Retrotraen cuota de plan de ahorro por ser consumidor hipervulnerable

Se trata de una familia migrante que reside en un barrio de emergencia, y trabaja en el rubro de limpieza

La actora y su pareja son empleados de limpieza; migrantes, vinieron a la Argentina desde Paraguay y residen en un barrio de emergencia, la antes llamada Villa 31.

Acompañaron copias digitales de los recibos de haberes, de donde según la jueza surge que tienen magros ingresos: “los ingresos de la familia se componen por los haberes de la actora como empleada doméstica de $22.599,36 y del Sr. B. como operario de limpieza, siendo su último salario neto percibido de $32.696”.

Su familia está compuesta por la pareja con tres hijos a cargo y que residen en la Villa. Para el traslado familiar, y como allí no hay tantas opciones de transporte, decidieron suscribir un contrato de ahorro previo, mediante Solicitud de Adhesión.

Querían comprar un VW modelo Take Up 1.0, tipo sedan, 5 puertas en 2017. En el mes julio 2018, la empleada solicitó la adjudicación del vehículo que fue entregado.

A partir del aumento indiscriminado de las cuotas del plan de ahorro, la actora habría iniciado un derrotero de reclamos mediante carta documento y ante la Dirección de Protección y Defensa del Consumidor de la Ciudad, que la habrían llevado a iniciar la presente acción y solicitar esta medida precautoria.

Pidieron se retrotraiga el valor de la cuota y se la indemnice con una multa civil por el valor de pesos un millón ($1.000.000), daño punitivo.

La inflación y el aumento de cuota de plan de ahorro

“… la existencia de un proceso inflacionario, es un hecho de la realidad que, acompañado de una baja generalizada de los ingresos -sea por salarios que no aumentan al mismo ritmo u otros factores-, ha venido a impactar seriamente en las economías familiares”, dijo la jueza.

“Ello, sumado a la emergencia sanitaria, ha venido a provocar un fenómeno de «sobreendeudamiento de muchos consumidores, con la consecuente imposibilidad de asumir el pago de sus gastos ordinarios», confluyendo en un fenómeno «desestabilizador de la economía de las familias» que neutraliza cualquier previsión responsable que haya sido tenida en cuenta al momento de contratar los planes de ahorro”, agregó.

Consumidor hipervulnerable

El carácter de consumidores hipervulnerable de la familia actora, se establece por cumplirse varios de las situaciones indicadas por la reglamentación citada, lo que amerita una protección mayor y eficaz de sus derechos.

En este marco, resulta evidente que en virtud del aumento del costo de vida que es de público conocimiento y las circunstancias por las que atraviesa la comunidad, en orden a la emergencia sanitaria, bastaría con cotejar el monto de la suma que debe abonar la actora y lo que percibe de haberes, para advertir que la razonabilidad como criterio rector para analizar si se da el requisito del peligro en la demora, hace que resulte evidente la necesidad del otorgamiento de una atenuación de la cuota mensual del plan de ahorro, cuanto menos mientras se dirima el proceso.

En razón de los argumentos desarrollados, con especial atención en el carácter de consumidora hipervulnerable de la parte actora, a efectos de brindar una tutela judicial efectiva, en los términos del artículo 1, inc. 10 del CPJ

 

La medida cautelar para retrotraer cuotas

El poder judicial y como medida provisoria, ordenó retrotraer las cuotas de un plan de ahorro a una suscriptora a quien consideró consumidor hipervulnerable.

En efecto, la jueza lugar a la medida cautelar solicitada e impidió a las demandadas Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Espasa S.A. que ajusten la cuota del contrato de ahorro previo y/o crédito prendario.

En tal sentido, ahora deberán retrotraer la cuota al mes de septiembre de 2019, incluyendo en dicho monto: el costo del seguro de vehículo objeto de referido contrato, junto con todos los gastos administrativos y de seguros de vida. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

La medida cautelar fue publicada en el sitio ElDial, se transcribe abajo la resolución completa que puede ser apelada.

