fuerza vinculante del contrato si se verifican las circunstancias legales antes comentadas.

 

* El autor es abogado, UBA., Mg Dcho Empresario Universidad Austral. LLM LSE. Chevening Scholar 18/19. Fundador de CompLawLSESU y FerreyraRomea Abogado. En Twitter.

 


Anexo con normas del código civil y algunas fuentes

Art. 958 CCCN: “Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.

Adicionalmente, cabe tener presente el art. 961 que reza “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”.

El art. 959 del CCCN dice que “Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé”. El art. 960 establece

Art. 960: “Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público”.

BBC News Mundo: Coronavirus: “Estamos muy cerca de una recesión global” por el rápido avance de la pandemia, 12/03/2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-51679342.

Serrano Redonet, Diego, La interpretación de los contratos en el nuevo Código Civil y Comercial

Resulta interesante recordar que, en el marco del impacto económico del coronavirus sobre las empresas Chinas, el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional emitió más del 3.000 certificados de fuerza mayor a favor de las empresas chinas afectadas, a fin de brindarles elementos que les permita liberarse de sus deberes contractuales, total o parcialmente, acreditando que la situación está fuera de su control.

A propósito del comentario anterior sobre relación de causalidad, dependiendo la jurisdicción donde se analice la situación legal, estos certificados emitidos por las autoridades Chinas servirían como un elemento más de análisis, pero de ninguna manera como el único.

Foto: https://unsplash.com/@pawel_czerwinski

 

 

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