Decreto 780/24: La polémica sobre el acceso a la información pública y la reacción de las organizaciones civiles

El reciente Decreto 780/24, que introduce cambios significativos al derecho de acceso a la información pública en Argentina, ha generado una fuerte respuesta por parte de diferentes actores de la sociedad civil, encabezados por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Este decreto reglamentario, que aparentemente limita el acceso a ciertos documentos públicos, ha sido calificado como una regresión en términos de transparencia gubernamental y rendición de cuentas.

Argumentos de las organizaciones civiles

Más de 70 organizaciones, entre las que destacan la ACIJ, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han suscrito una declaración conjunta en la que exigen la derogación inmediata del decreto. En su pronunciamiento, las organizaciones critican que el Decreto 780/24 expanda las excepciones al acceso a la información pública establecidas por la Ley 27.275 de 2016, que había sido un avance en la transparencia institucional.

Las principales críticas giran en torno a que el decreto otorga a los funcionarios la facultad de decidir qué información es pública y cuál queda en la esfera privada, lo que podría dar lugar a decisiones arbitrarias. Esto, según los firmantes, choca frontalmente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

El análisis constitucional

Ricardo Gil Lavedra, exjuez que fue parte del histórico juicio a las Juntas Militares, fue contundente al calificar el decreto como “inconstitucional” y afirmó que “se aparta de la ley de acceso a la información pública”. Según su opinión, al permitir que los funcionarios definan discrecionalmente qué información es pública, se genera un marco de impunidad que es incompatible con una democracia republicana.

Este conflicto subraya la importancia del acceso a la información pública como un derecho fundamental, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por Argentina. El acceso a la información pública no solo es esencial para el control ciudadano, sino que es un pilar para combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión del Estado.

Contexto normativo y precedente judicial

La Ley 27.275, promulgada en 2016, establece el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información pública de parte de los organismos del Estado. Esta ley fue vista como un avance crucial en la lucha por la transparencia en Argentina. Sin embargo, el Decreto 780/24 parece contradecir este marco normativo al ampliar las excepciones y permitir que información relevante quede oculta bajo pretextos amplios y vagos.

Además, los precedentes judiciales en materia de acceso a la información han sido favorables al derecho ciudadano. La Corte Suprema de Justicia ha ratificado en varias ocasiones la importancia de la transparencia, incluso en casos sensibles donde el gobierno intentó proteger cierta información. Este decreto, sin embargo, podría llevar a un retroceso en la aplicación de estos principios.

¿Qué puede pasar?

Dada la enérgica reacción de las organizaciones civiles y del propio Gil Lavedra, es probable que esta disputa se traslade a los tribunales, donde se decidirá la constitucionalidad del decreto. A medida que crecen las voces críticas, el gobierno podría verse obligado a reconsiderar la normativa o enfrentar una batalla judicial.

El acceso a la información pública es un derecho indispensable en cualquier democracia que aspire a ser transparente y responsable. Limitar este derecho pone en riesgo la rendición de cuentas y aumenta la discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales. El Decreto 780/24 ha encendido una alarma sobre los riesgos de restringir este acceso, y el desenlace de este conflicto marcará un antes y un después en la defensa de la transparencia en Argentina.