 

Sentencia completa sobre congelamiento de cuotas de plan de ahorro

 

2021 – Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires SECRETARÍA N° 1 DE LA OF. GESTIÓN JUD. EN REL. CONSUMO – JUZGADO CATyRC N°12 Número: EXP 130560/2021-0 CUIJ: EXP J-01-00130560-9/2021-0 Actuación Nro: 1081654/2021 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de junio de 2021.

En esa línea, solicitó el reintegro de los montos percibidos indebidamente y de los honorarios por administración del plan en contra de los intereses de su parte. Asimismo solicitó se declaren las infracciones denunciadas y se imponga ejemplar multa civil por el valor de pesos un millón ($1.000.000)

También hizo saber, que forman una familia con 3 hijos, con los que residen en la Villa 31 de esta Ciudad. Continúa diciendo que en el año 2017, su pareja celebró un contrato de un plan de financiación para acceder a un vehículo para beneficio de la familia, por la falta de servicios de transporte adecuados en el barrio de residencia y por la necesidad de contar con vehículo propio, no solo para el uso familiar, sino también para traslado a sus lugares de trabajo.

I. Que la Sra. E. A. M., a través de su apoderado, inició demanda ordinaria, en los términos del artículo 211 del Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la CABA (CPJRC), contra Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados y Espasa S.A., con el objeto de que se declare la nulidad parcial del contrato de Plan de Ahorro para Fines Determinados que suscribió su pareja, .., integrándose judicialmente el contrato en lo que fuere nulo y reajustándose las prestaciones cuyo objeto se encuentre desnaturalizado.

Manifestó que ella y su pareja, el Sr. C. A. B. R., son migrantes provenientes de la República de Paraguay. Indica que, a la fecha de suscripción del contrato, el Sr. B. se desempeñaba como empleado de comercio con un salario de pesos doce mil ($12.000). Argumenta que desde el inicio del contrato comenzó un proceso de constante, gravoso y marcado aumento del valor de cada cuota a pagar, indicando que en el mes de septiembre de 2019 “el pago ascendió a $14,711.12 y ya padeciendo un tremendo y dramático descalabro en mi economía familiar…” Expresa que por ese motivo, con fecha 22 de noviembre 2019, remitió una carta documento a la demandada Volskwagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, poniendo de manifiesto la excesiva variación del precio de venta que alteró ya en ese entonces en forma extraordinaria la relación existente al momento de contratar.

Asimismo, señaló las circunstancias económicas de devaluación monetaria, traducido ello en aumento de la cuota, como así también los costos asociados y solicitó que se revea el monto de la cuota mensual dado que resultaba imposible seguir adelante con dicho pago, incluyendo la revisión por las bonificaciones oportunamente otorgadas, extendiendo el reclamo a los pagos anteriores.

Informa que no se recibió respuesta de la misiva notificada, por lo cual se vio obligada a iniciar la etapa conciliatoria para intentar arribar a un acuerdo que permita mantener el plan por el vehículo, ajustado a pautas razonables, ante la autoridad de aplicación de la Ciudad de Buenos Aires. Hace saber que la instancia conciliatoria tuvo resultado negativo, dado que no se arribó a un acuerdo.

En ese marco, manifiesta que la cuota abonada en el mes de abril del corriente año fue de $31.821,30, implicando un exponencial aumento del mil quinientos lugares de trabajo. Señala, que mediante Solicitud de Adhesión N° W …. el Sr. C. A.B. R. suscribió con la demandada un plan de ahorro (Grupo 4327 y Orden 076) a los fines de adquirir, un automóvil marca Volkswagen modelo Take Up 1.0, tipo sedan 5 puertas. Asimismo, con fecha 10 de enero de 2018, se efectuó ante Escribano Público la cesión de derechos del contrato del plan de autoahorro suscripto con Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, asignado al Grupo … y Orden …, a favor de la actora. Sostiene que la fecha de suscripción del contrato de adhesión, en junio de 2017, el primer pago fue de $2,020.50, implicando 16.8% de los haberes del B., como empleado de comercio. setenta y cinco por ciento 1.575%. Este desmedido aumento es impuesto por las demandadas, sin consulta previa, ni preaviso, ni relación lógica con los restantes indicadores de la economía. Señala que ello da cuenta de la precaria situación económica que atraviesa, con padecimientos de índole psicológicos y familiares como consecuencia de la tensión de la que se encuentran por parte de las demandadas.

Advierte que resulta claro que de haber previsto el desaforado aumento de las cuotas, no hubiesen acudido a ese mecanismo de financiación para adquirir el vehículo, ya que no hubiese podido ser asumido su pago. Sostiene que por el evidente y manifiesto desfasaje entre el valor de las últimas cuotas abonadas y el monto de los ingresos familiares, en virtud de su progresivo aumento, debieron acudir a endeudarse más para poder hacer frente al pago de las cuotas del auto. Asimismo, manifiesta que las cuotas fueron y son pagadas en tiempo y forma, con un gran esfuerzo, por el costo de vida de su familia, en las actuales circunstancias económicas del país. Finalizó diciendo que esta situación y su incidencia en los ingresos familiares, la expone al peligro cierto y concreto de perder el vehículo en el caso que fuera ejecutada la prenda que grava la unidad, o bien la obliga adoptar otro tipo de decisiones que implicarían un sobreendeudamiento que terminaría en un descalabro total de la economía familiar. Expresa que el injusto aumento de las cuotas configura una desestabilización en su economía y afectación psicológica familiar.

En ese contexto, requirió como medida cautelar “que se disponga retrotraer los valores de las cuotas y gastos asociados vigentes a septiembre de 2019 del plan de Expresa que los ingresos de la familia se componen por los haberes de la actora como empleada doméstica de $22.599,36 y del Sr. B. como operario de limpieza, siendo su último salario neto percibido de $32.696. A efectos de ilustrar la situación delicada de la economía familiar compuesta por dos adultos y tres niños, indica que “el INDEC establece la canasta básica familiar para una familia de 5 personas en $64.026 (Informe “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total” 22/04/2021, INDEC).” ahorro que [la] une con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. II. En primer lugar, he de señalar que el marco normativo que resguarda los derechos de usuarios y consumidores; como la cuestión que se ventila en autos, posee el carácter de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 24.240. Al respecto, se ha dicho que el orden público es “un recurso de técnica legislativa que se utiliza para reafirmar la imperatividad de la ley que se funda en la existencia de un interés estatal específico sobre la materia legislada en cuanto compromete un principio de bienestar general” y que “la vulnerabilidad del consumidor es la que justifica la aplicación del principio protectorio constitucional sobre su discernimiento y sobre su libertad contractual. En consecuencia, el esquema de razonamiento consumerista protege al individuo contra el error (déficit en el discernimiento) y la coacción (déficit en la libertad del camino de acceso al acto de consumir) con herramientas intervencionistas” (Mónica Puga en “El derecho y el orden público -con particular referencia al derecho del Consumo-, 08/06/2012, publicado en El Dial; cita elDial DC189D). Es que “la asimetría de la relación de consumo exige del respeto del orden público el derecho del consumidor puesto que su observancia compensa la asimetría de las partes y evita la vulnerabilidad del usuario frente al desequilibrio estructural del contrato bancario a través de las cláusulas predispuestas” (Leandro Gonzalo Salgan Ruiz en “La aplicación actual del principio protectorio en el Derecho del Consumidor. Alcance de la tutela atenuada del usuario consumidor frente a la ejecución abusiva de cláusulas predispuestas del contrato bancario”, 7/7/2017, publicado en El Dial; cita elDial DC2373). II.1. Ahora bien, en virtud de lo hasta aquí esbozado, es necesario realizar un adecuado análisis de los argumentos expuestos y de las constancias de la causa, a fin de evaluar si aquellos se ajustan a los requisitos del otorgamiento de una medida como la requerida. El Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo (CPJRC) establece, en lo que aquí interesa, que “[l]as medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida” (artículo 124). Es menester recordar que la doctrina y la jurisprudencia establecen como recaudos de admisibilidad de las medidas cautelares: la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la fijación de una contracautela. En cuanto a la verosimilitud del derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que su configuración no exige un examen de certeza del derecho invocado sino tan solo de su apariencia (Fallos 330:5226, entre muchos otros). En sentido concordante se ha afirmado que “las medidas cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que éste exista y no como una incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite, si bien aquélla debe resultar de los elementos incorporados al proceso que objetivamente y prima facie lo demuestren” (Kielmanovich, Jorge L., Medidas cautelares, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, pág. 51). Con relación al peligro en la demora, “ha sido tradicionalmente definido como el riesgo probable de que el derecho reclamado se frustre debido al tiempo que insume la sustanciación de la causa. De esta forma, el temor de sufrir un daño inminente o irreparable se concretará en un perjuicio efectivo si la medida cautelar no se concede, es decir, si no se otorga una protección en tiempo oportuno” (Balbín, Carlos F. –Director–, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentado y Anotado, 4ª ed., Abeledo Perrot Buenos Aires, 2019, Tomo I, pág. 819). En función de estos requisitos, la Corte consideró que “si bien la admisibilidad de las medidas precautorias no exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho, pesa sobre quien la solicita, la carga de acreditar prima facie la existencia de su verosimilitud y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican” (CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ San Luis, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, sentencia del 12/06/2018. Entre muchos otros). A su vez, se ha sostenido que “[e]stos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar” (Cámara Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., Sala 1, “Única Heras, Claudia contra GCBA y otros sobre Apelación – Amparo – Ambiental” Expte. N° 4570/2017-1, del 9/11/2017).

III.- En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado en autos, adelanto que debe tenerse por acreditada, aún en este estado liminar del proceso, atendiendo a los hechos relatados en la demanda y a la prueba documental acompañada. Veamos: III.1. En primer lugar, considero suficientemente acreditado, que en el caso, nos encontraríamos frente a una relación de consumo entre la actora, en su carácter de destinataria final, y las demandadas, proveedoras, por la cesión de derechos de un contrato de ahorro previo y un contrato de crédito prendario. En razón de ello, corresponde señalar que a los denominados “planes de ahorro previo para fines determinados” constituyen contratos atípicos y complejos mediante los cuales un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas, a los fines de la adquisición de un bien (en el caso, automotor), la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumplan con las condiciones de adquisición pactadas, de sorteo o de licitación (conf. Lorenzetti, Ricardo L., “Tratado de los contratos”, T. I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 747 y ss.). Este sistema tiene como partes, por un lado, a quienes componen la faz organizativa, esto es, el fabricante, el concesionario y la sociedad administradora y por el otro, están los suscriptores, destinados a la adquisición de los bienes, que tienen una relación individual con la organizadora, que se incorpora a una red integrada por los restantes actores (conf. Carestia, Federico S., “El contrato de Ahorro Previo para la adquisición de automóviles y la protección del consumidor”, nota pub. en La ley on line, Cita Online: AR/DOC/616/2018). Este contrato de ahorro previo es un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, que su configuración interna es establecida anticipadamente, sólo por una de las partes (predisponente, profesional, proveedor, empresario, etc.), y si la otra decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido (conf. Brodsky, Jonathan M., “Las obligaciones contractuales y la sujeción a los términos del acuerdo en los contrato de ahorro previo”, nota pub. en La Ley online. Cita Online: AR/DOC/353/2018).

En este orden de ideas, se entiende también que los sistemas de ahorro previo para fines determinados constituyen un esquema de contratos conexos, que tienen como fundamento la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes con la finalidad de adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo, en su calidad de administradora de los fondos. Vale decir, se trata de un sistema de contratos que tienen su propia tipicidad, causa y objeto, pero en los cuáles existe una operación económica superior que les da un sentido único (argto. 1073 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, conf. Ricardo L.Lorenzetti, “Tratado de los Contratos”, Parte general, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2018, p. 584). Por ello, el enfoque jurídico no se sustenta en el contrato, sino en la interacción de un grupo de ellos que actúan en forma relacionada, de modo que el contrato es un mero instrumento para la realización de negocios. Esta constatación permite establecer que existe una finalidad económica común (supracontractual) que da nacimiento y funcionamiento a una red contractual (argto. 1073 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, conf. Ricardo L. Lorenzetti, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T° VI, p. 145 y ss.). No debemos soslayar, que el contrato de ahorro previo es también, típicamente, un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la ley 24.240 y del art. 1092 del Cód. Civ. y Com. de la Nación. Como en el caso de autos, los suscriptores del plan de ahorro previo, que buscan adquirir un bien (aquí, un vehículo 0 km) como “destinatarios finales”, encuadran dentro del art. 1° de la LDC y, en consecuencia, están tutelados por la LDC (conf. Junyent Bas, Francisco, “Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles”, nota pub. en La Ley online, Cita Online: AR/DOC/1044/2019). Por su parte, el fabricante, la empresa administradora y/o la concesionaria, como las demandadas, cumplen con los requisitos previstos en el art. 2° de la LDC, son proveedores, en cuanto se trata de personas jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollan de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, importación, concesión, marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores. Explicitada la naturaleza de la relación de consumo que subyace al contrato de autos, abordaremos cómo nuestro ordenamiento jurídico otorga especial tutela a consumidores o usuarios de bienes y servicios. La Constitución Nacional en el artículo 42 establece que “los consumidores tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos”. En sentido coincidente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refiere, en su artículo 46, que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna…” (el subrayado es propio). Por su parte, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240; en adelante ‘LDC’), que como ya se mencionó es de orden público, preceptúa que “[e]l proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización…” (art. 4). Asimismo, establece la obligación a los proveedores de brindar un trato digno a consumidores y usuarios en el artículo 8 bis, debiendo abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, so pena de incurrir en responsabilidad por daños o ser pasibles de ser sancionados con la multa civil del artículo 52 bis de la LDC. También he de citar las normas propias de los contratos de consumo, ubicadas en el Título III, cuyo capítulo segundo, intitulado ‘Formación del consentimiento’, prevé, entre otras cuestiones, que “[l]os proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos…” (ver art. 1097 CCyCN; el subrayado es propio); también he de señalar el capítulo cuarto, dedicado a las cláusulas abusivas (arts. 1117 a 1122). Lo anterior, sin perder de vista el deber de obrar de buena fe contenido en el artículo 9 y que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos” (art. 10 CCyCN). Sumado a ello, ha de considerarse que la Inspección General de Justicia, habida cuenta de las atribuciones reglamentarias de contenido material de ese organismo, otorgadas por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315, emitió varias resoluciones generales, mediante las cuales, entre otras reglas, se enumeran las obligaciones de las sociedades administradoras de planes de ahorro, en miras a garantizar la efectiva protección de los intereses económicos de los usuarios en operaciones de ahorro previo; lo que da cuenta del interés de este organismo, y por lo tanto del propio Estado, por prevenir situaciones como las que denunció la actora en el expediente: La Resolución General IGJ N° 8/2015 que en su Anexo A establece las normas del sistema de capitalización y ahorro para fines determinados, regulando lo atinente a los planes de ahorro como el cuestionado en autos. La Resolución General IGJ N° 14/2020 que dispone el diferimiento de las cuotas adeudadas por los ahorristas se funda en “Que en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541 se halla comprendida la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de “grupos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento –del orden de no menos de un 200% promedio- que a partir y como impacto de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de agosto de 2019, se registró en el precio de los automotores cuya adjudicación directa constituye el objeto de dichos planes, lo cual, por la funcionalidad propia del sistema, ha sido determinante de un fuerte incremento de las cuotas de ahorro y de amortización que las sociedades administradores liquidan y que deben pagar los suscriptores como medio de consecución de los bienes, y que ha determinado a su vez crecientes dificultades de aquellos para afrontar los pagos, lo que pone en crisis al sistema como medio de acceso masivo a bienes de consumo durable como los automotores.” La Resolución General I.G.J. Nº 5/2021 que prorroga hasta el 31/08/2021 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento previsto en el art. 1º de la RG IGJ 14/2020, modificada por las RG IGJ 38/2020 y 51/2020, a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido hasta la fecha de vigencia de la esta resolución. Por último, no hemos de soslayar, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (cfme. Resolución N° 70/186 de la AG, 22/12/2015), que, entre otras cuestiones, persiguen “la protección de los consumidores en situación vulnerable y de desventaja” (ver art. 5° inciso b) y establecen, en su parte pertinente, que “[l]os Estados Miembros deben, según proceda, establecer o fomentar: a) Políticas para la regulación y la aplicación efectiva de las normas en el ámbito de la protección del consumidor de servicios financieros […] f) La actuación responsable de los proveedores de servicios financieros y sus agentes autorizados, en particular en lo que respecta a la concesión responsable de préstamos y la venta de productos que se ajusten a las necesidades y los medios del consumidor…” (ver art. 66). III.2. Como corolario del marco normativo referido anteriormente, y atento a que el examen de verosimilitud de las medidas precautorias que debe realizar el Tribunal no exige la certeza del derecho invocado sino su apariencia (ver punto II); corresponde que la pretensión cautelar de la actora sea analizada desde el prisma protectorio que brinda el derecho de los consumidores y usuarios. Sumado a ello, no puede desconocerse que la propia Ley N° 24.240 establece, a lo largo de su articulado, que en caso de duda se estará a la interpretación que más beneficie al consumidor o usuario (ver, por caso, los arts. 3, 25, 37) y que el Código Civil y Comercial de la Nación dispone, en lo que aquí importa, que “[l]as normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor […] En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor” (art. 1094 CCyCN). Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que “este principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural […] Es por ello que con el fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor en aras de afianzar esta protección preferencial de raigambre constitucional” (CSJN, en autos “Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor -PADEC- c/ BankBoston N.A. s/ sumarísimo”, recurso de hecho. Sentencia del 14 de marzo de 2017; ver considerando 6°). III.3. Por otro lado, advierto que existen precedentes otras jurisdicciones que versaron sobre situaciones fácticas similares a las del caso que nos ocupa: En un fallo de derecho colectivo de la Pcia. De Bs. As. sobre una medida precautoria reciente se resolvió: “Decretar una medida cautelar innovativa consistente en la aplicación del esfuerzo compartido, ordenando a las demandadas FCA S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS; FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA a reducir el valor de las cuotas mensuales en un 50% respecto de todos los planes de ahorro celebrados con los consumidores y las consumidoras adherente que habitan en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en curso de ejecución al momento del dictado de la presente resolución, sea que los vehículos hayan sido o no adjudicados. La medida deberá hacerse efectiva a partir del dictado de la presente resolución y hasta el dictado de sentencia definitiva que se encuentre firme, sobre las cuota que se emitan en el mes en curso correspondiente a la próxima facturación o que emitidas aún no se haya vencido el plazo para su pago, en este caso la cuota deberá ser reliquidada conforme las pautas de la medida ordenada emitiéndose nueva factura.” (Juzg. Civ. y Com. XVII La Plata, Pcia. Bs. As., 12/05/2021, Defensor del Pueblo c/ FCA Automóviles Argentina S.A. y otro s/ revisión de contrato ds y ps. complemento: proceso colectivo sumarísimo en relación de consumo circulo de ahorro” Cita: MJ-JUM-132142-AR | MJJ132142 | MJJ132142) En el mismo sentido, otro precedente de derecho colectivo de la Pcia. De Misiones resolvió “Conceder la medida cautelar en favor de los usuarios y consumidores (personas humanas y jurídicas) que: A) suscribieron contratos de adhesión antes de abril del 2018 con las firmas: (…) tengan domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal (ley nº 23.866, modif. ley nº 26.212). En consecuencia, ordenar a las firmas demandadas retrotraer el valor de las cuotas mensuales de los contratos de adhesión al mes de abril del 2018.” (Juzg. Fed. de 1ra Inst. en lo Civ., Com., Lab.y Cont.Adm. de Posadas, Pcia de Misiones, 01/11/2019, “Ojeda Francisco José Antonio y otros c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida Cautelar” Expte. Nº FPO 9147/2019. III. 4. Llegada a este punto, advierto que: Conforme se mencionó en el punto I de la presente, la actora y su pareja son empleados de limpieza; las copias digitales de los recibos de haberes, que fueron anejadas a la demanda, dan cuenta de ello. De allí surge que poseen magros ingresos. También manifiestan que su familia esta compuesta por la pareja con tres hijos a cargo y que residen en la Villa 31. Posteriormente, en el mes julio 2018, la actora solicitó la adjudicación del vehículo (cfme. pedido de unidad de autoahorro, adjunto a la demanda) el cual, según se manifiesta en el escrito de inicio, fue entregado. Finalmente, a partir del aumento indiscriminado de las cuotas del plan de ahorro, la actora habría iniciado un derrotero de reclamos mediante carta documento y ante la Dirección de Protección y Defensa del Consumidor de la Ciudad, que la habrían llevado a iniciar la presente acción y solicitar esta medida precautoria. Es importante señalar, que si bien la suscripción y la cesión del contrato se realizó con la administradora Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, la celebración y posterior cumplimiento contractual no hubiese sido posible sin la intervención de la co-demandada, la concesionaria Espasa S.A., conforme surge de la documental acompañada por la parte actora. Conforme lo expuesto hasta aquí, haciendo una interpretación integral de las normas que amparan los derechos tutelados en autos, en aplicación de los principios y disposiciones del régimen constitucional y legal de defensa de los usuarios y consumidores, considero que existen elementos suficientes para tener configurada la verosimilitud en el derecho de la medida precautoria requerida por la parte actora.

IV.- En cuanto al peligro en la demora, el requisito también debe ser analizado desde la perspectiva protectoria del derecho de consumidores y usuarios, y ante todo, de derechos humanos. De allí que lo tendré por acreditado en autos, toda vez que se encuentra en juego un derecho patrimonial que podría erigirse en alimentario. Sobre el punto, ha dicho la Corte que, el análisis de este extremo, impone Así las cosas, conforme surge de la documentación adjunta el Sr. B. habría suscripto un contrato de ahorro previo, mediante Solicitud de Adhesión N° W … (Grupo …. y Orden …) a los fines de adquirir, un automóvil marca Volkswagen modelo Take Up 1.0, tipo sedan, 5 puertas, con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados, en 2017 y dicho contrato habría sido cedido, observando los requisitos legales a la actora en enero de 2018. una apreciación atenta de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos CSJN 319:1277). Cabe recordar que “los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de tal modo relacionados que cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor del fumus se debe atemperar e, inversamente, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño” (C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., sala 1, 28/11/2008, “Barbieri, Aldo José c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte. 30310/1). Sumado a lo anterior, debe atenderse a lo previsto por las normas que fijan los importes inembargables de los sueldos de los trabajadores, las que tienen por finalidad proteger la plena satisfacción de la función alimentaria del salario. Así, el Decreto 484/87, dispone que aquellas remuneraciones que no superen el doble del salario mínimo vital y móvil, como ocurre en el caso de la actora, serán embargables “hasta el diez por ciento (10%) del importe que excediere a este último” (ver art. 1 inciso 1). Si bien, en el caso, la cuota del contrato no corresponde a un embargo, ello no es óbice para considerar lo dispuesto en el precitado decreto, en atención a que aquella compromete los porcentajes allí previstos para proteger la función alimentaria de la remuneración. Por otra parte, en una relación de consumo, la decisión unilateral de una de las partes de aumentar valores como aquí se ha visto, no puede afectar al patrimonio de la otra, principalmente cuando se trate de aquella que se encuentra en una posición más débil y a quien el Estado Argentino garantiza constitucionalmente su protección (cfr. las consideraciones del apartado 6º sobre los art. 42, 43 de la C.N. y ley nº 24.240). Asimismo, la existencia de un proceso inflacionario, es un hecho de la realidad que, acompañado de una baja generalizada de los ingresos -sea por salarios que no aumentan al mismo ritmo u otros factores-, ha venido a impactar seriamente en las En efecto, conforme se ve de lo señalado en los párrafos anteriores, los importes que debe abonar la Sra. A. M. por el contrato cedido, siguen aumentando con el correr del tiempo, y una cuota inicial que estaba cercana a los dos mil ($2000) hoy asciende a casi el cuádruple. economías familiares. Ello, sumado a la emergencia sanitaria, ha venido a provocar un fenómeno de «sobreendeudamiento de muchos consumidores, con la consecuente imposibilidad de asumir el pago de sus gastos ordinarios», confluyendo en un fenómeno «desestabilizador de la economía de las familias» que neutraliza cualquier previsión responsable que haya sido tenida en cuenta al momento de contratar los planes de ahorro. Es innegable la alteración de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la suscripción o ingreso a los círculos de ahorro, que deviene derivada de los incrementos de los precios, el proceso inflacionario en general y la recesión, con pérdida de empleos y disminución promedio de los ingresos particularmente de los sectores medios y de menores recursos que, en esencia, son los que ingresan a estos sistemas de ahorro para la adquisición, como en el caso de marras, del vehículo familiar (V. doctr.A-2 Ro 33- CC2019, Rojas Juan A C y otros c/ Chevrolet SA de ahorro amparo colectivo, de la Provincia de Rio Negro. Voto del juez Gustavo Martínez). En este contexto, el requisito del peligro en la demora se ve agravado en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, máxime considerando el carácter de consumidora hipervulnerable de la actora por su condición de migrante, trabajadora de casas particulares con magros ingresos, tres hijos y residente en el Barrio 31. Cabe señalar, que la Resolución 139/2020 de la Secretaría del Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo productivo estableció:

“ARTÍCULO 1°.- Establécese que a los fines de lo previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. (…)

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente medida podrán constituir causas de hipervulnerabilidad, entre otras, las siguientes condiciones: a) reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes; (…) e) la condición de persona migrante o turista; (…) h) residencia en barrios populares conforme Ley N° 27.453; i) situaciones de vulnerabilidad socioeconómica acreditada por alguno de los siguientes requisitos: (…) 1) Ser Jubilado/a o Pensionado/a o Trabajador/a en Relación de Dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; (…) 6) Estar incorporado/a en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844) …”.

A la luz de lo expuesto, el carácter de consumidores hipervulnerable de la familia actora, se establece por cumplirse varios de las situaciones indicadas por la reglamentación citada, lo que amerita una protección mayor y eficaz de sus derechos. En este marco, resulta evidente que en virtud del aumento del costo de vida que es de público conocimiento y las circunstancias por las que atraviesa la comunidad, en orden a la emergencia sanitaria, bastaría con cotejar el monto de la suma que debe abonar la actora y lo que percibe de haberes, para advertir que la razonabilidad como criterio rector para analizar si se da el requisito del peligro en la demora, hace que resulte evidente la necesidad del otorgamiento de una atenuación de la cuota mensual del plan de ahorro, cuanto menos mientras se dirima el proceso. En razón de los argumentos desarrollados, con especial atención en el carácter de consumidora hipervulnerable de la parte actora, a efectos de brindar una tutela judicial efectiva, en los términos del artículo 1, inc. 10 del CPJRC, corresponde también tener por acreditado el peligro en la demora, por encontrarse en riesgo el carácter alimentario de los ingresos de la familia. V.- En lo que respecta a la contracautela, en atención a la existencia de una Relación de Consumo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127, último párrafo del CPJRC, entiendo suficiente la caución juratoria prestada por la peticionante en el escrito de inicio. A mérito de lo expuesto,

RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada -bajo responsabilidad de la parte actora- y en consecuencia, se ordena a las demandadas Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Espasa S.A. que ajusten la cuota del contrato de ahorro previo y/o crédito prendario correspondiente a la Sra. E. A. M. , DNI …, a la suma de pesos catorce mil ($14.000), es decir, retrotrayéndolo a la cuota del mes de septiembre de 2019, incluyendo en dicho monto: el costo del seguro de vehículo objeto de referido contrato, junto con todos los gastos administrativos y de seguros de vida. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. 2.- Tener por prestada la caución juratoria con la presentación inicial, la que se estima contracautela suficiente y ajustada a derecho, teniendo en cuenta los derechos comprometidos. Regístrese y notifíquese por Secretaría electrónicamente a la parte actora, a la parte demandada al domicilio denunciado, junto con el traslado de la demanda ordenado en el punto X del la Actuación Nº 1081526/2021 y al Ministerio Público Fiscal.

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